Senadores aprueban cambio constitucional para aumentar los delitos que ameriten prisión preventiva
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Senadores aprueban cambio constitucional para aumentar los delitos que ameriten prisión preventiva

La reforma, aprobada con 91 votos a favor y 18 en contra, establece la prisión preventiva oficiosa para delitos como abuso sexual, desaparición forzada, el uso de programas sociales con fines electorales y vinculados a corrupción. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano, así como organizaciones y la CNDH se manifestaron en contra porque consideran que vulnera los derechos humanos.
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6 de diciembre, 2018
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El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular las reformas al Artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa a delitos como abuso sexual contra menores, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el uso de programas sociales con fines electorales y vinculados a corrupción.

De acuerdo con el dictamen, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cautelar cuando no se pueda garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o testigos, o el imputado haya sido procesado por delitos dolosos.

La reforma, que fue aprobada con 91 votos a favor y 18 en contra, también establece la prisión preventiva oficiosa a los delitos de robo a transporte en cualquier modalidad y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 



El documento aprobado faculta al Congreso para que en 90 días realice las adecuaciones normativas para incluir en el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis delictivas en caso armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Otras de las modificaciones que se realizaron en el pleno son un artículo transitorio que señala que los delitos en materia de corrupción, como enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entrarán en vigor a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía Relacionada con Hechos de Corrupción.

En tribuna el senador Emilio Álvarez Icaza expuso que esta reforma constitucional es una pieza sustantiva de la estrategia del combate a la inseguridad del actual gobierno, pero como está planteada implica un retroceso en materia de derechos humanos, por lo que exhortó a las bancadas a no repetir los errores cometidos en los últimos dos sexenios.

“Los estudios del Inegi señalan que en la medida que un gobierno establece mecanismos de control más represivos se incrementan los índices de delito y las detenciones arbitrarias”, apuntó.

El panista Damián Zepeda criticó la reforma al asegurar que se aprueba mandar a alguien a la cárcel sin comprobar su culpabilidad.

“Lo que hoy estamos haciendo es que no exista una valoración, que de manera automática, sin ninguna valoración, siempre se mande a la cárcel a una persona que no ha sido encontrada culpable, porque podemos debatir y decir: ‘no, es que no es pena, porque es una medida cautelar’, ¿está en la cárcel la persona sí o no con prisión preventiva oficiosa? Claro que sí, hasta 2 años de su vida”, expuso al posicionarse en contra.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que esta medida sería una regresión en el sistema de justicia, pues considera que no abona “a la reinserción social, justicia alternativa, ni al principio de presunción de inocencia, elementos indispensables a respetar y desarrollar en la justicia penal acusatoria”.

Para el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se trata de una figura que debe eliminarse porque “funciona para no investigar” y se trata de una forma de presión para aceptar los hechos: “es tortura, detención arbitraria y puede resultar en desaparición” de personas. Adempas afirmó que 100 mil mexicanos están en la cárcel sin recibir alguna sentencia por la prisión preventiva oficiosa.

Bajo las etiquetas #NoALaCárcelSinPena #NoALaPenaSinJuicio, organizaciones civiles como Amnistía Internacional, Equis Justicia, México Evalúa se pronunciaron contra la iniciativa al considerar que con ella, las personas serán tratadas como culpables hasta que se demuestre lo contrario, por lo que solo simular eficiencia en el combate a la inseguridad.

El senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), respaldó la reforma que forman parte de las nuevas políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y agregó que este cambio legal atiende el problema de la impunidad en la procuración y la administración de la justicia.

Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, dijo que la prisión preventiva es una medida cautelar cuyo objetivo es que los indiciados no se sustraigan de la justicia, como ocurre actualmente con la llamada “puerta giratoria” que permite su pronta liberación, por lo que respaldó la reforma a nombre esa bancada. 

Con información de Notimex

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Qué implica que García Luna se declarara 'no culpable' de narcotráfico en EU

El otrora hombre fuerte de la policía en México apareció en una corte de Nueva York acusado de conspiración para el narcotráfico y otros cargos que rechazó. Permanecerá detenido mientras se define si va a juicio.
5 de enero, 2020
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Genaro García Luna

Getty Images
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México.

Fue una escena con ribetes surrealistas: Genaro García Luna, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado de conspiración para traficar cocaína.

En una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012).

Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.

La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.

Después que la fiscalía advirtiera que hay un “riesgo inaceptable de fuga” si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.

¿Habrá juicio?

Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.

El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.

García Luna y Felipe Calderón

Getty Images
García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la “prueba” de que el narcotráfico convivía con el poder en su país.

“Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva”, sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.

Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.

Aunque se declaró “no culpable”, García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.

De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes.

“Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos” para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte.

“Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer”, añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.

¿Habrá acuerdo?

Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a “El Chapo” Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa.

Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.

Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.

En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran “mentira, difamación y perjurio” en su contra y negó haber tenido contacto “con personas vinculadas con actividad delictiva”.

Zambada

Reuters
Jesús Zambada acusó a Garcia Luna de recibir dinero del narco.

Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha “amasado una fortuna personal” de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.

La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.

Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad.

Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno”, dice el abogado.

“Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación”, agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.

Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a “El Chapo” y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.


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