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Senadores aprueban cambio constitucional para aumentar los delitos que ameriten prisión preventiva

La reforma, aprobada con 91 votos a favor y 18 en contra, establece la prisión preventiva oficiosa para delitos como abuso sexual, desaparición forzada, el uso de programas sociales con fines electorales y vinculados a corrupción. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano, así como organizaciones y la CNDH se manifestaron en contra porque consideran que vulnera los derechos humanos.
Cuartoscuro archivo
6 de diciembre, 2018
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El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular las reformas al Artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa a delitos como abuso sexual contra menores, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el uso de programas sociales con fines electorales y vinculados a corrupción.

De acuerdo con el dictamen, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cautelar cuando no se pueda garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o testigos, o el imputado haya sido procesado por delitos dolosos.

La reforma, que fue aprobada con 91 votos a favor y 18 en contra, también establece la prisión preventiva oficiosa a los delitos de robo a transporte en cualquier modalidad y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 



El documento aprobado faculta al Congreso para que en 90 días realice las adecuaciones normativas para incluir en el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis delictivas en caso armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Otras de las modificaciones que se realizaron en el pleno son un artículo transitorio que señala que los delitos en materia de corrupción, como enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entrarán en vigor a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía Relacionada con Hechos de Corrupción.

En tribuna el senador Emilio Álvarez Icaza expuso que esta reforma constitucional es una pieza sustantiva de la estrategia del combate a la inseguridad del actual gobierno, pero como está planteada implica un retroceso en materia de derechos humanos, por lo que exhortó a las bancadas a no repetir los errores cometidos en los últimos dos sexenios.

“Los estudios del Inegi señalan que en la medida que un gobierno establece mecanismos de control más represivos se incrementan los índices de delito y las detenciones arbitrarias”, apuntó.

El panista Damián Zepeda criticó la reforma al asegurar que se aprueba mandar a alguien a la cárcel sin comprobar su culpabilidad.

“Lo que hoy estamos haciendo es que no exista una valoración, que de manera automática, sin ninguna valoración, siempre se mande a la cárcel a una persona que no ha sido encontrada culpable, porque podemos debatir y decir: ‘no, es que no es pena, porque es una medida cautelar’, ¿está en la cárcel la persona sí o no con prisión preventiva oficiosa? Claro que sí, hasta 2 años de su vida”, expuso al posicionarse en contra.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que esta medida sería una regresión en el sistema de justicia, pues considera que no abona “a la reinserción social, justicia alternativa, ni al principio de presunción de inocencia, elementos indispensables a respetar y desarrollar en la justicia penal acusatoria”.

Para el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se trata de una figura que debe eliminarse porque “funciona para no investigar” y se trata de una forma de presión para aceptar los hechos: “es tortura, detención arbitraria y puede resultar en desaparición” de personas. Adempas afirmó que 100 mil mexicanos están en la cárcel sin recibir alguna sentencia por la prisión preventiva oficiosa.

Bajo las etiquetas #NoALaCárcelSinPena #NoALaPenaSinJuicio, organizaciones civiles como Amnistía Internacional, Equis Justicia, México Evalúa se pronunciaron contra la iniciativa al considerar que con ella, las personas serán tratadas como culpables hasta que se demuestre lo contrario, por lo que solo simular eficiencia en el combate a la inseguridad.

El senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), respaldó la reforma que forman parte de las nuevas políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y agregó que este cambio legal atiende el problema de la impunidad en la procuración y la administración de la justicia.

Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, dijo que la prisión preventiva es una medida cautelar cuyo objetivo es que los indiciados no se sustraigan de la justicia, como ocurre actualmente con la llamada “puerta giratoria” que permite su pronta liberación, por lo que respaldó la reforma a nombre esa bancada. 

Con información de Notimex

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Risperdal, el fármaco por el que Johnson & Johnson deberá pagar millones a un joven a quien le crecieron los pechos

Un jurado en EE.UU. determinó que la farmacéutica deberá pagar US$8.000 millones a un hombre de 26 años a quien le crecieron los senos tras tomar un fármaco comercializado por una de sus subsidiarias.
9 de octubre, 2019
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La farmacéutica Johnson & Johnson fue sentenciada a pagar US$8.000 millones en concepto de daños a un hombre que la acusó de no advertir que uno de sus fármacos antipsicóticos podía provocar un aumento en el tamaño de los pechos en hombres.

El jurado de una corte de Filadelfia, en Estados Unidos, falló a favor de Nicholas Murray, de 26 años, cuyo caso es uno de miles de ese tipo aún pendientes en dicho estado.

Los abogados del joven argumentaron que Janssen Pharmaceuticals, una subsidiaria de J&J, había priorizado sus ganancias por encima de la salud de los pacientes en la promoción de su medicamento Risperdal, cuyo compuesto activo es al risperidona.

J&J dijo que apelará el fallo, que considera “extremadamente desproporcionado”.

La farmacéutica también ha sido llevada ante la justicia por sus implantes de mallas vaginales y por su talco para bebés, que de acuerdo a miles de demandas contendría asbestos, algo que la empresa niega.

Esto se suma a la batalla legal que también enfrenta por su rol en la crisis de adicción a los opioides en el país.

A principios de este año, la multinacional fue ordenada a pagar US$572 por su participación en la intensificación de la crisis de adicción a los opioides en Oklahoma.

Y, recientemente, la empresa llegó a un acuerdo por el que se comprometió a pagar US$20,4 millones en dos condados en el estado de Ohio por el mismo tema.

Efectos colaterales adversos

De acuerdo a la demanda presentada por Murray, el joven desarrolló pechos después de que sus médicos le recetaran la droga en 2003.

Esta condición se conoce como ginecomastia.

Johnson y Johnson

Getty Images
No es la primera vez que la empresa se enfrenta a la Justicia por uno de sus productos.

Un psicólogo le prescribió este medicamente tras diagnosticar al niño con un trastorno del espectro autista.

El Risperdal está aprobado para el tratamiento de la esquizofrenia y el desorden bipolar, pero los médicos pueden prescribirlo legalmente para cualquier condición que vean conveniente.

La compañía dice que confía en que el fallo será revocado, y señala que la corte evitó que su equipo legal presentara “evidencia clave” sobre el etiquetado del medicamento.

J&J está enfrentando una serie de demandas en cortes estatales por no advertir de forma adecuada sobre los efectos colaterales del Risperdal, incluyendo los tribunales de Pensilvania, California y Misuri.

Un jurado le otorgó a Murray US$1,75 millones en compensaciones en 2015 después de determinar que la compañía fue negligente al no advertir a los consumidores sobre los riesgos.

Una corte de apelaciones respaldó el veredicto el año pasado, pero redujo el monto de la indemnización a US$680,000.


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