La falsa beneficencia de Javier Duarte: Presumió donativos millonarios a Teletón que nunca hizo
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La falsa beneficencia de Javier Duarte: Presumió donativos millonarios a Teletón que nunca hizo

El gobierno de Veracruz firmó un convenio con la Fundación Teletón para financiar al Centro de Rehabilitación de Poza Rica, sin embargo, los recursos de 2014 a 2016 no fueron entregados en su totalidad.
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27 de diciembre, 2018
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El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no pagó en los últimos años de su gobierno 100 millones de pesos comprometidos para financiar el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Poza Rica, según los documentos contables del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) local.

El DIF Estatal notificó en 2016 a la Secretaría de Finanzas de Veracruz un adeudo millonario acumulado con la Fundación Teletón desde 2014, recursos que estaban destinados para la atención de cientos de niños con discapacidad. Pese a este aviso, Finanzas nunca liberó los recursos para saldar la deuda.

La administración Duarte no sólo dejó de entregar las aportaciones comprometidas —tras la firma de un convenio de colaboración— para apoyar el CRIT. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que el exgobernador veracruzano, hoy preso por asociación delictuosa y lavado de dinero, presumió la entrega de 250 millones de pesos entre 2014 y 2016 para apoyar al Teletón, sin embargo, a decir de la propia Fundación sólo hizo un abono por 21.2 millones.

“En Veracruz es de la opinión pública que llevamos muchos años subsidiando una aportación que el estado no hizo. Llevamos cuatro años en los que se cerraron más de ocho mil espacios por la falta de pagos”, dijo Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón.

El compromiso

En 2008, el gobierno de Veracruz —entonces a cargo de Fidel Herrera y cuyo secretario de Finanzas era Javier Duarte— firmó un convenio con la Fundación Teletón en el que le solicitaba la creación de un CRIT en el municipio de Poza Rica para que lo auxiliara en el “cumplimiento de su programa de apoyo a niñas y niños de escasos recursos con discapacidad”.

Dicho convenio obligaba al Estado a financiar el CRIT de Poza Rica durante por lo menos 10 años, es decir hasta 2019 y con renovación automática; a través de donativos anuales establecidos en ocho millones de UDIS (Unidades de Inversión), lo que fluctuaban entre los 30 y 40 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con los documentos contables del DIF veracruzano y la relación de ingresos de la Fundación Teletón —entregada por Fernando Landeros— las donaciones dejaron de pagarse desde 2014.

Con base en ese compromiso, en 2011 Veracruz pagó 36 millones 824 mil pesos a la Fundación Teletón, de acuerdo con una solicitud de Transparencia hecha en ese año. En 2012, el donativo fue de 37 millones 999 mil 264 pesos, en tanto en 2013 el pago fue de 38 millones de pesos. En 2015, entregó un abono de 21 millones de pesos a su adeudo.

En suma, la administración Duarte les entregó 133.8 millones de pesos de 2011 a 2015.

Sin embargo, en 2014 y 2016 el gobierno veracruzano no cumplió con la totalidad de las aportaciones comprometidas al Teletón, de acuerdo con estados financieros enviados por el DIF a Finanzas, así como con los documentos proporcionados por la Fundación. La propia Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas señalaba que el presupuesto estaba aprobado, pero no fue erogado.

Donativos inflados

Un informe de la CNDH sobre derechos de las personas con discapacidad en México reveló que la administración de Javier Duarte reportó la entrega de 402.5 millones en todo el sexenio, de los cuales 250 millones habrían sido entregados entre 2014 y 2016, periodo en el que sólo se hizo un pago por 21 millones de pesos.

El monto reportado a la Comisión, a través de solicitudes de transparencia hechas en 2016, es mucho mayor al dinero comprometido con Teletón y a lo reportado por Veracruz en sus diferentes cuentas públicas.

De acuerdo con el presidente de Fundación Teletón, Fernando Landeros, el gobierno de Javier Duarte les donó 133.8 de 240.4 millones prometidos, dejando un adeudo de 106.6 millones, lo que ha mermado la atención a los niños en el CRIT Poza Rica.

Landeros dijo desconocer por qué la administración Duarte reportó montos tan altos a la CNDH, cuando su compromiso era donar la mitad de esos recursos. Agregó que a partir de 2017, en la administración de Miguel Ángel Yunes, los pagos llegaron puntualmente al CRIT, pero sólo los vigentes: la deuda de Javier Duarte sigue sin saldarse.

“En todos estos casos, comunicamos públicamente la falta de recursos de un ingreso que estaba autorizado por el Congreso del Estado. Hasta hoy en día no sabemos dónde están esos recursos que no se le entregaron a la Fundación”, dijo Landeros

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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