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@NancyOrtizOax
Voluntarios de AMLO sí cobran por levantar el Censo de Bienestar, confirma su coordinador
El titular de la Coordinación de Programas Integrales del Gobierno Federal reconoció que durante la transición hubo una promesa de pago de tres mil 500 pesos para las personas que levantaron el censo de beneficiarios, monto que hasta el momento no ha llegado a todos.
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Los ciudadanos que desde septiembre pasado levantan el Censo de Bienestar del nuevo gobierno han recibido pagos por tres mil 500 pesos, aun cuando fue anunciado como una práctica ciudadana totalmente voluntaria y apartidista.

Así lo confirmó Gabriel García, Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo, un nuevo despacho del gobierno federal para la administración de programas sociales, que dependerá directamente de la Presidencia de la República, a cargo de Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado por Animal Político tras pedir licencia para dejar el cargo como senador de la República, García Hernández dijo que los ‘servidores de la Nación’ (como llamó López Obrador a los encuestadores) hicieron su trabajo por su propia convicción, sin embargo, el Equipo de Transición determinó usar todo el recurso del Fondo para pagarles a ellos y no a los funcionarios.

El censo de programas sociales que levantó el equipo de Transición del presidente López Obrador, fue anunciado hace unos meses como una práctica ciudadana en la que 20 mil voluntarios ajenos al gobierno visitarían cada casa del país contabilizando a los beneficiarios de apoyos sociales, actuales y potenciales. Este ejercicio se anunció como apartidista y voluntario, sin embargo, cada encuestador firmó un contrato en el que se le prometió un pago de tres mil 500 pesos por estos trabajos.

“Se hizo para cada uno un contrato para que el gobierno les dé ese recurso, entiendo que son como 3 mil 500 pesos por persona, pero hasta donde sé, ninguno lo toma como un sueldo, lo toman como un apoyo, sólo que tienen que firmarlo porque se tiene que rendir cuentas. Eso lo tiene que informar Hacienda después en la parte de transición, cuánto se invirtió”, declaró Gabriel García.

Las quejas

Los voluntarios crearon grupos en redes sociales para compartir sus fotografías y experiencias del levantamiento. Unas semanas después, esos espacios se volvieron un foro de quejas y dudas sobre el pago por sus servicios y sobre la posibilidad de que esta labor los hiciera acreedores a un empleo dentro del gobierno, una vez que se entrara en funciones.

Gabriel García cuestionó la veracidad de estas quejas expresadas en redes sociales, pero admitió que en algunos casos los pagos se retrasaron. “Pero yo no tengo muchas quejas, tengo muchas ilusiones”, dijo.

Respecto a la posibilidad de que los ‘servidores’ obtengan un cargo público en el nuevo gobierno, Gabriel García dijo que la mayoría de los “servidores” están al servicio de la patria. “Los puestos son lo de menos, es lo que no entienden muchos, pero se va a ir aclarando”, apuntó.

 Algunos ‘servidores’ entrevistados por Animal Político -que solicitaron el anonimato- reconocieron que antes de participar en el Censo habían colaborado con López Obrador en otros ejercicios, como las consultas ciudadanas y promoviendo el voto para la campaña presidencial-. Sin embargo, García Hernández lo negó y dijo que los realizadores del Censo han colaborado con ellos “en la lucha por las causas más justas de este país”. 

“No todo es electoral, no todo son votos. Hay convicciones y eso no lo paga ningún dinero”, respondió.

La app

Uno de los encuestadores de la colonia Roma Sur de la Ciudad de México explicó cómo se utiliza la aplicación Sider, donde se sube toda la información recabada en el Censo. Uno de los pasos es verificar los datos de la persona censada dentro del padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social, que ya está precargado en la aplicación.

Cuestionado sobre la legalidad de que los ‘servidores’ tuvieran esta información sin ser funcionarios públicos, Gabriel García aseguró que es una parte normal de la entrega-recepción al nuevo gobierno. 

“Tú cuando vas a recibir una administración te entregan la información para que revises, eso es lo que se hizo y es completamente legal y correcto porque hay confidencialidad y respeto a los datos personales de cada quién, no se pueden utilizar para ningún otro fin que no sea corroborar que esas personas existen. Eso es algo permitido y lógico”, afirmó el funcionario.

Informó que el Censo continuará ya con la nueva administración en marcha, pues la etapa de censar casa por casa concluyó el pasado 30 de noviembre; aunque no precisó cuál será el mecanismo para seguir inscribiendo a los beneficiarios.  

“Ya tienen que entrar las reglas nuevas, esto fue un trabajo que se hizo en transición. Cuando llegue el tiempo de revisar las consultas se van a generalizar más y el levantamiento de la información se va a transparentar. En la etapa que viene hay que ver cuál es la figura institucional que se va a (utilizar para) cobrar, pero el trabajo es el mismo”, concluyó el Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo.

 

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Entity List, la poderosa y poco conocida herramienta de sanciones que EU aplicó a Huawei
Creada para combatir la proliferación nuclear, esta herramienta está ahora en medio de la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.
16 de junio, 2019
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Es una de las armas más poderosas y menos conocidas de las que dispone el gobierno de Estados Unidos en el ámbito internacional.

Se la conoce como “Entity List” (Lista de Entes) y es una herramienta central en las sanciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump en contra de la empresa tecnológica china Huawei.

Publicada por primera vez en febrero de 1997, esta lista recopilaba los nombres de los entes extranjeros (empresas, centros de investigación, gobiernos e incluso individuos) que participaban en actividades que potencialmente podían derivar en el desvío de productos estadounidenses que podrían ser utilizados en la creación de armas de destrucción masiva.

Desde entonces, sin embargo, los motivos que pueden llevar a ser incluido en esa lista se han ampliado para abarcar otro tipo de actividades sancionadas por el Departamento de Estado, así como la participación en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional o de la política exterior de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump incluyó a mediados de mayo a Huawei en la Entity List usando este último argumento.

La decisión trajo como consecuencia que importantes empresas estadounidenses, incluyendo Google, anunciaran que dejarían de trabajar con la empresa china.

La lista actual de sancionados, publicada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, tiene más de 280 páginas, en las que aparecen entes de decenas de países alrededor del mundo, incluyendo a adversarios tradicionales de Washington como Irán pero también de países aliados como Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido.

Una tercera parte de la lista recoge los nombres de entes radicados en Rusia, país que suma 90 páginas, mientras que China supera las 40.

De América Latina aparecen mencionados cinco países: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Panamá, aunque en el caso de los cuatro primeros su inclusión obedece a las sanciones aplicadas en contra de las filiales locales de Huawei.

Acceso bloqueado

La decisión de incluir a algún actor extranjero en la Entity List es tomada conjuntamente por representantes de los departamentos de Comercio, Estado, Defensa y Energía, que valoran si se cumplen los criterios requeridos.

Si esto se aprueba, quedan prohibidas las ventas, exportaciones, reexportaciones o transferencias de todos los productos de origen estadounidense (incluyendo materias primas, software o cualquier tipo de producto o tecnología) hacia el ente en cuestión.

“Es una herramienta muy poderosa porque implica que las empresas estadounidenses no pueden vender nada, ni un destornillador, sin contar con una autorización previa. Eso significa que el departamento de Comercio tiene la posibilidad de verificar de qué se trata y decidir si emite el permiso”, comenta James Lewis, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), a BBC Mundo.

Kevin Wolf, quien fue subsecretario de Comercio para la Administración de Exportaciones durante el gobierno de Barack Obama, asegura que la lista busca estimular a los entes extranjeros a que abandonen un comportamiento que Washington considera contrario a sus intereses de seguridad nacional.

Explica que, por ejemplo, una empresa puede ser agregada a la lista cuando hay información que permite pensar que está violando sanciones al enviar productos prohibidos a Irán o Corea del Norte; o que pueden ser desviados para actividades terroristas.

El objetivo es que las compañías dejen de actuar de esa forma y puedan salir de la lista. Eso ocurre de forma rutinaria. No es como un proceso civil o penal. Históricamente ha sido usada como una herramienta de persuasión”, apunta Wolf, quien tuvo entre sus responsabilidades la supervisión de la Entity List.

El experto señala que este mecanismo tiene numerosas ventajas para Washington:

  • Es rápido. Permite aplicar sanciones sin tener que cumplir con los exigentes estándares requeridos por un proceso criminal o civil.
  • Es flexible. Puede ser usado con la intensidad que requiera la situación.
  • Es eficaz. Le otorga al gobierno de Estados Unidos gran influencia sobre las empresas extranjeras para buscar su cambio de comportamiento.

Incertidumbre sobre Huawei

Gran parte de la fortaleza de la Entity List reside en que, al prohibir la venta de productos estadounidenses a esas compañías extranjeras, muchas veces estas pueden quedar en una situación comprometida debido a que su modelo de negocio depende de contar con componentes o productos procedentes de EE.UU.

Pese a ello, Lewis advierte sobre los límites de estas medidas.

Usualmente estas compañías tienen vínculos estrechos con los Estados extranjeros y, con frecuencia, trabajan para programas gubernamentales. El caso de Huawei es parecido. Ellos no van a quebrar debido a estas medidas porque el gobierno de China los mantendrá a flote”.

“La Entity List es una herramienta poderosa que dificulta a las empresas sus operaciones, pero normalmente no caen en bancarrota”, apunta el experto.

En el caso de Huawei, Wolf señala que formalmente su inclusión en esta lista siguió las mismas normas aplicadas durante el gobierno de Obama y de George W. Bush.

“La única diferencia es que este caso es mucho más grande en alcance, magnitud e impacto que cualquier anterior. Huawei es la mayor empresa que haya sido agregada a la Entity List. Además, el valor económico de los bienes estadounidenses que compraba también es muy superior a los casos precedentes”, afirma.

Pero, ¿es posible que Huawei logre salir de esa lista de empresas sancionadas?

“Esa es la pregunta del millón de dólares” responde Wolf.

El experto recuerda que la justificación esgrimida para incluirla en la lista se relacionaba con la violación de sanciones por parte de esa compañía y que también hay un juicio penal que llevó a la detención de una de sus más altas ejecutivas (Meng Wanzhou, quien es directora financiera e hija del fundador de la compañía).

“Una posibilidad es que la inclusión en la Entity List pueda resolverse en conexión con ese caso de sanciones. También puede ocurrir que se vea afectada por las negociaciones comerciales“, apunta.

En el caso de Huawei también entran en juego las acusaciones que le ha hecho Estados Unidos sobre la posibilidad de que la compañía se preste para ayudar al espionaje chino además de su rivalidad comercial con empresas estadounidenses por el desarrollo de las futuras redes 5G.

¿En estas condiciones, podría librarse de las sanciones?

“Esos temas ciertamente están en la mente de todo el mundo y del gobierno. Por eso creo que es muy difícil predecir lo que pueda ocurrir pues, a diferencia de muchos otros casos incluidos en la Entity List, hay muchas preocupaciones tácitas que probablemente afectarán las decisiones de política que tendrán que tomarse”, concluye.


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