El deterioro de la seguridad en 2018 no solo se manifestó en el crecimiento de los homicidios. Por segundo año consecutivo los delitos del orden federal, entre ellos la posesión de armas, el tráfico de drogas, los delitos fiscales, los secuestros, entre otros, también registraron un incremento de casi el 18% en el país.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que de enero a diciembre de 2018 se registraron, ante agencias del Ministerio Público Federal, 112 mil 917 delitos. En promedio, se trata de 310 nuevas denuncias todos los días.
En comparación con 2017, cuando se reportaron 96 mil 35 delitos, significa un incremento cercano al 18%. Y si la comparación se hace con 2016, donde el registro fue de 85 mil 213 casos, se trata de un crecimiento en dos años de la incidencia delictiva federal del 32.5%.
La cifra de delitos federales registrada en 2018 es la más alta desde 2012, año en el que se reportaron 125 mil casos.
Entre los delitos federales que más crecieron el año pasado se encuentran los relacionados con la migración ilegal y otros contemplados en la Ley de Migración. De acuerdo con la información en 2018 se iniciaron 764 carpetas de investigación por estos ilícitos, que es un crecimiento del 54% en comparación con los 497 casos del año pasado.
Chiapas es la entidad que concentra la mayor cantidad de los delitos relacionados con migración con el 18% del total, seguido de Nuevo León con 15 por ciento de los casos y Veracruz con 11 por ciento.
Otros delitos con un crecimiento importante fueron los de tipo patrimonial que pasaron de 36 mil 670 casos en 2017 a 51 mil 424 casos en 2018. Casi 15 mil casos más, lo que equivale a un incremento del 40.2%.
En cuanto a los delitos relacionados con drogas ilícitas (contra la salud), se reporta en 2018 la apertura de 6 mil 432 carpetas de investigación, que es un ligero incremento respecto a las 6 mil 324 iniciadas el año pasado.
Los delitos contra la salud se dividen en distintos rubros. En algunos como el comercio o el tráfico se registró una disminución el año pasado. También hubo una caída importante en la modalidad de “transporte” de drogas que bajó de 1 mil 264 casos en 2017 a 220 casos en 2018, una caída del 82%.
En cambio en la modalidad de producción de drogas ilícitas se reporta un incremento importante: de 505 casos en 2017 se pasó a 1 mil 258 en 2018, que equivale a un alza del 149.1%, es decir, más del doble.
Otro ilícito federal con un incremento importante es el de violaciones a la ley federal de armas de fuego y explosivos, que tiene que ver en su mayoría con la portación ilegal y decomiso de armas de fuego. En 2018 se registraron 13 mil 837 carpetas de investigación por este delito, que equivale a un alza del 1.2%.
También se registró un repunte en los casos de narcomenudeo que le tocó investigar a la PGR. Mientras que en 2017 se iniciaron 870 casos por este ilícito, para 2018 la cifra se elevó a 994 carpetas de investigación.
Otros ilícitos federales en los que se registró un incremento son los relacionados con ataques a vías de comunicación con 256 denuncias en comparación con las 219 registradas el año pasado, y los relacionados con violaciones a la Ley de Propiedad Industrial que subieron de 1 mil 326 a 1 mil 614 casos, un alza del 21%.
En cuanto a los secuestros que se denuncian directamente al Ministerio Público Federal, en 2018 se registraron 389 casos, un ligero incremento si se compara con los 378 del año pasado.
Los estados con más casos
La estadística anual revelada por el SESNSP ubica a la Ciudad de México con la mayor cantidad de carpetas de investigación iniciadas por delitos federales con 19 mil 566 casos que equivalen al 17.3% del total. La elevada cantidad se debe, en parte, a que en la capital se encuentran varias de las unidades centrales de la extinta PGR que también reciben denuncias.
El segundo estado con más casos abiertos de delitos federales en 2018 (muy lejos de Ciudad de México) es el estado de México con 8 mil 398 carpetas de investigación, seguido de Veracruz con 7 mil 195, Jalisco con 7 mil 57, y Guanajuato con 6 mil 57.
Si el análisis se hace por delito el orden de los estados cambia en algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de los secuestros el estado de México acapara 105 de los 389 casos, que es más de la cuarta parte de ellos. Y en segundo sitio se encuentra el estado de Veracruz con 76 casos.
En el caso de los delitos de producción de drogas los tres estados con la mayor incidencia son San Luis Potosí, Baja California y Sonora. En tanto, en lo que se refiere a os delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, Baja California, Guanajuato y Michoacán concentran el 25% de las carpetas de investigación abiertas en 2018.
Como ya se dijo, Chiapas encabeza la incidencia en el caso de los delitos relacionados con migración ilegal mientras que Tabasco lidera en incidencia por lo que respecta a ataques a vías federales de comunicación. Y en delitos ambientales Quintana Roo y Yucatán acaparan la cuarta parte de los casos.
Crece el rezago por casos menores
Durante las comparecencias que se llevaron a cabo en el Senado con motivo del proceso de selección de fiscal General se presentó un diagnóstico del rezago de casos que siguen abiertos ante el Ministerio Público Federal, algunos desde hace más de 20 años, y que están paralizados sin resolución.
De acuerdo con la numeralia expuesta existe un rezago de 205 mil averiguaciones previas iniciadas desde la década de los noventa y hasta 2016, fecha en que expiró que antiguo sistema penal. Son casos donde los delitos no han prescrito pero donde la investigación –la que se haya hecho – tampoco ha permitido darles alguna resolución.
A estos casos habría que sumarle además 101 mil carpetas de investigación iniciadas ya con el nuevo sistema penal, es decir en los últimos tres años, que tampoco se han concluido. Sumados dan un total de 306 mil casos sin resolver.
Si se toma en cuenta que la fiscalía genera cuenta actualmente con unos 3 mil 660 agentes del Ministerio Público, significa que cada uno de ellos tendría que resolver por lo menos 83 casos rezagados. Esto sin tomar en cuenta todos los nuevos que se vayan iniciado. Es una cifra inmanejable según los diagnósticos presentados.
Además existen 22 mil órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que la Policía Federal Ministerial tampoco ha podido cumplimentar.
En su exposición Alejandro Gertz Manero, quien a la postre terminó siendo escogido como fiscal General, dijo que gran parte del rezago que enfrenta la extinta PGR, hoy fiscalía, se debe al elevado número de denuncias por casos menores relacionados con tarjetas de crédito, cheques sin fondo, y otros ilícitos relacionados con temas patrimoniales.
Los datos de la incidencia delictiva de 2018 confirman lo dicho por el fiscal. De las 112 mil 917 carpetas iniciadas, 61 mil 625 tienen que ver con ilícitos patrimoniales o relacionados con el sistema bancario, que equivalen al 54% del total de la incidencia..
Gertz advirtió que no existe personal suficiente para entender ese nivel de casos. Por ello propuso como una solución a implementar el fortalecer las áreas de mecanismos alternos que permitan que las partes involucradas lleguen a un arreglo y se repare el daño, y así liberar a los fiscales y policías de indagar esos asuntos para priorizar otros de alto impacto.
