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Cuartoscuro
Afectados por termoeléctrica y gasoducto exigen a AMLO comisión de la verdad sobre corrupción en megaobras
Pobladores afectados por el Proyecto Integral Morelos exigen un organismo que investigue y sancione irregularidades que implican violaciones a las normas de seguridad en los megaproyectos.
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Luego de que el pasado 11 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a evaluar la pertinencia de continuar el Proyecto Integral Morelos (que contempla la creación de dos termoeléctricas y un gasoducto), habitantes de Puebla, Tlaxcala y Morelos afectados por este megaproyecto energético demandaron no solo su cancelación definitiva, sino también la creación de una “comisión de la verdad” que investigue los actos de corrupción que permitieron su puesta en marcha.

Vecinos de estas entidades, agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, denunciaron que, producto de dicha corrupción, el gasoducto Morelos surca las faldas del volcán Popocatépetl, discurriendo a ras de suelo a lo largo de una zona de riesgo volcánico, pasando por puntos en los que correrán lahares y flujos piroclásticos en caso de una erupción, lo cual fue advertido en su momento por el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, sin que eso detuviera las obras.

Sin embargo, advirtieron, el peligro de fractura y explosión no sólo se presenta ante una eventual erupción volcánica, sino que se mantiene de forma latente en las 60 comunidades por las que atraviesa el gasoducto ya que, como reconocen los mismos estudios elaborados por la Comisión Federal de Electricidad, en caso de una fractura incidental, la “zona de alto riesgo” sería de 608 metros alrededor del punto siniestrado.

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En 2010, cuando iniciaron estas obras, “nadie nos consultó nuestra opinión” y al poner en marcha los trabajos, “no se tomaron en cuenta las características de nuestras comunidades, y los riesgos que el gasoducto genera”, explicó Araceli Hernández, habitante de la localidad San Damián Texoloc, en Tlaxcala.

“En la comunidad de San Vicente –ejemplificó– pusieron el gasoducto cerca de la comunidad, a pesar de que ahí todos se dedican a la producción de tacos de canasta, y en todo el pueblo constantemente hay encendidas hornillas, por muchas horas, y el mismo riesgo tienen otras comunidades de la zona, en donde se dedican a la alfarería y también tiene hornos encendidos por mucho tiempo.”

Otro ejemplo, señaló, “es mi comunidad, San Damián Texóloc, el ducto fue instalado en aguas salitrosas, que aumentan el deterioro del tubo y el riesgo de fugas”.

En algunas de estas localidades, subrayó, como San Jorge Tezoquipan, San Vicente Xiloxochita, San José Teacalco, La Trinidad Tenexyécatl, San Cristóbal Oxtotlapango, Santa Isabel Tetlatlahuica, “el ducto pasa a 20 metros”, es decir, dentro del rango de “alto riesgo” en caso de explosión.

Todas estas irregularidades en el trazo del gasoducto, que implican violaciones a las normas de seguridad, subrayó, deben ser investigadas por una “comisión de la verdad”, que identifique y sancione a los responsables.

En Morelos, añadió Jaime Domínguez Pérez, el problema se prolonga tanto como el ducto: “Si ustedes conducen sobre la carretera que va a Cuautla, verán que el gasoducto está en el acotamiento, en la orillita del asfalto, y eso implica no sólo un riesgo para las comunidades, sino para toda la gente que pasa por la carretera”.

Además, subrayó, ante una eventualidad volcánica, una explosión de este ducto dejaría a diversas comunidades completamente incomunicadas, con el ducto ardiendo de un lado y el volcán del otro.

El Proyecto Integral Morelos, además, contempla la creación de dos plantas termoeléctricas en la localidad de Huesca, Morelos, que requerirán 50 millones de metros cúbicos de agua para funcionar, es decir, todo el afluente del río Cuautla.

De ese afluente, sin embargo, dependen 5 mil productores agrícolas, a los que esa agua ya les fue otorgada.

Flavio Placencia, campesino de Villa de Ayala, explicó que “nosotros llevamos muchos años luchando para que no nos roben nuestra agua, porque si lo hacen, nos darían la muerte, no podríamos trabajar nuestras parcelas, o tendríamos que dejar de ser productores de riego, para convertirnos en campesinos de temporal (dependientes de las lluvias), por eso, cuando el presidente López Obrador estuvo allá, el nieto de Emiliano Zapata le dijo claramente que no vamos a dar ni una gota de agua para esa termoeléctrica, no la vamos a dejar funcionar y nos vamos hasta las últimas consecuencias”.

Pero el riesgo no es solo para los productores agrícolas, sino para toda la comunidad, se detalló, porque “el proyecto de las termoeléctricas contempla enfriar las turbinas con gas cloro, que es la misma sustancia que se usó en la Primera Guerra Mundial como arma química, para matar a miles de personas”.

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El manejo permanente de esta sustancia, denunciaron, “deja a la comunidad de Huesca en riesgo”.

Jaime Domínguez Pérez, de Morelos, explicó que el Proyecto Integral Morelos fue un megaproyecto impulsado en beneficio de intereses privados, “fue una transacción de Calderón, que luego impulsó Peña Nieto, y ahora el gobierno de la cuarta transformación quedó de que en dos semanas va a dar una respuesta, si se cancela o sigue adelante”.

Pero la decisión, advirtió, “ya fue tomada” por las comunidades que desde un inicio se han opuesto a su puesta en marcha, cuyos derechos a la consulta fueron violados por las autoridades, tal como concluyó la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos en febrero de 2018.

“Este proyecto ha sido impuesto por acción de policías y militares, en cada pueblo ha sido impulsado por la fuerza, ha habido represión, cárcel y tortura para los que se oponen, pero nosotros aquí seguimos, a pesar de todo esto. Todo mundo espera que haya un cambio en esta cuarta transformación, y esperamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su compromiso de respetar la vida, respetar la integridad de las personas. Vale más la vida, que 20 mil millones de pesos mal invertidos.”

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