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Cuartoscuro Archivo

El gobierno de AMLO pospone justicia transicional y atención a víctimas, denuncian activistas

Activistas señalan que no se han podido reunir con el subsecretario de Derechos Humanos de Segob y tampoco han tenido respuesta a sus peticiones.
Cuartoscuro Archivo
8 de enero, 2019
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Con excepción de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha reunido ni ha hecho anuncios para otras víctimas de la violencia, pese a la promesa hecha tras ganar las elecciones de crear un modelo de justicia transicional y de pedir una disculpa pública a nombre del Estado mexicano desde el primer día de su gobierno.

Las mesas de trabajo que el entonces presidente electo aceptó durante el Diálogo por la Paz realizado el 14 de septiembre en Tlatelolco se desarrollaron durante los meses de la transición sólo con la participación de organizaciones de derechos humanos, víctimas y especialistas.

Lee también: No apostaremos por la guerra ni por el uso de la fuerza, promete AMLO a víctimas

No ha habido respuesta a las propuestas entregadas en diciembre de 2018 e incluso los intentos de reuniones con la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas, se pospusieron, sin fecha definida, para enero.

Un miembro del equipo de esta subsecretaría explicó a Animal Político que por procesos burocráticos y retrasos en los nombramientos dentro de la dependencia es que se ha tenido que posponer el trabajo con los colectivos, pero aseguró que aprovecharían el inicio de año para darle impulso al tema.

Sin embargo, entre los activistas hay inquietud por la falta de atención a las promesas hechas sobre la atención a las víctimas.

“Hay un retraso, por decir lo menos, en lo que está esperado que hicieran, y la preocupación crece porque parece que son otras las preocupaciones del gobierno hacia lo que ellos llaman transformación y que no está mirando a las víctimas, y por la continuidad de la política de seguridad, que es muy preocupante”, comentó en entrevista Michael Chamberlin, consultor de Open Society Justice Initiative (OSJI) y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundem).

“Lo que vemos es que no ha sido prioridad para el gobierno, el tema no ha sido colocado en la agenda ni por Andrés Manuel, como esperaría que lo hubiera hecho, ni por la Secretaría de Gobernación, que es quien está a cargo de ella. Después de que los temas centrales en campaña fueron corrupción e impunidad y violencia, a los que yo sumaría el tema de víctimas, hoy desaparecieron de la discusión”, consideró también Jacobo Dayán, asesor independiente en temas de justicia transicional y derechos humanos.

Entre los Foros Escucha y los encuentros de sociedad civil

Luego de que durante la campaña presidencial y durante el periodo de transición,   López Obrador e integrantes de su equipo prometieron que elaborarían un plan de pacificación junto con las familias de las víctimas, expertos de la ONU y la intervención del Papa Francisco (lo que fue desmentido por el Vaticano), se anunció la organización de los Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional, a cargo de Loretta Ortiz.

Leer: Vaticano desmiente a equipo de AMLO: Papa Francisco no participará en consulta sobre Ley de Amnistía

Dichos foros tuvieron un accidentado camino, desde las protestas de víctimas contra el perdón ofrecido por López Obrador cuando iniciaron, hasta la cancelación de los últimos encuentros programados, y la crítica de que no estuvieran manejados por la Secretaría de Gobernación (Segob), sino por la de Seguridad.

Tras presentar las conclusiones y al arrancar el gobierno, Ortiz fue postulada para ser nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia y confirmó a Animal Político que ella ya no estaba dando seguimiento a la implementación de los resultados de los foros, ya que todo el tema de víctimas había pasado, ahora sí, a la subsecretaría de derechos humanos de Segob.

A la par, activistas y expertos de derechos humanos empezaron a elaborar propuestas de justicia transicional, después de un segundo Diálogo por la Paz y la Justicia realizado en septiembre en Tlatelolco, con la presencia de Javier Sicilia, donde López Obrador aceptó seis mesas de trabajo conjuntas: para diseñar el modelo de justicia transicional, rediseñar el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, crear una gran comisión de la verdad, un mecanismo contra la impunidad, una vía para la reparación integral del daño y un sistema de protección a víctimas.

“El acuerdo desde septiembre fue que la agenda pasaba de Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación y que se abrían estas mesas de trabajo. Y el acuerdo era trabajarlo en conjunto, pero los tiempos a la Secretaría de Gobernación se le vinieron encima y no estuvieron.

Nosotros hemos terminado el proceso, e incluso se hicieron cosas solicitadas por ellos, como una consulta mucho más amplia: arrancamos algunos académicos, algunas organizaciones, algunos expertos, y ellos solicitaron hacerlo más amplio, echar a volar los documentos por todos lados, y que quien quisiera venir a sentarse a discutirlos fuera bienvenido”, explicó Dayán.

Lee: Puntos clave de la propuesta de amnistía de AMLO: con consulta a víctimas, así se planea la ley

Las últimas discusiones se realizaron con la participación de miembros de organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en varios estados, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); asesores internacionales de Open Society Justice Initiative (OSJI), del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); académicos de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); e incluso expertos de talla mundial como Pablo de Greiff, exrelator de la ONU para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, o Carlos Castresana, primer jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Llamadas de atención y silencio institucional

A diferencia de las reuniones y actos que no se han concretado con víctimas y activistas de derechos humanos, con quien sí ha tenido varios encuentros el Presidente de México es con las Fuerzas Armadas: el acto de salutación el segundo día de su gobierno, en Campo Marte; los titulares de la Defensa y la Marina estuvieron en la presentación del decreto para investigar el caso Ayotzinapa.

Lee: La salutación de las Fuerzas Armadas, ¿por qué esta ceremonia es importante para el gobierno de AMLO?

El 17 de diciembre se reunió con militares de todo el país en un llamado “encuentro por la paz y la seguridad”, en el Colegio Militar; y el segundo día del nuevo año, cuando en la conferencia de prensa mañanera se lanzó junto a los mandos militares la convocatoria de reclutamiento de jóvenes para pertenecer a la Guardia Nacional.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad sorprendió a los activistas con el anuncio de que se reformará la Constitución para que los militares se hagan cargo legalmente de la seguridad pública, lo que consideraron un cambio de opinión del nuevo gobierno y una contradicción con los planes de justicia transicional.

“Mete ruido, porque si parte de lo que hacen los procesos de justicia transicional es ayudar a las sociedades y a los Estados a transitar a Estados democráticos de derecho, rumbo a una normalidad democrática, pues la propuesta de militarización va en sentido contrario”, señaló Dayán.

Ante la falta de claridad sobre el tema de víctimas, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundem) lanzó a finales de año la primera llamada de atención pública con una carta en la que recriminó a López Obrador que el día de su toma de protesta no se haya referido a los más de 37 mil desaparecidos, sino sólo a los 43 de Ayotzinapa, le pidieron que no politice el asunto y que no se quede en resolver sólo ese caso, sino todos las del país.

Antes de acabar el 2018, también el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, publicó un artículo en la revista Proceso titulado “Una pregunta a AMLO: ¿y las víctimas?”, en el que recordó que en Tlatelolco recibieron la promesa de un perdón a nombre del Estado y por primera vez creyeron que un presidente iba a tomar a fondo el tema.

“La omisión de las víctimas en su discurso de toma de protesta, la reducción de ellas, en su plan de gobierno, a Ayotzinapa, su insistencia en la seguridad armada, su fijación en una amnistía que ahora llama ‘punto y aparte’, y la inanidad de su discurso respecto a las víctimas durante la celebración del 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preocupan mucho”, lamentó.

Agregó que el gobierno ya tiene en sus manos varios documentos como para haber tomado acciones: los documentos de las mesas de trabajo acordadas en Tlatelolco, un estudio que el equipo de transición pidió al CIDE y que se entregó a principios de diciembre, así como una propuesta que él mismo elaboró sobre cómo mejorar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Son un material suficiente para haber diseñado ya una política de Estado en materia de justicia transicional que no vemos por ninguna parte”, reclamó.

 El siguiente paso: exigir cumplimiento a los compromisos

Ante la falta de respuestas para sentarse a la mesa a trabajar políticas públicas, las organizaciones de víctimas y derechos humanos harán públicas la próxima semana las propuestas que elaboraron de justicia transicional, de las que Animal Político dio a conocer algunos adelantos, como la creación de una Comisión Nacional de la Verdad más amplia que la que investiga el caso Ayotzinapa y un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que aunque López Obrador se comprometió varias veces a pedir y aceptar ayuda de la ONU, ahora es uno de los temas que más recelo genera, según los activistas.

“Lo que esperamos para este año es que ya estén más acomodados en sus puestos en la Secretaría de Gobernación, porque nos decían que no tenían ni nombramientos, sólo del subsecretario (Encinas)”, señaló Chamberlin.

“Hemos insistido mucho en que fijemos la ruta: o sea, ya les entregamos los documentos generales, no sabemos dónde están las dudas, o qué está atorado, qué es lo que no nos permite avanzar. Por ejemplo, del mecanismo internacional contra la impunidad, si hay dudas sobre la viabilidad, de carácter jurídico o político, bueno, ¿con quién hay que hablar?, ¿traemos otros expertos internacionales, discutimos el tema? Si no hay dudas sobre Comisión de la Verdad, pues entonces el siguiente paso es hagamos un borrador de decreto para empezar a verlo con el Senado, qué sé yo”.

Algunas cosas, lamentaronn los entrevistados, ya se pasaron de tiempo, como pelear en el Presupuesto de Egresos que hubiera dinero para esa Comisión, o que se destinaran más recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá en 2019 sólo 400 millones, menos de lo que se le asignó para arrancar en 2018.

“Andrés Manuel dijo públicamente en septiembre que éste era un diálogo permanente; pues el diálogo ha estado muy fragmentado, y con él nunca ha sido, ha sido con Encinas, ni siquiera con Olga Sánchez Cordero. Nosotros estamos sorprendidos porque los acuerdos que se habían tenido para el inicio de gobierno no se han cumplido hasta ahora. Pero él habla de cumplir sus palabras, y la palabra empezada en campaña fue esa”, recriminó Dayán.

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Crisis en Venezuela: La desesperada búsqueda de hormonas de los transexuales

Las personas que quieren cambiar su sexo biológico necesitan un tratamiento hormonal de por vida para mantener los cambios en su cuerpo. En Venezuela son hoy imposibles de encontrar, lo que acarrea graves riesgos para ellas.
27 de junio, 2019
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“Si volviera a parecer una mujer, no me atrevería a salir a la calle”.

A André le llevó mucho tiempo y esfuerzo construir la apariencia del hombre que siempre sintió ser.

Transformar el cuerpo de Bolivia Andreína Bellorín, la mujer cuyo nombre figura en su cédula de identidad pero en la que nunca se reconoció, le costó dos intervenciones quirúrgicas, meses de un caro tratamiento hormonal y un doloroso desencuentro con una madre ya fallecida que nunca terminó de aceptarlo.

Ahora, al encontrarlo en la cafetería de un centro comercial de Caracas, nadie diría que el cuerpo de este empleado en una empresa agrícola fue un día de mujer.

Pero él siente que algo está cambiando, que lo que tanto le costó podría, poco a poco, malograrse.

“Ya no me sale barba en muchas partes de la cara y me estoy poniendo más caderón”, cuenta preocupado. “Pero lo peor es mi voz, no soportaría que mi voz fuera otra vez la de antes“.

Como todos los transexuales que inician lo que los especialistas denominan “transición” para adecuar su sexo biológico a su personalidad, André Bellorín necesita un tratamiento hormonal de por vida para mantener los cambios alcanzados.

Su cuerpo se está feminizando de nuevo porque en 2014 lo interrumpió.

¿La razón? La misma que la de muchos otros problemas en Venezuela: la escasez.

De acuerdo con el Informe sobre la Situación del Derecho a la Salud elaborado el año pasado por varias ONG locales, Venezuela vive “un agotamiento extremo de los inventarios de medicinas, vacunas e insumos básicos” que se traduce en que muchos pacientes tienen graves dificultades para encontrar los medicamentos que necesitan.

Los trans y sus hormonas no se libran del problema.

“Cada vez se hizo más difícil encontrar la testosterona. Recorría una farmacia tras otra; a veces tenía suerte, otras no”, recuerda André, que cuenta incluso que hubo un año en que sus amigos le regalaron unos inyectables de testosterona por su cumpleaños.

Habían unido esfuerzos para traerlos desde Colombia.

Fue algo excepcional.

André Bellorín.

G. D. Olmo
A André le ha dejado de salir barba en la mayor parte de la cara y teme que la feminización de su cuerpo no se detenga.

“Yo no tengo dinero para comprar la hormona en Colombia y que me la manden todos los meses”, cuenta André, que como muchos en Venezuela estira su modesto sueldo al máximo para hacer frente a la hiperinflación.

Parte de los migrantes venezolanos

El cirujano Edward Romero, responsable de la Unidad Transgénero en la clínica Uciep de Caracas, ha notado en su consulta los efectos de la escasez de hormonas.

“La mitad de mis pacientes se ha marchado a países en los que pueden conseguir el tratamiento, sobre todo Colombia, Ecuador y Perú, donde es más económico”, afirma.

Es una cara menos conocida de la diáspora de más de cuatro millones de personas que, según Naciones Unidas, ha dejado Venezuela desde que comenzó la crisis económica que sufre.

Médico y usuario transexual.

G. D. Olmo
El doctor Edward Romero dice que la mitad de sus pacientes se han marchado a países donde podían encontrar las hormonas.

Suspender el tratamiento hormonal, como muchos se han visto obligados a hacer, no solo pone en peligro los cambios logrados sino que puede tener otras graves consecuencias.

Según el doctor Romero, “los usuarios con frecuencia caen en la depresión y en la ansiedad”.

Los jóvenes son los más vulnerables. “En los adolescentes que están atravesando el conflicto de la transgeneridad vuelve a haber ideas suicidas y explosiones violentas en el ámbito familiar“.

El problema se agudiza en el caso de los trans masculinos, en los que las hormonas provocan cambios más rápidos, pero que también desaparecen rápido.

La vuelta de la menstruación, que puede producirse ya a los tres meses de la interrupción del tratamiento, supone una experiencia traumática para muchos de ellos.

Transexuales en Caracas.

Getty Images
Las hormonas provocan cambios más rápidos en los transexuales masculinos, pero también desaparecen rápido.

Toni del Vecchio es uno de los trans a los que trató el doctor Romero. Asegura que “lamentablemente, hoy en Venezuela empezar un tratamiento hormonal es una cuestión de dinero”.

Él, un diseñador gráfico al que le va bien, se sabe miembro de una minoría de privilegiados. Puede pagar el coste de su medicación en Ecuador y el envío desde allí.

Para la mayoría de los que resisten en Venezuela y no se resignan a que su cuerpo se convierta en aquello de lo que escaparon, conseguir las hormonas se ha convertido en una especie de odisea.

Venezolano rumbo a Colombia

Karl Rodríguez consume ahora lo que le queda de Nebido, un inyectable en ampollas que debe suministrarse cada tres meses para mantener los niveles de testosterona.

“Viajé hasta Colombia en la camioneta de un amigo para comprarlas a US$80 cada una”.

Ahora, cuenta, está ahorrando lo que puede de su sueldo de cocinero en el Banco Central para repetir el viaje y renovar sus existencias.

Sabe que no será fácil. Viajar por carretera en Venezuela se ha convertido en misión de alto riesgo. A la inseguridad se suma últimamente el problema de la dificultad para encontrar combustible en la mayor parte del país.

Karl dice que nada de eso lo detendrá. “De una manera o de otra conseguiré mis hormonas”.

Karl Rodríguez

G. D. Olmo
Karl Rodríguez tuvo que viajar por carretera hasta Colombia para conseguir las hormonas que necesitaba.

La desesperación por conseguirlas llevó a algunos a buscar en internet lo que no podían encontrar en las farmacias.

“En Venezuela lo único que puedes encontrar son páginas web que ofrecen las hormonas, nunca por debajo de US$300“, explica Del Vecchio.

Más alto que el coste son los riesgos para la salud de adquirir uno de estos productos sin certificación y consumirlo sin supervisión médica, como algunos hicieron.

El doctor Romero cuenta que trató a personas que recurrieron a hormonas animales, lo que puede provocar crisis hipertensivas y otros trastornos.

Un transexual que prefirió no dar su nombre refirió a BBC Mundo que compró por internet lo que creyó era testosterona y luego resultó ser resina vegetal.

Ahora tiene unos bultos en los glúteos, no sabe cuándo desaparecerán y ha renunciado definitivamente a hormonarse.

Situación de los LGBT en Venezuela

Para activistas y organizaciones de defensa de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT) en Venezuela, los problemas de los transgénero para conseguir su medicación son un reflejo más del marco de precariedad y falta de derechos que sufre este colectivo.

Para Quiteria Franco, de la ONG Unión Afirmativa, “el país siempre estuvo mal en este campo, pero ahora estamos a la cola en la región“.

Venezuela no reconoce el derecho al cambio de identidad de los transgénero. Es además uno de los pocos de Sudamérica que no admite el matrimonio y ni siquiera contempla la unión civil entre personas del mismo sexo.

BBC Mundo intentó obtener información sobre la situación del colectivo LGBT en el país, pero el Ministerio de Comunicación no respondió a la petición.

Quiteria Franco resume la situación. “Somos un problema que nunca le ha importado a nadie”.


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