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Cuartoscuro Archivo

Normalistas de Ayotzinapa iban a Iguala por un autobús que tenía una carga especial, según la CNDH

Según la CNDH, el "factor desencadenante" de las agresiones contra los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 pudo ser la captura del autobús Costa Line 2513.
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Tras cuatro años de investigaciones sobre la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó en noviembre sus conclusiones sobre el caso, entre las que destaca una nueva teoría sobre el origen de los ataques contra los estudiantes: el rapto de un autobús que contenía una “carga especial” y que, finalmente, los alumnos de Ayotzinapa no lograron llevarse consigo.

Esta hipótesis no está sustentada en ninguna prueba en particular, es decir, en ninguna parte del expediente obra algún elemento específico que hable de la “carga especial” del autobús, sino que, tal como explicó José Trinidad Larrieta, encargado de la investigación realizada por CNDH, esta teoría fue construida a partir de conjeturas, con base en lo que denominó “adminiculación de evidencias”.

A continuación, te presentamos un resumen de los elementos que la CNDH utiliza para formular esta nueva hipótesis, basada en la “carga especial”, y en el interés que supuestamente tenían los normalistas en ella.

Las “otras actividades”

Según la CNDH, el “factor desencadenante” de las agresiones contra los normalistas que acudieron a Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 “pudo ser la captura (por parte de los estudiantes) del autobús Costa Line 2513”, que había partido de Acapulco con rumbo a Chilpancigo y luego a Iguala.

Este autobús, agregó la CNDH, pudo llevar “alguna carga especial que debía llegar a su destino”, Iguala, y sobre la que la dirigencia estudiantil de la Normal guardaba algún tipo de interés.

Según las conjeturas de la CNDH, el autobús Costa Line 2513 pudo ser monitoreado por al menos uno de los dirigentes estudiantiles de Ayotzinapa, el normalista David Flores Maldonado, a su paso por Chilpancingo. De esto, sin embargo, no hay ninguna evidencia.

“Ese autobús –infirió el doctor Larrieta– sale de Acapulco (el 26 de septiembre de 2014) no sé si a las 14:00 horas, no sé si a las 16:00 horas, o a una hora intermedia, las 15:00 horas, en ese lapso es el movimiento de ese autobús hacia Chilpancingo. Y, ¿qué tenemos frente a eso? Que a las 15:00 horas, el propio David (Flores Maldonado, principal líder de los estudiantes normalistas en ese momento) dice que sale de Ayotzinapa hacia Chilpanginco”, donde asegura haber permanecido alrededor de seis horas.

Entrevistado por Animal Político, el funcionario de la CNDH aseguró que eso representa una actitud sospechosa, ya que “la razón que da (para acudir a Chilpancingo) es que fue a comprar cosas de aseo, con ese tiempazo, que no parecería lógico”.

La CNDH omite aclarar, sin embargo, que Chilpancingo está a 15 minutos de la Normal de Ayotzinapa, y que es habitual que los estudiantes se desplacen a esta ciudad para realizar actividades cotidianas, como adquirir enseres básicos de aseo que, por cierto, no les proveen las autoridades educativas de Guerrero, aun cuando la Normal es un internado del sector público.

Tampoco especifica en su recomendación cuánto tiempo es suficiente, según su criterio, para adquirir enseres de aseo personal, ni a partir de cuánto tiempo eso se vuelve una actividad “extraña”.

Aun así, el titular de la investigación insistió en que “curiosamente, sale este chavo a las 15:00 horas en un vehículo de la Normal, a la hora en que pareciera estar ya trasladándose, o va a salir, o está próximo el autobús que viene de Acapulco hacia Chilpancingo”.

El organismo no explica cuál era exactamente, según su hipótesis, el interés de la dirigencia estudiantil en la supuesta “carga especial” del autobús Costa Line 2513.

En su lugar, lanza otra conjetura: que el objetivo de la dirigencia estudiantil era satisfacer sus “propios intereses”, por lo cual decidieron “manipular la voluntad de los novatos” para llevarlos a Iguala (destino final del autobús 2513) y usarlos “como escudo, de parapeto, o para encubrir o justificar otras actividades”.

La CNDH especula que la presencia de los normalistas en Iguala no estaba vinculada a la “lucha social”, sino a “otras actividades” que sus líderes debían “encubrir”, aunque el organismo no detalla cuáles eran esas supuestas “otras actividades”, ni aporta evidencias para sostener ninguna de estas afirmaciones.

Para sustentar la hipótesis de la contienda entre normalistas y un grupo del crimen organizado por el autobús Costa Line 2513, la CNDH utiliza el contenido de las comunicaciones interceptadas en 2014 por el gobierno de Estados Unidos entre presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos (que opera en Iguala), según los cuales, una mujer cercana al cártel detectó que “gente armada” abordó en Chilpancingo un autobús en cuyo itinerario se registraba su paso por Iguala.

Según la hipótesis de la CNDH, ese autobús era el Costa Line 2513, que venía de Acapulco a Iguala, con escala en Chilpancingo.

Según esta hipótesis, fue la advertencia de esta señora lo que, horas después, provocó la reacción del cártel Guerreros Unidos contra los normalistas que llegaron a Iguala.

Existe, sin embargo, un detalle que invalida esta parte de la hipótesis: que las comunicaciones interceptadas a miembros de Guerreros Unidos señalan claramente que el autobús sobre el que alertó la mujer no se dirigía a Iguala, sino a Acapulco, por lo cual, no podía tratarse del Costa Line 2513.

Aún así, el doctor José Trinidad Larrieta, encargado de la investigación de la CNDH, insistió en la hipótesis de que el aviso de esa señora a Guerreros Unidos “desata una paranoia en Iguala”, y que esa paranoia explica la reacción violenta de este grupo del crimen organizado contra los normalistas.

Los villanos del cuento

Según la narrativa de los hechos realizada por la CNDH, el día 26 de septiembre de 2014, a las 17:30 horas, normalistas de Ayotzinapa, “la mayoría de nuevo ingreso”, recibieron la indicación de abordar dos autobuses que mantenían tomados, para partir rumbo a Iguala, informándoles que la intención era botear y tomar más vehículos de pasajeros, con los cuales pretendían partir, días después, hacia la Ciudad de México, para participar en la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre.

La intempestiva orden, señala la CNDH, provino del “normalista Bernardo Flores Alcaraz”.
Ese estudiante, junto con David Flores Maldonado, son los dos dirigentes normalistas a los que la CNDH “describe” en su recomendación como narcotraficantes, aunque sin presentar pruebas.

La CNDH asegura, también sin evidencias, que “la única persona que pudo haber dispuesto y ordenado al secretario del Comité de Lucha, Bernardo Flores Alcaraz, la movilización de aproximadamente 120 normalistas (para partir rumbo a Iguala), era el secretario general del Comité Estudiantil, David Flores Maldonado”.

Para ese momento, subraya la CNDH, las 17:30 horas, el líder estudiantil David Flores Maldonado estaba en Chilpancingo haciendo las “compras” de productos de “aseo personal”, que al organismo le parecen sospechosas.

Así, en esta nueva hipótesis, la salida de los normalistas del plantel estuvo cronometrada (entre David Flores Maldonado y Bernardo Flores Alcaraz) en función del paso por Chilpancingo del autobús Costa Line 2513 que venía de Acapulco con su hipotética “carga especial”, con el supuesto objetivo de llegar a Iguala antes que dicho autobús.

Nada de esto, empero, se sustenta con evidencias en la recomendación de CNDH.

El destino de la carga especial

El 26 de septiembre de 2014, los dos autobuses que salieron de Ayotzinapa llegaron a las inmediaciones de Iguala, al punto carretero conocido como Rancho del Cura, alrededor de las 19:00 horas, y una hora y 15 minutos después, aproximadamente, a ese punto llegó el autobús Costa Line 2513, el de la hipotética “carga especial”, procedente de Chilpancingo.

En el Rancho del Cura, el autobús fue detenido por normalistas y tomado, exigiendo al chofer que hiciera descender a los pasajeros, para poder llevarse el vehículo a Ayotzinapa.

Inicialmente, el conductor del autobús Costa Line 2513 se negó, aduciendo que no traía anticongelante, algo que la CNDH considera una “oposición inexplicable”, ya que, por testimonio de otros choferes, se sabe que la indicación de sus empresas es aceptar la captura de los autobuses, e irse con las unidades para cuidarlas.

Junto con la oposición del chofer, continúa la narrativa de la CNDH, se dio la intervención “decisiva” de uno de los 28 pasajeros del autobús quien, “asumiendo unilateralmente la representación de todos los pasajeros, tomó la iniciativa y sostuvo un diálogo con los estudiantes, a quienes mostró su decidida y franca oposición a la toma del autobús, pero sin dar razón de ello, denotando un interés que iba más allá del de un pasajero más”.

Según el testimonio del chofer, este pasajero finalmente acordó con los normalistas que ocho de ellos acompañaran el autobús en su ingreso a Iguala, para que los pasajeros descendieran fuera de la terminal de Costa Line y, luego, el chofer llevaría el autobús a Ayotzinapa, con los ocho normalistas.

Ese acuerdo, sin embargo, fue incumplido: el chofer del autobús no se detuvo fuera de la terminal Costa Line, sino que ingresó el autobús al patio de operaciones, donde los pasajeros finalmente bajaron.
Luego, el chofer también se alejó del autobús, dejando a los normalistas dentro.

Gracias a esta acción del chofer, subraya la CNDH, el autobús Costa Line 2513, con su supuesta “carga especial”, logró llegar a su destino y permanecer ahí, ya que aún cuando momentos después arribó a la terminal el resto de los normalistas que esperaban en las inmediaciones de Iguala, y tomaron otras tres unidades (además de las dos que ya traían) ninguno de los vehículos que se llevaron consigo fue el Costa Line 2513, el que, según la hipótesis de Derechos Humanos, venía cargado.

Ese autobús permaneció en la terminal, luego de la partida de los estudiantes.

Aunque la hipótesis de la CNDH es que el ataque contra los normalistas estuvo vinculado con su interés en el Costa Line 2513, no se especifica cuál era su interés en dicha carga, y tampoco se explica por qué los estudiantes fueron atacados al salir de la terminal, siendo que, finalmente, entre los autobuses que secuestraron no estaba el vehículo con la supuesta “carga especial”.

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'Me apuntó directamente y me disparó en el ojo': las denuncias de violaciones a derechos humanos en Chile

Amnistía Internacional publicó un informe que asegura que, desde el comienzo de las manifestaciones en Chile, ha existido una "política deliberada" para "dañar a los manifestantes".
21 de noviembre, 2019
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“(Un) Carabinero de las fuerzas especiales me apuntó directo a la cara, a 8 metros mío, quedé mirándolo fijamente y me disparó en el ojo”.

Las palabras son de Diego Foppiano, un estudiante de ingeniería de la Universidad Diego Portales que resultó herido mientras participaba de una de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Chile desde el 18 de octubre.

Tras el incidente, el joven se dirigió rápidamente al hospital pero, a pesar de los esfuerzos médicos, terminó perdiendo completamente la vista de su ojo izquierdo.

Hoy todavía tiene el perdigón —el proyectil con el que Carabineros le disparó— inserto en su ojo y está recibiendo atención psicológica debido al trauma.

El caso de Diego no es aislado. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, 2.300 personas han resultado lesionadas por el uso de la fuerza de las policías en las marchas y, de ellas, 220 tienen un trauma ocular severo.

protestas chile

Diego Foppiano
Diego Foppiano perdió su ojo izquierdo tras recibir un perdigón por parte de la policía chilena. De acuerdo con el Colegio Médico, 140 personas quedarán con ceguera de un ojo producto de las lesiones.

En conversación con BBC Mundo, Rosa Balcells, médico de la unidad de trauma ocular del hospital El Salvador, asegura que “las lesiones que nos ha tocado ver en el contexto de estas manifestaciones son muy graves, con daños severos del ojo y en un número altísimo de pacientes”.

Y así es como hoy, en muchas de las protestas, se ven a los manifestantes sosteniendo carteles que dicen cosas como “los ojos perdidos no serán en vano” y “aunque nos saquen los ojos, ya vimos”.

BBC Mundo ya había constatado esta “epidemia” de lesiones oculares que desde principios de noviembre tiene en alerta a las autoridades chilenas y que no tiene precedentes en el mundo de acuerdo con el presidente de la sociedad de oftalmología de Chile, Dennis Cortés.

Ahora, la organización Amnistía Internacional publicó un crudo informe sobre la situación en el país sudamericano luego de enviar una misión especial que documentó los sucesos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

El informe asegura que, desde que comenzaron las protestas, ha existido una “política deliberada” para “dañar a los manifestantes”.

“Castigo” a la población: el duro informe de Amnistía Internacional

En el documento emitido por Amnistía Internacional —una organización global con representación en más de 150 países—, se afirma que las fuerzas de seguridad, bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, “están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”.

Estos ataques —se agrega— han dejado un saldo de cinco muertos y “miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas”.

protestas chile

Getty Images
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, dijo Erika Guevara Rosas.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que la responsabilidad de estos hechos ocurridos en Chile no se agota con la persona que “apretó el gatillo”.

“Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, dijo.

Por otra parte, el informe explica que las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad “no son hechos aislados o esporádicos” sino que responden a un “patrón consistente” y a un “modus operandi” por parte de Carabineros.

Dentro de este patrón, está el de los daños oculares y la pérdida irreversible de la visión de un centenar de personas.

“La organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes”, dice.

“Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”, agrega.

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Getty Images
Según el informe de Amnistía Internacional, Carabineros ha utilizado escopetas de forme “injustificada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”.

Un caso emblemático que expone el documento es el de una niña de 15 años que recibió “múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento”.

“Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello”, dice.

“Tortura y malos tratos”

Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, además de 5 muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia impuesto por el gobierno en los primeros días de la crisis.

En el documento, se hace referencia a tres tipo de abuso policial.

El primero, es el “uso letal de la fuerza”, donde se afirma que el ejército “usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos”.

Uno de los casos que se cita es el de Romario Veloz, un ecuatoriano de 26 años que murió después de que un “militar le disparara en el cuello”.

El segundo, es el referente a “tortura y malos tratos”.

“Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual”, se señala.

En este punto, se expone el caso de Josué Maureira quien, de acuerdo con la institución, fue “violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial”.

“Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto corto punzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual”, se agrega.

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Durante más de un mes se han producido diversas manifestaciones en las principales ciudades de Chile donde se exige mayor igualdad y terminar con los “abusos”.

También se afirma que la organización documentó la práctica de las fuerzas de seguridad de “atropellar o intentar atropellar” a los manifestantes.

Por último, el informe habla sobre “lesiones graves y armas potencialmente letales”, afirmando que ha habido un uso “constante e inadecuado” de escopetas en las protestas. En este punto, se aborda los impactos de perdigones en los ojos.

También se hace referencia al uso “inadecuado y en cantidades alarmantes” de gases lacrimógeno, así como también al uso de granadas de humo con “posible contenido de hexacloroetano, un agente extremadamente tóxico”.

Finalmente, Amnistía Internacional advierte que “en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de los derechos humanos y personal médico”, y entrega algunas recomendaciones.

Entre ellos, el cese de la “represión de manera urgente”, la investigación de la responsabilidad del mando en las violaciones a los derechos humanos, la atención de las demandas de los ciudadanos y, por último, una reforma “seria y profunda” de la policía.

¿Qué dice Carabineros?

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Carabineros asegura que hay más de 1.900 oficiales lesionados.

Consultado por BBC Mundo, el portavoz de Carabineros, coronel Julio Santelices, aseguró que todos los casos deben investigarse.

“No corresponde calificar anticipadamente antes de investigar. Nosotros pedimos que se investigue y se establezca una verdad jurídica”, dijo.

Además, Carabineros asegura que hay más de 1.900 policías lesionados de distintas consideraciones y reclaman que han recibido impactos de bombas molotov y objetos contundentes.

Con todo, el mes de movilizaciones en Chile ha traído consecuencias. Para algunos, como Diego Foppiano, serán heridas que quedarán para siempre.

Pero él parece estar tranquilo y dice que espera que todo esto haya valido la pena.

“Ojalá que mi ojo perdido sirva para que cambien las cosas en este país”, concluye.


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