CNDH acusó a normalistas de Ayotzinapa de trabajar para el narco; se basó en testimonios bajo tortura
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CNDH acusó a normalistas de Ayotzinapa de trabajar para el narco; se basó en testimonios bajo tortura

Con la instalación de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, se deberá revisar la recomendación que la CNDH presentó en noviembre pasado.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó que al menos dos líderes de la Normal de Ayotzinapa tenían vínculos con la delincuencia organizada cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014; y que las motivaciones de los normalistas para acudir a Iguala, en donde fueron atacados y desaparecidos, no respondían a una lucha social. Es decir, que los ataques perpetrados fueron provocados por la misma dirigencia estudiantil de la Normal.

El máximo órgano para la protección y defensa de derechos humanos en México llegó a estas conclusiones basado en confesiones de procesados que se obtuvieron presuntamente bajo tortura —según concluyeron organismos internacionales—, testimonios no verificables e, incluso, elementos no relacionados con los líderes estudiantiles.

Lee: Instalan este martes en Segob la comisión presidencial para la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa

Esta recomendación que emitió la CNDH en noviembre pasado sobre el caso Ayotzinapa deberá revisarse en la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que se instala este 15 de enero; los padres de los 43 normalistas desaparecidos acusan que criminaliza a los jóvenes, pues no estuvo orientada a esclarecer las violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas.

Animal Político presenta un resumen de las evidencias que utilizó la CNDH para acusar vínculos entre los 43 normalistas y el crimen organizado:

¿Normalista y capo?

Según la versión de la CNDH, desde antes de los ataques de septiembre de 2014 contra los estudiantes, la Normal de Ayotzinapa ya estaba infiltrada por dos grupos de narcomenudistas que operaban con permiso del Comité de Base Estudiantil (autoridad de facto en la escuela, incluso por encima de los directivos formales).

Leer: La CNDH defiende su recomendación sobre Ayotzinapa, dice que no legitima la verdad histórica

David Flores Maldonado, conocido entre la comunidad escolar como Parka, ocupaba el cargo de “secretario general” del Comité de Base, es decir, el más alto puesto de la estructura estudiantil.

Para asegurar que David Flores Maldonado era miembro de un grupo de delictivo, la CNDH se basa en las supuestas palabras expresadas por otro normalista, al que identifica como “Carrilla”, y al que personal de Derechos Humanos supuestamente entrevistó en abril de 2017, es decir, dos años y siete meses después de los hechos.

Según la CNDH, el estudiante Carrilla afirmó que “aproximadamente 70% de la población estudiantil de la Normal se drogaba, ya sea con marihuana o con cocaína”, situación ante la que “algunos integrantes del Comité de la Base Estudiantil pretendieron poner remedio”, pero los vendedores de droga y los consumidores “iban a quejarse con su amigo, el secretario general del Comité Estudiantil, identificado por todos como La Parka, quien, más allá de resolver el problema, toleraba esta situación y consentía que en la escuela se distribuyera, vendiera y consumiera droga”.

Aunque la CNDH presenta estas afirmaciones como si fueran el testimonio del normalista Carrilla, en realidad  se trata del testimonio de los dos funcionarios que dijeron haber hablado con él.

La CNDH no incluye en la recomendación sobre el caso Iguala la transcripción de la entrevista con ese estudiante, por lo que no es posible verificar qué dijo exactamente.

Leer: La verdad histórica de Ayotzinapa es falsa, concluye la CIDH; pide un cambio de narrativa en el caso

En su lugar, se presenta un documento redactado por personal de la CNDH, en el que supuestamente se resumen las palabras del normalista.

El documento no cuenta con la firma del supuesto testimoniante, sino sólo la de los dos servidores públicos que lo redactaron.

En ese documento elaborado por la CNDH se afirma que, en 2014, Carrilla encabezaba la “Cartera de Orden del Comité de Base Estudiantil” de Ayotzinapa, y que, en ese cargo, tenía la facultad de aplicar el “código de disciplina”, que estipulaba la expulsión de todo alumno que consumiera alcohol, drogas o que agrediera físicamente a otro compañero.

Así, según la CNDH, Carrilla “tenía facultades hasta para expulsar a los Secretarios (del Comité de Base Estudiantil) si fuera necesario”. Es decir, este normalista era el responsable de proceder en contra de los líderes que supuestamente permitían el narcomenudeo en la escuela, pero no hay evidencias de que lo hiciera o, al menos, que lo intentara, tanto como no hay evidencias del supuesto narcomenudeo.

El documento redactado por el personal de la CNDH no aclara por qué este normalista no expulsó a David Flores Maldonado por su supuesta protección a narcomenudistas, aún teniendo esa obligación, y la CNDH no se lo preguntó.

La recomendación de la CNDH, de hecho, no menciona que este organismo haya realizado ninguna labor orientada a verificar esta acusación, simplemente la da por cierta.

En su página 329, por ejemplo, la recomendación de la CNDH asegura que para el 26 de septiembre de 2014, en la Normal “existía una situación de riesgo real e inmediato” para los normalistas, “porque las instalaciones eran utilizadas para introducir objetos producto de delitos cometidos por algunos de los estudiantes, así como para cometer delitos contra la salud”.

Aunque la CNDH asegura que su trabajo institucional “está supeditado, invariablemente, a fundar y sustentar su actuación, sus afirmaciones y sus posicionamientos”, así como a “probar (sus afirmaciones) con elementos y evidencias capaces de resistir el más profundo, riguroso y crudo escrutinio”, en el caso del normalista David Flores Maldonado y del supuesto narcomenudeo que solapaba dentro del plantel, la única prueba que presenta la CNDH es un documento elaborado por dos empleados de la misma institución.

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Consultado en entrevista sobre este aspecto de la recomendación, José Trinidad Larrienta, quien encabezó la investigación de la CNDH, aseguró que la hipótesis en contra del normalista David Flores Maldonado no es una “acusación”, sino que se hace “una descripción de evidencias, de hechos”, y la acusación formal le corresponderá presentarla a la PGR, “si se recaban los elementos necesarios”.

Cuando se consultó a Larrieta sobre la acciones emprendidas por la CNDH para verificar las imputaciones contra el normalista, confirmó que no realizó ninguna acción de verificación. “Eso –respondió– le corresponde a la Procuraduría.”

Aún así, Larrieta sostuvo que la investigación de la CNDH se caracteriza por “demostrar lo que estamos diciendo” y que sus conclusiones son “lo más cercano a la verdad”.

Gente “sospechosa”

Para reforzar la hipótesis de que el dirigente normalista David Flores Maldonado permitía actividades delictivas dentro de la normal, la CNDH se basa en otras circunstancias supuestamente descritas por Carrilla.

Este normalista, asegura la CNDH, “señaló que aproximadamente 15 días antes de los trágicos hechos de Iguala, entre las nueve o diez de la mañana, llegó a la Normal una persona que le pareció sospechosa. La persona era de complexión delgada, como de 21 años de edad. No era, afirmó, de la región de Tixtla, llevaba una ‘mariconera’, preguntó por el director y dónde quedaba la dirección. Entró a la oficina del director y platicó con él, sin tardar mucho”.

Lee: Mamá de normalista de Ayotzinapa hablará ante los cónsules y embajadores de México

La CNDH no detalla cuál es exactamente la relevancia de que una persona entrara a hablar con el director de la Normal en horario de oficina o cuál es la relación de esa visita con el ataque perpetrado días después contra los estudiantes. Aún así, incluye este dato como evidencia de que gente “sospechosa” operaba dentro la Normal.

Al día siguiente de esa visita, continúa la versión de la CNDH, “entre las 11 y las 12 de la noche llegó hasta la Normal una camioneta tipo Van, cerrada, que (al testimoniante, Carrilla) le pareció sospechosa”.

Según la CNDH, en esa camioneta “iban tres ‘chavos’ que no pertenecían a la Normal, uno de ellos bajó y se dirigió al dormitorio de un amigo al que conocen como Gasela, amigo de David Flores Maldonado, La Parka. Gasela, junto con ese joven, se dirigieron al lugar donde estaba la camioneta, ambos la abordaron, los tres chavos de esa camioneta le piden a Gasela que les entregue el dinero; Gasela se bajó de la camioneta, fue por el dinero, regresó y les entregó aproximadamente diez mil pesos. Las tres personas se retiraron posteriormente”.

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Aunque la CNDH da por cierto este supuesto antecedente de actividad delictiva, hay un problema: en la Normal de Ayotzinapa, la zona de estacionamiento de vehículos y la zona de dormitorios de cuarto grado no están uno junto al otro, ni hay visión directa entre ambos sitios. Por el contrario, están en puntos opuestos del plantel, con una separación de 250 metros lineales, con distintos edificios administrativos y de aulas entre ellos, así como una cancha techada y otra enrejada, y muchos árboles de por medio obstruyendo la visibilidad continua, además de que a medianoche la Normal está completamente a oscuras, ya que carece de iluminación en áreas abiertas.

Es decir, por la distancia entre ambos puntos, las distintas construcciones y elementos naturales existentes, y por la falta de iluminación, no es factible que una misma persona pudiera presenciar toda la cadena de sucesos descritos entre la llegada de la camioneta y su partida, ya que, para ello, el testimoniante habría requerido estar en distintos puntos del plantel, al mismo tiempo.

Pese a ello, dicho testimonio es empleado por la CNDH para sentar la noción de que, en los días previos al ataque a los normalistas, gente “sospechosa” se movía dentro de la Normal, en conexión con la supuesta actividad de narcomenudeo que, según su versión, David Flores Maldonado solapaba dentro.

Aunque, en su recomendación, la CNDH critica que los órganos internacionales que dieron asistencia técnica a la PGR hayan asumido como ciertos algunos testimonios “sin considerar que la descripción que se hace corresponde simplemente a una apreciación personal, respecto de la que no existe en el expediente medio de prueba alguno que la soporte”, eso mismo es lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo en el caso del normalista David Flores Maldonado, sobreviviente de los ataques en Iguala: usar un testimonio, no verificable, en su contra.

Fotografías en Facebook

El segundo dirigente estudiantil de Ayotzinapa al que la CNDH describe con vínculos al tráfico de drogas es el normalista Bernardo Flores Alcaraz, quien forma parte del grupo de 43 normalistas víctimas de desaparición forzada.

El doctor José Trinidad Larrieta, encargado de la investigación realizada por la CNDH, aseguró que de esas 43 víctimas, sólo 42 son “inocentes”, según esa versión, quien no es inocente es Bernardo Flores Alcaraz.

Él, junto con David Flores Maldonado, insistió el funcionario de la CNDH en entrevista, “arrastraron a 42 normalistas inocentes” a Iguala.

Tal como se desprende de la recomendación de CNDH, la prueba con la que cuenta el ombudsman nacional para “describir” al normalista Bernardo Flores Alcaraz como narcotraficante son tres fotografías de Facebook.

La primera imagen muestra un campo de flores de amapola y, según la CNDH, Bernardo Flores Alcaraz tomó personalmente esa foto y luego la subió a Facebook.

No obstante, las mismas evidencias que aporta la CNDH demuestran lo contrario: que Bernardo Flores Alcaraz no tomó esa foto, ni la subió a la red social.

Tal como puede constatarse en la captura de pantalla que la CNDH presenta como “Evidencia 30”, la foto de las amapolas fue subida a Facebook por un usuario distinto a Bernardo Flores Alcaraz.

De ese otro usuario no puede saberse el nombre, porque la CNDH lo bloqueó con una franja negra en la evidencia presentada, pero sí es posible constatar que montó la foto en Facebook el 2 de julio de 2013.

Leer: EPN termina su gobierno sin aclarar el caso Ayotzinapa, con una investigación fallida y ningún sentenciado

Igualmente, es posible constatar que ese usuario tampoco envió directamente la foto a Bernardo Flores, sino que subió la imagen a la comunidad de Facebook denominada “100% sierra linda de Atoyac”, de la que Bernardo, entre muchas otras personas, era seguidor.

Las capturas de pantalla incluidas en la “Evidencia 30” revelan que, cuatro días después de que se subió la foto a Facebook, el 6 de julio de 2013, Bernardo Flores Alcaraz  dio “compartir” a la imagen, con el comentario: “Escurre chido la cosecha y muchos se van a la ciudad a trabajar, no saben lo que se pierden los compas jajajaja”.

La CNDH no argumenta en su recomendación cómo es que compartir esa foto de Facebook convierte a Bernardo Flores Alcaraz en narcotraficante, aún con el mensaje que el adolescente añadió.

Cuando se consultó sobre esta situación al encargado de la investigación realizada por la CNDH, el doctor José Trinidad Larrieta no sólo insistió en que la foto con amapolas sí fue tomada y subida a Facebook por Bernardo Flores Alcaraz, sino que, además, aseguró que en la foto aparece el mismo normalista.

Se trata, subrayó el representante de la CNDH, de “una foto propia (de Bernardo Flores Alcaraz), y atrás de él (aparece) un cultivo de amapola”.

Esta afirmación, no obstante, es falsa: en la foto de las amapolas no aparece Bernardo Flores, ni ninguna otra persona.

Por otra parte, además de la foto de las amapolas, la CNDH también presenta como evidencia de la supuesta actividad delictiva de Bernardo Flores Alcaraz otras dos imágenes de Facebook: la foto de una pistola junto con balas posadas sobre una superficie plana, y la foto de una cuatrimoto en un camino de terracería.

Tal como en el caso de la imagen de las amapolas, la foto de la pistola y la de la cuatrimoto tampoco pertenecen a la cuenta de Bernardo Flores Alcaraz, sino a otras cuentas de Facebook.

En el caso de estas dos fotos, de hecho, el normalista no les dio “compartir” ni formuló ningún comentario sobre ellas, y tampoco hay evidencia de que el estudiante alguna vez viera esas fotos, a pesar de lo cual, la CNDH se las atribuye al normalista y las presenta como evidencias de su vínculo con el tráfico de drogas.

En el caso de estas otras dos imágenes, la CNDH tampoco explica cómo es que convierten a Bernardo Flores Alcaraz en narcotraficante, si no existe nada que las vincule con él en la evidencia presentada.

Veredicto dictado

Para reforzar su hipótesis en contra de Bernardo Flores Alcaraz, la CNDH añade que “el propio secretario del Comité de Lucha (cargo que ocupaba el normalista en la estructura estudiantil) en algún momento dejó saber a un compañero que él era de la sierra de Guerrero. Con discreción le comentó que él y su papá se dedicaban a sembrar amapola, que de eso vivían”.

La CNDH, sin embargo, no presenta la frase completa enunciada por el testimoniante, el cual, en realidad, luego de afirmar que el normalista y su papá se dedicaban a sembrar amapola, añadió luego que “no era una actividad (a la) que en lo particular se dedicara (Bernardo Flores o su familia), sino que era común que todo el pueblo se dedicara a eso”.

Esta última parte de la frase, en la cual el testimoniante corrige y desvincula a Bernardo Flores Alcaraz y su familia de la siembra de amapola, fue ocultada por la CNDH en su recomendación.

Como parte de sus investigaciones, la CNDH no reporta haber realizado ninguna acción para verificar la veracidad o falsedad de las imputaciones formuladas contra Bernardo Flores Alcaraz y su papá, sólo las asume como ciertas y, categóricamente, el organismo determina que existen “antecedentes personales de este estudiante, que lo vinculan a cuestiones de tráfico de estupefacientes”.

Finalmente, la CNDH remata su argumentación contra el normalista, destacando que, en enero de 2015, “al contar la ‘verdad histórica'”, la PGR “menciona a Bernardo Flores Alcaraz y a Miguel Ángel Hernández Martínez (otro normalista víctima de desaparición) como miembros del grupo (de narcotraficantes) de Los Rojos”.

No obstante, la CNDH omitió aclarar que, en esa misma ocasión, la PGR advirtió que esa era una imputación formulada por presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos detenidos por la autoridad, y que no existían pruebas de que esas imputaciones fueran verdaderas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también omitió aclarar que quienes acusaron a los normalistas de trabajar para el cártel Los Rojos fueron cuatro personas detenidas, sobre las que existen “fuertes elementos de convicción” para concluir que fueron torturados por las autoridades, para extraerles esas declaraciones, tal como concluyó la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Así, las evidencias en las que la CNDH basa su hipótesis contra el normalista Bernardo Flores Alcaraz son: tres fotos de Facebook (tomadas y subidas por otros usuarios), un testimonio editado, y cuatro declaraciones obtenidas bajo tortura.

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La impresionante (y costosa) operación del Kremlin para proteger a Putin del coronavirus

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades rusas han hecho enormes esfuerzos para proteger al presidente Vladimir Putin de la COVID-19.
7 de abril, 2021
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Desde el mismo comienzo de la pandemia de coronavirus, las autoridades rusas han hecho todo lo posible para proteger al presidente Vladimir Putin de la infección. Pero ¿cómo se organiza una cuarentena al estilo del Kremlin y cuánto ha costado?

Durante el último año, cientos de personas han tenido que ponerse en cuarentena en Rusia, antes de estar cerca de Vladimir Putin. Algunos tuvieron que aislarse incluso si no estaban en contacto directo con el presidente, sino como precaución porque estaban en contacto con otras personas que tenían previsto reunirse con él.

El 25 de marzo de 2020, el presidente Putin se dirigió a la nación y anunció que el 1 de abril marcaría el comienzo de una “semana no laboral”, mientras el coronavirus se propagaba rápidamente en Rusia.

Más tarde, en abril, se introdujo un confinamiento completo con el cierre de tiendas no esenciales y la prohibición de reuniones masivas, mientras una gran proporción de la población comenzó a trabajar desde casa.

Al mismo tiempo, 60 miembros de la tripulación de vuelo especial de la aerolínea Rossiya, al servicio del presidente Putin y de otros altos funcionarios del gobierno ruso, fueron puestos en cuarentena por primera vez el 26 de marzo de 2020 en un hotel no lejos de Moscú.

Desde entonces, cientos de pilotos, médicos, conductores y otro personal de apoyo, así como visitantes del mandatario, han pasado tiempo en cuarentena en una docena de hoteles en toda Rusia para proteger al presidente Putin de la infección.

Recientemente, se informó que el mandatario recibió una vacuna desarrollada en Rusia, aunque no se ha especificado cuál, pero los contratos con varios hoteles de “cuarentena” parecen estar vigentes hasta bien entrado el próximo año.

El servicio ruso de la BBC ha calculado que la Dirección del Presidente de la Federación Rusa, un órgano ejecutivo responsable del buen funcionamiento del equipo presidencial, recibió del presupuesto estatal unos US$84 millones para medidas de lucha contra la pandemia.

Los hoteles del Kremlin

Vladimir Putin en una pantalla.

Getty Images
El Kremlin ha hecho grandes esfuerzos económicos y logísticos para mantener a Putin a salvo de la enfermedad.

El servicio ruso de la BBC ha hallado que, al menos, 12 hotelesse han utilizado para las cuarentenas del Kremlin. Estos lugares de hospedaje se encuentran en Moscú y en su región circundante, la Crimea anexada, así como en una ubicación no muy lejos de la ciudad sureña de Sochi, el escenario de los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 y uno de los lugares favoritos del presidente Putin.

En la lista de cuarentena no había hoteles privados: todos los lugares donde los visitantes y el personal de servicio pasaron tiempo pertenecen a la Dirección Presidencial. Algunas de las reservas están hechas hasta marzo de 2022.

Los miembros de la tripulación de vuelo de Rossiya parecen ser los principales ocupantes de estos hoteles. La tripulación sirve a funcionarios, incluido el propio presidente Vladimir Putin, así como al primer ministro Mikhail Mishustin y otros ocho ministros del gabinete.

El servicio ruso de la BBC pudo saber que el presidente Putin pasó gran parte del año pasado trabajando desde su residencia de Sochi.

Una fuente familiarizada con las condiciones de la cuarentena dijo que decenas de pilotos y otro personal aéreo tuvieron que ponerse en confinamiento cerca de Sochi para proporcionar transporte al mandatario, así como para el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y muchos otros. Entre los que se pusieron en cuarentena se encontraban pilotos de aviones y helicópteros.

Confinarse para ver a Putin

Vladimir Putin en un escenario.

Getty Images
Antes de que Putin asista a actos públicos se toman numerosas medidas para minimizar el riesgo de que se contagie.

El 75º aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial debería haber sido una celebración importante en Rusia.

El recuerdo de esa guerra y el papel de Rusia en la derrota del nazismo son partes clave de la narrativa patriótica del gobierno de Putin. La celebración habría tenido lugar en la Plaza Roja el 9 de mayo, el Día de la Victoria de Rusia.

En lugar de ello, la conmemoración se trasladó al 24 de junio de 2020 y se realizó en una escala mucho menor, aunque todavía incluía un desfile militar. Los veteranos de guerra y las celebridades estrecharon la mano del presidente Putin y recibieron premios para conmemorar el aniversario.

Bloomberg informó que antes de reunirse cara a cara con el presidente, más de 200 personas, incluidos 80 veteranos de guerra de entre 80 y 90 años, tuvieron que ponerse en confinamiento durante dos semanas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó antes del desfile de junio que “un grupo de veteranos” estaba en cuarentena “en excelentes condiciones”, aunque destacó que esto se hacía como precaución por su bien.

El presidente Putin colocando flores sobre una tumba.

Kremlin.ru
Detrás de las apariciones de Putin en público hay toda una operación para asegurar que no corre riesgo de infectarse con el coronavirus.

Las agencias de noticias estatales rusas TASS y RIA-Novosti publicaron historias idénticas, describiendo cómo “uno de los hoteles de Moscú” había sido equipado para la cuarentena de unos 20 periodistas.

Se quedaron en habitaciones individuales, dejándolas solo mientras las limpiaban. No podían hablar entre ellos cara a cara y solo podían comunicarse virtualmente.

No se les permitió fumar ni beber alcohol. Los paquetes y las encomiendas que recibían de fuera del hotel de cuarentena solamente les eran entregados después de ser inspeccionados y desinfectados.

Los reporteros que se encontraban en aislamiento eran alimentados tres veces al día, dejando sus comidas y bebidas fuera de sus habitaciones, junto con cubiertos desechables. Cualquiera que entrara en contacto con ellos usaba trajes de protección personal completos.

También hubo informes sobre funcionarios del gobierno regional que se aislaron antes de las visitas del presidente Putin. Por ejemplo, en la ciudad de Sarov, en la región de Nizhny Nóvgorod, las autoridades locales asignaron US$13.000 para medidas “destinadas a prevenir la propagación de la infección por coronavirus durante la visita del presidente de la Federación de Rusia”.

El servicio ruso de la BBC se enteró de que alrededor de 20 miembros del personal de la administración local de Sarov estaban aislados en una pensión para veteranos de guerra. Los gastos de su estancia incluyeron camas de madera “de nogal”, juegos de ropa de cama, plancha y cuatro cajas fuertes de seguridad.

La BBC le preguntó al portavoz del Kremlin sobre las precauciones amplias y de larga escala tomadas para proteger al presidente Putin y si, en su conocimiento, otros países tenían prácticas similares en vigor. Dmitry Peskov declinó hacer comentarios.


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