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Senado de la República

Sin preguntas y en comparecencias de 10 minutos, Senado examina a los 27 candidatos a Fiscal General

Desfilaron los primeros 15 postulantes en apenas tres horas; #FiscalíaQueSirva desestimó participar y acusó falta de seriedad.
Senado de la República
15 de enero, 2019
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Con comparecencias de 10 minutos y sin posibilidad de hacerles preguntas, el Senado inició el lunes el análisis final de los 27 candidatos al cargo de Fiscal General de la República; los aspirantes fueron citados para exponer las razones por las cuales aspiran al cargo y explicar su visión de la procuración de justicia en México.

Las comparecencias se desahogan en solo dos días. El acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política del Senado fue convocar el lunes a 15 aspirantes, mientras que para el martes se citó a los 12 restantes. Se estableció, como parte del acuerdo, que durante cada presentación no habría mociones ni preguntas.

Originalmente el procedimiento de elección del fiscal no contemplaba más que la comparecencia de los candidatos que resulten seleccionados en la terna final que defina el presidente (de una lista de 10 que enviará el Senado). Sin embargo, legisladores de oposición exigieron que se realizara un proceso público de comparecencias, motivo por el cual se habilitó este procedimiento de dos días con los 27 aspirantes.

Las organizaciones ciudadanas agrupadas en el colectivo #FiscalíaQueSirva rechazaron participar en estas comparecencias al considerar que el procedimiento y formato es apresurado e impide un análisis serio de los candidatos. El colectivo había pedido desde la semana antepasada un proceso más amplio, con preguntas para los candidatos.

Leer: #FiscalíaQueSirva acusa al Senado de irresponsable por apresurar elección del Fiscal

El senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, dijo en entrevista con Animal Político que respetan y escuchan las opiniones de la sociedad civil, pero que el Poder Legislativo tiene una responsabilidad que cumplir y esa es la elección del fiscal en los tiempos legales pactados para ello.

El legislador desestimó además que la cercanía política con el presidente de algunos de los aspirantes al cargo, como Bernardo Bátiz (exprocurador de la CDMX cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno) o Alejandro Gertz (actual encargado de la Fiscalía General), sea un obstáculo para sus candidaturas.

Se prevé que el miércoles la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia de la Cámara Alta presenten una lista final de 10 de esos candidatos, que se someterá al pleno para su aprobación.

Dicha lista es la que se enviará al Poder Ejecutivo para que la Presidencia elija una terna final de aspirantes.

Comparecencias exprés

Como estaba previsto en el acuerdo, el lunes se desahogaron las comparecencias de 15 de los 27 candidatos al cargo de fiscal, sin que hubiera oportunidad de realizar preguntas de parte de los legisladores. La primera comparecencia inició a las 12:05 de la tarde y la última terminó a las 15:10 horas.

Leer: Comisión de justicia aprueba a 27 candidatos para Fiscal General; 10 serán los finalistas

Es decir, en un lapso de tres horas comparecieron los 17 candidatos que habían sido citados. La mayoría de ellos respetó el tiempo de los 10 minutos establecido. El que se extendió con mayor margen fue Mauricio Moreno Vargas, quien habló 15 minutos, mientras que el que menos espacio ocupó fue el último de la lista, Roberto Valero Chávez, que apenas ocupo cinco minutos.

Previo al arranque de la primera comparecencia, el senador Damián Zepeda expresó ante la Comisión de Justicia que lo preferible era un procedimiento de análisis de mayor duración, donde se pudiera cuestionar a los candidatos en temas en específico.

Por el contrario Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y quien fue invitado por la Comisión de Justicia a la inauguración de las comparecencias, celebró
este procedimiento de carácter público y destacó la importancia de nombrar al primer fiscal del país.

Batres recordó que hay plazos perentorios que cubrir, y dijo que con la terna final de candidatos que devuelva el presidente se buscará un proceso más amplio.

¿Qué dijeron los candidatos?

Los 15 candidatos citados el lunes (10 hombres y 5 mujeres) aprovecharon los minutos que tuvieron para dar un resumen de su trayectoria, y exponer algunas ideas en torno al trabajo que haría la Fiscalía General que ellos encabezarían.

No hubo un tema que se repitiera en las 15 intervenciones, pero sí algunos propósitos y retos en los que varios candidatos coincidieron. Entre ellos se encontraba el transformar a la Fiscalía para que se adapte a las exigencias del nuevo sistema penal acusatorio, fortalecer la atención a las víctimas y el respeto a los derechos humanos, así como impulsar la capacitación y profesionalización de los funcionarios.

Varios aspirantes insistieron en la importancia de la autonomía de la Fiscalía y en señalar que ellos no tienen vínculos políticos con nadie. También se habló, con frecuencia, de descentralizar el trabajo de la institución, modernizar protocolos, y en recuperar la confianza ciudadana.

Hubo algunas propuestas o preocupaciones que solo fueron expresadas por uno o dos candidatos. Por ejemplo, el tema de fortalecer los servicios periciales solo fue referido por Julio Ángel Sabines y Ernesto López Sauré. Este último fue además el único en referirse al lavado de dinero a través de comercio electrónico y de las llamadas “criptomonedas”.

El candidato Arturo García Jiménez es el único que procesó la elaboración de un código de ética, mientras que sólo Blanca Ivonne Olvera Lezama advirtió sobre la necesidad de crear en la Fiscalía un nuevo protocolo de uso de la fuerza, dado que el que hereda la PGR es de 2012 y no es acorde con el nuevo sistema penal acusatorio.

La magistrada y candidata Eva Verónica De Gyvés Zárate señaló, por su cuenta, que el rezago de trabajo en la Fiscalía es uno de los problemas más graves e inmediatos que enfrenta la institución, con “miles de carpetas que no han sido judicializadas”. Mónica Cecilia Luna Barrientos destacó que la autonomía de la nueva institución no la exime de rendir cuentas ante la ciudadanía.

Mauricio Moreno destacó que el robo de combustibles conocido como “huachicoleo” es el saqueo más grande que enfrenta el país; Julio Ángel Sabines reconoció la importancia de contar con la Guardia Nacionalm, e Ivonne Olvera hizo énfasis en el creciente robo en trenes, de cara a la construcción del Tren Maya.

Félix Méndez García fue el único de los 15 candidatos que comparecieron que criticó el formato de estas comparecencias, y subrayo que era necesario que los legisladores conocieran de forma más amplia los distintos proyectos, y que se pudiera haber interactuado con un formato de preguntas y
respuestas.

También hubo comentarios que nada tenían que ver con propuestas para la Fiscalía, como el de Ángel Sabines, que se definió a sí mismo como el “caballo negro” del proceso de selección, o el de Adalberto Cruz Medina, quien dijo que le “gustaría ser senador o diputado”.

El martes continuará la sesión de la Comisión de Justicia con los doce candidatos restantes, siguiendo el mismo formato.

Senado defiende proceso y selección

El lunes el colectivo ciudadano #FiscalíaQueSirva, que ha impulsado desde hace más de dos años la conformación de una fiscalía autónoma y participó en el diseño de su ley orgánica, anunció que no participaría en las comparecencias a las que convocó el Senado, pues consideraron que era un proceso acelerado que solo busca cumplir con un requisito, pero no profundizar en una selección responsable.

“El colectivo #FiscaliaQueSirva considera que el proceso de entrevistas no debiera ser una mera formalidad, pues se trata de uno de los instrumentos más útiles para identificar el mérito, y profundizar en las propuestas de quienes aspiran a la titularidad de la Fiscalía General de la República, ahondar en aspectos preocupantes sobre sus antecedentes o posibles conflictos de interés (…) Insistimos: los procedimientos acelerados no llevan a ninguna buena auscultación”, señalaron en un comunicado.

En entrevista el senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que respetaba el posicionamiento de la sociedad civil pues su participación ha sido destacada en el procedimiento, pero recordó que los senadores tienen la “obligación” de cumplir con los tiempos que marca la ley, y que no era posible recurrir a otro formato.

Cabe señalar que el periodo extraordinario convocado por el Senado para el nombramiento del fiscal inicia el miércoles 16 de enero, fecha en la que la Junta de Coordinación Política prevé presentar la lista de 10 candidatos finales para su análisis y votación ante el pleno.

Cuestionado sobre el posible conflicto de interés en que podrían estar candidatos como Bátiz o Gertz Manero (por su cercanía con el presidente), Menchaca señaló que el Senado avaló la elegibilidad de los candidatos que quedaron en la lista final del 27.

Subrayó que la mayoría de los candidatos tienen un “alto perfil” y una trayectoria profesional relevante, y que es facultad de los senadores elegir a la decena final, así como el presidente tiene derecho a escoger la terna final que considere conveniente.

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Getty Images

Etnoporno, la explotación sexual de mujeres indígenas en videos pornográficos en México

En Chiapas es cada vez más común el "etnoporno" o pornografía de niñas y mujeres indígenas, producido muchas veces sin su consentimiento. Las activistas apuntan a que es un delito agravado por la desigualdad económica, cultural y de acceso a las tecnologías que padecen estas mujeres.
Getty Images
16 de enero, 2020
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Un maestro de una zona indígena en un lugar recóndito le regaló un teléfono celular a María, una de sus alumnas de 13 años. Le enseñó a usarlo. Y después le pidió que le mandara fotos desnuda.Esto sucedió en Chiapas, en el sureste de México, donde las activistas denuncian que es cada vez más común el “etnoporno”, un tipo de pornografía que usa como fetiche a mujeres y niñas indígenas, y que son por ello víctimas de abusos.

En el caso de María (nombre supuesto), una mujer de otro estado de México entró en contacto con ella a través de redes sociales y la siguió extorsionando para que mandara más imágenes y videos, cada vez en situaciones más comprometedoras, por ejemplo masturbándose.

La familia de María cuenta que lo descubrió porque la adolescente había sido obligada a convencer a otra menor, de 10 años, para que empezara también a enviar este tipo de fotos y videos.

La niña se asustó tanto que se lo confesó a su madre. Así fue como se enteraron en el pueblo.

Manifestación en contra del acoso virtual.

Cortesía: Frente Nacional para la Sororidad
En 17 de las 32 entidades federativas de México se han aprobado reformas que castigan los delitos digitales contra las mujeres.

Algunos intentaron linchar al maestro, pero el padre prefirió tomar la ruta legal “porque matar al maestro habría sido aceptar que éste había violado a su hija”.

Martha Figueroa, la abogada feminista que está llevando el caso de manera voluntaria, cuenta que, como otros del mismo tipo, puede estar relacionado con redes de trata de personas. Y que es un gran reto castigar a los culpables.

“La familia no recibió ayuda en el Ministerio Público en un principio. Después quisieron registrarlo solo como abuso sexual no grave. Además, como era electrónico y es algo muy nuevo, no sabían cómo hacerlo“, le explica a BBC Mundo.

El “etnoporno” es un tipo de pornografìa, cada vez más de moda, que usa a mujeres y niñas indígenas como fetiche. Foto: BBC

Reconoce que hay quien argumentaba que fue un acto voluntario, ya que era la adolescente misma la que hacía llegar las fotos.

“Pero no, esto es un crimen del maestro. Y es agravado porque está corrompiendo a menores y abusó de su poder como maestro“, asegura.

Después de varios meses, el hombre fue arrestado. “No se sabe si cumplirá sentencia porque ha interpuesto un recurso. Pero es un logro que al menos por ahora esté tras las rejas y no todavía enseñando en la escuela”, explica la abogada.

Distintos daños que causa la violencia virtual.

Cortesía: FNS
La violencia virtual tiene una serie de consecuencias, recogidas en el informe de la Asociación para el Progeso de las Comunicaciones (APC).

Según el Código Penal de México “al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años, se le impondrá la pena 10 a 14 años de prisión y de 500 a 3.000 días multa”.

Y establece el mismo castigo para quien reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita este material.

“Sin redes de apoyo”

Adela Bonilla, directora de Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dice que estos videos pornográficos con mujeres indígenas “se pusieron de moda”.

Explica que muchas indígenas jóvenes llegan de sus comunidades al municipio chiapaneco en busca de una mejor vida, pero que ahí son muy vulnerables, que no tienen redes de apoyo y que algunas tienden al trabajo sexual.

“Las mujeres que se dedican al comercio sexual están en total indefensión y de ahí a ser víctimas hay solo un pequeño paso”, dice.

Dice que muchas de las que aparecen en los videos pueden estar siendo víctimas de estas redes. Y que en el ayuntamiento se plantea establecer un albergue para mujeres y menores.

También que, junto con la Secretaría de Turismo, se trabaja en concienciar al sector hotelero sobre el delito del comercio sexual infantil.

Se está haciendo que los hoteles firmen un código de ética para que, cuando un adulto llegue al establecimiento con un menor de edad, tenga que acreditar su relación.

“Chamulitas porno”

Por ahora es muy fácil encontrar, en pleno mercado central de San Cristóbal, material pornográfico de indígenas chamulas.

Se vende al lado de puestos de ropa interior, de comida o de gallinas vivas.

En los puestos de películas piratas, en la parte más recóndita, hay videos entre los que sobresalen los títulos de “Porno chamulitas”, en ediciones de varios años que prometen “puro video nuevo”.

Y además advierten: “En este material pueden aparecer personas que quizá conozca. Se recomienda discreción”.

Pero el etnoporno también se distribuye por internet.

El Frente Nacional para la Sororidad, una organización feminista que lucha contra la violencia sexual en la red, encontró durante un rastreo llevado a cabo entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en Chiapas más de 800 videos de niñas y mujeres que no habían dado su consentimiento para hacerlos públicos.

También identificaron 122 “mercados de explotación de imágenes”, o plataformas que compilan sin consentimiento información de contenido sobre todo sexual principalmente de mujeres y niñas, para ser expuestas en páginas, blogs, redes sociales o nubes de almacenamiento.

Chiapas es uno de los 17 estados de México que aprobó la “Ley Olimpia” por la que los delitos digitales de índole sexual, como la distribución de contenido íntimo sin consentimiento, podrán ser perseguidos y castigados con penas de entre 3 y 6 años de prisión.

Activistas celebran la aprobación de una reforma que pena el acoso por internet.

Cortesía: FNS
El Frente Nacional para la Sororidad es una asociación de activistas que lucha contra la violencia sexual en la red.

Indígenas, “las más afectadas”

Que las víctimas sean mujeres indígenas es una agravante del delito, le explica a BBC Mundo la activista Olimpia Coral Melo, quien promueve la ley, que lleva su nombre, desde que se difundiera un video sexual.

“El etnoporno es muy lamentable. Las mujeres indígenas son las más afectadas por estos delitos y es una cuestión de desigualdad en lo económico, en la cultura, en el acceso a la tecnología”.

Apunta a que muchas indígenas no saben que tienen derecho al placer, a la intimidad, al sexo. “Muchas ni siquiera piensan en poner una denuncia, pues desafortunadamente, en su forma de pensar está el creer que deben ser utilizadas, que son fábricas de bebés y de amamantar”, opina.

Además, muchas ni siquiera tienen acceso a internet y no saben que circulan videos de ellas.

“Incluso aunque fuera una trabajadora sexual que aceptó ser grabada por uno de sus clientes, eso no quiere decir que haya dado su permiso para que se comercie con su cuerpo infinitamente“, apunta la activista.

Valeria Sastré, abogada especializada en derechos de la mujer, dice que en Chiapas hay unos 30 registros y carpetas de investigación de delitos contra la intimidad sexual, pero que hasta ahora ninguno se ha judicializado.

Al hablar de las razones, menciona el hecho de que se trata de un tema muy nuevo y que es difícil que se acepten las pruebas contra estos delitos.

“Es necesario hacer campañas multidisciplinarias para concienciar, porque también nos topamos con una visión patriarcal en las zonas indígenas, donde las mujeres no conocen sus derechos”, añade.

Por ahora, desde el Frente Nacional para la Sororidad, reportan los contenidos y hacen llamados para que se quiten de internet.

“No es una solución permanente ni muy efectiva, pero es necesaria para que sepan que estamos vigilando”.


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