Procuraduría quiso pedir perdón por Caso Narvarte con funcionario menor y sin reconocer culpa: CDHDF
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Procuraduría quiso pedir perdón por Caso Narvarte con funcionario menor y sin reconocer culpa: CDHDF

La ombudsperson confirma que gobierno de Mancera cumplió con menos del 40% de la recomendación.
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4 de enero, 2019
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La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México pretendía que la disculpa pública que debe dar a las víctimas del Caso Narvarte por las graves anomalías en la investigación, como parte del cumplimiento de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), la encabezara un funcionario de grado inferior al exprocurador Edmundo Garrido, pese a que incluso él era el responsable de dicha indagatoria.

No solo eso. Propuso a las víctimas ofrecer esa “disculpa” sin reconocer su responsabilidad plena en las filtraciones de la investigación que la propia dependencia permitió, y que fueron el punto de partida del resto de irregularidades que provocan que hoy, a tres años del crimen, no se conozca la verdad de lo ocurrido ni haya reparación del daño.

Lee: Caso Narvarte: tres años después, no se sabe por qué los mataron; estos son los cabos sueltos del multihomicidio

Así lo revelaron en entrevista con Animal Político la presidenta de la CDHDF Nashieli Ramírez Hernández, y la Directora Ejecutiva de Seguimiento de dicho organismo, Carolina Pimentel González, quienes confirmaron que en la administración de Miguel Ángel Mancera – concluida el pasado 5 de diciembre – la Procuraduría local cumplió con menos del 40 por ciento del contenido de la recomendación en este caso grave.

“Y ese 40 por ciento de cumplimiento es siendo muy optimistas y viéndolo muy superficialmente porque lo reportado tampoco ha dejado satisfechas a las víctimas. En síntesis estamos ante un caso donde evidentemente no hay satisfacción de las personas afectadas y donde no existe aún hoy la reparación del daño” dijo Ramírez Hernández.

Lee: Gobierno espía: Los abogados del caso Narvarte también fueron objetivos del malware Pegasus

Animal Político tiene una copia de la propuesta de “perdón” que la Procuraduría presentó a las víctimas. En ella se confirma que el procurador Garrido no encabezaría ni participaría en el evento, y que la dependencia tampoco asumiría reflexión alguna sobre su actuación errónea, como reclamaban las víctimas.

En ese contexto, la ombudsperson de la ciudad dijo que buscarían tanto a la nueva procuradora de la Ciudad, Ernestina Godoy,  así como a la nueva Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, para abordar específicamente el cumplimiento de la recomendación del Caso Narvarte.

Cabe recordar que este caso aborda el multifeminicidio de cuatro jóvenes y el asesinato de un periodista en un departamento de la colonia Narvarte en julio de 2015. Las víctimas pertenecían a tres grupos vulnerables: mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas. Pese a que se detuvieron a tres personas al día de hoy se desconoce el móvil del asesinato, no se sabe si hay autores intelectuales y tampoco la mecánica precisa con que se cometió.

El falso perdón

La investigación de lo ocurrido en el departamento de la colonia Narvarte estuvo a cargo de la Fiscalía de Homicidios bajo las órdenes del entonces subprocurador Edmundo Garrido, quien a la postre se convirtió en titular de la Procuraduría General de Justicia, cargo que dejó el pasado 5 de diciembre con el cambio de gobierno.

Cuando en la Recomendación de CDHDF se estableció que la procuraduría tenía que reconocer públicamente su responsabilidad en favor de las víctimas, estas y la Comisión acordaron que quien tenía que hacerlo era el Procurador, no solo por la gravedad y dimensión del caso y de las violaciones a derechos humanas cometida, sino porque el propio Garrido era el jefe de la Fiscalía de Homicidios.

Y según las víctimas y la propia CDHDF, en un inicio la procuraduría había aceptado que Garrido fuera el funcionario que hiciera el reconocimiento y perdón, sin embargo, con el paso del tiempo eso fue cambiando.

“Empezamos con una disculpa que iba a dar el procurador y terminamos con un funcionario de bajo nivel que nada tenían que ver. Y si para las víctimas esto es un tema central y no le satisface, nosotros en la Comisión  no podemos avalar una propuesta de ese tipo de la Procuraduría” dijo la presidenta de la Comisión.

En la propuesta final de reconocimiento de responsabilidad que la Procuraduría envió a la CDHDF y a los representantes de las víctimas (a la que Animal Político tuvo acceso), fechada el 27 de octubre, se confirma la propuesta de que el panel estuviera compuesto por un subprocurador y la fiscal de Homicidios. No se contempla participación alguna del procurador.

La PGJDF además responde que aun cuando las víctimas también habían solicitado la presencia del Jefe de Gobierno y el Presidente del Tribunal de Justicia, la dependencia “estaba impedida para comprometerse respecto a la misma”.

Otro problema con la referida propuesta de disculpa de la Procuraduría, explica Nashieli Ramírez Hernández, es que en realidad no reconoce ni asume por voluntad propia los fallos cometidos y documentados por la CDHDF en la investigación del multihomicidio. Lo que hace es repetir constantemente que se cumple con un requisito establecido en la recomendación.

La revisión que este medio hizo de la redacción propuesta por la Procuraduría a las víctimas confirma lo anterior. La dependencia capitalina repite hasta en tres ocasiones que se realiza en cumplimiento de la recomendación y (solo en una ocasión) se dice que se comparte. No existe una reflexión propia de la institución sobre su actuación o un juicio autocrítica. En ninguna parte se menciona tampoco palabras como “perdón” o disculpa”.

La presidenta de la Comisión consideró particularmente grave que la Procuraduría no asuma proactivamente su responsabilidad en el tema de la filtración en que ocurrieron sus funcionarios sobre fotos y datos del homicidio, un hecho grave que provocó un daño sistemático a las víctimas y a sus familias que aún hoy persiste.

“La Procuraduría no quiere asumir que parte de la disculpa tiene que ver con las filtraciones, está en la recomendación y aceptado por la autoridad y esas filtraciones implican y afectan el proyecto de vida, el pasado, la memoria y la dignidad de las víctimas. Y mientras ellos (la procuraduría) no quieran  asumir eso no hay reparación del daño posible” dijo Ramírez Hernández.

Incumplimiento sin castigo

Animal Político publicó la semana pasada que ni uno solo de los 16 puntos recomendatorios que la CDHDF dirigió a la Procuraduría capitalina por el Caso Narvarte se ha cumplido a casi un año y medio de distancia de que se aceptó oficialmente esta recomendación.

En un posicionamiento enviado a este medio la Procuraduría confirmó que la recomendación no estaba cumplida aunque sostuvo que había enviado ya la documentación necesaria para dar por cubiertos 6 de los 16 puntos recomendatorios, y que era la Comisión de Derechos Humanos la que no había dado respuesta.

Sobre esto la Presidenta de la CDHDF explicó que si bien es cierto que la dependencia ha enviado documentos como prueba de cumplimiento, ello no basta para dar por satisfechos dichos puntos pues es necesario revisa, con las víctimas, lo que se reporta y luego tomar una determinación.

La  Directora Ejecutiva de Seguimiento de dicho organismo, Carolina Pimentel González precisó incluso que aun cuando se reporta un avance de 40 por ciento en el cumplimiento, este porcentaje puede disminuir si en la revisión de los documentos se detecta que no se cumple con lo que mandata la propia recomendación o lo que esperan las víctimas.

Pero pese a este incumplimiento de la recomendación no ha habido sanción para los funcionarios. De hecho el exprocurador Edmundo Garrido ya dejó el cargo sin haber cumplido nunca con la recomendación. Esto pese a que la CDHDF cuenta con facultades para que, por ejemplo, se citen ante el Congreso a funcionarios que no cumplan con las recomendaciones.

Cuestionada sobre este punto, Pimentel González dijo que no se han emprendido acciones ya que la dependencia sí entregó cierta información y propuestas que si bien, no satisfacen aún lo que  se ordena en los puntos recomendatorios, evidencia que hay una intención por cumplir en cierta medida.

“No se pueden activar mecanismos hasta en tanto no se acuerde el incumplimiento, y todavía no podemos declarar algún punto como incumplido porque se han llevado a cabo acciones aunque insuficientes. Consideramos y esperamos que con las nuevas autoridades (del Gobierno de la ciudad) podamos retomar el cumplimiento de la recomendación y poder cerrar y alcanzar esto” dijo Pimentel González.

Sobre este tema se buscó la opinión de la abogada Karla Michel Salas, una de las representantes de las víctimas, quien consideró que la Comisión sí podría haber hecho más hasta ahora para presionar a la Procuraduría en el cumplimiento de la recomendación, pues cuenta con los mecanismos legales para ello.

“El trabajo de la Comisión no concluye con la emisión de recomendaciones, si no ejerce los mecanismos para que estas se cumplan, las recomendaciones se convierten en un listado de buenas intenciones. Que las autoridades únicamente dirán que cumplirán pero echarán al cajón del olvido” dijo la abogada.

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Cómo es la carretera del "terror" en el norte de México donde han desaparecido decenas de personas

En el noreste de México, decenas de personas han desaparecido en una importante autopista que llega a la frontera con EE.UU. Por su peligrosidad, ha comenzado a ser llamada la "carretera del terror".
17 de julio, 2021
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Lo que vivió una familia a finales de junio fue apenas un “susto”.

Sus cuatro integrantes fueron despojados de la camioneta en que viajaban de la ciudad de Monterrey a la de Nuevo Laredo, en el noreste de México, y abandonados a mitad del camino.

“¿Cómo están? ¿Se encuentran bien?”, pregunta el conductor de un tráiler que grabó el asalto a lo lejos.

“Nada más el susto”, responde el padre, quien luego explicó a la prensa que “de una camioneta se bajaron cuatro hombres armados. Traían ametralladoras”.

“Enfrente bajaron a una pareja de una camioneta Chevrolet blanca. Y después de eso, se viene un sujeto armado hacia nosotros, que era como de 30 años, andaba bien vestido“, dijo el hombre, quien no dio su nombre por razones de seguridad.

“‘¡Bájense! ¡Y dejen los celulares!'”, les ordenaron.

“Nos bajamos toda mi familia y nos fuimos para atrás”.

Lo que para esa familia fue solo un susto. Para decenas de familias, la inseguridad ha tenido como consecuencia la desaparición de un ser querido.

Y es que viajar de Monterrey -la urbe industrial más importante de México a la ciudad fronteriza Nuevo Laredo se ha vuelto un riesgo.

La autopista de peajes de unos 200 km en los últimos meses ha sido llamada la “carretera del terror” o el “triángulo de las Bermudas”, debido a los crecientes casos de secuestros y desapariciones forzadas que se han registrado.

Según la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), la organización más grande de apoyo a víctimas local, se han conocido al menos 49 desapariciones este año tan solo de habitantes del estado.

Es la cifra más alta en los últimos 10 años, dice a BBC Mundo Angélica Orozco, una portavoz de la organización.

“Están atacando directamente a la ciudadanía, que nos encontramos totalmente vulnerables ante la desinformación, porque no nos informan qué está sucediendo. Y comprobamos, una vez más, que no hay un plan para buscar a las personas desaparecidas”, señala.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
Este año se ha incrementado notablemente la desaparición de personas que viajaban de Nuevo León a Tamaulipas.

Las autoridades de Nuevo León, por su parte, reportan solo 41 investigaciones por desaparición en 20 meses, con 1,4 personas en promedio por caso. Y han anunciado nuevas medidas para su búsqueda.

Pero FUNDENL y otras organizaciones advierten que hay una “cifra negra” de casos no conocidos por falta de denuncia.

Una vía moderna y peligrosa

La autopista 85D que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo no es un camino secundario, como los que llegan a ser controlados por grupos criminales en algunas regiones conflictivas de México.

Todo lo contrario: es una autopista de cuatro carriles, con casetas de peajes electrónicos e infraestructura de pasos elevados a lo largo de un trayecto casi en su totalidad recto.

Es parte de la carretera Panamericana, que conecta de norte a sur el continente americano.

Transportistas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Getty Images
La carretera 85D es vital para la exportación de manufacturas hechas en México hacia EE.UU.

Al ser la vía más corta del centro de México a la frontera con EE.UU., es una vía importante, tanto para la exportación e importación de mercancías, como para los habitantes de Monterrey que van por turismo o negocios a las ciudades del sur de Texas.

“Es el camino hacia la frontera para gente que va a EE.UU. de compras o por cuestiones personales. Y por eso consideramos que desde hace años las autoridades han tenido información de que suceden desapariciones. Y no hay sistemas de videovigilancia u operativos permanentes”, señala Orozco.

Pese a ser una infraestructura vital, la seguridad para conductores -tanto de transporte de carga como civiles- “no está garantizada”.

El tramo del peligro

En particular, hay un tramo que ha sido el más riesgoso en los últimos meses: el de la frontera entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Apenas el 19 de junio pasado, un ingeniero en sistemas de 35 años -de identidad reservada- fue secuestrado durante varias horas por hombres armados vestidos con ropa militar.

En una denuncia ante el ministerio público de Nuevo León, señala que sobre la carretera había un retén de sujetos armados que lo detuvo. Uno de ellos le dijo “toma tus cosas y bájate del vehículo” para revisar su camioneta.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Lo subieron a un vehículo, le cubrieron la cabeza y lo empezaron a “mover todo el día por un camino de terracería desconocido”, explicó.

Le preguntaban que “dónde está la droga que traía” y que “para quién trabajaba”.

Incluso lo golpearon una tabla de madera en un momento para que hiciera una confesión, pese a que les aseguro que trabajaba en una empresa de sistemas y que en su celular tenía los datos de su trabajo.

Explica que al final lo abandonaron con los ojos cubiertos en un camino de terracería. Encontró una población y pidió ayuda. Más tarde pudo localizar su camioneta y volver a Monterrey.

Map

FUNDENL también ha detectado que los choferes de aplicaciones como Uber o Didi, que son solicitados para realizar viajes hacia la frontera, también han sido atacados por los criminales.

“En general, tenemos casos documentados desde 2011. Y con la crisis desde este año, empezamos a recibir reportes de años anteriores”, explica Orozco.

La cruenta rivalidad de carteles

Desde hace unos meses hay una creciente disputa de grupos delictivos por el control de las ciudades que colindan con EE.UU. en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Se trata de puntos clave para el tráfico de drogas y mercancías ilegales, así como el flujo de recursos económicos que los carteles buscan manejar, explica el investigador en seguridad pública Víctor Sánchez a BBC Mundo.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters
El tramo de la carretera cercano a Sabinas Hidalgo es uno de los más riesgosos.

“Los comandos paran a tráileres que llevan mercancías. Se llevan los camiones o a veces solo la mercancía. Y en algunas ocasiones desaparecen a los conductores. Lo mismo sobre vehículos privados: se enfocan en camionetas equipadas que después utilizan para sus actividades”, indica.

Aunque ha sido una práctica vista desde hace una década, se ha recrudecido en los últimos meses.

“Es una zona de conflicto y disputa, pero va más allá de la simple disputa de organizaciones criminales. Tiene que ver mucho con el ADN de Los Zetas“, explica Sánchez.

Y es que el Cartel del Noreste -CDN, conformado por miembros del extinto grupo sanguinario Los Zetas- controla la ciudad de Nuevo Laredo, que ha sido blanco de otras organizaciones recientemente.

“Se ha recrudecido mucho la ofensiva en los últimos meses por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, de la mano de una organización local, los Metros, que es una facción del Cartel del Golfo”, indica Sánchez.

Foto del desaparecido Isaac Hernández

Reuters
Muchas víctimas de desaparición en la zona son los conductores de camiones.

“El CDN sospecha de cualquier vehículo ostentoso que circule por la carretera a determinadas horas, previendo una incursión. Y eso puede explicar algunas de las desapariciones de los últimos meses”, explica el investigador, residente del vecino estado de Coahuila.

Muchas víctimas de desaparición no son encontradas porque los carteles evitan dejar evidencias, como el cuerpo de las víctimas.

La respuesta de los gobiernos

Ante el aumento de casos de desaparición, los gobiernos estatales y el federal han empezado a tomar acciones en las últimas semanas.

La Guardia Nacional federal fue desplegada para realizar patrullajes a lo largo de la carretera 85D.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Y la semana pasada, los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas se reunieron para acordar una mejor coordinación en la investigación de casos de desaparecidos, algo que han reclamado las familias de las víctimas.

“Se contempla la instalación de puntos fijos intermitentes en especial en zonas específicas como el tramo del kilómetro 100 al 176 (zona limítrofe entre estados)”, indicaron en un comunicado conjunto.

“No nada más es la autopista, hay brechas donde también la Guardia Nacional, Fuerza Civil y el Ejército Mexicano entramos a vigilar, a disuadir, a buscar individuos que estén buscando hacer daño a la gente”, dijo el comisario de la Fuerza Civil de Nuevo León, Jorge Garza Morales.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
El gobierno de Nuevo León dice que tomó nuevas medidas en atención a las protestas por desapariciones recientes.

Orozco, sin embargo, advierte que esas acciones suelen ser temporales. Cuando se acaban, el problema regresa.

“Los operativos desde junio qué bueno que los están haciendo, pero deberían haberlos empezado desde que hubo reportes que algo estaba sucediendo, desde abril”, señala.

“El discurso gubernamental es el mismo, de ataques entre bandas de criminales. Pero están atacando a trabajadores y familias directamente. Es lamentable“.


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