Organizaciones de derechos humanos reclamaron al nuevo gobierno que cumpla con los compromisos que Andrés Manuel López Obrador contrajo antes de asumir la presidencia de crear políticas públicas para atender a todas las víctimas de la violencia en el país, o de lo contrario, no habrá una verdadera transformación.
“Sin verdad, justicia y reparación integral y garantías de no repetición, la cuarta transformación no será posible”, sentenció Mariclaire Acosta, activista y presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, durante la presentación de una propuesta de mecanismos para la justicia a víctimas.
“De un compromiso de esta envergadura depende que el gobierno pueda convencer a las víctimas de que su sufrimiento y la vigencia de sus derechos le importan efectivamente”.
Las organizaciones hicieron público y entregaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) un documento trabajado desde septiembre pasado cuando se acordó con López Obrador crear una propuesta de justicia transicional. Aunque ya no quisieron utilizar este término, elaboraron un primer diseño de cinco herramientas extraordinarias para la justicia: una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, y una unidad de protección a víctimas y testigos.
El director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, criticó que la elaboración de estas propuestas fue más un monólogo que un diálogo con el equipo de transición y hoy gobierno. Mientras que Araceli Rodríguez, madre de un policía federal desaparecido, pidió que la verdad y justicia no queden enterradas, “como quizá están enterrados miles de los cuerpos que ahora buscamos”.
En respuesta, los representantes de Segob que acudieron al acto, parte del equipo del subsecretario Alejandro Encinas, aseguraron que en diciembre se complicó avanzar en el tema por el cambio de gobierno, pero que sí han dado seguimiento a todas las propuestas de justicia para víctimas y se comprometieron a integrarlas en los planes del gobierno.
“Lo que sigue es que nosotros nos vamos a encargar de difundir el documento para que lo conozcan y nos hagan sus observaciones otros colectivos a nivel local, y nosotros el compromiso es institucionalizarlo, es decir, incorporarlo al Programa Nacional de Derechos Humanos para que esto pueda operar”, señaló en entrevista al final de la presentación Aarón Mastache, director de la unidad de derechos humanos.
La directora de políticas públicas de la subsecretaría, Estefanía Hernandez, precisó que esto tardará alrededor de seis meses, aunque depende del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que integra todos los planes sectoriales, y será un plan mucho más realista que los de gobiernos anteriores, partiendo del enfoque de que el Estado reconozca que ha fallado en la promoción de los derechos humanos.
Las propuestas para una política de verdad, justicia y reparación
El primer mecanismo propuesto, del que Animal Político ya había revelado un primer borrador, fue una Comisión de la Verdad, que investigue actos de violencia en el país. Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y la Democracia, explicó que se enfocaría en dos periodos: los hechos de violencia política y represión cometidos entre 1965 y 2006, y lo que ha ocasionado la guerra contra el narco desde 2006 hasta la fecha. La integrarían entre siete y 12 personas, en colaboración con diversos expertos, y trabajarían durante tres años para tener como resultado un gran informe que explique la violencia en esos periodos.
Otro sería un Mecanismo Internacional contra la Impunidad. José Guevara detalló que es necesario el apoyo internacional para hacer investigaciones complejas que las autoridades mexicanas han demostrado no saber hacer, y para que sean capaces de acusar ante los tribunales a altos funcionarios y exfuncionarios de gobierno.
“Con ello tendríamos seguridad de que quienes están participando en las tareas de seguridad no están involucrados en delitos del pasado y eso nos ayudaría a recuperar la confianza también en las instituciones”, señaló.
Juan Carlos Gutiérrez, de la asociación I(dh)eas, expuso la necesidad de un nuevo modelo de reparaciones a las víctimas, porque tal como está ahora en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha funcionado. “No son donativos, ni son becas, ni son programas sociales. La reparación integral es un derecho para las víctimas de violaciones graves”.
Una herramienta más considerada indispensable es la creación de una unidad de protección a víctimas, testigos, operadores de justicia y cualquier persona vinculada a estos procesos. Michael Chamberlin, consultor independiente, fue el encargado de exponer que no ha funcionado el sistema de protección a testigos que colaboran con la justicia, y por eso muchas veces se caen los casos, si no hay garantías para quienes participan en estos procesos.
Por último, los activistas consideran fundamental crear un sistema estructurado de participación de víctimas y sociedad civil para la implementación de estas medidas. Mariclaire Acosta afirmó que si esto se establece con claridad, se puede evitar que sólo se utilice a las víctimas con propósitos de ganar legitimidad, o de crear una especie de clientelismo. Además de garantizar que la presencia de voces de las víctimas sea efectiva, representativa, robusta y sostenible en el tiempo.
El documento completo se puede consultar en este enlace.
