Sin verdad y justicia la cuarta transformación no será posible, advierten ONG
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Sin verdad y justicia la cuarta transformación no será posible, advierten ONG

Las organizaciones entregaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación un documento trabajado desde septiembre pasado cuando se acordó con López Obrador crear una propuesta de justicia transicional.
Cuartoscuro
22 de enero, 2019
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Organizaciones de derechos humanos reclamaron al nuevo gobierno que cumpla con los compromisos que Andrés Manuel López Obrador contrajo antes de asumir la presidencia de crear políticas públicas para atender a todas las víctimas de la violencia en el país, o de lo contrario, no habrá una verdadera transformación.

“Sin verdad, justicia y reparación integral y garantías de no repetición, la cuarta transformación no será posible”, sentenció Mariclaire Acosta, activista y presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, durante la presentación de una propuesta de mecanismos para la justicia a víctimas.

“De un compromiso de esta envergadura depende que el gobierno pueda convencer a las víctimas de que su sufrimiento y la vigencia de sus derechos le importan efectivamente”.

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Las organizaciones hicieron público y entregaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) un documento trabajado desde septiembre pasado cuando se acordó con López Obrador crear una propuesta de justicia transicional. Aunque ya no quisieron utilizar este término, elaboraron un primer diseño de cinco herramientas extraordinarias para la justicia: una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, y una unidad de protección a víctimas y testigos.

El director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, criticó que la elaboración de estas propuestas fue más un monólogo que un diálogo con el equipo de transición y hoy gobierno. Mientras que Araceli Rodríguez, madre de un policía federal desaparecido, pidió que la verdad y justicia no queden enterradas, “como quizá están enterrados miles de los cuerpos que ahora buscamos”.

En respuesta, los representantes de Segob que acudieron al acto, parte del equipo del subsecretario Alejandro Encinas, aseguraron que en diciembre se complicó avanzar en el tema por el cambio de gobierno, pero que sí han dado seguimiento a todas las propuestas de justicia para víctimas y se comprometieron a integrarlas en los planes del gobierno.

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“Lo que sigue es que nosotros nos vamos a encargar de difundir el documento para que lo conozcan y nos hagan sus observaciones otros colectivos a nivel local, y nosotros el compromiso es institucionalizarlo, es decir, incorporarlo al Programa Nacional de Derechos Humanos para que esto pueda operar”, señaló en entrevista al final de la presentación Aarón Mastache, director de la unidad de derechos humanos.

La directora de políticas públicas de la subsecretaría, Estefanía Hernandez, precisó que esto tardará alrededor de seis meses, aunque depende del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que integra todos los planes sectoriales, y será un plan mucho más realista que los de gobiernos anteriores, partiendo del enfoque de que el Estado reconozca que ha fallado en la promoción de los derechos humanos.

Las propuestas para una política de verdad, justicia y reparación

El primer mecanismo propuesto, del que Animal Político ya había revelado un primer borrador, fue una Comisión de la Verdad, que investigue actos de violencia en el país. Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y la Democracia, explicó que se enfocaría en dos periodos: los hechos de violencia política y represión cometidos entre 1965 y 2006, y lo que ha ocasionado la guerra contra el narco desde 2006 hasta la fecha. La integrarían entre siete y 12 personas, en colaboración con diversos expertos, y trabajarían durante tres años para tener como resultado un gran informe que explique la violencia en esos periodos.

Otro sería un Mecanismo Internacional contra la Impunidad. José Guevara detalló que es necesario el apoyo internacional para hacer investigaciones complejas que las autoridades mexicanas han demostrado no saber hacer, y para que sean capaces de acusar ante los tribunales a altos funcionarios y exfuncionarios de gobierno.

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“Con ello tendríamos seguridad de que quienes están participando en las tareas de seguridad no están involucrados en delitos del pasado y eso nos ayudaría a recuperar la confianza también en las instituciones”, señaló.

Juan Carlos Gutiérrez, de la asociación I(dh)eas, expuso la necesidad de un nuevo modelo de reparaciones a las víctimas, porque tal como está ahora en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha funcionado. “No son donativos, ni son becas, ni son programas sociales. La reparación integral es un derecho para las víctimas de violaciones graves”.

Una herramienta más considerada indispensable es la creación de una unidad de protección a víctimas, testigos, operadores de justicia y cualquier persona vinculada a estos procesos. Michael Chamberlin, consultor independiente, fue el encargado de exponer que no ha funcionado el sistema de protección a testigos que colaboran con la justicia, y por eso muchas veces se caen los casos, si no hay garantías para quienes participan en estos procesos.

Por último, los activistas consideran fundamental crear un sistema estructurado de participación de víctimas y sociedad civil para la implementación de estas medidas. Mariclaire Acosta afirmó que si esto se establece con claridad, se puede evitar que sólo se utilice a las víctimas con propósitos de ganar legitimidad, o de crear una especie de clientelismo. Además de garantizar que la presencia de voces de las víctimas sea efectiva, representativa, robusta y sostenible en el tiempo.

El documento completo se puede consultar en este enlace.

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Justin Trudeau: el nuevo escándalo que tiene en crisis al primer ministro

Un millonario programa de becas para ayudar a jóvenes estudiantes ha puesto al primer ministro de Canadá y su familia en el foco mediático. Te contamos por qué.
27 de julio, 2020
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Justin Trudeau

Reuters
El último escándalo que salpica a Justin Trudeau se ha producido en plena pandemia.

Cuando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó al poder en 2015, prometió una nueva forma de hacer política. Pero ahora se enfrenta a su tercer escándalo relacionado con cuestiones éticas. ¿Qué está pasando?

El gobierno de Canadá anunció en junio que elegía a la organización WE Charity, conocida sobre todo por sus conferencias WE Day a las que acuden numerosas celebridades, para que administrara un nuevo programa de becas para estudiantes afectados por el desplome económico.

¿Cómo derivó esa decisión en acusaciones de favoritismo y conflicto de intereses, dos investigaciones federales, el foco puesto en la familia Trudeau y llamados a la renuncia del primer ministro?

Esta es una guía para comprender este último escándalo político en Canadá.

La familia de Trudeau bajo la lupa

Trudeau se enfrenta a su tercera investigación por conflicto de intereses en sus cinco años en el poder por la decisión de su gabinete de otorgarle un contrato valorado en US$43 millones a la organización WE Charity de Canadá.

Sophie Gregoire Trudeau y su esposo el primer ministro Justin Trudeau en un evento de WE

Getty Images for We Day
El primer ministro canadiense y su esposa han participado en eventos de la organización We Charity.

El programa de US$680 millones estaba diseñado para conectar a estudiantes graduados de la secundaria con opciones de trabajo voluntario pagado para compensar la pérdida de los empleos de verano previstos a causa de la pandemia.

Posteriormente se supo que la madre y el hermano de Trudeau recibieron dinero en el pasado por hablar en distintos eventos de WE.

Margaret Trudeau recibió poco más de US$185,000 por hablar en 28 eventos de WE en cuatro años, y el hermano del primer ministro, Alexander, recibió unos US$23,000 por hablar en ocho eventos entre 2017 y 2018.

Trudeau también ha hecho frecuentes apariciones, incluido su primer evento de WE en 2007, según el sitio de noticias iPolitics. Su esposa, Sophie Gregoire-Trudeau, fue la locutora de un podcast de temas de bienestar para la organización.

Sophie Grégoire-Trudeau,con la exprimera ministra de Australia Julia Gillard y la cantante Leona Lewis

Getty Images
La esposa de Trudeau, Sophie Grégoire-Trudea (izda.), es embajadora del programa de bienestar de WE.

El primer ministro no se retiró de las discusiones relacionadas con la decisión de darle el contrato a WE y hace dos semanas se disculpó por ello.

El organismo federal de supervisión ética ha confirmado que está investigando el asunto.

“Este país está gobernado por un pequeño círculo de élites y hay un culto a quienes pertenecen al círculo que refuerza ese sistema, que produce este tipo de escándalos de forma bastante rutinaria”, opina el teórico político canadiense David Moscrop.

“Ese es el problema estructural, que Canadá termina siendo un pequeño país gobernado por un pequeño grupo de personas”.

El programa de becas tenía ya más de 35,000 solicitudes y 83 socios no lucrativos.

El ministro de Finanzas bajo presión

Al igual que los Trudeau, la familia del ministro de Finanzas, Bill Morneau, tenía vínculos con WE. Dos de sus hijas están relacionadas con la organización, una de ellas como empleada.

ministro de Finanzas, Bill Morneau

Reuters
El ministro de Finanzas, Bill Morneau ha reconocido haber cometido errores.

Morneau testificó hace unos días ante un comité de finanzas de la Cámara de los Comunes que investiga el hecho de que su familia realizara dos viajes humanitarios, a Kenia y Ecuador, para ver el trabajo de WE en el extranjero.

El ministro reconoció que recientemente se dio cuenta de que no había pagado alrededor de US$30,000 en gastos de viaje para esas visitas y firmó un cheque para compensarlo.

La organización dijo en un comunicado que, aunque los viajes eran por invitación, el ministro ha desembolsado la cantidad que le hubieran cobrado si hubiera pagado en ese momento.

WE dijo que regularmente organiza visitas para “filántropos bien conocidos”, como Morneau y su esposa, que proceden de ricas familias canadienses.

Los partidos de la oposición piden que renuncie o que sea despedido por los viajes, ya que consideran que violan las reglas éticas.

El académico Moscrop sugiere que si bien el retraso en el pago de los viajes pudo haber sido “un descuido en lugar de malicia”, esta forma de actuar puede generar “cinismo, enojo y frustración. Todo ello en tiempos de una pandemia es doblemente problemático”.

El ministro de Finanzas está actualmente bajo investigación por posibles abusos éticos por no haberse recusado tampoco de las discusiones relacionadas con el contrato a WE, por lo que también se ha disculpado.

Escrutinio sobre WE

La organización WE fue fundada hace 25 años por los hermanos Craig y Marc Kielburger en la casa de sus padres en Ontario, Canadá, cuando Craig tenía 12 años.

Conocida anteriormente como Free the Children (“Liberen a los niños”), la organización se centró en poner fin a la explotación infantil y rápidamente se ganó el reconocimiento internacional.

Sus cofundadores se convirtieron en celebridades locales y aparecieron en programas de televisión como el Show de Oprah Winfrey y 60 Minutes en Estados Unidos.

Sus conferencias motivacionales, llamadas WE Day, se han convertido en un antes y un después para muchos jóvenes canadienses, a quienes les atrae su mensaje de que pueden cambiar el mundo y su lista de conferenciantes y artistas famosos.

Hermanos Kielburger

AFP
La organización WE fue fundada a mediados de los 90 por los hermanos Kielburger.

Actualmente es una organización de amplio alcance que opera en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

Ante la polémica, WE se retiró del programa de becas este mes por haberse visto “enredado en la controversia desde el momento del anuncio”, según informó la organización.

Pero el escrutinio sobre el contrato se ha extendido a la propia organización, abriendo interrogantes sobre su estructura en expansión, los lazos entre la rama de empresa social, sus entidades caritativas y su cultura interna.

El viernes, el periódico canadiense The Globe and Mail reportó que algunos socios y patrocinadores, incluidas la Fundación de la Reina de Inglaterra y la aerolínea Virgin Atlantic, están revisando su relación con WE.

A mediados de julio, la organización dijo que ha decidido realizar cambios estructurales y de gobernanza y volver a concentrarse en su mandato original de desarrollo internacional, y que contratará consultoras externas para una revisión.

Impacto sobre el apoyo a Trudeau

Los liberales federales de Trudeau todavía tienen una ligera ventaja sobre sus oponentes conservadores, pero sondeos de opinión sugieren que la controversia les está pasando factura.

Trudeau

Getty Images
Justin Trudeau, de 47 años, llegó al poder como primer ministro de Canadá en 2015.

El apoyo al partido Liberal Nacional ha caído desde que la noticia salió a la luz, al igual que el índice de aprobación de Trudeau, según una encuesta de Abacus Data del 20 de julio.

Las reacciones al manejo que ha hecho el gobierno del tema son negativas por todo el país, también dentro del 40% de personas que votaron por los liberales en las elecciones del año pasado, según el sondeo.

Probablemente seguirá siendo noticia por un tiempo.

Trudeau tiene un gobierno en minoría, lo que hace que los partidos de oposición tengan más control sobre la agenda y cuenten con las herramientas para “alargarlo todo lo que sea posible” (el escándalo), apunta el analista Moscrop.

A petición de los conservadores en la oposición, el primer ministro comparecerá ante el comité investigador de la Cámara de los Comunes en los próximos días. Y también lo harán los Kielburger.


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