La Estafa Maestra: exsubsecretario de Sedatu denuncia ante PGR la falsificación de su firma en un convenio irregular
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Archivo / Cuartoscuro

La Estafa Maestra: exsubsecretario de Sedatu denuncia ante PGR la falsificación de su firma en un convenio irregular

Enrique González Tiburcio asegura que la firma del convenio realizado con la Universidad Francisco I. Madero en 2016, que derivó en el presunto desvío de 185 mdp, no es suya.
Archivo / Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
29 de enero, 2019
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El exsubsecretario de Sedatu, Enrique González Tiburcio, denunció penalmente ante la PGR que la firma que aparece en el convenio general realizado con la Universidad Francisco I. Madero en enero de 2016 y que derivó en el presunto desvío de 185 millones de pesos, no es suya, sino que fue falsificada.

El exsubsecretario de Ordenamiento Territorial desconoció su firma en el convenio mediante el cual se iniciaba la relación con la universidad para realizar diversos servicios, por lo que interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la dependencia el 9 de julio de 2017, y un mes después, éste denuncio penalmente contra quien resultara responsable ante la PGR. Así inició el proceso de investigación de dicho convenio.

Leer: Estafa Maestra: Exsubsecretario de Sedatu firmó convenio con el que presuntamente se desviaron 185 mdp

Sin embargo, de acuerdo con Julio Hernández Barros, el abogado de González Tiburcio, peritos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que la firma contenida en el documento es verdadera, por lo cual el exfuncionario pasó de denunciante a imputado por el delito de “falsedad de declaración”. Es decir, por haber mentido respecto a la falsificación de su firma, según la Procuraduría.

En entrevista con Animal Político, Hernández Barros asegura que en un año y cinco meses después de interponer la denuncia, la PGR no le notificó a González Tiburcio sobre el cambio de estatus jurídico, sino que fue hasta el 3 de diciembre de 2018 para solicitar su presencia en la primera audiencia del 15 de enero de 2019.

El abogado negó que su defendido haya solicitado un amparo para no acudir a declarar y también se presentó a la segunda audiencia realizada el 24 de enero donde se confirmó que González Tiburcio no está siendo investigado por desvío de recursos públicos, sino por falsedad de declaración.

Este lunes Animal Político publicó que González Tiburcio, quien también fue Coordinador de asesores de Rosario Robles en Sedesol, es uno de los funcionarios de más alto rango en la Sedatu que firmó el convenio general SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 con la Universidad Francisco I. Madero y que derivó en el presunto desvío de recursos públicos de 185 millones de pesos.

Este y otros convenios fueron analizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría número 196-DS y encontró diversas irregularidades como que las empresas subcontratados eran de “papel”, los comprobantes de servicios fueron apócrifos o copiados de convenios con otras universidades, por lo que el organismo interpuso una denuncia penal ante la PGR en octubre de 2018.

Firmas falsificadas

Pese a que el exsubsecretario denunció la supuesta falsificación de su firma ante el Órgano Interno de Control, a cargo entonces de Miguel Ángel Vega, éste no investigó la posible responsabilidad de quien haya hecho la falsificación.

“El OIC presenta la denuncia ante la PGR y se cruza de brazos, no vuelve a realizar ninguna investigación. Hubo una tremenda omisión en investigar y fincar responsabilidades administrativas”, asegura el abogado Hernández Barros.

Un elemento indispensable de investigación sería determinar quiénes autorizaron la liberación de los recursos de la Sedatu para pagar los supuestos servicios a la universidad. De acuerdo con una nota publicada por el periódico Reforma el sábado 26 de enero, otro de los imputados es el exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez, encargado justamente de pagar este tipo de convenios. Él era subalterno de Emilio Zebadúa, el Oficial Mayor de la dependencia, responsable de administrar el presupuesto.

El abogado Hernández Barros afirma que la investigación que ya realiza la Fiscalía General de la República (FGR), también se está limitando sólo a determinar la autenticidad de la firma en el convenio, más no en encontrar a posibles imputados en la falsificación y, sobre todo, la responsabilidad sobre la salida de recursos públicos de la dependencia.

De acuerdo con la defensa de González Tiburcio, el convenio tampoco cumple con otros criterios legales como la falta de firma del titular del área jurídica de la dependencia, la justificación del requerimiento de servicios, rúbrica de funcionarios en todas las hojas del documento, y la inexistencia de registro de las reuniones que siempre se hacen previo a un convenio de este tipo. Además, el 4 de enero de 2016, día de la firma de convenio, González Tiburcio aún se encontraba en periodo de vacaciones decembrinas, sostiene su abogado.

La Auditoría Superior señala también a Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, y subalterno de González Tiburcio, como el firmante del convenio específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, el 2 de febrero de 2016, en el que se establecen los servicios que haría la Universidad y el pago por hasta 224 millones de pesos.

Sin embargo, durante la investigación de la Auditoría, Saldaña declaró que su firma había sido falsificada, por lo que también denunció penalmente.

En tanto, Noemí T., quien aparece como accionista mayoritaria de la empresa Contabilidad y Soluciones INNER, que recibió 42 millones de pesos de este convenio, “no reconoció como suyas las firmas consignadas en el contrato de prestación de servicios” y negó ser dueña de dicha empresa, por lo que interpuso una denuncia de hechos en septiembre de 2017 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra quien resultara responsable por haber utilizado su nombre para estos documentos.

Como parte de la declaración de González Tiburcio en la audiencia del 24 de enero, aseguró: “nunca firmé contrato o convenio alguno con la Universidad Tecnológica Francisco I. Madero. Y soy el primer interesado en que se aclare todo lo que parece ser una serie de irregularidades en el ejercicio de funciones como servidor público”.

Este martes 29 de enero se realizará la tercera audiencia donde la defensa del exsubsecretario presentará como prueba el análisis por otro perito grafólogo para determinar si la firma en el documento es auténtica o falsificada. Al siguiente día está prevista la cuarta audiencia donde el juez determinará si González Tiburcio es o no vinculado a proceso.

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Rusia y Ucrania: los complejos escenarios para una solución negociada a la guerra

Aunque las negociaciones continúan, las perspectivas para una resolución por la vía diplomática se están tornando cada vez más complejas, según analistas consultados por la BBC.
14 de marzo, 2022
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Este lunes empezó una cuarta ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú para detener el conflicto. Sin embargo, las tentativas previas e incluso un alto el fuego temporal han fracasado. Y los escenarios para una resolución por la vía diplomática son cada vez más complejos, según analistas internacionales consultados por BBC News Brasil.

“Mi visión es bastante pesimista sobre la posibilidad de un alto el fuego en el que Rusia acepte menos de lo que ha estado pidiendo en los últimos meses y en estas dos últimas semanas principalmente”, dice Felipe Loureiro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo (USP) y coordinador del Observatorio de la Democracia en el Mundo (ODEC-USP).

Un portavoz del gobierno ruso reafirmó el lunes (07/03) algunas condiciones impuestas incluso antes de la invasión del territorio ucraniano el 24 de febrero, para detener la agresión militar:

1) El compromiso de Ucrania con la “neutralidad“: Moscú exige que los ucranianos se comprometan en su Constitución a que el país renuncie a participar en bloques multilaterales como la OTAN (Alianza Militar del Atlántico Norte) y la Unión Europea. Rusia dice que la OTAN se está expandiendo en dirección al territorio ruso al aceptar como miembros a países que eran exrepúblicas soviéticas o que pertenecían a la esfera de influencia soviética.

2) Reconocimiento de Crimea: el Kremlin quiere que la región, que fue anexada militarmente en 2014, sea aceptada internacionalmente como parte del territorio ruso. En la época de la Unión Soviética, Crimea se incorporó a Ucrania y permaneció así tras la implosión del bloque en 1991. Una corriente en Rusia sostiene que históricamente este pedazo de tierra es parte del país.

3) Reconocimiento de Donetsk y Luhansk: otro requisito es que estas regiones del este de Ucrania, actualmente bajo el dominio de los separatistas prorrusos, sean reconocidas por la comunidad internacional como estados independientes.

4)“Desmilitarización” del Estado ucraniano: aunque aún no se han establecido los parámetros para esta condición, miembros del gobierno ruso reiteran que las armas en territorio ucraniano amenazan la integridad y seguridad de Rusia.

“Es muy complicado imaginar que cualquier gobierno soberano acepte la desmilitarización. Más aún después de la invasión”, dice Loureiro.

Mapa que muestra los países que ingresaron a la OTAN desde 1997

BBC

Neutralidad ucraniana

Ashok Swain, profesor del Centro de Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala en Suecia, dijo a BBC News Brasil que un compromiso de neutralidad por parte de Ucrania representaría lo que Putin más necesita en este momento: una salida que preserve su imagen.

Es un enfoque similar al de Andrei Kortunov, director general del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia (RIAC), organismo de consultoría en asuntos internacionales vinculado al gobierno ruso.

Para Kortunov, “Putin necesitará algo para declarar la victoria. No puede aceptar la derrota, porque políticamente esto podría tener riesgos muy grandes para su liderazgo. Necesita tener algo que le permita básicamente decir gané’“.

Swain describe un escenario complicado. “Si la insurgencia (contra las fuerzas rusas) continúa y se profundiza, Putin tendrá que mantener un gran contingente militar en el país y llevar a cabo una operación brutal contra la insurgencia”.

“Y habrá más presión sobre la OTAN para un compromiso directo. Por otro lado, Putin dependerá cada vez más de China para obtener apoyo diplomático y económico. A partir de la situación actual, parece que será un conflicto prolongado y terrible, que empujará al mundo a una división entre dos campos”.

Vladimir Putin

Getty Images
“Putin necesitará algo para declarar la victoria. No puede aceptar la derrota, porque políticamente esto podría tener riesgos muy grandes para su liderazgo”, señala Andrei Kortunov.

Carolina Boniatti Pavese, profesora de relaciones internacionales de la ESPM, una institución privada de educación superior en Brasil, dice que aún no está claro si las dificultades de la incursión rusa en Ucrania están fuera del cálculo que hizo Putin antes de iniciar la ofensiva.

“Al construir escenarios de análisis de riesgo es necesario anticipar todas las posibilidades. Ciertamente Putin lo hizo como lo hace todo estratega militar. No sabemos si lo que está sucediendo ahora no estaba dentro de lo que él anticipó como un riesgo calculado”, dice. “Lo que tenemos hasta ahora es una derrota para Ucrania”.

Loureiro, de la USP, dice que Putin sólo retrocederá si pesan cada vez más “los costos de la guerra desde el punto de vista humano y desde el punto de vista material, incluyendo los efectos de las sanciones económicas, y sobre todo, si la oposición dentro de Rusia se vuelve significativa“.

“Pero este escenario me parece muy poco probable porque, para que Rusia acepte ceder en sus posiciones, estos costos tienen que ser muy altos. Mayores que el costo para Putin de abandonar esta invasión con solo una parte de sus objetivos cumplidos”.

Una joven es arrestada por la policía rusa durante una protesta contra la invasión a Ucrania

Getty Images
Protestas en Rusia contra la invasión de Ucrania. El aumento de la oposición a la guerra puede incrementar el riesgo político para Putin.

Adriana Erthal Abdenur, directora ejecutiva de Plataforma Cipó, un centro de estudios con sede en Brasil que se ocupa de temas de paz, clima y gobernanza global, señala que la ONU podría desempeñar un papel muy importante.

“El secretario general (de la entidad) podría nombrar un enviado especial para señalar caminos más allá de las negociaciones de paz y la implementación de un alto el fuego. La ONU en muchas ocasiones juega un papel muy fundamental que es monitorear la implementación del alto el fuego de las hostilidades para que se pueda realizar una negociación más detallada y sustantiva”.

El Protocolo de Minsk

Una salida intentada a fines del año pasado por el presidente francés, Emmanuel Macron, para disuadir las tensiones que eventualmente resultaron en la invasión rusa, fue la reanudación del Protocolo de Minsk.

Manifestantes con la bandera ucraniana

Getty Images
El tratado de Minsk nunca se implementó por completo debido a la gran resistencia expresada por los ucranianos.

Este tratado fue firmado en 2015 por Putin, el entonces presidente ucraniano Petro Poroshenko y representantes de grupos separatistas prorrusos, y contó con el apoyo de Francia y Alemania.

En sus 13 puntos, el acuerdo prevé la desmilitarización y la reanudación por parte de Ucrania del control del este del país, en la frontera con Rusia.

Donetsk y Luhansk, ahora bajo el dominio separatista, serían reconocidas como parte del territorio ucraniano, pero con una condición especial: las regiones obtendrían el derecho a celebrar elecciones locales y tendrían mucha más independencia del gobierno central.

El tratado nunca se implementó por completo debido a la gran resistencia expresada por los ucranianos.

Una mujer de avanzada edad en silla de ruedas es cargada por soldados ucranianos

Getty Images
“Parece que será un conflicto prolongado y terrible, que empujará al mundo a una división entre dos campos”, opina Ashok Swain.

“Los acuerdos de Minsk son vistos negativamente en la sociedad ucraniana porque existe la percepción de que, a través de ellos, Rusia podrá ejercer una influencia directa sobre el país, limitando su soberanía. Parte de la sociedad y las élites creen que los líderes de las regiones separatistas son ‘controlados’ por Putin”, dice Vicente Ferraro, politólogo e investigador del Laboratorio de Estudios Asiáticos de la USP.

“Por lo tanto, se argumenta que la reintegración de estas regiones en las condiciones defendidas por Rusia permitiría a Putin influir en el curso de la política ucraniana e incluso vetar proyectos de integración con la Unión Europea y la OTAN”.

“Rusia está incómoda con el hecho de que el gobierno ucraniano declare al público su intención de implementar los acuerdos, pero dentro del país los critica. La estigmatización de las posiciones prorrusas en la sociedad ucraniana después de la crisis de 2014 ha tornado la discusión interna de los acuerdos un verdadero tabú. De hecho, ambas partes hicieron poco para implementarlos“.

“Con el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas por parte de Rusia y la intervención militar, las posibilidades de que se reintegren en territorio ucraniano se volvieron áreas aún más remotas”, añade Ferraro.

Un edificio de apartamentos completamente destruido por bombardeos

Getty Images
Devastación en Járkiv. “Mi visión es bastante pesimista sobre la posibilidad de un alto el fuego en el que Rusia acepte menos de lo que ha estado pidiendo en los últimos meses”, señala Felipe Loureiro.

Otra salida

Una propuesta lanzada en 2019 por investigadores de la Rand Corporation, un centro de estudios de política global con sede en Estados Unidos, tomaba en cuenta las tensiones geopolíticas que resultaron tanto del colapso de la Unión Soviética como de la expansión de la OTAN.

El ambicioso proyecto aboga por una zona especial de neutralidad que incluiría a Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, así como a Ucrania y todas las exrepúblicas soviéticas.

La idea es establecer mecanismos con la participación de las principales potencias y organismos multilaterales para definir soluciones de diálogo y reglas de seguridad y comercio que involucren a esta región entre Europa y Rusia.

El objetivo principal es crear un ambiente de confianza para lograr una distensión en las relaciones.

Pero los propios autores de la propuesta reconocen que sus términos difícilmente podrían complacer por completo a todas las partes.


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