Estafa Maestra: Exsubsecretario de Sedatu firmó convenio con el que presuntamente se desviaron 185 mdp
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Estafa Maestra: Exsubsecretario de Sedatu firmó convenio con el que presuntamente se desviaron 185 mdp

Enrique González Tiburcio firmó el convenio general con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016, que dio origen a un presunto desvío de 185 millones de pesos; es uno de los involucrados de más alto rango en La Estafa Maestra.
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Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
28 de enero, 2019
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Uno de los involucrados de más alto rango con presunta responsabilidad en La Estafa Maestra es el exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, Enrique González Tiburcio. Él firmó el convenio general con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016, que dio origen al presunto desvío de 185 millones de pesos.

Lo anterior, a través de “simulación de contrataciones y presentación de servicios”, comprobantes “apócrifos”, triangulación de recursos con empresas “de papel” involucradas con otras universidades y hasta pagos a funcionarios de 23 dependencias de gobierno.

Leer: Funcionarios involucrados en la Estafa Maestra no deben trabajar en el gobierno: AMLO

Estas irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría forense 196-DS, por la cual interpuso una denuncia penal ante la entonces PGR el 29 de octubre de 2018.

Este sábado, el periódico Reforma reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó imputaciones antes jueces federales en contra del exsubsecretario González Tiburcio y el exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez. Pero ambos interpusieron un amparo, previo a la fecha de sus comparecencias previstas para el 15 de enero de 2018.

De acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 6 exfuncionarios fueron vinculados a proceso, y 64 más son investigados por su probable participación en el esquema de desvío de recursos públicos documentados en la investigación periodística La Estafa Maestra en ésta dependencia, y cuyo presunto fraude asciende a 839 millones de pesos.

El exsubsecretario González Tiburcio fue un funcionario cercano a Rosario Robles, la extitular de Sedesol y Sedatu, toda vez que sus nombramientos dependían directamente de ella, según el reglamento de ambas dependencias. En Desarrollo Social fue coordinador de asesores de la secretaria entre el 1 de enero de 2013 y agosto de 2015. Cuando ella fue reubicada en Desarrollo Agrario, él también se integró a su administración en un puesto aún más alto: subsecretario, hasta noviembre pasado.

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Él, junto con otros 11 funcionarios que firmaron convenios que terminaron en el presunto desvío de recursos públicos, trabajaron en ambas dependencias durante la administración de Rosario Robles, como reveló Animal Político en octubre pasado. 

El convenio

El convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 entre la Sedatu y la universidad Francisco I. Madero firmado por González Tiburcio, obtenido por Animal Político vía transparencia, tiene fecha del 4 de enero de 2016, cuatro meses después de haber llegado al cargo en la dependencia.

Su objetivo fue “la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, en cumplimiento de sus fines institucionales”.

Leer: La Estafa Maestra: Juez niega a MCCI coadyuvar en investigación de PGR sobre desvíos en Sedesol y Sedatu

En el documento se explica que para cumplir el objetivo se firmarían convenios específicos de colaboración y anexos de ejecución. Y así fue, el primero de ellos fue el número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, del 2 de febrero de 2016, firmado por Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, quien dependía directamente de González Tiburcio, de acuerdo al organigrama de la dependencia en ese año.

Además, Saldaña es otro de los funcionarios que repitió cargo en ambas dependencias. En Sedesol fue director general adjunto de Operación de programas, entre el 1 de enero de 2013 y septiembre de 2015, según su declaración patrimonial en Declaranet.

La Universidad supuestamente haría el “servicio profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de mecanismo de operación para la ejecución de los programas y acciones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, en cumplimiento de sus fines institucionales”.

En el anexo se explicaba que el monto máximo para ello era de 224 millones de pesos. Aunque la Auditoría Superior de la Federación detectó que sólo se gastaron 185 millones de pesos, que en su totalidad fueron considerados como “probable daño al erario”, porque los auditores detectaron una serie de irregularidades, y ni la Sedatu ni la Universidad pudieron demostrar que los servicios se hicieron.

Aunque en el anexo se advierte que la Sedatu tendría “las más amplias facultades para supervisar la correcta ejecución del servicio” durante la vigencia del convenio, es decir, del 2 de febrero al 31 de diciembre de 2018, y pese a las irregularidades detectadas por los auditores posteriormente, la Secretaría sí pagó a la universidad por los supuestos servicios.

El funcionario de Sedatu encargado de liberar los recursos fue Francisco Javier Báez Álvarez, entonces director general de Programación y presupuesto, dependiente del Oficial Mayor, es decir, de Emilio Zebadúa, quien también había sido su jefe, pues ambos tuvieron exactamente el mismo cargo tanto en Sedesol como en Sedatu.

De acuerdo con la información del periódico Reforma, Báez Álvarez es el otro funcionario por el que la FGR interpuso imputaciones ante jueces, y quien también se amparó previo a comparecer.

Las simulaciones para perder recursos públicos

La ASF comprobó que las empresas que recibieron recursos de este convenio también estuvieron involucradas en otros convenios con distintas universidades, mediante los cuáles también se desviaron recursos públicos de la Sedatu.

Ese es el caso de Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V., que fue subcontratada por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero para cumplir con el convenio y recibió 139 millones 117 mil pesos. Si embargo, ésta transfirió recursos a compañías que también fueron subcontratadas por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX), también para supuestos servicios a la Sedatu.

Además, entregó 63 millones de pesos a personas físicas que supuestamente hicieron los trabajos, pero en el análisis de las cuentas la Auditoría detectó que dichas personas, y otras empresas que también recibieron dinero, lo transfirieron a la compañía Bestil, S.A. de C.V. SOFOM ENR.

Bestil tiene la misma dirección fiscal que otras siete empresas, de las cuales tres recibieron recursos de este convenio: Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A., “subcontratada” directamente por la Universidad y que cobró 139 millones 117 mil pesos. Y las empresas supuestamente subcontratadas por VICMA: Servicios Myla, S.A. de C.V., que recibió 33 millones de pesos, y Acabados Constrarq, S.A. de C.V., 21 millones.

Otra irregularidad es que la Universidad pagó 10 millones de pesos a 37 funcionarios en activo y 32 exfuncionarios públicos de distintas dependencias. Sin embargo, la Auditoría confirmó que dichos funcionarios en servicio no pudieron haber cumplido con el contrato, porque “hacía incompatible la prestación de los servicios por los periodos, ubicación y horarios de ejecución de los trabajos a desarrollar, entre los que se encuentran: directores y subdirectores de área, jefes de departamento, asesores, administradores, policía federal, agente de migración, auditor fiscal y verificador”.

Lee: Utilizan a empleados de Hacienda, Pemex, Segob y Sedena para triangular recursos de Sedatu: Auditoría

La empresa VICMA entregó como supuestos comprobantes el levantamiento de un padrón de usuarias de los servicios del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort y municipios aledaños, supuestamente realizados del 3 de febrero al 10 de octubre de 2016. Sin embargo, estos datos tienen 98.6% de coincidencia con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco a la Sedatu.

En tanto, en el Manual de Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del mismo centro de mujeres, “se observó que su contenido es semejante al entregable generado por la Universidad Intercultural de Sinaloa”.

Por ello, la Auditoría concluye que la aplicación de los recursos es irregular, pues la información y documentación proporcionada por la Universidad no sustenta ni acredita fehacientemente el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales.

La segunda empresa subcontratada por la Universidad fue Contabilidad y Soluciones INNER, S. A. de C. V. Recibió 42 millones 841 mil pesos, pero ésta entregó el dinero a otras siete empresas, que también son supuestas proveedoras de otro convenio irregular, el de la Sedatu con la Universidad Politécnica de Chiapas.

Al comprobar la realización de los servicios, la Auditoría aseguró que “aunado a la subcontratación, se detectaron irregularidades que evidencian simulación y elaboración de información y documentación presumiblemente apócrifa, con la que se pretendió acreditar los servicios prestados”.

Además, aunque la empresa Contabilidad y Soluciones INNER está legalmente constituida, cuando los auditores acudieron a la dirección fiscal señalada ante el SAT y en las facturas, las personas entrevistadas “desconocen su existencia, por lo que se presume que únicamente existen en papel, sin estructura ni personal”.

La auditoría pudo ubicar a Noemí T., quien aparece como accionista mayoritaria y administradora única de la empresa referida, y firmante del contrato con la UPFIM, pero “manifestó no fungir como representante legal ni administradora única de Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V.; negó haber tenido contacto con servidores públicos de la universidad y, por tanto, no reconoció como suyas las firmas consignadas en el contrato de prestación de servicios”. Por ello, interpuso una denuncia de hechos en septiembre de 2017 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, contra quien resulte responsable por haber utilizado su nombre para estos documentos.

La Estafa Maestra reveló un sistema de corrupción en el que dependencias de gobierno hicieron convenios con universidades públicas por 7 mil millones de pesos, para evadir la obligación de hacer licitaciones para contratar servicios. Sin embargo, las instituciones de educación subcontrataban a empresas que resultaron ser fantasma y, por lo tanto, los servicios no se cumplieron y el dinero desapareció.

El esquema fue repetido durante todo el sexenio, y aunque la investigación periodística sólo se centró en los convenios firmados entre 2013 y 2014 -entre 11 dependencias federales- se tiene evidencia que este esquema inició desde 2011, por convenios que suman más de 30 mil millones de pesos.

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'Los mexicanos sueñan con ser como Finlandia, pero sin pagar impuestos como los finlandeses'

Un estudio que indaga en la percepción de los mexicanos sobre la desigualdad, muestra una paradoja entre sus aspiraciones y lo que están dispuestos a contribuir personalmente para transformar la sociedad, dicen los autores.
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24 de mayo, 2021
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Los mexicanos aspiran a vivir en un país con menos desigualdad social, dicen los investigadores, pero no conectan esa aspiración con el sistema impositivo.

Habla como mexicana porque ha vivido más de una década en ese país, pero no lo es.

Nació en Dinamarca, creció en distintos países europeos e hizo su doctorado en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Alice Krozer conoce de la intersección entre América Latina y Europa y se ha especializado en estudios sobre desigualdad, elites y percepciones sociales.

Precisamente de esos temas trata la investigación hecha junto a Raymundo Campos-Vazquez, Aurora Ramírez-Álvarez, Rodolfo de la Torre y Roberto-Velez-Grajales. El foco estuvo puesto en las percepciones de los mexicanos.

“La gente quiere menos desigualdad, pero no quiere pagar más impuestos”, dice la investigadora del Colegio de México. “Es una especie de paradoja entre lo que te gustaría y lo que estás dispuesto a sacrificar“.

Es cierto que en México existe una imagen negativa de los impuestos porque muchas personas creen que al final de cuentas los beneficios no llegan a los sectores más vulnerables, apunta.

Pero cuando se les preguntó sobre un escenario hipotético en relación a cuánto estarían dispuestos a contribuir para acabar con la pobreza y la desigualdad -sin mencionar el tema impositivo- la respuesta no fue muy generosa, especialmente en los sectores más ricos de la población.


Ustedes hicieron un estudio de cómo los mexicanos perciben la desigualdad y la movilidad social en su país. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la investigación?

Una de las conclusiones es que la gente sí sabe que hay mucha desigualdad en México. Esa percepción es bastante cercana a las mediciones. Y lo mismo sobre la pobreza.

Pero la gente tiene una idea muy diferente sobre lo que es la riqueza y lo que es la movilidad social. En la riqueza sobreestiman cuánta gente rica realmente existe.

Alice Krozer

Alice Krozer
Alice Krozer sostiene que los mexicanos creen que hay mucha más movilidad social de la que existe.

En cuanto a la movilidad social, la gente cree que es mucho mayor. Piensan que un 30% de los que nacen pobres van a llegar a ser ricos. Y eso no es así. De 100 personas que nacen en la pobreza, solo dos personas logran llegar al sector de ingresos más altos. Es una discrepancia enorme entre la percepción y la realidad.

La otra conclusión importante es que la gente no asocia el sistema de impuestos con la redistribución. La gente quiere menos desigualdad, pero no quiere pagar más impuestos. No hacen una conexión entre las dos cosas. No piensan que los impuestos pueden ser una medida redistributiva.

El estudio indica que los mexicanos estarían dispuestos a contribuir con un 10% de sus ingresos para disminuir la desigualdad y la pobreza. ¿Cómo varía según el estrato social al que le hicieron la pregunta?

Hay una pregunta que dice: si te diera un ingreso de mil pesos y te dijera que con una vara mágica voy a hacer desaparecer la pobreza y la desigualdad, ¿cuánto estarías dispuesto a dar de esos mil pesos?

Mexicanos

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De 100 mexicanos que viven en la pobreza, solo dos llegan a los sectores más altos de ingresos, explica Krozer.

En México los más pobres dijeron que estarían dispuestos a contribuir con un 15%, mientras que las personas con más riqueza dijeron que darían un 7,5% en promedio. Eso nos quiere decir que a los que tienen ingresos más altos les preocupa menos el problema.

¿Por qué les preocupa menos el problema?

Puede ser por razones personales en el sentido que no están conscientes del sufrimiento que provoca la desigualdad, aunque también puede tener que ver con ideales éticos. Pero esa pregunta específica no fue parte del estudio.

Cuando preguntaron sobre la disposición a contribuir en este escenario hipotético, no preguntaron por cuánto estaban dispuestos a pagar en impuestos…

No, fueron preguntas separadas.

Cuando preguntaron específicamente por pagar más impuestos para disminuir la desigualdad y la pobreza… ¿detectaron que algunos no quieren pagar más impuestos porque no creen que son eficientes, es decir, porque los recursos no llegan realmente a los más vulnerables?

Las personas con altos ingresos solían decir, yo pago muchos impuestos, no voy a pagar más. Les preguntamos cuánto cree usted que paga ahora de impuestos a la renta.

Y todos, sin importar el nivel socioeconómico, respondieron 40%. Eso es muy por arriba de lo que se paga hoy en México.

¿Y cuánto se paga de impuestos a la renta en México?

Depende, pero en promedio un 22%. Pero todos piensan que pagan 40%. Después les preguntamos cuánto desearían pagar. Y todos contestaron alrededor del 22%, que es lo que se paga en la realidad. Esa es la ironía.

Mexicanos

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La gente de todos los grupos socioeconómicos cree que paga un 40% de impuesto a la renta y eso no es así, dice la investigadora.

Después les preguntamos cuál sería su tasa de impuesto ideal para las personas ricas, para las que tienen un ingreso medio y para las personas pobres. La mayoría dijo que su tasa ideal para los pobres sería como un 14%, para los sectores medios un 22%.

Pero para los ricos, las personas con menos ingresos dijeron que deberían pagar más, mientras que las personas más ricas dijeron que ellos deberían pagar menos.

¿Cuánto pagan los más ricos?

Nominalmente deberían de pagar cerca de un 35%, pero en la realidad solo pagan 18%

¿Por qué?

Hay varios factores que incluyen evasión, elusión, exenciones…

¿Cómo se define una persona rica en México?

No existe una categoría de rico como tal. Comúnmente en los estudios económicos se usa, por ejemplo, la medición del 1%. En México el 1% con mayores ingresos gana cerca de 150.000 pesos mensuales.

¿Y en el otro extremo?

En México cerca de la mitad de la población vive en la pobreza. Y si a eso le sumamos la población con vulnerabilidades, llegamos a un 80%. Es decir, hay muy poco margen para tener un ingreso medio.

Mexicana tejiendo

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Cerca de la mitad de los mexicanos vive en la pobreza.

Y en ese nivel de pobrez, aún no está incluido el efecto de la pandemia.

En general, ¿podemos decir que los mexicanos quisieran tener menos desigualdad, pero no están dispuestos a pagar más impuestos?

Sí. Lo que muestra el estudio es que la gente no hace la conexión entre desigualdad y el pago de impuestos. En México hay una imagen muy negativa de los impuestos.

Pero eso tendrá algún sustento real, dados los niveles de corrupción que históricamente han existido en el país…

Esa mala imagen no es casual. Por muchas décadas ha sido muy mal visto el pago de impuestos. Eso tiene que ver con cuestiones ideológicas y con cuestiones prácticas.

Auto rojo

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Según Krozer México es uno de los países más desiguales del mundo.

La gente se pregunta qué tanto ayuda el pago de impuestos a los más pobres, o qué tanto ayudan los impuestos si no hay un buen sistema gratuito de salud pública o educacional.

En el estudio usted dice que el pago de impuestos es la mejor herramienta para disminuir la desigualdad. Pero si la gente desconfía y no ve los beneficios sociales de pagar impuestos, quizás se justifica esa idea negativa. ¿Cuál es su opinión?

Seguramente una parte importante de los impuestos va a lugares donde no deberían ir, llámese ineficiencia, corrupción, o lo que sea. Pero yo creo que no por eso hay que tener una idea negativa de los impuestos.

También está la visión de que el Estado no debería intervenir en los temas de redistribución. Hay una visión conservadora de tener un Estado pequeño.

En países escandinavos, por ejemplo, se paga tres o cuatro veces más de lo que se paga en impuestos acá. Ellos también se quejan de los impuestos, pero a un nivel muy distinto. Dicen no quiero pagar 48% de mis ingresos, prefiero pagar 40% o 45%.

Pero en México y en Latinoamérica en general no están tan claros los beneficios del sistema tributario

Es que entre las personas con más riqueza, hay muchos que no están de acuerdo con que la salud y la educación deberían ser para todos. Más allá de que no se vean los beneficios, hay una idea sobre el rol del Estado.

Ustedes midieron la desigualdad usando el Índice de Gini y descubrieron que a los mexicanos les gustaría tener una desigualdad como la de Finlandia…

Les mostramos escenarios sobre desigualdad y les preguntamos cuál sería la situación ideal. México tiene un Gini de 0,5. Ellos contestaron que sería ideal un Gini de 0,3 o de 0,20, como el de Finlandia. Obviamente no les preguntamos sobre el Gini, pero les mostramos unas gráficas para que eligieran el sistema ideal.

Finlandeses

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En las encuestas los mexicanos expresaron su deseo de tener un nivel desigualdad que es equivalente al que existe en Finlandia.

Cerca de la mitad de los encuestados dijo que le gustaría tener una desigualdad equivalente a la de Finlandia, es decir, un 0,2. Eso nos dice que la gente no quiere vivir en un país tan desigual. La gente sí quiere una sociedad más igualitaria. Y los países escandinavos suelen ser como una utopía.

Obviamente las cosas no funcionan perfectas en esos países. Yo he crecido en Dinamarca y sé que tampoco las cosas son ideales ahí. Aunque lo que quieren los mexicanos, a lo que aspiran, es a tener una sociedad más justa, con mayores oportunidades.

Pero sin pagar más impuestos…

Es que los mexicanos sueñan con ser como Finlandia, pero sin pagar impuestos como los finlandeses.

La idea de querer ser como un país escandinavo, en cuanto a tener menos desigualdad, termina ahí.

Ser un país escandinavo implica pagar cerca de la mitad de tus ingresos en impuestos en los tramos más altos.

La tasa mínima del impuesto a la renta, por ejemplo en Dinamarca, empieza en un 36%. Y eso es equivalente a la tasa máxima en México.

Después de esta investigación, ¿qué sensación le queda más allá de lo académico?

Me quedaron muchas más preguntas. Entonces conseguimos más financiamiento y ahora estamos a punto de salir al terreno para seguir investigando estos temas.

Helsinki, Finlandia

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“Ser un país escandinavo implica pagar cerca de la mitad de tus ingresos en impuestos en los tramos más altos”, dice Krozer.

Y me quedé pensando cómo se puede convencer a la gente de que es buena idea pagar más impuestos, o al menos tener un sistema impositivo más progresivo para disminuir la desigualdad.

Urge hacer algo sobre este tema. Con la pandemia, ahora más que nunca se necesitan más ingresos. Y como México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y con menor movilidad social, es importante hacer algo.


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