Uno de los involucrados de más alto rango con presunta responsabilidad en La Estafa Maestra es el exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, Enrique González Tiburcio. Él firmó el convenio general con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016, que dio origen al presunto desvío de 185 millones de pesos.
Lo anterior, a través de “simulación de contrataciones y presentación de servicios”, comprobantes “apócrifos”, triangulación de recursos con empresas “de papel” involucradas con otras universidades y hasta pagos a funcionarios de 23 dependencias de gobierno.
Estas irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría forense 196-DS, por la cual interpuso una denuncia penal ante la entonces PGR el 29 de octubre de 2018.
Este sábado, el periódico Reforma reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó imputaciones antes jueces federales en contra del exsubsecretario González Tiburcio y el exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez. Pero ambos interpusieron un amparo, previo a la fecha de sus comparecencias previstas para el 15 de enero de 2018.
De acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 6 exfuncionarios fueron vinculados a proceso, y 64 más son investigados por su probable participación en el esquema de desvío de recursos públicos documentados en la investigación periodística La Estafa Maestra en ésta dependencia, y cuyo presunto fraude asciende a 839 millones de pesos.
El exsubsecretario González Tiburcio fue un funcionario cercano a Rosario Robles, la extitular de Sedesol y Sedatu, toda vez que sus nombramientos dependían directamente de ella, según el reglamento de ambas dependencias. En Desarrollo Social fue coordinador de asesores de la secretaria entre el 1 de enero de 2013 y agosto de 2015. Cuando ella fue reubicada en Desarrollo Agrario, él también se integró a su administración en un puesto aún más alto: subsecretario, hasta noviembre pasado.
Él, junto con otros 11 funcionarios que firmaron convenios que terminaron en el presunto desvío de recursos públicos, trabajaron en ambas dependencias durante la administración de Rosario Robles, como reveló Animal Político en octubre pasado.
El convenio
El convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 entre la Sedatu y la universidad Francisco I. Madero firmado por González Tiburcio, obtenido por Animal Político vía transparencia, tiene fecha del 4 de enero de 2016, cuatro meses después de haber llegado al cargo en la dependencia.
Su objetivo fue “la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, en cumplimiento de sus fines institucionales”.
En el documento se explica que para cumplir el objetivo se firmarían convenios específicos de colaboración y anexos de ejecución. Y así fue, el primero de ellos fue el número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, del 2 de febrero de 2016, firmado por Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, quien dependía directamente de González Tiburcio, de acuerdo al organigrama de la dependencia en ese año.
Además, Saldaña es otro de los funcionarios que repitió cargo en ambas dependencias. En Sedesol fue director general adjunto de Operación de programas, entre el 1 de enero de 2013 y septiembre de 2015, según su declaración patrimonial en Declaranet.
La Universidad supuestamente haría el “servicio profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de mecanismo de operación para la ejecución de los programas y acciones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, en cumplimiento de sus fines institucionales”.
En el anexo se explicaba que el monto máximo para ello era de 224 millones de pesos. Aunque la Auditoría Superior de la Federación detectó que sólo se gastaron 185 millones de pesos, que en su totalidad fueron considerados como “probable daño al erario”, porque los auditores detectaron una serie de irregularidades, y ni la Sedatu ni la Universidad pudieron demostrar que los servicios se hicieron.
Aunque en el anexo se advierte que la Sedatu tendría “las más amplias facultades para supervisar la correcta ejecución del servicio” durante la vigencia del convenio, es decir, del 2 de febrero al 31 de diciembre de 2018, y pese a las irregularidades detectadas por los auditores posteriormente, la Secretaría sí pagó a la universidad por los supuestos servicios.
El funcionario de Sedatu encargado de liberar los recursos fue Francisco Javier Báez Álvarez, entonces director general de Programación y presupuesto, dependiente del Oficial Mayor, es decir, de Emilio Zebadúa, quien también había sido su jefe, pues ambos tuvieron exactamente el mismo cargo tanto en Sedesol como en Sedatu.
De acuerdo con la información del periódico Reforma, Báez Álvarez es el otro funcionario por el que la FGR interpuso imputaciones ante jueces, y quien también se amparó previo a comparecer.
Las simulaciones para perder recursos públicos
La ASF comprobó que las empresas que recibieron recursos de este convenio también estuvieron involucradas en otros convenios con distintas universidades, mediante los cuáles también se desviaron recursos públicos de la Sedatu.
Ese es el caso de Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V., que fue subcontratada por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero para cumplir con el convenio y recibió 139 millones 117 mil pesos. Si embargo, ésta transfirió recursos a compañías que también fueron subcontratadas por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX), también para supuestos servicios a la Sedatu.
Además, entregó 63 millones de pesos a personas físicas que supuestamente hicieron los trabajos, pero en el análisis de las cuentas la Auditoría detectó que dichas personas, y otras empresas que también recibieron dinero, lo transfirieron a la compañía Bestil, S.A. de C.V. SOFOM ENR.
Bestil tiene la misma dirección fiscal que otras siete empresas, de las cuales tres recibieron recursos de este convenio: Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A., “subcontratada” directamente por la Universidad y que cobró 139 millones 117 mil pesos. Y las empresas supuestamente subcontratadas por VICMA: Servicios Myla, S.A. de C.V., que recibió 33 millones de pesos, y Acabados Constrarq, S.A. de C.V., 21 millones.
Otra irregularidad es que la Universidad pagó 10 millones de pesos a 37 funcionarios en activo y 32 exfuncionarios públicos de distintas dependencias. Sin embargo, la Auditoría confirmó que dichos funcionarios en servicio no pudieron haber cumplido con el contrato, porque “hacía incompatible la prestación de los servicios por los periodos, ubicación y horarios de ejecución de los trabajos a desarrollar, entre los que se encuentran: directores y subdirectores de área, jefes de departamento, asesores, administradores, policía federal, agente de migración, auditor fiscal y verificador”.
La empresa VICMA entregó como supuestos comprobantes el levantamiento de un padrón de usuarias de los servicios del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort y municipios aledaños, supuestamente realizados del 3 de febrero al 10 de octubre de 2016. Sin embargo, estos datos tienen 98.6% de coincidencia con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco a la Sedatu.
En tanto, en el Manual de Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del mismo centro de mujeres, “se observó que su contenido es semejante al entregable generado por la Universidad Intercultural de Sinaloa”.
Por ello, la Auditoría concluye que la aplicación de los recursos es irregular, pues la información y documentación proporcionada por la Universidad no sustenta ni acredita fehacientemente el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales.
La segunda empresa subcontratada por la Universidad fue Contabilidad y Soluciones INNER, S. A. de C. V. Recibió 42 millones 841 mil pesos, pero ésta entregó el dinero a otras siete empresas, que también son supuestas proveedoras de otro convenio irregular, el de la Sedatu con la Universidad Politécnica de Chiapas.
Al comprobar la realización de los servicios, la Auditoría aseguró que “aunado a la subcontratación, se detectaron irregularidades que evidencian simulación y elaboración de información y documentación presumiblemente apócrifa, con la que se pretendió acreditar los servicios prestados”.
Además, aunque la empresa Contabilidad y Soluciones INNER está legalmente constituida, cuando los auditores acudieron a la dirección fiscal señalada ante el SAT y en las facturas, las personas entrevistadas “desconocen su existencia, por lo que se presume que únicamente existen en papel, sin estructura ni personal”.
La auditoría pudo ubicar a Noemí T., quien aparece como accionista mayoritaria y administradora única de la empresa referida, y firmante del contrato con la UPFIM, pero “manifestó no fungir como representante legal ni administradora única de Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V.; negó haber tenido contacto con servidores públicos de la universidad y, por tanto, no reconoció como suyas las firmas consignadas en el contrato de prestación de servicios”. Por ello, interpuso una denuncia de hechos en septiembre de 2017 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, contra quien resulte responsable por haber utilizado su nombre para estos documentos.
La Estafa Maestra reveló un sistema de corrupción en el que dependencias de gobierno hicieron convenios con universidades públicas por 7 mil millones de pesos, para evadir la obligación de hacer licitaciones para contratar servicios. Sin embargo, las instituciones de educación subcontrataban a empresas que resultaron ser fantasma y, por lo tanto, los servicios no se cumplieron y el dinero desapareció.
El esquema fue repetido durante todo el sexenio, y aunque la investigación periodística sólo se centró en los convenios firmados entre 2013 y 2014 -entre 11 dependencias federales- se tiene evidencia que este esquema inició desde 2011, por convenios que suman más de 30 mil millones de pesos.
