Estafa Maestra: Exsubsecretario de Sedatu firmó convenio con el que presuntamente se desviaron 185 mdp
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Estafa Maestra: Exsubsecretario de Sedatu firmó convenio con el que presuntamente se desviaron 185 mdp

Enrique González Tiburcio firmó el convenio general con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016, que dio origen a un presunto desvío de 185 millones de pesos; es uno de los involucrados de más alto rango en La Estafa Maestra.
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Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
28 de enero, 2019
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Uno de los involucrados de más alto rango con presunta responsabilidad en La Estafa Maestra es el exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, Enrique González Tiburcio. Él firmó el convenio general con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016, que dio origen al presunto desvío de 185 millones de pesos.

Lo anterior, a través de “simulación de contrataciones y presentación de servicios”, comprobantes “apócrifos”, triangulación de recursos con empresas “de papel” involucradas con otras universidades y hasta pagos a funcionarios de 23 dependencias de gobierno.

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Estas irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría forense 196-DS, por la cual interpuso una denuncia penal ante la entonces PGR el 29 de octubre de 2018.

Este sábado, el periódico Reforma reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó imputaciones antes jueces federales en contra del exsubsecretario González Tiburcio y el exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez. Pero ambos interpusieron un amparo, previo a la fecha de sus comparecencias previstas para el 15 de enero de 2018.

De acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 6 exfuncionarios fueron vinculados a proceso, y 64 más son investigados por su probable participación en el esquema de desvío de recursos públicos documentados en la investigación periodística La Estafa Maestra en ésta dependencia, y cuyo presunto fraude asciende a 839 millones de pesos.

El exsubsecretario González Tiburcio fue un funcionario cercano a Rosario Robles, la extitular de Sedesol y Sedatu, toda vez que sus nombramientos dependían directamente de ella, según el reglamento de ambas dependencias. En Desarrollo Social fue coordinador de asesores de la secretaria entre el 1 de enero de 2013 y agosto de 2015. Cuando ella fue reubicada en Desarrollo Agrario, él también se integró a su administración en un puesto aún más alto: subsecretario, hasta noviembre pasado.

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Él, junto con otros 11 funcionarios que firmaron convenios que terminaron en el presunto desvío de recursos públicos, trabajaron en ambas dependencias durante la administración de Rosario Robles, como reveló Animal Político en octubre pasado. 

El convenio

El convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 entre la Sedatu y la universidad Francisco I. Madero firmado por González Tiburcio, obtenido por Animal Político vía transparencia, tiene fecha del 4 de enero de 2016, cuatro meses después de haber llegado al cargo en la dependencia.

Su objetivo fue “la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, en cumplimiento de sus fines institucionales”.

Leer: La Estafa Maestra: Juez niega a MCCI coadyuvar en investigación de PGR sobre desvíos en Sedesol y Sedatu

En el documento se explica que para cumplir el objetivo se firmarían convenios específicos de colaboración y anexos de ejecución. Y así fue, el primero de ellos fue el número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, del 2 de febrero de 2016, firmado por Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, quien dependía directamente de González Tiburcio, de acuerdo al organigrama de la dependencia en ese año.

Además, Saldaña es otro de los funcionarios que repitió cargo en ambas dependencias. En Sedesol fue director general adjunto de Operación de programas, entre el 1 de enero de 2013 y septiembre de 2015, según su declaración patrimonial en Declaranet.

La Universidad supuestamente haría el “servicio profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de mecanismo de operación para la ejecución de los programas y acciones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, en cumplimiento de sus fines institucionales”.

En el anexo se explicaba que el monto máximo para ello era de 224 millones de pesos. Aunque la Auditoría Superior de la Federación detectó que sólo se gastaron 185 millones de pesos, que en su totalidad fueron considerados como “probable daño al erario”, porque los auditores detectaron una serie de irregularidades, y ni la Sedatu ni la Universidad pudieron demostrar que los servicios se hicieron.

Aunque en el anexo se advierte que la Sedatu tendría “las más amplias facultades para supervisar la correcta ejecución del servicio” durante la vigencia del convenio, es decir, del 2 de febrero al 31 de diciembre de 2018, y pese a las irregularidades detectadas por los auditores posteriormente, la Secretaría sí pagó a la universidad por los supuestos servicios.

El funcionario de Sedatu encargado de liberar los recursos fue Francisco Javier Báez Álvarez, entonces director general de Programación y presupuesto, dependiente del Oficial Mayor, es decir, de Emilio Zebadúa, quien también había sido su jefe, pues ambos tuvieron exactamente el mismo cargo tanto en Sedesol como en Sedatu.

De acuerdo con la información del periódico Reforma, Báez Álvarez es el otro funcionario por el que la FGR interpuso imputaciones ante jueces, y quien también se amparó previo a comparecer.

Las simulaciones para perder recursos públicos

La ASF comprobó que las empresas que recibieron recursos de este convenio también estuvieron involucradas en otros convenios con distintas universidades, mediante los cuáles también se desviaron recursos públicos de la Sedatu.

Ese es el caso de Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V., que fue subcontratada por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero para cumplir con el convenio y recibió 139 millones 117 mil pesos. Si embargo, ésta transfirió recursos a compañías que también fueron subcontratadas por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX), también para supuestos servicios a la Sedatu.

Además, entregó 63 millones de pesos a personas físicas que supuestamente hicieron los trabajos, pero en el análisis de las cuentas la Auditoría detectó que dichas personas, y otras empresas que también recibieron dinero, lo transfirieron a la compañía Bestil, S.A. de C.V. SOFOM ENR.

Bestil tiene la misma dirección fiscal que otras siete empresas, de las cuales tres recibieron recursos de este convenio: Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A., “subcontratada” directamente por la Universidad y que cobró 139 millones 117 mil pesos. Y las empresas supuestamente subcontratadas por VICMA: Servicios Myla, S.A. de C.V., que recibió 33 millones de pesos, y Acabados Constrarq, S.A. de C.V., 21 millones.

Otra irregularidad es que la Universidad pagó 10 millones de pesos a 37 funcionarios en activo y 32 exfuncionarios públicos de distintas dependencias. Sin embargo, la Auditoría confirmó que dichos funcionarios en servicio no pudieron haber cumplido con el contrato, porque “hacía incompatible la prestación de los servicios por los periodos, ubicación y horarios de ejecución de los trabajos a desarrollar, entre los que se encuentran: directores y subdirectores de área, jefes de departamento, asesores, administradores, policía federal, agente de migración, auditor fiscal y verificador”.

Lee: Utilizan a empleados de Hacienda, Pemex, Segob y Sedena para triangular recursos de Sedatu: Auditoría

La empresa VICMA entregó como supuestos comprobantes el levantamiento de un padrón de usuarias de los servicios del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort y municipios aledaños, supuestamente realizados del 3 de febrero al 10 de octubre de 2016. Sin embargo, estos datos tienen 98.6% de coincidencia con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco a la Sedatu.

En tanto, en el Manual de Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del mismo centro de mujeres, “se observó que su contenido es semejante al entregable generado por la Universidad Intercultural de Sinaloa”.

Por ello, la Auditoría concluye que la aplicación de los recursos es irregular, pues la información y documentación proporcionada por la Universidad no sustenta ni acredita fehacientemente el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales.

La segunda empresa subcontratada por la Universidad fue Contabilidad y Soluciones INNER, S. A. de C. V. Recibió 42 millones 841 mil pesos, pero ésta entregó el dinero a otras siete empresas, que también son supuestas proveedoras de otro convenio irregular, el de la Sedatu con la Universidad Politécnica de Chiapas.

Al comprobar la realización de los servicios, la Auditoría aseguró que “aunado a la subcontratación, se detectaron irregularidades que evidencian simulación y elaboración de información y documentación presumiblemente apócrifa, con la que se pretendió acreditar los servicios prestados”.

Además, aunque la empresa Contabilidad y Soluciones INNER está legalmente constituida, cuando los auditores acudieron a la dirección fiscal señalada ante el SAT y en las facturas, las personas entrevistadas “desconocen su existencia, por lo que se presume que únicamente existen en papel, sin estructura ni personal”.

La auditoría pudo ubicar a Noemí T., quien aparece como accionista mayoritaria y administradora única de la empresa referida, y firmante del contrato con la UPFIM, pero “manifestó no fungir como representante legal ni administradora única de Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V.; negó haber tenido contacto con servidores públicos de la universidad y, por tanto, no reconoció como suyas las firmas consignadas en el contrato de prestación de servicios”. Por ello, interpuso una denuncia de hechos en septiembre de 2017 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, contra quien resulte responsable por haber utilizado su nombre para estos documentos.

La Estafa Maestra reveló un sistema de corrupción en el que dependencias de gobierno hicieron convenios con universidades públicas por 7 mil millones de pesos, para evadir la obligación de hacer licitaciones para contratar servicios. Sin embargo, las instituciones de educación subcontrataban a empresas que resultaron ser fantasma y, por lo tanto, los servicios no se cumplieron y el dinero desapareció.

El esquema fue repetido durante todo el sexenio, y aunque la investigación periodística sólo se centró en los convenios firmados entre 2013 y 2014 -entre 11 dependencias federales- se tiene evidencia que este esquema inició desde 2011, por convenios que suman más de 30 mil millones de pesos.

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Cómo el narco ganó presencia en CDMX tras años de considerarse 'inmune' al crimen organizado

Autoridades de la capital mexicana negaron durante años la presencia del crimen organizado, lo que según expertos fue aprovechado por estos grupos para extender sus tentáculos por la ciudad a falta de una estrategia en su contra.
Getty Images
1 de julio, 2020
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Durante años, las autoridades de Ciudad de México negaron que allí hubiera presencia del crimen organizado, tan habitual en otros estados del país.

Tradicionalmente, en la capital se habló siempre de grupos locales dedicados a actividades de pequeña escala como el “narcomenudeo” o venta de droga en pequeñas cantidades.

Nada apuntaba a la operación de grandes organizaciones del narco como el cartel de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta hace tres años.

Desde entonces, en Ciudad de México se registraron actuaciones, operativos y detenciones contra células de grandes estructuras criminales.

La más reciente fue el atentado fallido el pasado viernes contra el secretario de Seguridad de la capital, Omar García Harfuch, que él mismo atribuyó al CJNG y con el que expertos consideran que se cruzó una especie de “línea roja” en la capital del país.

En una zona de alto nivel adquisitivo de la ciudad, plagada de embajadas y representaciones diplomáticas, decenas de hombres dirigieron una impresionante balacera contra el jefe de policía.

“Consulté mis archivos y no tengo registrado ningún atentado de esta magnitud en 50 años en Ciudad de México. Responde a una criminalidad organizada muy compleja”, le dice a BBC Mundo Javier Oliva, especialista en seguridad.

Carro baleado

Reuters
Así quedó el auto en el que viajaba García Harfuch el día de su atentado, de una extrema violencia nunca vista antes en Ciudad de México.

José Armando “N”, alias el Vaca y señalado como uno de los presuntos jefes de sicarios del CJNG, fue detenido como supuesto autor intelectual del atentado.

Y aunque el gobierno prefirió dejar abiertas todas las hipótesis sobre la autoría mientras avanza la investigación, dijo no tener dudas de que se trató de “una organización criminal consolidada, dado el poder de fuego” observado en el suceso.

“Es una de las alertas más fuertes que hemos vivido aquí en Ciudad de México, que revela no solo la presencia que tienen estos grupos del crimen organizado sino el mensaje que quieren enviar hacia las autoridades y la ciudadanía de la capital”, opina la periodista de investigación Sandra Romandía.

Expertos apuntan a que esa aparente tranquilidad de la capital mexicana ante el crimen organizado pasó a la historia hace años. Otros creen que esa “inmunidad”, simplemente, nunca existió.

El interés del CJNG

La Unión Tepito, la Fuerza Anti Unión Tepito y el cartel de Tláhuac son los tres grupos delictivos identificados históricamente en Ciudad de México.

A ellos se les atribuye buena parte de los delitos de tráfico de drogas, extorsión, trata de personas, secuestros exprés e invasión de inmuebles sufridos en la capital.

Romandía, coautora del libro “Narcos CDMX”, cuenta que son estos grupos formados por pequeñas familias narcomenudistas en el céntrico barrio de Tepito los que empezaron a controlar la mayoría de zonas de la capital desde hace dos o tres décadas, antes de ser un grupo de crimen organizado.

“En 2010, un capo del grupo de los Beltrán Leyva llamado la Barbie junta a estas familias y les dice que tienen todo el poder para ser un cartel en esta ciudad. Y ahí empieza la pesadilla para Ciudad de México con la formación de La Unión”, le dice a BBC Mundo.

Dos mariachis miran la escena del crimen

Reuters
Un enfrentamiento entre La Unión Tepito y La Anti Unión dejó seis muertos en la turística plaza Garibaldi de Ciudad de México en 2018.

Pero aunque tradicionalmente se les ha identificado como grupos locales y de pequeña escala, cada vez más expertos están convencidos de la existencia en la capital del país de estructuras mucho más complejas.

“Uno de los principales centros de tráfico de drogas, dinero y personas es el aeropuerto internacional de Ciudad de México. Para que funcione, es necesaria la corrupción de autoridades, pero también se requieren organizaciones criminales que ni la Unión Tepito ni Tláhuac tienen las capacidades para operar”, explica Oliva.

Romandía ubica a mediados del año 2017 la llegada del CJNG a la capital. Lo hizo siguiendo una de sus políticas más características: buscando alianzas con bandas locales para entrar a un nuevo territorio.

En el caso de Ciudad de México lo hizo en alianza con el cartel de Tláhuac y la Anti Unión para combatir a La Unión Tepito.

Según la experta, su origen coincide con la liberación en octubre de 2017 de Luis Eusebio Duque, alias el Duke, un expolicía capitalino que en la cárcel conoció a José Pineda, el Avispón, miembro del CJNG y hombre de confianza de Nemesio Oseguera, el Mencho.

Se asociaron dentro de prisión y, al salir, el CJNG habría tenido la ayuda del Duke para ganar presencia en la capital en alianza con el Tortas, uno de los líderes de La Anti Unión.

Muchas de estas alianzas se diluyeron con el tiempo y, según algunos analistas, en la actualidad el CJNG campa a sus anchas en varias de las alcaldías de Ciudad de México.

Ficha del Mencho en el sitio web de la DEA.

DEA
Hay indicios de que el CJNG del Mencho, el fugitivo más buscado por la DEA estadounidense, opera en CDMX desde 2017.

“Lo que es importante es que el CJNG intenta entrar desde hace tres años y no lo ha logrado del todo porque hay otros grupos poderosos. También hay teorías de que tendría alianzas con todos los grupos de la capital y se estaría formando un gran grupo”, explica Romandía.

El año pasado, investigaciones periodísticas revelaron un “pacto de no agresión” en la ciudad entre los cárteles de Tláhuac, Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito para reducir las disputas por el control de la venta de droga.

“Lo que es importante es que el CNJG es un cartel muy interesado en la ciudad y no la ha podido controlar del todo”, agrega Romandía.

Cambio de discurso

La mayor complejidad de Ciudad de México, con más vigilancia y una mayor resonancia política y mediática de cualquier hipotético atentado, podrían explicar esta demora del CJNG a la hora de lanzar sus redes en la capital.

No hay constancia, sin embargo, de presencia de sus rivales del cartel de Sinaloa. Según Romandía, su actividad se limitaba a alianzas comerciales y a actuar como proveedores de las organizaciones locales, pero sin asentarse en la ciudad.

La delincuencia común continúa siendo mucho más grave que el crimen organizado en Ciudad de México, cuyas cifras aún están muy lejos de sus actividades registradas en otros estados del país.

Aeropuerto de Mexico

Reuters
El aeropuerto de Ciudad de México es un foco de atención para el crimen organizado.

Pero atentados como el organizado contra García Harfuch por grandes estructuras criminales “ponen en evidencia la necesidad de que las autoridades hagan un análisis y replanteamiento de sus programas de seguridad pública”, dice Oliva, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Romandía asegura que tanto la corrupción policial como la tradicional narrativa oficial de negar la existencia de estos grupos en Ciudad de México fueron alicientes importantes para su crecimiento.

Y esa negación, dice, llevó a que no hubiera estrategia ni detenidos hasta hace no mucho.

“Por eso nuestro libro ‘Narcos CDMX’ lo titulamos también ‘El monstruo que nadie quiere ver’, porque no se quiso hablar de él, así que el monstruo se dejó crecer”, dice.

“Al darse cuenta de que había impunidad y protección policial, ese animal se fue expandiendo hasta tener tentáculos en muchos negocios ilícitos, muchos delitos y muchas zonas hasta llegar a los lugares más turísticos de la ciudad”, agrega.

Dos policías frente a la escena de un crimen en Polanco

Getty Images
La actividad del crimen organizado llega cada vez a más zonas de Ciudad de México, incluidos los barrios más turísticos o de mayor plusvalía.

La experta destaca que ese discurso cambió con la llegada del actual equipo de gobierno a Ciudad de México. El propio García Harfuch reconoció la existencia del crimen organizado en la capital y atacarlo fue una de sus prioridades.

Solo en los últimos tres meses, al menos tres cabecillas importantes del CJNG y una veintena de miembros del resto de grupos fueron detenidos en la capital.

Sin embargo, ese aumento de arrestos no se ha reflejado aún en la reducción de delitos en Ciudad de México.

El año pasado se registraron en la capital 1.397 homicidios dolosos, 30 más que en 2018. Las extorsiones e intentos de extorsión tuvieron un aumento aún mayor: de 2.089 a 3.106, según datos de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad.

Omar García Harfuch

AFP
Según las autoridades, el trabajo de García Harfuch contra el crimen organizado antes y después de su llegada a la Secretaría de Seguridad de CDMX fue el detonante del atentado en su contra.

Por eso, Romandía alerta de cómo el crimen organizado está marcando territorio en los últimos años en Ciudad de México y tiene intención de seguir haciéndolo mediante actuaciones tan violentas como el atentado contra el jefe de policía capitalino.

“Esa señal alerta de que el problema se debe atender con inteligencia y estrategia, y fue casi una declaración de guerra para el gobierno. Esto podría ser un indicio de lo que se podría esperar: un futuro muy difícil y violento de no tomarse cartas en el asunto”, vaticina


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