Forense de Jalisco incineró desde 2006 más de 1,500 cuerpos sin identificar
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Forense de Jalisco incineró desde 2006 más de 1,500 cuerpos sin identificar

En al menos la mitad de los casos no guardó muestras de ADN, lo que imposibilita saber quiénes eran, de acuerdo con información de la ONG Cepad.
Cuartoscuro
31 de enero, 2019
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Ana Enamorado ya nunca sabrá si el cuerpo que le dijeron que era de su hijo, desaparecido en 2010, realmente lo es. El forense de Jalisco lo incineró sin haberle hecho pruebas de ADN y solo ofreció a Ana algunas fotografías en las que ella no está segura de reconocerlo, después de cinco años que tenían sin verse, cuando Óscar Antonio López Enamorado salió de su natal Honduras con apenas 17 años.

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Además, las autoridades que han llevado el caso, tanto federales como estatales, le han pedido aceptar —incluso con intimidaciones— la versión de que el joven se suicidó colgándose de un puente peatonal, como le dijeron que encontraron ese cuerpo que nunca pudo ver, cuando todo indica que a su hijo lo había atrapado un grupo del crimen organizado.

El caso de Ana no es una excepción: de 2006 a 2015 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses incineró entre 1,560 y 1,581 cuerpos sin identificar por saturación de sus instalaciones, de acuerdo con datos que obtuvo la organización Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) mediante solicitudes de transparencia.

De muchos de esos cuerpos —sin que esté clara la cifra—, ya no habrá manera de confirmar quienes eran, porque quedaron reducidos a cenizas sin que el Instituto les haya practicado pruebas científicas para tener su ADN y otros datos en caso de que haya un familiar u otra información contra los cuales compararlos.

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Ana Karolina Chimak, activista de Cepad, explicó en conferencia de prensa que en una solicitud de información de 2015, el Forense dijo que había incinerado 1,581 cuerpos. En otra, de 2017, señaló que eran 1,571 y solo le hicieron pruebas genéticas a 141. En octubre pasado, la respuesta a otra solicitud fue que los cadáveres cremados eran 1,560, más una osamenta y 32 restos óseos, y que le habían tomado muestras biométricas solo a 803.

“Estos datos confirman que la mayoría de los cuerpos incinerados nunca se encontrarán en ninguna base de datos genéticos. Lo que significa que miles de familiares de personas desaparecidas son brutalmente privadas de la posibilidad de encontrar un día información alguna sobre su ser querido. Su búsqueda incansable nunca va a concluir y su duelo nunca va a cerrar. Se borraron las evidencias y las historias de miles de personas, convirtiéndolas en cenizas”, sentenció.

Fotografías y un celular desechado, únicas pruebas

Dos veces le dijeron a Ana que un cadáver encontrado en Zapopan, Jalisco, era el de su hijo Óscar. La primera le dijeron que un perfil genético descartaba que fuera él. Pero año y medio después se enteró de que era mentira: nunca hicieron tal prueba.

Su hijo se fue de Honduras en 2008 desanimado por la violencia y con ganas de buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Logró llegar y luego de un año conoció a unos mexicanos que lo convencieron de ir a Jalisco por un trabajo en el que, le dijeron, iban a pagar muy bien. Meses después, su madre recibió una llamada de un hombre que le pidió dinero porque supuestamente Óscar había chocado su camioneta. Ella hizo el depósito, ya con dudas, y en enero de 2010 perdió contacto con su hijo.

Pasaron casi dos años hasta que Ana se unió a la caravana de madres centroamericanas que entraron a México a buscar a sus hijos desaparecidos. El 8 de febrero de 2013 llegó hasta Guadalajara a presentar una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y decidió quedarse en el país. Se instaló en la Ciudad de México, y tres meses después recibió una llamada en la que le dijeron que el 17 de febrero, nueve días después de su denuncia, había aparecido un cuerpo ahorcado en un puente que parecía el de Óscar.

Como solo le enviaron dos fotos, pidió un perfil genético. El resultado, le dijeron, fue negativo, así que continuó su búsqueda. Pero en 2015 se enteró de que habían pasado el caso al fuero común y cuando exigió avances al ministerio público de Puerto Vallarta al que lo habían enviado, le contestaron que el cuerpo de su hijo ya había sido encontrado: era del puente de Zapopan y la causa de muerte era suicidio.

Su sorpresa fue que cuando pidió ver el cuerpo, la respuesta fue que ya no lo tenían, porque había sido incinerado desde mayo de 2013, a los pocos días del primer aviso que le dieron. Pidió entonces los exámenes científicos que ella solicitó que le hicieran y que le aseguraron habían sido negativos, pero resultó que no estaban en el expediente ni los tenía el médico forense, y solo después de insistir le mostraron un oficio sin fecha ni firma.

Como únicas pruebas, además de las fotos, le dijeron que al encontrar el cuerpo había un teléfono celular donde el contacto guardado como “mamá” era un número de Honduras. Pidió también ver ese teléfono, la ropa, algo más… y la respuesta fue la misma que con el cuerpo: todo había sido desechado. Lo único que sí conserva el Forense son huellas dactilares, pero no han sido comparadas con registros previos del gobierno hondureño.

“Sí me llaman la atención las fotografías, sí se parece a mi hijo, pero no puedo aceptarlas así, a mí lo que me podría garantizar que es mi hijo es una prueba genética. Porque no puedo yo quedarme con esa duda, que se cierre el caso y quedarme con la duda para siempre. Como no es suficiente lo que está en el expediente, no puedo aceptarlo; tiene que haber claridad”, dijo en entrevista.

¿Cómo estar seguro de quién es un cuerpo?

Para tener la certeza sobre quién era una persona encontrada muerta, no basta ni siquiera con el ADN. Chimak explicó que a partir de la crisis vivida en septiembre pasado cuando fueron hallados dos tráileres refrigerantes con 444 cuerpos que la Fiscalía abandonó, se creó una comisión de acompañamiento de observación para los procesos de identificación e inhumación de los cuerpos que estableció al menos siete elementos para considerar que se tiene la identificación plena.

“Tomamos en cuenta las pruebas de ADN, la necropsia, los datos odontológicos, la cuestión antropológica, huellas dactilares, entre otra información. Son siete elementos en total, pero antes no se hacía”, dijo.

A pesar de esta falta de garantías, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha entregado a 140 familias bolsas con cenizas que les asegura que son de sus familiares, de acuerdo con la información obtenida por Cepad. Ana Enamorado es uno de al menos cuatro casos que se conocen de quienes se negaron a aceptar esas cenizas sin mayores pruebas.

Jalisco dejó de incinerar cuerpos en 2015, a pesar de que la Ley General de Víctimas, que entró en vigor dos años antes, prohibió hacerlo hasta no concluir los procesos de investigación en cada muerte. Pero en 2018, todavía fueron entregadas siete bolsas de cenizas a familias que ya no pudieron ver si el cuerpo que recibieron realmente era el de la persona que buscaban.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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