Función Pública indaga a auditores de Pemex por no investigar 25 convenios relacionados con desvío de recursos
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Función Pública indaga a auditores de Pemex por no investigar 25 convenios relacionados con desvío de recursos

La titular, Irma Eréndira Sandoval, dijo que se iniciaron revisiones a los órganos internos de control de Pemex por posibles omisiones en las indagatorias a funcionarios.
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31 de enero, 2019
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La Secretaría de la Función Pública investiga la evolución patrimonial de tres funcionarios de Pemex que firmaron convenios irregulares entre la petrolera y universidades públicas así como a los auditores encargados de revisar estos convenios, pues pese a que se contaba con indicios para investigarlos fueron exonerados.

Los exfuncionarios participaron en la firma de 25 convenios – entre 2012 y 2018 – relacionados con un presunto desvío de recursos por un monto de 7,667 millones de pesos, aunque éste podría ser mayor, ya que solo se ha auditado un 6.4% del monto total de los convenios, explicó en conferencia la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval.

Detalló que al hacer una revisión de los convenios se encontró que al menos en tres se violó la ley pues se sobrepasó el monto permitido, además de que las universidades contratadas no contaban con la capacidad para llevara a cabo los trabajos por lo que tuvieron que subcontratar a terceros que tampoco podían realizarlos.

Lee: AMLO anuncia el despido de 3 funcionarios de Pemex por su presunta relación en La Estafa Maestra

La subcontratación de empresas contravino el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, ya que permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano, señaló la funcionaria.

Sandoval añadió que derivado del análisis de los convenios se reveló que algunas de las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos.

Reconoció que hubo empresas fantasma que simularon la realización de los trabajos y presuntamente se desviaron recursos públicos.

“La estafa fue maestra, porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad”, añadió Sandoval Ballesteros.

Por todas estas irregularidades, el Órgano Interno de Control de la Función Pública inició cuatro investigaciones a la unidad de responsabilidades de Pemex Exploración y Producción para detectar negligencias y omisiones de parte de los auditores, que, pese a contar con indicios de violaciones a la ley no indagaron a los funcionarios.

Lee: Funcionarios involucrados en la Estafa Maestra no deben trabajar en el gobierno: AMLO

Con estas indagatorias, la SFP busca determinar si la autoridad fiscalizadora realizó investigaciones para detectar irregularidades o si hubo omisiones o negligencia de su parte.

Los funcionarios y cargos que desempeñaban hasta este jueves son: Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien era director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, fungía como subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, que era gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Los funcionarios firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que los tres funcionarios de Pemex-PEP dejarán sus cargos, pues no se tolerará ninguna sospecha de actos de corrupción.

La secretaria añadió que estos tres servidores públicos fueron exonerados por la anterior administración de la dependencia, además de que no hay registros que señalen que se le diera el seguimiento por parte del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción a las irregularidades en los convenios.

Preparan auditorías e investigaciones

La titular de la SFP dijo que se han emprendido acciones que incluyen la investigación de los funcionarios encargados de auditar el uso de recursos pues éstos fueron omisos en sus indagatorias.

Las acciones iniciadas por la Función Pública son:

  1. Se han iniciado 3 investigaciones en en materia de evolución patrimonial de los funcionarios separados de su cargo, para detectar inconsistencias, ya que hay “potenciales riesgos en el manejo de los recursos públicos por parte de los funcionarios señalados”.
  2. El Órgano Interno de Control de la SFP inició cuatro investigaciones a la unidad de responsabilidades de Pemex Exploración y Producción para detectar negligencias y omisiones que pudo haber de parte de su autoridad investigadora al revisar posibles negligencias o conductas irregulares de sus funcionarios.
  3. La SFP auditará al Órgano Interno de Control de Pemex-PEP para determinar si la autoridad fiscalizadora llevó a cabo diligencias correspondientes para detectar irregularidades o si hubo omisiones o negligencia de su parte.
  4. La SFP realizará auditorías a los convenios firmados después de 2013 señalados por la Auditoría Superior de la Federación como parte del esquema de la Estafa Maestra, para identificar a otros posibles funcionarios relacionados. Se realizarán también auditorías aleatorias sobre otros convenios en Pemex-PEP y otras filiales de la empresa productiva.
  5. La SFP presentará ante la Fiscalía General las denuncias que resulten por probables delitos derivadas de las investigaciones que ya se iniciaron. En caso de detectarse probables hechos irregulares pudieran estar prescritos en el ámbito administrativo, no sería así en la esfera penal por lo que se harán del conocimiento de las autoridades competentes.

La titular de la Función Pública dijo que es probable que tras las indagatorias surjan del entramado de la Estafa Maestra más funcionarios involucrados. Señaló que las sanciones para estos funcionarios van desde la inhabilitación, y el cesa hasta dar vista a la Fiscalía e iniciar un proceso penal.

Añadió que además de Pemex se investigarán posteriormente a otras dependencias.

Sobre los rectores y directores de las 11 universidades implicadas en la Estafa Maestra, Sandoval dijo que se buscará hacer cambios en el esquema normativo para dotar a estos servidores de mayores responsabilidades y sujetarlos a mayores controles, pues han aprovechado huecos en la ley para violar las normas.

Irregularidades en los convenios

Irma Eréndira Sandoval detalló las irregularidades encontradas en tres convenios firmados por los funcionarios removidos y revisados por la SFP.

En uno firmado por Pemex-PEP y la Universidad Popular de Chontalpa se superó el monto máximo permitido – que era de 140 millones de pesos – y se realizó por 145 mdp. Además la universidad no contaba con la capacidad técnica material y humana para cumplir con los trabajos, por lo que subcontrató a terceros que tampoco contaban con capacidad, por lo que se contrató a otros.

En otro convenio firmado por Pemex con el Instituto Comalcalco también superó el monto máximo que era de 80 mdp, y cuyo costo real fue de 99 millones 935,551 pesos. Además, la institución dijo tener la capacidad para realizar los trabajos y se comprometió a no subcontratar, sin embargo sí lo hizo para cumplir con lo pactado.

En total subcontrató a diversas empresas para que realizaran el 93% del trabajo.

Otras irregularidades encontradas fue que una solo persona cobró los cheques emitidos y que uno de los contratados para realizar los servicios no se localizó en el domicilio registrado.

A continuación el mensaje completo de Irma Eréndira Sandoval:

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¿Por qué AMLO enfrenta una rebelión de gobernadores en la etapa crítica de la pandemia de COVID-19?

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una creciente rebeldía de varios gobernadores a sus decisiones. Un problema que se profundizó en la actual pandemia de coronavirus
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3 de junio, 2020
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Como ningún otro presidente en la historia reciente, Andrés Manuel López Obrador enfrenta la oposición de varios gobernadores del país.

Es una crisis que se profundizó con la pandemia de coronavirus.

Desde el inicio de su gobierno, el 1 de diciembre de 2018, AMLO, como se conoce al presidente en México, enfrenta un creciente rechazo de mandatarios locales a sus decisiones.

Algunos incluso se oponen a participar en las reuniones de seguridad que legalmente se realizan cada día.

Otros no aceptaron formar parte del nuevo sistema nacional de salud, algunos pretenden cambiar las reglas para repartir los impuestos y varios pretenden revisar el Pacto Federal, que es el origen de la República Mexicana.

AMLO

Gobierno de México
López Obrador enfrenta la oposición de varios gobernadores

El viernes 29 de mayo, siete gobernadores acordaron aplicar su propia estrategia para salir de la emergencia sanitaria, al margen de las medidas ordenadas por el gobierno federal.

Los estados que aplicarán sus normas para reabrir actividades son Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima y Michoacán.

En lo que va de la pandemia 93. 435 personas se han contagiado de covid-19 y otras 10.167 han muerto,según datos de la Secretaría de Salud.

“No queremos dividir”

El argumento de los mandatarios es que las disposiciones de la Secretaría de Salud para reanudar las actividades en el país no corresponden con la realidad de los estados.

Las medidas, como un semáforo para determinar quiénes y cómo vuelven a la normalidad, se toman “de manera unilateral”, afirman los mandatarios.

“Parece ser que tuviera un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos”, afirma el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Los gobernadores aseguran que no pretenden dividir al país. “No constituimos un frente opositor al gobierno de México ni al presidente”, insiste Aureoles.

Pero algunos especialistas ven una creciente confrontación que se agudizó en esta pandemia.”Es una rebelión”, afirma el politólogo y exconsejero electoral Eduardo Huchim a BBC Mundo.

gobernadores México

Twitter @mrikelme
Los gobernadores de 7 estados acordaron seguir su camino ante la pandemia

“Es algo que no ocurría antes, pero ahora hay un frente de siete gobernadores, entonces es una lectura válida decir que existe una rebelión”.

BBC Mundo solicitó entrevistas sobre el tema a los gobernadores de Jalisco, Chihuahua y Yucatán, pero no hubo respuesta.

Presidencia imperial

Durante casi todo el siglo pasado los gobernadores solían tener una actitud de sumisión ante el presidente en turno, recuerda Huchim.

Así ocurrió en los 70 años que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó al país.

Los gobernadores acataban sin cuestionar las decisiones presidenciales. “Cuando alguien quería asomar la cabeza se la cortaban con el recurso de la desaparición de poderes” dice el analista.

“También estrangulaban a los estados con el reparto de las participaciones fiscales que entrega la Secretaría de Hacienda”, parte del gobierno federal.

Los presidentes eran las figuras con mayor poder político del país, inclusive por encima de los gobiernos locales. Uno de los ejemplos más claros fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En su gobierno (1988-1994) 19 de los 32 gobernadores abandonaron su cargo, algunos porque recibieron la orden de incorporarse al gabinete presidencial y otros porque fueron destituidos.

Carlos Salinas de Gortari

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En el gobierno de Carlos Salinas renunciaron 19 gobernadores

En ese período ningún mandatario local se oponía al presidente. El único caso fue Roberto Madrazo, quien en 1995 se negó a renunciar como pretendía el entonces presidente Ernesto Zedillo.

La situación cambió a partir de 2000 cuando el PRI perdió el poder y el conservador Vicente Fox asumió la presidencia.

La mayoría de los mandatarios locales eran militantes del PRI, pero a pesar de ello no existió un escenario como el que ahora enfrenta López Obrador, coinciden especialistas.

Historia de desencuentros

La oposición de algunos gobernadores empezó en los primeros meses del gobierno de López Obrador.

Todos los días la primera actividad del presidente es reunirse con su Gabinete de Seguridad para analizar el comportamiento de la delincuencia en el país.

Una práctica que se repite en todos los estados. Oficialmente los gobernadores deberían encabezar estas reuniones, pero no todos han cumplido la disposición.

Gobernador de Guanajuato

Gobierno de Guanajuato
“No iré a las reuniones de seguridad” dice el gobernador de Guanajuato

En diciembre pasado, López Obrador informó en una de sus conferencias matutinas que los mandatarios de Guanajuato, Nayarit y Querétaro nunca habían participado en esos encuentros.

En respuesta, el gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, dijo que no planea asistir a las juntas del gabinete de seguridad. “No he estado ni iré a esas reuniones”, dijo.

El estado, por cierto, es el que registra el mayor número de homicidios en el país, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Otro desencuentro ocurrió con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular con que se atendía a la población que no cuenta con servicios de seguridad social.

Los gobernadores de Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco no aceptaron participar en el nuevo sistema.

“Es un error desmantelar los sistemas de salud estatales”, dijo el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro.

“La idea de plantear políticas públicas desde la Federación y considerar que todos los estados están en las mismas circunstancias es un error”.

Viejos pactos

El siguiente episodio ocurrió cuando iniciaba la fase más crítica de la pandemia de coronavirus.

Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila demandaron a López Obrador que se revisara el pacto fiscal con la Federación.

Se trata de un acuerdo firmado en los años 70 para que todos los impuestos federales que se cobran en el país se destinen a una bolsa común.

Gobernador de Jalisco

Gobierno de Jalisco
Enrique Alfaro es uno de los gobernadores que más se oponen a AMLO

El dinero se reparte entre los estados según las necesidades de cada uno y no con base en su recaudación.

Por varias décadas algunas entidades, sobre todo las que generan más riqueza, han rechazado el pacto pues argumentan que reciben menos de lo aportado.

Es una vieja discusión que no tenía sentido revivir a mitad de la emergencia sanitaria, dice el analista Huchim. Hacerlo ahora, añade, es una muestra de la rebelión de algunos mandatarios.

López Obrador aceptó revisar el acuerdo, pero después de superar la contingencia sanitaria.

También durante la fase 3 de la epidemia otros gobernadores como el de Chihuahua, Javier Corral, promovieron revisar las reglas del Pacto Federal.

Es un documento firmado en 1824 donde las entidades aceptaron formar parte de la república. Por eso el nombre oficial del país: Estados Unidos Mexicanos.

Ahora la pandemia puso en evidencia que el modelo actual del federalismo en el país se agotó, asegura el gobernador de Chihuahua, Corral.

“Chihuahua se rasca con sus propias uñas porque, además, no hemos tenido recursos extraordinarios o adicionales” para atender la emergencia de salud, critica.

Política y elecciones

¿Por qué la rebeldía de los gobernadores ante López Obrador?

Una respuesta es la necesidad de algunos mandatarios de crear un contrapeso a la fuerza política del presidente, dice Alberto Aziz Nassif, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide).

El partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional, tiene siete gubernaturas y la mayoría legislativa en el Congreso.

Gobernador de Chihuahua

Gobierno de Chihuahua
Javier Corral quiere revisar el Pacto Federal de México

Es la primera vez desde 1994 que un solo partido obtiene el control del Senado y la Cámara de Diputados.

Antes de la pandemia, explica el analista, los mandatarios no habían logrado encontrar un tema para formar un frente, hasta ahora que coinciden en la revisión del pacto fiscal.

“Aprovechan el momento muy difícil para el país y para el gobierno federal para plantearlo y lograr tener una agenda común”, dice Aziz a BBC Mundo.

No es todo: el próximo año hay elecciones intermedias en México para renovar la Cámara de Diputados y 15 de las 32 gubernaturas.

Así, los gobernadores que se han opuesto a las decisiones presidenciales buscan mejorar la posición electoral de los partidos políticos donde militan.

“Está clara la apuesta de algunos de ellos para decir: mientras más duro sea mi reclamo voy a quedar bien con mi gente, con el estado” explica el investigador del Cide.

“Todos buscan liderar a la oposición, que está muy desvalida, a ver quién puede ser quien encabece esa posibilidad. En ese contexto hay que ubicar las demandas” de los gobernadores.


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