La Secretaría de la Función Pública investiga la evolución patrimonial de tres funcionarios de Pemex que firmaron convenios irregulares entre la petrolera y universidades públicas así como a los auditores encargados de revisar estos convenios, pues pese a que se contaba con indicios para investigarlos fueron exonerados.
Los exfuncionarios participaron en la firma de 25 convenios – entre 2012 y 2018 – relacionados con un presunto desvío de recursos por un monto de 7,667 millones de pesos, aunque éste podría ser mayor, ya que solo se ha auditado un 6.4% del monto total de los convenios, explicó en conferencia la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval.
Detalló que al hacer una revisión de los convenios se encontró que al menos en tres se violó la ley pues se sobrepasó el monto permitido, además de que las universidades contratadas no contaban con la capacidad para llevara a cabo los trabajos por lo que tuvieron que subcontratar a terceros que tampoco podían realizarlos.
La subcontratación de empresas contravino el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, ya que permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano, señaló la funcionaria.
Sandoval añadió que derivado del análisis de los convenios se reveló que algunas de las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos.
Reconoció que hubo empresas fantasma que simularon la realización de los trabajos y presuntamente se desviaron recursos públicos.
“La estafa fue maestra, porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad”, añadió Sandoval Ballesteros.
Por todas estas irregularidades, el Órgano Interno de Control de la Función Pública inició cuatro investigaciones a la unidad de responsabilidades de Pemex Exploración y Producción para detectar negligencias y omisiones de parte de los auditores, que, pese a contar con indicios de violaciones a la ley no indagaron a los funcionarios.
Con estas indagatorias, la SFP busca determinar si la autoridad fiscalizadora realizó investigaciones para detectar irregularidades o si hubo omisiones o negligencia de su parte.
Los funcionarios y cargos que desempeñaban hasta este jueves son: Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien era director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, fungía como subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, que era gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.
Los funcionarios firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que los tres funcionarios de Pemex-PEP dejarán sus cargos, pues no se tolerará ninguna sospecha de actos de corrupción.
La secretaria añadió que estos tres servidores públicos fueron exonerados por la anterior administración de la dependencia, además de que no hay registros que señalen que se le diera el seguimiento por parte del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción a las irregularidades en los convenios.
Preparan auditorías e investigaciones
La titular de la SFP dijo que se han emprendido acciones que incluyen la investigación de los funcionarios encargados de auditar el uso de recursos pues éstos fueron omisos en sus indagatorias.
Las acciones iniciadas por la Función Pública son:
- Se han iniciado 3 investigaciones en en materia de evolución patrimonial de los funcionarios separados de su cargo, para detectar inconsistencias, ya que hay “potenciales riesgos en el manejo de los recursos públicos por parte de los funcionarios señalados”.
- El Órgano Interno de Control de la SFP inició cuatro investigaciones a la unidad de responsabilidades de Pemex Exploración y Producción para detectar negligencias y omisiones que pudo haber de parte de su autoridad investigadora al revisar posibles negligencias o conductas irregulares de sus funcionarios.
- La SFP auditará al Órgano Interno de Control de Pemex-PEP para determinar si la autoridad fiscalizadora llevó a cabo diligencias correspondientes para detectar irregularidades o si hubo omisiones o negligencia de su parte.
- La SFP realizará auditorías a los convenios firmados después de 2013 señalados por la Auditoría Superior de la Federación como parte del esquema de la Estafa Maestra, para identificar a otros posibles funcionarios relacionados. Se realizarán también auditorías aleatorias sobre otros convenios en Pemex-PEP y otras filiales de la empresa productiva.
- La SFP presentará ante la Fiscalía General las denuncias que resulten por probables delitos derivadas de las investigaciones que ya se iniciaron. En caso de detectarse probables hechos irregulares pudieran estar prescritos en el ámbito administrativo, no sería así en la esfera penal por lo que se harán del conocimiento de las autoridades competentes.
La titular de la Función Pública dijo que es probable que tras las indagatorias surjan del entramado de la Estafa Maestra más funcionarios involucrados. Señaló que las sanciones para estos funcionarios van desde la inhabilitación, y el cesa hasta dar vista a la Fiscalía e iniciar un proceso penal.
Añadió que además de Pemex se investigarán posteriormente a otras dependencias.
Sobre los rectores y directores de las 11 universidades implicadas en la Estafa Maestra, Sandoval dijo que se buscará hacer cambios en el esquema normativo para dotar a estos servidores de mayores responsabilidades y sujetarlos a mayores controles, pues han aprovechado huecos en la ley para violar las normas.
Irregularidades en los convenios
Irma Eréndira Sandoval detalló las irregularidades encontradas en tres convenios firmados por los funcionarios removidos y revisados por la SFP.
En uno firmado por Pemex-PEP y la Universidad Popular de Chontalpa se superó el monto máximo permitido – que era de 140 millones de pesos – y se realizó por 145 mdp. Además la universidad no contaba con la capacidad técnica material y humana para cumplir con los trabajos, por lo que subcontrató a terceros que tampoco contaban con capacidad, por lo que se contrató a otros.
En otro convenio firmado por Pemex con el Instituto Comalcalco también superó el monto máximo que era de 80 mdp, y cuyo costo real fue de 99 millones 935,551 pesos. Además, la institución dijo tener la capacidad para realizar los trabajos y se comprometió a no subcontratar, sin embargo sí lo hizo para cumplir con lo pactado.
En total subcontrató a diversas empresas para que realizaran el 93% del trabajo.
Otras irregularidades encontradas fue que una solo persona cobró los cheques emitidos y que uno de los contratados para realizar los servicios no se localizó en el domicilio registrado.
A continuación el mensaje completo de Irma Eréndira Sandoval:
