Función Pública indaga a auditores de Pemex por no investigar 25 convenios relacionados con desvío de recursos
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Función Pública indaga a auditores de Pemex por no investigar 25 convenios relacionados con desvío de recursos

La titular, Irma Eréndira Sandoval, dijo que se iniciaron revisiones a los órganos internos de control de Pemex por posibles omisiones en las indagatorias a funcionarios.
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31 de enero, 2019
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La Secretaría de la Función Pública investiga la evolución patrimonial de tres funcionarios de Pemex que firmaron convenios irregulares entre la petrolera y universidades públicas así como a los auditores encargados de revisar estos convenios, pues pese a que se contaba con indicios para investigarlos fueron exonerados.

Los exfuncionarios participaron en la firma de 25 convenios – entre 2012 y 2018 – relacionados con un presunto desvío de recursos por un monto de 7,667 millones de pesos, aunque éste podría ser mayor, ya que solo se ha auditado un 6.4% del monto total de los convenios, explicó en conferencia la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval.

Detalló que al hacer una revisión de los convenios se encontró que al menos en tres se violó la ley pues se sobrepasó el monto permitido, además de que las universidades contratadas no contaban con la capacidad para llevara a cabo los trabajos por lo que tuvieron que subcontratar a terceros que tampoco podían realizarlos.

Lee: AMLO anuncia el despido de 3 funcionarios de Pemex por su presunta relación en La Estafa Maestra

La subcontratación de empresas contravino el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, ya que permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano, señaló la funcionaria.

Sandoval añadió que derivado del análisis de los convenios se reveló que algunas de las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos.

Reconoció que hubo empresas fantasma que simularon la realización de los trabajos y presuntamente se desviaron recursos públicos.

“La estafa fue maestra, porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad”, añadió Sandoval Ballesteros.

Por todas estas irregularidades, el Órgano Interno de Control de la Función Pública inició cuatro investigaciones a la unidad de responsabilidades de Pemex Exploración y Producción para detectar negligencias y omisiones de parte de los auditores, que, pese a contar con indicios de violaciones a la ley no indagaron a los funcionarios.

Lee: Funcionarios involucrados en la Estafa Maestra no deben trabajar en el gobierno: AMLO

Con estas indagatorias, la SFP busca determinar si la autoridad fiscalizadora realizó investigaciones para detectar irregularidades o si hubo omisiones o negligencia de su parte.

Los funcionarios y cargos que desempeñaban hasta este jueves son: Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien era director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, fungía como subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, que era gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Los funcionarios firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que los tres funcionarios de Pemex-PEP dejarán sus cargos, pues no se tolerará ninguna sospecha de actos de corrupción.

La secretaria añadió que estos tres servidores públicos fueron exonerados por la anterior administración de la dependencia, además de que no hay registros que señalen que se le diera el seguimiento por parte del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción a las irregularidades en los convenios.

Preparan auditorías e investigaciones

La titular de la SFP dijo que se han emprendido acciones que incluyen la investigación de los funcionarios encargados de auditar el uso de recursos pues éstos fueron omisos en sus indagatorias.

Las acciones iniciadas por la Función Pública son:

  1. Se han iniciado 3 investigaciones en en materia de evolución patrimonial de los funcionarios separados de su cargo, para detectar inconsistencias, ya que hay “potenciales riesgos en el manejo de los recursos públicos por parte de los funcionarios señalados”.
  2. El Órgano Interno de Control de la SFP inició cuatro investigaciones a la unidad de responsabilidades de Pemex Exploración y Producción para detectar negligencias y omisiones que pudo haber de parte de su autoridad investigadora al revisar posibles negligencias o conductas irregulares de sus funcionarios.
  3. La SFP auditará al Órgano Interno de Control de Pemex-PEP para determinar si la autoridad fiscalizadora llevó a cabo diligencias correspondientes para detectar irregularidades o si hubo omisiones o negligencia de su parte.
  4. La SFP realizará auditorías a los convenios firmados después de 2013 señalados por la Auditoría Superior de la Federación como parte del esquema de la Estafa Maestra, para identificar a otros posibles funcionarios relacionados. Se realizarán también auditorías aleatorias sobre otros convenios en Pemex-PEP y otras filiales de la empresa productiva.
  5. La SFP presentará ante la Fiscalía General las denuncias que resulten por probables delitos derivadas de las investigaciones que ya se iniciaron. En caso de detectarse probables hechos irregulares pudieran estar prescritos en el ámbito administrativo, no sería así en la esfera penal por lo que se harán del conocimiento de las autoridades competentes.

La titular de la Función Pública dijo que es probable que tras las indagatorias surjan del entramado de la Estafa Maestra más funcionarios involucrados. Señaló que las sanciones para estos funcionarios van desde la inhabilitación, y el cesa hasta dar vista a la Fiscalía e iniciar un proceso penal.

Añadió que además de Pemex se investigarán posteriormente a otras dependencias.

Sobre los rectores y directores de las 11 universidades implicadas en la Estafa Maestra, Sandoval dijo que se buscará hacer cambios en el esquema normativo para dotar a estos servidores de mayores responsabilidades y sujetarlos a mayores controles, pues han aprovechado huecos en la ley para violar las normas.

Irregularidades en los convenios

Irma Eréndira Sandoval detalló las irregularidades encontradas en tres convenios firmados por los funcionarios removidos y revisados por la SFP.

En uno firmado por Pemex-PEP y la Universidad Popular de Chontalpa se superó el monto máximo permitido – que era de 140 millones de pesos – y se realizó por 145 mdp. Además la universidad no contaba con la capacidad técnica material y humana para cumplir con los trabajos, por lo que subcontrató a terceros que tampoco contaban con capacidad, por lo que se contrató a otros.

En otro convenio firmado por Pemex con el Instituto Comalcalco también superó el monto máximo que era de 80 mdp, y cuyo costo real fue de 99 millones 935,551 pesos. Además, la institución dijo tener la capacidad para realizar los trabajos y se comprometió a no subcontratar, sin embargo sí lo hizo para cumplir con lo pactado.

En total subcontrató a diversas empresas para que realizaran el 93% del trabajo.

Otras irregularidades encontradas fue que una solo persona cobró los cheques emitidos y que uno de los contratados para realizar los servicios no se localizó en el domicilio registrado.

A continuación el mensaje completo de Irma Eréndira Sandoval:

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"Dejé a mi familia un instructivo de qué hacer si desaparezco": jóvenes en Nuevo León, en alerta constante

El aumento de la inseguridad ha llevado a las mujeres de Nuevo León a vivir en una alerta constante y a tomar sus propias medidas de seguridad ante el abandono, aseguran, de las autoridades.
14 de mayo, 2022
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Un paseo de pocos minutos por las calles del centro de Monterrey deja ver hasta cuatro fotos de personas desaparecidas. También hay murales con rostros y nombres de aquellos en paradero desconocido. Se ven en cada poste, en cada esquina.

Son la muestra cotidiana de la crisis que vive la capital y todo el estado de Nuevo León, en el norte de México, convertido en la cuarta entidad del país con más desaparecidos según cifras oficiales: más de 6,000.

Pero fue el reciente aumento de casos, especialmente de chicas muy jóvenes, lo que encendió todas las alarmas sobre la inseguridad que ha trastocado la vida diaria de miles de mujeres regiomontanas. Dicen que si no se cuidan ellas mismas, nadie lo hará.

“¿Cómo sé que eres periodista? ¿Por qué no usas grabadora?”, me preguntó con desconfianza Guadalupe, una mujer que estaba en un café pasadas las 10:00 de la noche en el barrio antiguo de Monterrey, considerado el motor industrial de México.

“Yo ya me había fijado que caminaste para allá, que luego te acercabas… Es que estamos como en alerta constante, hasta ese extremo llegamos”, me confiesa su amiga Diana, sentada en la misma mesa de la calle José María Morelos, la más animada de esta zona repleta de bares y restaurantes.

Ambas se niegan a “vivir con miedo encerradas”, pero no ocultan que esta noche “se pensaron un poco más” el salir las dos solas. “Sí estamos más observadoras porque no nos queda otra que cuidarnos. Duele y es triste, pero así es”.

Otras mujeres sí que optan por renunciar a su derecho a disfrutar de la noche.

En el emblemático salón Morelos, un local cercano con música en vivo, dicen que “desde el caso de Debanhi” reciben menos clientas y, sobre todo, ven que las que llegan se retiran a casa más temprano.

“Mira, es muy raro que ya veas por la calle a chicas solas. Siempre vienen en grupos grandes o acompañadas ”, dice María Palacios, una de sus trabajadoras, quien asegura que ahora están más pendientes de ellas cuando salen del bar o que “cuando están tomadas” se niegan a venderles más alcohol.

“Entre nosotras nos tenemos que cuidar”, afirma.

María Palacios

Marcos González / BBC
María Palacios ve cómo las mujeres jóvenes se marchan antes a casa del local nocturno donde trabaja.

Joven e hija de desaparecida

Nuevo León está bajo el foco desde que medios locales reportaran, a inicios de abril, la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo diez días, la mayoría en la capital Monterrey y su zona metropolitana.

Según cifras del gobierno, 376 mujeres fueron reportadas este año como desaparecidas en este estado hasta el 12 de mayo. De ellas, 48 permanecen como “no localizadas” y seis aparecieron sin vida.

Y en un país donde el 95% de denuncias generales queda en la impunidad, el papel de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad y de investigar estos casos está bajo el punto de mira.

Map

Pero lo cierto es que esta tragedia ya golpea a Nuevo León desde hace mucho tiempo. Lo sabe Maya Hernández, una joven estudiante de psicología clínica cuya madre, Mayela Álvarez, desapareció en Monterrey hace casi dos años.

Teniendo entonces apenas 16, a Maya le tocó madurar de golpe y no solo liderar la búsqueda sino también dirigir su casa, en la que vive con su abuela y un hermano pequeño.

“Antes de que mi mamá desapareciera, yo no tenía idea de que esto era una crisis social. Y entonces me di cuenta de que no soy la única, que hay muchos desaparecidos en Nuevo León. Y que en lugar de ir disminuyendo, han aumentado con los años”, le dice a BBC Mundo.

Asegura que, en todo este tiempo, no ha habido avances en la investigación. “La Fiscalía nos ha fallado”, denuncia, a la vez que exige la implicación del gobernador del estado, Samuel García, como ha hecho con otros casos recientes más mediáticos como el de Debanhi Escobar, María Fernanda Contreras o Yolanda Martínez.

“Que mi mamá desapareciera me hizo ser más precavida y tener más conciencia. Pero cada vez me siento más insegura porque puede que un día no regrese a casa”, reflexiona.

“¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salir?”, pregunta a quienes dicen que esa sería la solución a esta crisis. “Tenemos derecho a divertirnos y no tendríamos que encerrarnos en casa. Ya lo hicimos por una pandemia, ahora no deberíamos hacerlo por la inseguridad”.

Maya Hernández

Marcos González / BBC
Maya Hernández reclama que casos como el de su madre sean atendidos de la misma manera como se ha dado seguimiento a otras desapariciones recientes más mediáticas.

BBC Mundo no obtuvo respuesta de sendas solicitudes de entrevistas al gobernador de Nuevo León y a la Fiscalía del estado, cuya labor ha sido duramente criticada por familiares de desaparecidos y que llegó a reconocer claras irregularidades en casos como el de Debanhi.

La fiscal de feminicidios estatal, Griselda Núñez, insistió este miércoles en descartar que exista una tendencia generalizada u organizada de violencia contra las mujeres en Nuevo León, por lo que aseguró que cada caso debe ser abordado individualmente.

“No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres, sino que son condiciones específicas por cada uno de los hechos”, subrayó en una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo.

Plaza de los desaparecidos

Marcos González / BBC
La rebautizada como plaza de los desaparecidos rememora en Monterrey a las miles de personas en paradero desconocido en el estado.

Instrucciones de búsqueda para familiares

Pero estos mensajes están lejos de tranquilizar a las mujeres de Nuevo León y de su capital, que optan por tomar medidas para protegerse de posibles ataques en una ciudad donde la inseguridad se siente como el tema de conversación de casi cada día.

Según Mariana Limón Rugerio, es “el desamparo por parte del Estado” lo que no les deja otra salida que organizarse. Y más en su caso, que siente el triple de vulnerabilidades como mujer, joven menor de 30 años y periodista de Monterrey.

“Yo dejé a mi familia un instructivo de qué hacer y a quién contactar si desaparezco” para ayudarles a lidiar “con el dinosaurio burocrático que es México”, asegura a BBC Mundo.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC

Gracias a una aplicación, su familia puede monitorear su ubicación a través de su teléfono, del que la joven se comprometió a estar pendiente en todo momento.

Según sus propias instrucciones, sus familiares deben empezar a preocuparse si transcurren tres horas sin que ella dé noticias. Si pasan cinco, deben acudir inmediatamente a la Fiscalía y exigir que inicien su búsqueda, dado que esos primeros momentos de la desaparición son cruciales.

“Obviamente espero que nunca lo utilicen . Es muy agobiante explicarles a tus papás qué hacer si llegas a desaparecer. Pero prefiero que tengan un cuerpo que velar a que me tuvieran que buscar, porque a nivel psicológico es mucho más pesado para la familia no tener ni un cadáver que enterrar”, reconoce la periodista.

Las jóvenes regiomontanas con las que habló BBC Mundo han agudizado su ingenio en las últimas semanas a la hora de adoptar medidas de protección.

Desde compartir su ubicación a través del celular en todo momento, hasta llevar gas pimienta o aparatos de descargas eléctricas en el bolso, pasando por evitar publicar fotos en sus redes sociales a tiempo real para evitar que desconocidos sepan su ubicación al momento, son algunas de ellas.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC
Nuevo León pide justicia para sus desaparecidas.

Mónica López, quien es maestra de educación especial de 26 años y vive en el municipio de Escobedo, lamenta que se vean obligadas a adoptar estas restricciones y limitarse por el hecho de ser mujeres.

“Pero, aunque no es justo, te acabas resignando por tu familia y por llegar viva a casa”, admite.

La joven le dice a BBC Mundo que, a raíz de los últimos casos, algunas de sus amigas entraron en una ansiedad social por la que se alegraban incluso de trabajar desde casa para no tener ni que salir. “Es una incertidumbre. Te limitas, pierdes la seguridad, restringes tus horarios…”.

“Yo tengo miedo porque yo sí salgo, sí estoy en la noche, sí voy a fiestas. Si llego a ser yo la víctima, ojalá que me digan ‘la maestra’ y no ‘la que desapareció porque estaba tomando'”, dice criticando a quienes tienden a revictimizar a las víctimas o sus familiares por su comportamiento como si eso justificara que las desaparecieran.

Mónica López

Marcos González / BBC
Mónica López comparte su ubicación casi en todo momento con grupos de amigas.

E inevitablemente, esa inseguridad de la que tanto se habla en Nuevo León salpica también a su trabajo y la relación con sus alumnos.

“Estableces muchos consejos y recomendaciones de seguridad, trabajas para que confíen en ti. Qué feo, porque son niños, pero al final es la cultura en la que están creciendo y a la escuela nos toca prepararlos para lidiar con eso”.

Mujer, joven y policía

Temprano en la mañana, en el parque Fundidora -actual pulmón verde de Monterrey tras décadas ocupado por la compañía de hierro y acero de la ciudad- se pueden ver a decenas de personas haciendo deporte.

Carolina Ayala, una chica de 25 años que acude casi todos los días a caminar en patines, dice que prefiere hacerlo a esa hora que en la noche. “Cuando está medio oscuro, hay mucho hombre, ya no sabes… a esta hora, como que está más seguro”.

Desde hace semanas, todo desplazamiento lo hace en el auto de su mamá o hermano. “No puedo andar sola, me da miedo, y eso que yo soy muy independiente. Pero toca cuidarse. Ahorita, ni de chiste me arriesgo”, cuenta antes de que llegue su madre, quien también hace deporte con ella.

Carolina Ayala

Marcos González / BBC
“Ni de chiste me arriesgo”, dice Carolina Ayala ante la posibilidad de hacer deporte al final del día.

Las autoridades, tan señaladas por las jóvenes por no garantizar su seguridad, se ven a veces en “una situación complicada” como la que reconoce vivir Gabriela Martínez.

Ella es policía local de Monterrey desde los 19 años, pero antes que nada es una mujer joven a la que también afecta el escenario actual.

“A pesar de trabajar en esta área, sí se tiene un temor porque también soy mamá. Creen que uno es policía 24 horas y que tenemos como ese chip de estar más alerta, pero eso tampoco quita que nos pueda llegar a pasar algo y estamos expuestas”, le dice a BBC Mundo.

La oficial asegura que, tras el incremento de la inseguridad hacia la mujer, los agentes de la ciudad han implementado medidas para aumentar el apoyo y protección a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo acompañarlas cuando están esperando solas la llegada de su transporte.

Sin embargo, Martínez es consciente de que uno de los mayores retos de la policía es volver a ganar la confianza de la ciudadanía “que se perdió por cosas que pasaron en años anteriores” y lograr así que las mujeres se acerquen a ellos en situaciones de riesgo.

Gabriela Martínez

Marcos González / BBC
Gabriela Martínez dice que ingresó en la policía local de Monterrey con solo 19 años con la intención de aportar su granito de arena en la mejora de la seguridad del municipio.

“Yo, como mujer, obviamente voy a velar por las demás. Tengo una niña por la que me gustaría que también alguien se preocupara cuando anda en la calle. De verdad, que tengan la confianza en nosotros de que vamos a hacer todo lo posible para que lleguen bien a casa”, promete.

Pero la situación de inseguridad en Nuevo León no parece mejorar a ojos de muchas mujeres, quienes se muestran muy pesimistas sobre la posibilidad de una solución

Mientras algunas se ven obligadas a limitar sus movimientos para no terminar secuestradas, los familiares de las desaparecidas siguen alzando su voz para que sus casos no caigan en el olvido de las autoridades.

Ellos, como muchos otros, se siguen preguntando lo que los trabajadores de la Fiscalía estatal ven pintado en el suelo frente a su edificio en letras grandes, junto a los nombres de algunas de las miles de mujeres desaparecidas en el estado: “¿dónde están?”.


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