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Función Pública indaga a auditores de Pemex por no investigar 25 convenios relacionados con desvío de recursos

La titular, Irma Eréndira Sandoval, dijo que se iniciaron revisiones a los órganos internos de control de Pemex por posibles omisiones en las indagatorias a funcionarios.
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31 de enero, 2019
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La Secretaría de la Función Pública investiga la evolución patrimonial de tres funcionarios de Pemex que firmaron convenios irregulares entre la petrolera y universidades públicas así como a los auditores encargados de revisar estos convenios, pues pese a que se contaba con indicios para investigarlos fueron exonerados.

Los exfuncionarios participaron en la firma de 25 convenios – entre 2012 y 2018 – relacionados con un presunto desvío de recursos por un monto de 7,667 millones de pesos, aunque éste podría ser mayor, ya que solo se ha auditado un 6.4% del monto total de los convenios, explicó en conferencia la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval.

Detalló que al hacer una revisión de los convenios se encontró que al menos en tres se violó la ley pues se sobrepasó el monto permitido, además de que las universidades contratadas no contaban con la capacidad para llevara a cabo los trabajos por lo que tuvieron que subcontratar a terceros que tampoco podían realizarlos.

Lee: AMLO anuncia el despido de 3 funcionarios de Pemex por su presunta relación en La Estafa Maestra

La subcontratación de empresas contravino el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, ya que permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano, señaló la funcionaria.

Sandoval añadió que derivado del análisis de los convenios se reveló que algunas de las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos.

Reconoció que hubo empresas fantasma que simularon la realización de los trabajos y presuntamente se desviaron recursos públicos.

“La estafa fue maestra, porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad”, añadió Sandoval Ballesteros.

Por todas estas irregularidades, el Órgano Interno de Control de la Función Pública inició cuatro investigaciones a la unidad de responsabilidades de Pemex Exploración y Producción para detectar negligencias y omisiones de parte de los auditores, que, pese a contar con indicios de violaciones a la ley no indagaron a los funcionarios.

Lee: Funcionarios involucrados en la Estafa Maestra no deben trabajar en el gobierno: AMLO

Con estas indagatorias, la SFP busca determinar si la autoridad fiscalizadora realizó investigaciones para detectar irregularidades o si hubo omisiones o negligencia de su parte.

Los funcionarios y cargos que desempeñaban hasta este jueves son: Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien era director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, fungía como subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, que era gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Los funcionarios firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que los tres funcionarios de Pemex-PEP dejarán sus cargos, pues no se tolerará ninguna sospecha de actos de corrupción.

La secretaria añadió que estos tres servidores públicos fueron exonerados por la anterior administración de la dependencia, además de que no hay registros que señalen que se le diera el seguimiento por parte del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción a las irregularidades en los convenios.

Preparan auditorías e investigaciones

La titular de la SFP dijo que se han emprendido acciones que incluyen la investigación de los funcionarios encargados de auditar el uso de recursos pues éstos fueron omisos en sus indagatorias.

Las acciones iniciadas por la Función Pública son:

  1. Se han iniciado 3 investigaciones en en materia de evolución patrimonial de los funcionarios separados de su cargo, para detectar inconsistencias, ya que hay “potenciales riesgos en el manejo de los recursos públicos por parte de los funcionarios señalados”.
  2. El Órgano Interno de Control de la SFP inició cuatro investigaciones a la unidad de responsabilidades de Pemex Exploración y Producción para detectar negligencias y omisiones que pudo haber de parte de su autoridad investigadora al revisar posibles negligencias o conductas irregulares de sus funcionarios.
  3. La SFP auditará al Órgano Interno de Control de Pemex-PEP para determinar si la autoridad fiscalizadora llevó a cabo diligencias correspondientes para detectar irregularidades o si hubo omisiones o negligencia de su parte.
  4. La SFP realizará auditorías a los convenios firmados después de 2013 señalados por la Auditoría Superior de la Federación como parte del esquema de la Estafa Maestra, para identificar a otros posibles funcionarios relacionados. Se realizarán también auditorías aleatorias sobre otros convenios en Pemex-PEP y otras filiales de la empresa productiva.
  5. La SFP presentará ante la Fiscalía General las denuncias que resulten por probables delitos derivadas de las investigaciones que ya se iniciaron. En caso de detectarse probables hechos irregulares pudieran estar prescritos en el ámbito administrativo, no sería así en la esfera penal por lo que se harán del conocimiento de las autoridades competentes.

La titular de la Función Pública dijo que es probable que tras las indagatorias surjan del entramado de la Estafa Maestra más funcionarios involucrados. Señaló que las sanciones para estos funcionarios van desde la inhabilitación, y el cesa hasta dar vista a la Fiscalía e iniciar un proceso penal.

Añadió que además de Pemex se investigarán posteriormente a otras dependencias.

Sobre los rectores y directores de las 11 universidades implicadas en la Estafa Maestra, Sandoval dijo que se buscará hacer cambios en el esquema normativo para dotar a estos servidores de mayores responsabilidades y sujetarlos a mayores controles, pues han aprovechado huecos en la ley para violar las normas.

Irregularidades en los convenios

Irma Eréndira Sandoval detalló las irregularidades encontradas en tres convenios firmados por los funcionarios removidos y revisados por la SFP.

En uno firmado por Pemex-PEP y la Universidad Popular de Chontalpa se superó el monto máximo permitido – que era de 140 millones de pesos – y se realizó por 145 mdp. Además la universidad no contaba con la capacidad técnica material y humana para cumplir con los trabajos, por lo que subcontrató a terceros que tampoco contaban con capacidad, por lo que se contrató a otros.

En otro convenio firmado por Pemex con el Instituto Comalcalco también superó el monto máximo que era de 80 mdp, y cuyo costo real fue de 99 millones 935,551 pesos. Además, la institución dijo tener la capacidad para realizar los trabajos y se comprometió a no subcontratar, sin embargo sí lo hizo para cumplir con lo pactado.

En total subcontrató a diversas empresas para que realizaran el 93% del trabajo.

Otras irregularidades encontradas fue que una solo persona cobró los cheques emitidos y que uno de los contratados para realizar los servicios no se localizó en el domicilio registrado.

A continuación el mensaje completo de Irma Eréndira Sandoval:

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Protestas en Chile: la generación que le perdió el miedo al toque de queda, símbolo de la era Pinochet

Varios manifestantes en Santiago han desafiado el toque de queda impuesto por el gobierno, mientras que otros chilenos recuerdan el miedo que esta medida les producía durante el gobierno militar de Augusto Pinochet y la sensación de que era casi imposible burlarla.
23 de octubre, 2019
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“El gobierno de Sebastián Piñera consiguió que la gente le perdiera el miedo y el respeto al toque de queda”.

Así le dice a BBC Mundo Juan Cristóbal Cantuarias, ex dirigente estudiantil de 24 años y una de las muchas personas que no han respetado el toque de queda impuesto en Chile en los últimos días.

“Nosotros no nos pasamos tanto, nos quedamos fuera una media hora, 15 minutos más… pero nos los planteamos como un acto de rebeldía ante una medida desproporcionada que busca acallar la movilización y apagar el fuego con bencina“, dice Cantuarias.

“Además, se ha visto que no son capaces de hacerlo efectivo, que no pueden asegurarlo materialmente. Nosotros nos quedamos afuera y en algunas calles los militares no llegan hasta mucho después”, relata.

Parte de las medidas del estado de emergencia impuesto por el presidente Sebastián Piñera, el toque obliga a millones de personas a permanecer recluidas en sus domicilios cada noche a riesgo de ser detenidas en un recinto policial hasta la madrugada siguiente, sujetas además a una citación a fiscalía y una multa.

La noche del lunes, un grupo de manifestantes desafió el toque de queda frente a la Escuela Militar, en el edificio donde se forman los uniformados chilenos y en una de las comunas más ricas de la capital. El grupo sólo se disolvió mientras los militares avanzaban hacia ellos disparando al aire y gritando que volvieran a sus casas.

Manifestantes cerca del anochecer

Getty Images
Las protestas se han realizado en varias ciudades de Chile, además de Santiago.

En otras zonas de Santiago, un periodista capturó en vivo el paso de una patrulla disparando hacia un sector residencial. En televisión, un reportero flanqueado por un militar buscaba nerviosamente su nombre en el salvoconducto que permite a la prensa circular cada noche. Cuando finalmente lo encontró, se escucharon aplausos de alivio en el estudio.

El martes, el presidente Sebastián Piñera cambió el tono de su discurso, pidió perdón por su “falta de visión” y prometió reformas sociales como el aumento del salario mínimo y subir en un 20% la pensión básico. Ya antes había retirado el aumento a los precios del metro, el detonante de las protestas.

Símbolo oscuro

El general Javier Iturriaga, designado por el Presidente Sebastián Piñera como jefe de la defensa nacional en Santiago, planteó el toque de queda como una forma de evitar los incendios y saqueos registrados desde el inicio de las protestas y en forma paralela a las manifestaciones pacíficas.

La oposición política ha pedido derogar la prohibición de salir en las noches y desmilitarizar el país, a medida que aumentan las denuncias de violencia policial y militar y ya se cuentan 15 personas fallecidas en distintas circunstancias bajo el estado de excepción constitucional.

El toque de queda es en Chile es uno de los símbolos de los más oscuros días del general Augusto Pinochet, quien lo impuso a partir del mismo día del golpe, en 1974, y en forma reiterada hasta 1987. En esos años, desobedecer el toque podía costar la vida.

Joven con una bandera de Chile delante de cientos de manifestantes.

Getty Images
La mayoría de las manifestaciones en Chile están siendo pacíficas.

El doctor en ciencia política Felipe Agüero, quien fue detenido por los militares en 1973, recuerda que el toque era una experiencia angustiante, que nadie se atrevía a desafiar.

El toque de queda que le tocó a uno se impuso desde el comienzo muy drásticamente, con balazos de verdad. Yo había estado preso y tenía mucho susto”, le cuenta a BBC Mundo.

“Me preocupaba de llegar muy temprano a mi casa, y toda la gente se preocupaba mucho de los que llegaban al filo de la hora. El toque era muy severo y provocaba mucho temor”.

Cucharón de madera golpeando la tapa de una olla.

EPA
Los cacerolazos son comunes durante las protestas.

Cuarenta años más tarde, el propio Agüero ha visto con sorpresa, desde su ventana, cómo las personas desobedecen la restricción.

“Me di cuenta desde el primer día que esto era otra cosa. Mucha gente mayor le dijo a los jóvenes que podían protestar todo lo que querían, pero que con el toque de queda no se juega: pero aquí sí parece haber un poco más de espacio. Ellos están viviendo una experiencia un poco diferente y desde el principio han estado tratando de empujar los límites”, afirma.

Pero Aguero plantea, además, que la generación que hoy desafía el toque tiene también una idea distinta de la autoridad.

“Nosotros vivimos en una sociedad súper verticalizada en todas las esferas, de mucho respeto a la autoridad, aunque fuera segmentada. De uno y otro lado político, respetabas a tu autoridad. Era otro tipo de juventud. Ahora tenemos a una generación que se expresa a sí misma, sin mediaciones, que tiene una mejor percepción de sí misma, de su valía, de su emplazamiento en el mundo”, describe el académico.

“La gente no respeta el toque”

El desafío al toque se ha hecho visible desde el primer día en Plaza Italia, epicentro de la ciudad de Santiago, donde hay manifestaciones permanentes desde el inicio de las protestas, y el primer lugar donde se vio a los militares asumiendo el control de la seguridad en en Santiago tras el régimen militar.

Tanque de la policía en Santiago

AFP
El Ejército y la Policía salieron a las calles a controlar las manifestaciones.

Uno de los manifestantes, Luciano Arrau, de 25 años, describe a BBC Mundo cómo las personas empezaron a quebrar la prohibición.

“El primer día me daba susto, no sabía que cómo iban a actuar. No me atrevía a salir, así que me puse a tocar la trutruca por la ventana, cantaba y gritaba. Había mucho ruido desde los edificios, y poca gente afuera. Pero al día siguiente, la gente ya empezó a quedarse afuera después del toque, y yo también.

“El domingo me quedé hasta unos 40 minutos. Después de eso tuvimos que empezar a guardarnos porque empezaron a disparar, no sólo lacrimógenas, sino balines. Ya era riesgoso, los carabineros nos estaban gritando. Aquí en Plaza Italia no es como en la periferia, pero igual se actúa con violencia”, cuenta.

“Yo lo que he visto, de manera generalizada, es que la gente no respeta el toque. La mayoría de los manifestantes en Plaza Italia es gente que nació o creció en democracia. Y si bien el miedo está, nosotros no tenemos miedo. Porque no estamos en dictadura. Aunque Piñera diga que estamos en guerra, hay un Congreso, hay abogados y abogadas que se la están jugando, está la defensoría penal pública y eso me hace sentir más seguro: sé que no estamos botados, que no estamos abandonados“.

“La represión era… gente que aparecía muerta”

El escritor y columnista Oscar Contardo, de 45 años, cree que el toque de queda tiene un simbolismo mayor en su generación.

“Para mí, como una persona que nació en dictadura, que tuvo su infancia y adolescencia en dictadura, el toque de queda era parte del lenguaje de la dictadura, de un orden militar.

“Es parte del mismo acervo de expresiones con las que uno creció: estado de sitio, estado de emergencia, toque de queda, todas ellas significaban represión. Y la represión era bien gráfica: gente que aparecía degollada, protestas donde los carabineros apaleaban a la gente, gente que aparecía muerta. Estaba asociado a imágenes de cuerpos mutilados, de cuerpos sin vida, de cuerpos maltratados por la autoridad. De que la autoridad va a disponer de tu cuerpo y de tu vida”, describe..

El toque fue una forma de disponer del cuerpo de las personas: “el miedo partía por hablar o no hablar de ciertos temas. Y de ahí, del discurso se pasaba a la disposición del cuerpo: dónde ibas, hasta qué hora. Y si no cumplías esa hora podía pasarte cualquier cosa: matarte, tirarte por allí y nadie respondería… Para las generaciones que se criaron en democracia eso no existió nunca, no le tienen miedo, no vivieron con eso encima. Por suerte.”

En un país en crisis, cada día la ciudadanía espera la comunicación militar que les dirá si habrá toque o no, y a qué hora deberán volver a sus casas. En ese ambiente, algunos empiezan a buscar alternativas.

A la hora del toque, a través de redes sociales, las personas llamaban a hacer sonar, desde sus casas, una de las canciones de Víctor Jara, el músico chileno asesinado pocos días después del golpe militar. El título: “El derecho de vivir en paz”.


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