En el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública tiene como meta hacer 2,555 auditorías en la administración pública, 45 % más que en 2018, aplicar nuevas tecnologías para el “big data anticorrupción” y escoger a los “mejores perfiles” para encabezar los Órganos Internos de Control de las secretarías, capaces de investigar presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, operará con 27 % menos presupuesto para 2019 con respecto a 2018, cuando recibió 1,237 millones de pesos. Para cumplir con sus metas dispondrá de 901 millones 819 mil pesos para este año, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.
Una de las herramientas clave de la Función Pública para el combate a la corrupción son los órganos internos de control, un puesto que en cada dependencia se encarga de vigilar la actuación de los funcionarios públicos de cada una y, en caso de encontrar alguna irregularidad, puede hacer una investigación interna.
Aunque la Ley Orgánica de la Administración Pública establecía que las asignaciones de estos cargos recaía en la Secretaría de la Función Pública, en la práctica, los secretarios de Estado recomendaban a sus allegados para el puesto durante el sexenio anterior.
De acuerdo con el coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, Daniel García Cortés, en la nueva administración, los nombramientos de los titulares de los Órganos Internos de Control sí será facultad exclusiva de la dependencia y no de los secretarios de Estado.
“Se está haciendo un análisis para que las personas que se encargarán, tengan tanto las capacidades técnicas como las capacidades morales y de probidad necesarias para desempeñar estos cargos”, dijo en entrevista con Animal Político.
Pero aún se está trabajando en la definición del perfil específico y después de eso se podrán hacer las designaciones y aún no hay un tiempo estimado de cuándo concluirá porque el proceso “lleva tiempo”, dice García Cortés.
El Órgano Interno de Control es un puesto clave en la detección de posibles irregularidades al interior de cada dependencia, pero en caso de una actuación deficiente, los casos ni siquiera son ubicados.
Por ejemplo, el extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, Mauricio R., exoneró a cuatro funcionarios presuntamente implicados en La Estafa Maestra y dio carpetazo al tema, sin justificación, a las investigaciones sobre supuestos desvíos millonarios en la dependencia.
Por eso, fue inhabilitado temporalmente por dos años del servicio público, aunque la sanción llegó un año después de que dejara su encargo en Sedesol en 2017 y tres años después de haber concluido la investigación en la que no encontró irregularidades, pese a que Animal Político publicó en septiembre de 2017 que las empresas utilizadas para hacer supuestos servicios a la Sedesol eran fantasma.
En el sexenio anterior ningún Órgano Interno de Control encontró las irregularidades en casos que fueron documentados por la Auditoría Superior de la Federación o en investigaciones periodísticas como Odebrecht o el Paso Exprés de Cuernavaca, por ejemplo.
Las metas
Cada dependencia federal hace una evaluación del Sistema de Control Interno en noviembre de cada año, y en febrero establecen su Programa de Trabajo Institucional, en el cual determinan las acciones de mejora que aplicarán a dichos procesos.
Pero de acuerdo al análisis de la nueva administración, “la evaluación del sistema de control interno solo se refiere a aspectos aislados, sin vinculación hacia los elementos estratégicos y prioritarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; la evaluación de riesgo es aplicada de forma subjetiva y sin relacionarse a la funcionalidad del gobierno”, aseguró la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval durante un encuentro de trabajo con la comisión Anticorrupción del Senado el pasado 14 de diciembre.
Por eso es que promete fortalecer ese tema y vincularlo directamente con la realización de 2,555 auditorías que permitirá vigilar el cumplimiento normativo, financiero-presupuestal y cumplimiento de objetivos. De ellas mil 637 serán financieras, 225 a proyectos de inversión física (obra pública) y 688 a desempeño.
Esto significa un número mayor a lo realizado del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, cuando hubo 1,753 auditorías, en el último año de la administración de Arely Gómez en la Función Pública.
Otro de los aspectos de atención será el uso de las nuevas tecnologías para la prevención y el combate a la corrupción. “Hablamos de usar de forma estratégica y coordinada los grandes volúmenes de información que tienen las diversas instancias del gobierno para identificar las áreas de riesgos de corrupción e investigar los actos de corrupción, lo que sería el Big Data Anticorrupción”, promete Irma Eréndira Sandoval.
El combate a la corrupción también pasará por el llamado a los funcionarios de la administración pública a denunciar posibles irregularidades, por eso se impulsará la “protección a alertadores internos”, es decir, impulsar la denuncia interna a través de una ley de protección a “informantes internos” que ofrezca garantías laborales, políticas y cívicas a ciudadanos para que presenten quejas confidenciales (no anónimas) contra funcionarios públicos y políticos que delinquen o malversen fondos.
También apelarán a la “ciudadanización” del combate a la corrupción y a la impunidad a través de impulsar la denuncia ciudadana de conductas irregulares de servidores públicos o particulares que pudieran constituir actos de corrupción.
