10 de 19 secretarios mantuvieron al menos alguno de los datos de su declaración patrimonial y de intereses sin transparentar, a pesar del ultimátum del presidente Andrés Manuel López Obrador de que si no hacían pública toda su información, no podrían trabajar en su gobierno, y que llevó a seis de ellos y al jefe de su oficina a hacer alguna modificación en lo ya declarado.
Alrededor de las 10 de la noche del último día de plazo, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, abrió sus datos en la plataforma pública Declaranet, que había mantenido totalmente ocultos desde que cumplió con el trámite legal de presentar su declaración, el 27 de diciembre. Pasado el mediodía lo había hecho también Josefa González Blanco, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Las dos secretarias habían desoído hasta ayer el llamado de López Obrador que el 3 de enero advirtió que no bastaba con cumplir el requisito legal de presentar la declaración pero escudarse en que la ley permite mantener datos reservados, sino que “por cuestiones de índole moral”, todos tenían que dar a conocer sus bienes.
“No sólo presentarla formalmente, sino hacerlo público. El que no haga público, no puede trabajar en el gobierno”, reiteró el pasado martes durante su conferencia de prensa mañanera.
—Hay nueve secretarios que ocultaron algunos datos—, se le hizo ver.
“Pues tienen hasta el día 30”, zanjó.
Seis secretarios abren algunos datos el último día
Lo que Sánchez Cordero ocultó hasta última hora fue que además de percibir 120 mil pesos de sueldo al asumir el cargo, tiene otros ingresos por 228 mil pesos mensuales. Además, un departamento de 2.7 millones y un terreno que declaró con valor de 90 millones de “nuevos pesos”, adquirido en 1992. Pero decidió mantener bajo secreto el saldo de cinco cuentas bancarias y fondos de inversión.
González Blanco aceptó una publicación “parcial” de sus bienes. Reconoció poseer tres ranchos con valor total de 222 mil pesos y un Seat Ibiza de 85 mil; pero mantuvo bajo reserva el precio de joyas familiares y varias obras de arte, así como de su cuenta bancaria. En cuanto a posible conflicto de interés, declaró ser asociada de la fundación Acajungla, que tiene desde hace 12 años.
Algunos secretarios habían hecho estas declaraciones parciales y decidieron transparentar más datos, aunque no todos.
Por ejemplo, Miguel Torruco, de Turismo (Sectur), había reportado tres casas, un Jeep, bienes muebles y fondos de inversión sin dar las cantidades, ni había autorizado a revelar sus ingresos extras por otras actividades además del salario de su cargo. El miércoles reconoció que percibe otros 70 mil pesos, que tiene obras de arte por 8 millones, joyas por 7 y bienes muebles por 6, y reportó el precio de una de sus casas en 15 millones de pesos. Mantuvo sin aclarar, sin embargo, el precio de otras dos casas y el saldo en sus cuentas.
Víctor Villalobos Arámbula, de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que había negado publicar el valor de todos sus bienes, reconoció cuentas bancarias por 9 mil dólares y 50 mil pesos; y de cinco casas, dos terrenos, un departamento y un local que posee, sólo cambió su declaración para informar que una de las casas vale 750 mil dólares.
Alfonso Durazo, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), había ocultado el saldo en sus cuentas bancarias, que ahora admitió es de 7.7 millones de pesos. Y Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores (SRE), transparentó todo.
Mantienen opacidad
La declaración de los funcionarios tiene dos partes: patrimonial y de posibles conflictos de interés, donde tienen que declarar si ellos o sus parejas y dependientes económicos son dueños, socios o consejeros en alguna empresa, institución filantrópica, consultoría, o tienen algún cargo en la administración pública.
Dos secretarios se negaron a desde el principio a que se publicaran sus posibles conflictos de interés y así lo mantuvieron: Durazo, y el de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, que viene de ser presidente de la Fundación Azteca, de Ricardo Salinas Pliego.
Moctezuma Barragán es de los que más se ha resistido a la transparencia. Cuando presentó su declaración inicial, el 28 de diciembre, no autorizó que nada se hiciera público. Después de la primera advertencia de López Obrador, abrió su patrimonio pero sin los valores, y en esta ocasión no hizo cambios, por lo que mantuvo sin aclarar sus saldos bancarios, el valor de sus bienes muebles, e inmuebles, rubro en el que reportó poseer cinco casas, un departamento, un rancho y un terreno, pero sin precios.
Otra de las menos transparentes fue Rocío Nahle García, de la Secretaría de Energía (Sener), que reportó tener dos casas, una camioneta X-Trail de Nissan, dos inversiones bancarias y un crédito hipotecario, pero de nada de esto dio los valores. Además rechazó que se hicieran públicos otro tipo de ingresos además de los que recibe como secretaria. Tras el ultimátum del presidente, no hizo cambios en su declaración, presentada el 4 de enero.
También mantuvieron sin revelar el valor de sus bienes muebles e inmuebles Luis Cresencio Sandoval, de la Defensa (Sedena), Graciela Márquez Colín, de Economía (SE), y Jorge Alcocer Varela, de Salud.
Los más transparentes
Ebrard Casaubón, tras el llamado del martes a publicar todos los datos, reveló ingresos extras por 65 mil pesos, una casa de 1.7 millones, y una cuenta de banco con 230 mil. Además había declarado como posible conflicto de interés que su esposa es socia en la empresa Estrategia y Comunicación Aster SA de CV.
Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, también aceptó transparentar absolutamente todo y además de reconocer propiedades por 29.6 millones, reveló que tiene una camioneta Land Rover de casi 4 millones de pesos e inversiones bancarias por casi 5.
Los que sí declararon abierto todo desde el principio, además de López Obrador, fueron el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú; la del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján; el de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán; el de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa; la de Bienestar, María Luisa Albores; el de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer; la de Cultura, Alejandra Frausto; y la de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aunque a través de una nota aclaratoria porque cuando la presentó el 5 de diciembre, primero que todos, faltaban datos.
