Gabinete transparenta bienes a medias y tras ultimátum de López Obrador
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Cuartoscuro

Gabinete transparenta bienes a medias y tras ultimátum de López Obrador

10 secretarios mantuvieron al menos un dato sin transparentar, a pesar de la advertencia de que transparentaran todo o no podrían trabajar en su gobierno.
Cuartoscuro
Por Itxaro Arteta
31 de enero, 2019
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10 de 19 secretarios mantuvieron al menos alguno de los datos de su declaración patrimonial y de intereses sin transparentar, a pesar del ultimátum del presidente Andrés Manuel López Obrador de que si no hacían pública toda su información, no podrían trabajar en su gobierno, y que llevó a seis de ellos y al jefe de su oficina a hacer alguna modificación en lo ya declarado.

Alrededor de las 10 de la noche del último día de plazo, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, abrió sus datos en la plataforma pública Declaranet, que había mantenido totalmente ocultos desde que cumplió con el trámite legal de presentar su declaración, el 27 de diciembre. Pasado el mediodía lo había hecho también Josefa González Blanco, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Lee: AMLO presenta declaración patrimonial; inmuebles y automóviles están a nombre de Beatriz Gutiérrez y sus hijos

Las dos secretarias habían desoído hasta ayer el llamado de López Obrador que el 3 de enero advirtió que no bastaba con cumplir el requisito legal de presentar la declaración pero escudarse en que la ley permite mantener datos reservados, sino que “por cuestiones de índole moral”, todos tenían que dar a conocer sus bienes.

“No sólo presentarla formalmente, sino hacerlo público. El que no haga público, no puede trabajar en el gobierno”, reiteró el pasado martes durante su conferencia de prensa mañanera.

—Hay nueve secretarios que ocultaron algunos datos—, se le hizo ver.

“Pues tienen hasta el día 30”, zanjó.

Lee: A tres semanas de gobierno, solo dos miembros del gabinete han presentado su declaración patrimonial

Seis secretarios abren algunos datos el último día

Lo que Sánchez Cordero ocultó hasta última hora fue que además de percibir 120 mil pesos de sueldo al asumir el cargo, tiene otros ingresos por 228 mil pesos mensuales. Además, un departamento de 2.7 millones y un terreno que declaró con valor de 90 millones de “nuevos pesos”, adquirido en 1992. Pero decidió mantener bajo secreto el saldo de cinco cuentas bancarias y fondos de inversión.

González Blanco aceptó una publicación “parcial” de sus bienes. Reconoció poseer tres ranchos con valor total de 222 mil pesos y un Seat Ibiza de 85 mil; pero mantuvo bajo reserva el precio de joyas familiares y varias obras de arte, así como de su cuenta bancaria. En cuanto a posible conflicto de interés, declaró ser asociada de la fundación Acajungla, que tiene desde hace 12 años.

Algunos secretarios habían hecho estas declaraciones parciales y decidieron transparentar más datos, aunque no todos.

Por ejemplo, Miguel Torruco, de Turismo (Sectur), había reportado tres casas, un Jeep, bienes muebles y  fondos de inversión sin dar las cantidades, ni había autorizado a revelar sus ingresos extras por otras actividades además del salario de su cargo. El miércoles reconoció que percibe otros 70 mil pesos, que tiene obras de arte por 8 millones, joyas por 7 y bienes muebles por 6, y reportó el precio de una de sus casas en 15 millones de pesos. Mantuvo sin aclarar, sin embargo, el precio de otras dos casas y el saldo en sus cuentas.

Víctor Villalobos Arámbula, de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que había negado publicar el valor de todos sus bienes, reconoció cuentas bancarias por 9 mil dólares y 50 mil pesos; y de cinco casas, dos terrenos, un departamento y un local que posee, sólo cambió su declaración para informar que una de las casas vale 750 mil dólares.

Alfonso Durazo, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), había ocultado el saldo en sus cuentas bancarias, que ahora admitió es de 7.7 millones de pesos. Y Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores (SRE), transparentó todo.

Mantienen opacidad

La declaración de los funcionarios tiene dos partes: patrimonial y de posibles conflictos de interés, donde tienen que declarar si ellos o sus parejas y dependientes económicos son dueños, socios o consejeros en alguna empresa, institución filantrópica, consultoría, o tienen algún cargo en la administración pública.

Dos secretarios se negaron a desde el principio a que se publicaran sus posibles conflictos de interés y así lo mantuvieron: Durazo, y el de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, que viene de ser presidente de la Fundación Azteca, de Ricardo Salinas Pliego.

Moctezuma Barragán es de los que más se ha resistido a la transparencia. Cuando presentó su declaración inicial, el 28 de diciembre, no autorizó que nada se hiciera público. Después de la primera advertencia de López Obrador, abrió su patrimonio pero sin los valores, y en esta ocasión no hizo cambios, por lo que mantuvo sin aclarar sus saldos bancarios, el valor de sus bienes muebles, e inmuebles, rubro en el que reportó poseer cinco casas, un departamento, un rancho y un terreno, pero sin precios.

Otra de las menos transparentes fue Rocío Nahle García, de la Secretaría de Energía (Sener), que reportó tener dos casas, una camioneta X-Trail de Nissan, dos inversiones bancarias y un crédito hipotecario, pero de nada de esto dio los valores. Además rechazó que se hicieran públicos otro tipo de ingresos además de los que recibe como secretaria. Tras el ultimátum del presidente, no hizo cambios en su declaración, presentada el 4 de enero.

También mantuvieron sin revelar el valor de sus bienes muebles e inmuebles Luis Cresencio Sandoval, de la Defensa (Sedena), Graciela Márquez Colín, de Economía (SE), y Jorge Alcocer Varela, de Salud.

Los más transparentes

Ebrard Casaubón, tras el llamado del martes a publicar todos los datos, reveló ingresos extras por 65 mil pesos, una casa de 1.7 millones, y una cuenta de banco con 230 mil. Además había declarado como posible conflicto de interés que su esposa es socia en la empresa Estrategia y Comunicación Aster SA de CV.

Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, también aceptó transparentar absolutamente todo y además de reconocer propiedades por 29.6 millones, reveló que tiene una camioneta Land Rover de casi 4 millones de pesos e inversiones bancarias por casi 5.

Los que sí declararon abierto todo desde el principio, además de López Obrador, fueron el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú; la del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján; el de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán; el de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa; la de Bienestar, María Luisa Albores; el de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer; la de Cultura, Alejandra Frausto; y la de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aunque a través de una nota aclaratoria porque cuando la presentó el 5 de diciembre, primero que todos, faltaban datos.

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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