Inasistencias, retrasos y reclamos marcan segunda jornada de comparecencias de aspirantes a fiscal general
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Inasistencias, retrasos y reclamos marcan segunda jornada de comparecencias de aspirantes a fiscal general

Gertz Manero, actual encargado de la Fiscalía, reveló que hay más de 200 mil averiguaciones sin cerrar y 22 mil órdenes de aprehensión sin cumplir.
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15 de enero, 2019
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La segunda y última jornada de comparecencias en el Senado, de las personas que aspiran a ocupar el cargo de fiscal General de la República, concluyó tras registrarse un retraso en el arranque de la sesión, la inasistencia de varios de los legisladores, y la inconformidad de candidatos por esta situación y por el procedimiento en general.

Las comparecencias de los 12 aspirantes restantes -el lunes habían comparecido los primeros 15- estaban programadas para iniciar a las 11 de la mañana, ante los 15 senadores que integran la Comisión de Justicia. Los candidatos fueron citados con media hora de antelación, a las 10 y media de la mañana.

Pero al llegar la hora pactada la sesión no inició porque solo se encontraban presentes cuatro legisladores, entre ellos el presidente de la comisión, Julio Menchaca. El reglamento marca que la sesión de trabajo no podría iniciar sin que hubiera – por lo menos – la mitad de los senadores más uno (8 legisladores), lo que se logró hasta las 11:28 de la mañana.

Las comparecencias (de 10 minutos y sin posibilidad de preguntar nada a los candidatos) concluyeron a las 13:55 horas, sin que se consiguiera en algún momento que estuvieran todos los senadores de la comisión presentes. Esta situación provocó que uno de los aspirantes, Miguel Nava Alvarado, reclamara públicamente durante su comparecencia lo que calificó como “falta de disciplina” de los legisladores.

“Para dirigir a la Fiscalía creo que una de las cosas fundamentales que se requiere es disciplina, pero eso es lo que ha faltado aquí. Se nos convocó a las 11 de la mañana y no iniciamos a esa hora. Y lamentablemente no veo aquí a los 15 legisladores integrantes de esta comisión, y tampoco veo a senadores de otras comisiones como la de Derechos Humanos, que deberían estar interesados también. Me avergüenza en verdad el poco interés y espero que esto no sea solo un espectáculo y una simulación”, dijo Nava.

Otros participantes comentaron, sin hacerlo público, su malestar por los retrasos en la sesión, por la inasistencia de senadores y en general por el formato de estas comparecencias que el colectivo #FiscalíaQueSirva calificó de pocos serias. En la primera jornada de comparecencias también hubo un candidato que se quejó en la comparecencia de este procedimiento.

Los senadores Damián Zepeda del PAN, y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, pidieron al concluir las intervenciones de los aspirantes que se solicite a la Junta de Coordinación Política modificar el esquema de comparecencia previsto, para la terna final de candidatos que definirá el presidente. Esto ya que se contemplan solo preguntas por escrito y no un formato libre de cuestionamientos.

En respuesta a ello, el presidente de la Comisión de Justicia defendió que a la sesión sí asistieron los legisladores de Morena, y señaló que las que no se presentaron fueron dos legisladoras del PAN. Dijo que es difícil que se presenten todos por las agendas pero que fue suficiente para que hubiera quorum. 

En cuanto a las críticas de los colectivos, Menchaca reiteró que ellos los han escuchado pero que el Senado tiene que cumplir con la designación en los tiempos establecidos, y adelantó que es muy factible que se modifique el formato de comparecencias con los candidatos que lleguen a la terna final, para que puedan ser cuestionados libremente.

Enorme rezago, retos y propuestas

Al igual que sucedió ayer, los 12 candidatos que comparecieron ante el Senado coincidieron en diversos temas y propuestas, entre ellos la necesidad de capacitar al personal de la Fiscalía General y fortalecer el servicio profesional de carrera, combatir la corrupción dentro y fuera de la institución, elevar los estándares de investigación de acuerdo con lo que exige el nuevo sistema penal, recuperar la confianza ciudadana, actuar con respeto a los derechos humanos y atender las recomendaciones de la CNDH, entre otros.

Entre los temas que de forma diferenciada abordaron los candidatos, destacó por los datos aportados el de la carga de trabajo que hereda la nueva Fiscalía de parte de la PGR, tema comentado por Alejandro Gertz Manero, quien no solo es aspirante a cargo del fiscal sino además funge como el encargado de dicha institución, tras haber sido nombrado subprocurador por el presidente.

Gertz reveló que actualmente la Fiscalía tiene 205 mil averiguaciones previas rezagadas del sistema penal anterior, abiertas pero sin ninguna resolución, además de 22 mil órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que no han sido cumplimentados. A ello se suma lo que ya está pendiente de resolver con el nuevo sistema: 101 mil carpetas de investigación iniciadas y 6 mil mandamientos más sin ejecutar.

“Se trata de un diagnóstico descarnado e insoslayable (…) los niveles de eficiencia son ínfimos”, dijo. Para revertir esta situación expuso varias propuestas, entre ellas tener más y mejor personal humano  para enfrentar la carga de trabajo.

Otro de los candidatos, el abogado Luis Pérez de Acha, puso énfasis en el combate a la corrupción y particularmete en el caso de las empresas fantasma. Dijo que la Fiscalía General y otras instituciones deben enfocarse en el combate a este esquema, pues advirtió que su uso se ha expandido a múltiples fines ilícitos, desde la evasión de impuestos, hasta el desvío de recursos públicos, financiamiento ilegal de campañas electorales y lavado de dinero.

Pérez de Acha también destacó la necesidad de reformar el apartado B del artículo 123 de la Constitución, que hoy permite despedir a las personas que trabajan en áreas de justicia y seguridad sin ningún tipo de compensación.

Otro aspirante, el exprocurador capitalino Bernardo Bátiz, puso énfasis en la necesidad de rescatar y aplicar el concepto de “buena fe” con el que debe actuar el Ministerio Público. Dijo que si es nombrado en el cargo garantiza que no se inventarán hechos ni criminales. “Nunca más sembrar armas a fallecidos en enfrentamientos”, señaló.

En su intervención el aspirante Gilberto Ayón Reyes dijo que la Fiscalía debe entablar convenios de colaboración con universidades públicas para facilitar el reclutamiento de nuevo personal de calidad. En cambio Jorge Campos Murillo dijo que se debe buscar la creación de la denominada “Universidad de Seguridad Pública” en la que se capaciten a los futuros policías preventivos e investigadores.

Ángel Buendía se mostró a favor de transparentar la actuación del Ministerio Público y fortalecerlo para que no prive la impunidad, mientras que Marcos Santana Morales (exprocurador de Colima) dice que privilegiaría el trabajo de inteligencia y coordinación con otras autoridades. Javier Ontiveros dijo que es necesario fortalecer los mecanismos de resolución alternos e caso para abatir las cargas de trabajo.

Y el ya mencionado Miguel Nava Alvarado enfocó la parte final de su participación en criticar el procedimiento y dijo que esperaba que “no se tratara de una farsa”. Pidió al presidente López Obrador que no incluya en la terna final a “excolaboradores y amigos”.

Lo que sigue

El senador Menchaca Salazar dijo que el informe de los dos días de comparecencia de los 27 candidatos a fiscal será enviado a la Junta de Coordinación Política del Senado, para que ellos propongan al pleno una lista de 10 candidatos finales que se enviaría al presidente de la República.

Se prevé que la presentación de esta lista y su votación se den este miércoles en el pleno, en el arranque del periodo extraordinario que concluye el 21 de enero.

Si el Senado no lograra aprobar por el voto de dos terceras partes de los legisladores una lista de 10 candidatos, entonces el presidente podría libremente elegir a una terna final de la relación de todos los candidatos que resultaron elegibles.

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El gas usado para "desinfectar" a mexicanos en EU que sirvió como ejemplo a la Alemania nazi

Durante décadas, trabajadores mexicanos que cruzaban a Estados Unidos fueron inspeccionados y fumigados con pesticidas para prevenir enfermedades infecciosas. Décadas después, cientos describieron la experiencia como humillante y vergonzosa.
4 de septiembre, 2021
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En 1956, los braceros eran fumigados con DDT como parte del proceso de entrada a Estados Unidos.

CORTESÍA, MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE EE.UU

Muchos no sabían qué les estaban rociando, pero era tan extendido su uso que le apodaron “el polvo”.

La fotografía que abre esta nota es especialmente destacada por historiadores en Estados Unidos y algunos describen la escena capturada como “un momento atroz”.

En ella un funcionario enmascarado fumiga la cara de un joven mexicano desnudo con el pesticida DDT en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas, mientras que otros esperan en fila detrás mientras sujetan sus pertenencias.

La tomó el neoyorquino Leonard Nadel en 1956 mientras documentaba el programa Bracero, bajo el que al menos 4 millones de mexicanos migraron temporalmente a Estados Unidos para trabajar entre 1942 y 1964.

El esquema fue inicialmente establecido para compensar la ausencia de trabajadores estadounidenses debido al reclutamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Un trabajador se registra en el programa Bracero.

Getty Images
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.

El DDT se empleó hasta mediados de los 60 en los inmigrantes para prevenir la propagación de malaria y tifus y su uso fue posteriormente prohibido en EE.UU. en 1972.

Hoy en día está clasificado por el gobierno de ese país y autoridades internacionales como un “probable carcinógeno humano”.

Pero este no fue el único pesticida empleado para “desinfectar” a inmigrantes mexicanos en la frontera entre México y EE.UU. por décadas.

Años antes de la implementación del programa Bracero, otro insecticida fue utilizado en centros de recepción de visitantes y pasaría a servir como ejemplo a funcionarios del nazismo en Alemania.

Zyklon B

David Dorado Romo, historiador y cronista de El Paso y Ciudad Juárez, dio con un artículo en una revista científica alemana de 1937 que lo dejó atónito.

El escrito incluía dos fotografías de “cámaras de despiojado” en El Paso, Texas.

Su autor, el químico alemán Gerhard Peters, destacaba las imágenes para ilustrar “la efectividad del Zyklon B (un pesticida a base de cianuro) como un agente para matar plagas indeseables”, escribe Romo en su libro Ringside Seat to a Revolution (“Asiento en primera fila a una revolución”).

“Peters se convirtió en el director de operaciones de Degesch, una de las dos firmas que adquirió la patente del Zyklon B en 1940 para producirlo masivamente”, describe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el gas en dosis concentradas para matar a millones de judíos.

Un funcionario fronterizo estadounidense les habla a un grupo de refugiados mexicanos en el Puente Internacional de El Paso, en Texas. Año 1916.

Getty Images
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.

Aunque en El Paso no se utilizó para el mismo fin, ya se estaba empleando desde 1929 por funcionarios fronterizos para fumigar la ropa y los zapatos de inmigrantes mexicanos en el Puente Internacional Santa Fe, que conecta esa ciudad con Ciudad Juárez.

Las inspecciones habían iniciado formalmente en 1917, amplía el historiador, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a imponer restricciones sobre los cruces fronterizos en sectores como El Paso.

El alcalde de la ciudad en esa época, Tom Lea, se refería a los mexicanos como “sucios piojosos indigentes” que “sin duda, van a traer y propagar el tifus”.

Pero entre 1915 y 1917, menos de 10 residentes de El Paso habían muerto del tifus epidémico, recogió Romo en su libro.

Aún así, los mexicanos considerados de “segunda clase” eran sometidos a exhaustivos chequeos que incluían duchas con agua caliente y revisiones de los migrantes desnudos. A los que le encontraban piojos, “les rapaban la cabeza y les afeitaban todo el cuerpo”, señala Romo a BBC Mundo.

Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Tan solo en 1917, al menos 120.000 personas fueron examinadas en el centro de El Paso.

Romo y otros historiadores hablan de un contexto en el que las ideas eugenésicas cobraban fuerza y se manifestaban a través de nociones discriminatorias y racistas.

“No hay que comparar peras con manzanas, pero el Holocausto no fue un hecho aislado y la frontera entre EE.UU. y México sirvió como un centro de experimentación importante de esas ideas”, advierte Romo.

“¿Sabe qué es la vergüenza?”

Cuando inicia el programa Bracero en 1942 ya estaba extendido el uso de diferentes químicos como el kerosén en centros de inspección fronterizos.

Aunque el gobierno de EE.UU. alabó a los mexicanos que se enlistaban como “soldados de la producción” y de la tierra en ese tiempo, con los años surgieron cientos de testimonios de trabajadores que señalaron sus experiencias como vergonzosas y humillantes.

La historiadora Mireya Loza recuerda en conversación con BBC Mundo que la imagen del trabajador rociado con DDT en la cara era la que más afectaba a los antiguos participantes del programa con los que habló.

“Muchos decían que sentían los efectos del DDT en los ojos, que tenían reacciones alérgicas en la piel y entendieron que no era un tratamiento humano”, dice la profesora de la Universidad de Georgetown.

Un grupo de trabajadores del programa Bracero alzan los brazos y están alineados contra la pared mientras son inspeccionados en una habitación del Centro de Procesamiento en Monterrey, México.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

La académica inició su investigación entrevistando a decenas de braceros para un proyecto llamado Bracero History Archive (Archivo Histórico de los Braceros), impulsado por el Museo Nacional de Historia estadounidense Smithsonian.

“Muchos de estos trabajadores dijeron haber sentido algo feo porque era la primera vez que eran desnudados públicamente y frente a varias personas. Para ellos era un shock tremendo estar ahí y que los doctores les hicieran abrir las pompis, la boca; todo revisaban”, describe.

Los trabajadores eran generalmente inspeccionados en sedes administradas por Estados Unidos dentro de México y en ciudades fronterizas como Hidalgo, en Texas.

Además de las fumigaciones, los vacunaban contra la viruela, les hacían exámenes de sangre y de rayos X y les revisaban las manos en busca de callos que demostraran que tenían experiencia en el campo.

Un bracero es vacunado mientras otros esperan en la fila en el Centro de Procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Un funcionario de gobierno revisa las manos de un aspirante al programa Bracero.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.

José Silva, un campesino oriundo de Michoacán que empezó a trabajar desde los 6 años, describió en 2005 con cierto enfado la experiencia que vivió mientras fue bracero durante una entrevista disponible en el Archivo Bracero:

“Por una parte sí fue un buen programa (…) No tuve problema, me ayudé económicamente. Lo que no me gustaba era que nos fumigaron. Sentí vergüenza. ¿Sabe qué es la vergüenza? Todos formados así, sin ropa, y salíamos así caminando y allá en la puerta estaba el hombre con el fumigador. Muy mal. No éramos animales, éramos cristianos, ¿por qué nos fumigaban?“.

Víctor Martínez Alemán, originario de Tlaquiltenango, en Morelos, se enlistó en el programa en 1956 y trabajó en California:

“Nos pasaron, encuerados, delante de todas las muchachas, ya no más nos tapábamos acá pero encuerados para pasar donde nos iban a fumigar, bien fumigados así y todo… A nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres (…) Eran todas secretarias. Y con manos atrás, nada de taparse, nada… Nos quería hasta pegar (…) Nunca había yo pasado esas penas pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo…”.

“Injusticias y abusos”

A través del Archivo Bracero, el gobierno de EE.UU., mediante el Museo Nacional de Historia y diferentes instituciones académicas, reconocen que los trabajadores fueron sometidos a una serie de “injusticias y abusos”.

“Muchos se enfrentaron a alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, indica el sitio web.

Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Pese a estas investigaciones, ningún presidente o autoridad de alto cargo a nivel nacional en EE.UU. ha ofrecido disculpas públicas ni reparaciones por los efectos negativos que desencadenó el programa, indica la historiadora Mireya Loza.

Tampoco existe una investigación exhaustiva sobre el impacto de pesticidas, incluido el DDT, en la salud de millones de braceros que fueron fumigados.

Aunque el programa culminó hace casi seis décadas, aún queda una generación que vive para contarlo.

Carlos Marentes, activista por los derechos de los campesinos en El Paso, recogió también cientos de testimonios y denuncias de abusos laborales, y las fumigaciones sobresalían entre los recuerdos más amargos de los trabajadores.

“Naturalmente existía un miedo de que trajeran enfermedades contagiosas, pero eso conllevó a una estigmatización“, dice a BBC Mundo.

Para Marentes, el programa Bracero fue un ejemplo claro de “la contradicción en la política de inmigración” de Estados Unidos.

“Por una parte sabemos que los necesitamos (a los inmigrantes), para que hagan todo lo que no podemos o no queremos hacer, pero por otra parte nos han metido en la cabeza que hay que tenerles miedo”, sentencia.



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