Alcaldes de distintas partes del país denunciaron, durante las audiencias públicas para debatir la creación de una Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, que mientras sus fuerzas de policía operan con múltiples carencias, los recursos federales destinados para ellas sufren de recortes, retenciones y reglas injustas para su repartición.
No solo eso. Revelaron que hay poca o nula coordinación con gobiernos estatales, que existen zonas bajo total control criminal, que múltiples empresas cierran ante el acoso del crimen, y que ellos mismos trabajan con amenazas de muerte.
Los presidentes municipales, en su mayoría, respaldaron la creación de la Guardia Nacional con un mando civil, pero al mismo tiempo criticaron lo que consideraron es una visión “centralista” de la nueva administración federal en la política de seguridad, e insistieron en que es necesario trabajar coordinadamente con gobiernos estatales y locales.
De 16 alcaldes que participaron en este segundo día de audiencias de Guardia Nacional en San Lázaro, solo dos, la alcaldesa de Chihuahua y el alcalde de Nezahualcóyotl, consideraron que la creación de la Guardia Nacional no es necesaria y que, por el contrario, se pueden explorar alterativas como apostar al desarrollo policial o a mejores políticas públicas.
Los recursos: pocos, mal distribuidos y hasta retenidos
En su intervención en la audiencia pública, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, denunció el recorte presupuestal de aproximadamente el 20% en los subsidios de seguridad destinados para los municipios con alta incidencia delictiva en 2019.
“La Guardia Nacional es un componente de la estrategia de seguridad pero no es el todo. La apuesta debe ser por la prevención y esa es una tarea que primordialmente le corresponde a los municipios. Pero de poco ayuda que entonces el gobierno federal nos haya recortado en este año el 20% de los recursos del fondo destinado para la seguridad en municipios”, dijo.
Animal Político publicó en diciembre pasado que, en efecto, el presupuesto de seguridad destinado a municipios en el ejercicio 2019 había descendido de cinco mil a cuatro mil millones de pesos.
Laura Lynn Fernández, alcaldesa de Puerto Morelos, Quintana Roo, y presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México A.C. (CONAMM), señaló que el recorte de los subsidios a los municipios ha sido sistemático en los últimos años, situación que es crítica ya que las policías municipales carecen de recursos suficientes para profesionalización, capacitación, equipamiento, inversión en nuevas tecnologías, etcétera.
La alcaldesa denunció además que hay municipios que, por no tener una incidencia delictiva tan elevada, no tienen acceso a ningún subsidio en la materia. En esto coincidió también el alcalde de Mérida, Yucatán, Renán Barrera Concha, quien dijo que el dinero no solo es poco sino que está mal distribuido.
“Está totalmente mal diseñado el mecanismo de distribución de estos recursos. Hay incentivos perversos para los municipios. Si tienes altos índices delictivos tienes más recursos, pero si bajas esos índices de inseguridad recibes menos recursos. Pareciera que el premio por hacer bien las cosas es recibir menos presupuesto. La forma de premiar a los municipios debería ser con recursos, tal vez para temas de reconstrucción del tejido social, temas culturales, de prevención, para invertir en los propios policías que están dando resultados positivos”, dijo en entrevista luego de participar en la audiencia.
El presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, Ismael del Toro Castro, acusó que en 2019 no solo enfrentan el recorte en recursos para seguridad, sino que además el subsidio se encuentra totalmente retenido por la federación.
“El FORTASEG, como se le denomina ahora al fondo, está concentrado en la Secretaría de Seguridad Pública (federal) y no tenemos ahorita cuando menos claridad, reglas de operación o cómo se va a poder acceder a ese recursos. No hay ruta para las reglas de operación ni fechas, ni en este fondo ni en ningún otro, al que podamos tener acceso”, dijo.
El alcalde dijo que en el caso de Guadalajara el poder contar con recursos es primordial para varias cosas vitales, como incrementar el estado de fuerza de la policía. Dijo que actualmente tienen un déficit de al menos 1 mil 500 agentes, para llegar a la media internacional de 3 policías por cada mil habitantes.
El alcalde de Morelia, Michoacán, Raúl Morón Orozco, quien también denunció falta de recursos, dijo que tiene actualmente 600 policías cuando, por lo menos, se requieren de 2 mil agentes en su ciudad.
Los alcaldes agrupados en la CONAMM denunciaron que del 100% de los recursos que sus ciudades generan vía impuestos y se envían al nivel federal, solo regresa a los municipios el 4% en subsidios y participaciones, cuando en países como Suecia el retorno a las ciudades es de más del 90% de lo que generan.
Imperio del crimen
Los alcaldes reconocieron en las audiencias la presencia y dominio del poder criminal en varias regiones. La presidenta del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) en Quintana Roo, Laura Esther Beristain Navarrete, dijo que el multihomicidio de 7 personas en un bar de la localidad el pasado 6 de enero es una muestra de la violencia a la que enfrentan.
“Y yo desde que asumí en el gobierno estoy amenazada de muerte. Hay hombres armados rondando todo el tiempo”, dijo la alcaldesa.
El alcalde de Tepic, Nayarit, Francisco Castellón Fonseca, aseguró que hay zonas del país bajo completo control criminal, donde ni las fuerzas federales ni el Ejército pueden entrar. Pidió no olvidar, además, que los propios alcaldes están en una situación vulnerable.
“El homicidio impune de presidentes municipales que lamentablemente ocurre con frecuencia pone en predicamento a todo el orden constitucional, y es un desafío al Estado Mexicano. La protección de los alcaldes, por su investidura, debe ser uno de los objetivo de la estrategia de seguridad”, dijo Castellón.
La alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Adela Román Ocampo, mencionó que en su ciudad “miles de negocios” han cerrado o han sufrido graves pérdidas económicas, debido a las extorsiones y cobro de derecho de piso del crimen organizado. Aseguró que la violencia que se padecía antes en zonas periféricas se extendió al centro del puerto y ya ha alcanzado, incluso, a zonas turísticas.
Escasa o nula coordinación
Algunos alcaldes se quejaron públicamente de la falta de coordinación en esquemas de seguridad con el gobierno de sus propios estados. Por ejemplo, el alcalde de Morelia, Raúl Morón, denunció que la administración del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no les ha dado acceso a las cámaras del Centro denominado C5
“Trabajamos muchas veces a ciegas. Se necesita compartir inteligencia pero es algo que (el gobierno del estado) nos niegan. No nos dan ningún acceso al C5”, dijo.
Una situación similar denunció la alcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, quien dijo que ni el gobernador de ese estado, Carlos Joaquín González, ni su secretario de Seguridad Pública aceptan reunirse con ella para trabajar en conjunto, y dijo que tampoco se les da acceso al Centro de Control llamado C4, donde se opera la videovigilancia de la Riviera Maya.
La alcaldesa de Acapulco, por su parte, señaló que ha tenido dificultades en los tres meses de su administración con el gobierno estatal, situación por la cual han optado por coordinarse solo con la Marina.
Guarda Nacional sí, recortes y centralismo no
La mayor parte de los presidentes municipales aceptaron la creación de una Guardia Nacional que apoye en los trabajos de combate al crimen en el país, pero expusieron varias dudas y reservas enfocadas, principalmente, en lo que consideran una intención de “centralizar” una función de seguridad que corresponde primariamente a los municipios.
El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, dijo que el dictamen de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, como se encuentra actualmente, invade atribuciones de autoridades locales al avalar, por ejemplo, el uso desde la federación de policías auxiliares locales. Además se deja a la nueva fuerza que se pretende crear facultad de acción sin un control operativo a cargo de civiles.
“Prácticamente se está dando un cheque en blanco para que la Guardia Nacional se apropie de funciones que constitucionalmente le corresponden a estados y municipios”, dijo el alcalde.
En representación del presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el secretario de Seguridad Pública de esa ciudad, Ricardo Realivazquez, dijo que ellos “dicen sí a la Guardia Nacional” pero “no a la subordinación”. Subrayó que el trabajo debe ser coordinado.
Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan, Estado de México, y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes ANAC, dijo que preocupa la “ausencia total” de un plan o estrategia para fortalecer a las policías municipales. Subrayó que no debe optarse por una visión centralista que desplace a los municipios sino que, por el contrario, se apueste a fortalecer y equipar a las corporaciones locales.
“La creación de la Guardia no justifica en ningún caso restar recursos a los gobiernos locales. Se debe de garantizar que no se afectarán las participaciones de recursos a los municipios para cubrir los costos de esta nueva fuerza”, señaló.
La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, pidió que si se contempla con la Guardia Nacional etiquetar recursos que se destinaban para seguridad en los estados, los mismos deben de mantenerse para que municipios los puedan emplear en otras tareas de prevención, como la recuperación de espacios públicos.
En general, todos los alcaldes subrayaron que debe prevalecer una visión de federalismo y respeto a los tres niveles de gobierno en la estrategia de seguridad que se implemente. Además, al igual que lo hicieron los gobernadores en la audiencia del pasado martes, señalaron que la dirección de la Guardia Nacional debe recaer en un mando civil.
Varios de los alcaldes, y diputados de oposición presentes en la audiencia, expresaron además su preocupación respecto a que hasta ahora no se conocen iniciativas relacionadas con las tres leyes complementarias que, una vez aprobada la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, deben presentarse y aprobarse en un plazo no mayor a 60 días.
