Aumento en delitos con prisión preventiva vulnera derechos humanos, advierten organismos internacionales
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Aumento en delitos con prisión preventiva vulnera derechos humanos, advierten organismos internacionales

La ONU y la CIDH advirtieron a los diputados los riesgos en materia de derechos humanos que traería la aprobación de la reforma al artículo 19 que pretende aumentar los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
Cuartoscuro
23 de enero, 2019
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidieron a la Cámara de Diputados no aumentar el catálogo de delitos para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

A través de una misiva que hizo llegar a los integrantes de la Cámara de Diputados, la ONU instó a los legisladores “a abstenerse de aprobar la extensión de los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa establecidos en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución”.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), “la prisión preventiva oficiosa es violatoria del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece que esta no debe ser la regla”.

También señaló que “diversos organismos internacionales especializados han determinado que la prisión preventiva oficiosa viola y vulnera varios derechos humanos”.

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“El fundamento de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa radica en que la medida es violatoria del derecho a la libertad personal, vinculado al principio de presunción de inocencia”, detalló ONU-DH.

El caso de México no es la excepción: la ONU-DH denunció que alrededor del 38 % de las personas privadas de la libertad están aún bajo proceso, y aunque la población penitenciaria ha descendido en los últimos años, “el uso excesivo de la prisión preventiva que pudiera ser producto de la ampliación de los supuestos para su imposición podría llevar a un nuevo repunte” del número de presos.

El organismo acusó que la prisión preventiva oficiosa “puede ser una medida a la que las autoridades recurren a fin de anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegítimos, como la represión de movimientos sociales, de manifestaciones públicas, el ataque a activistas, opositores o defensores de derechos humanos”, entre otros.

En la misiva enviada por la ONU a los diputados, el organismo recordó que, en noviembre y diciembre de 2018, otros grupos de trabajo como el de Detención Arbitraria y su Oficina de Procedimientos Especiales también rechazaron la aprobación de esta reforma al artículo 19 constitucional.

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Por su parte, la CIDH indicó que el abuso de la prisión preventiva “ha sido una de las principales causas de la profunda crisis del sistema penitenciario en los países del continente americano”, pues ha provocado hacinamiento a las prisiones, lo que genera una amenaza para la integridad personal de las personas privadas de la libertad.

En un comunicado, la comisión informó que, después de analizar el uso de la prisión preventiva en la región, determinó que “no hay evidencia empírica alguna que demuestre que el aumento en el uso de la prisión preventiva lleva a reducir la violencia y la inseguridad”.

“Reconocemos los desafíos y obstáculos que enfrenta el Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana”, expresó la CIDH, sin embargo, “dichos desafíos deben enfrentarse mediante acciones eficaces que se ajusten a los instrumentos internacionales, en particular a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Este 22 de enero, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, confirmó que la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa se discutirá en la primera sesión del periodo ordinario que inicia en febrero, y anunció que el dictamen original sea modificado para incluir más delitos.

Delgado recordó que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara dictaminó únicamente tres delitos originalmente propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador: corrupción, delitos electorales y robo de combustible.

Sin embargo, dijo el diputado, llegó una comunicación por parte de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para pedir que se apruebe la minuta que ellos enviaron en sus términos, es decir, incluir otros nueve delitos.

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El récord de casi 19 mil menores no acompañados que llegaron en un mes a la frontera de EU

Los números de migrantes que desde México y Centroamérica tratan de llegar a Estados Unidos no deja de crecer.
8 de abril, 2021
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Centro que acoge a los menores

Getty Images
Los centros de acogida de menores no acompañados están desbordados.

Casi 19.000 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México.

La cifra anunciada por el gobierno de Estados Unidos este jueves es la más alta jamás registrada en un mes y supone un test para la nueva presidencia de Joe Biden.

Una mezcla de factores en Centroamérica y en Estados Unidos están detrás de este incremento.

El gobierno de Biden decidió dejar de expulsar a los niños que llegan solos, algo que la presidencia de Donald Trump, y entregarlos a familiares que ya viven en el país mientras los tribunales estudian sus casos.

La patrulla fronteriza (CBP) encontró a 18.663 menores (algunos niños de sólo 3 años de edad) en marzo, muy por encima de los 11.475 de mayo de 2019 y los 10.620 de junio de 2014, que eran las cifras más altas desde que se empezaron a contabilizar en 2009.

Esto está provocando el hacinamiento de los centros que el gobierno tiene para el cuidado de los menores.

Muchos analistas ven la devastación que dejaron los huracanes que golpearon Centroamérica en noviembre del año pasado y las históricas condiciones de pobreza y violencia, como las causas principales de que muchas personas traten de emigrar a Estados Unidos.

Cambios en la percepción de la política migratoria de Biden también parecen haber contribuido al auge.

La detención de migrantes indocumentandos en la frontera con México ascendió un 70% en marzo hasta 172.331, el número más alto en 15 años.

El CBP culpó del auge a la “violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la pobreza en México y en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”.

“Esto no es nuevo”, dijo Troy Miller, comisionado del CBP.

Casi 104.000 personas fueron expulsadas a México, la mayoría adultos sin familia, de acuerdo a la normativa de covid-19, pero los niños sí se han podido quedar de momento en territorio estadounidense.

Hay más de 20.000 niños bajo custodia del gobierno, que está buscando ampliar los recintos que los acogen.


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