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Periodistas implicados en asesinato de comunicador, en lista de presos políticos que Segob liberaría

Familiares de los periodistas encarcelados denunciaron que éstos fueron torturados para implicarse en el homicidio del también comunicador Carlos Domínguez, en enero de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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21 de enero, 2019
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Tres periodistas tamaulipecos, detenidos y encarcelados por el homicidio en enero de 2018 del también comunicador Carlos Domínguez Rodríguez, forman parte de la lista de 199 personas que la senadora Nestora Salgado entregó en diciembre pasado a la Secretaría de Gobernación (Segob), de posibles casos de presos políticos, para analizar si podrían ser liberados por irregularidades en sus procesos.

Se trata de los periodistas Gabriel Garza Flores, quien colaboraba en un diario local de Tamaulipas escribiendo notas sobre seguridad; Luis Ignacio Valtierra, secretario general de la Unión de Periodistas Democráticos de Nuevo Laredo, y que tenía una página web con su nombre; y Juan José González Zúñiga, periodista independiente.

La detención de los tres comunicadores, junto a tres implicados más, fue anunciada el 28 de marzo del año pasado por las Procuradurías federal y estatal de Tamaulipas como probables responsables del asesinato del también periodista Carlos Domínguez Rodríguez, el pasado 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Lee: A un año del asesinato del periodista Carlos Domínguez, sigue sin resolverse

Los seis fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, y están a la espera de un juicio oral por encontrarse en revisión los amparos que interpusieron.

Tras la detención de los tres periodistas, familiares y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una asociación civil tamaulipeca, denunciaron que éstos fueron aprehendidos arbitrariamente por la policía estatal y víctimas de tortura para auto-implicarse en el homicidio de Carlos Domínguez.

Familiares de los comunicadores se reunieron en Nuevo Laredo con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, para entregarle una copia de la queja que interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que denuncian que los periodistas fueron víctimas de una “investigación amañada” por las autoridades tamaulipecas.

“En la reunión, se comprometieron a que, durante la próxima semana, van a mandar a personal de la Segob a Nuevo Laredo para escuchar nuestro caso”, dijo en entrevista Margarita Hernández, madre del periodista Luis Ignacio Valtierra, aunque matizó que no les precisaron el día.

Por su parte, a un año del homicidio de Carlos Domínguez, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, publicaron el pasado lunes un informe en el que señalaron que, a pesar de las seis detenciones por el homicidio, entre los que las autoridades tamaulipecas ya identifican quién sería el presunto autor intelectual, el caso no está resuelto, debido a que aún quedan dudas sobre cómo se está realizando la investigación del suceso.

Además, el hijo del periodista, también de nombre Carlos Domínguez, denunció durante la presentación del informe que su familia no ha tenido acceso al expediente para poder comprobar en qué estado se encuentra la investigación ministerial, a pesar de que como víctimas tienen derecho a ello.

Un año del caso, muchas dudas

El asesinato del periodista Carlos Domínguez, el primero en 2018 de nueve casos, tuvo lugar el 13 de enero del año pasado, en pleno centro de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

Domínguez, que escribía columnas de opinión en El Horizonte de Matamoros, y que colaboró previamente para otros medios como El Diario del Sur, Diario de Acayucan, Notisur, y Noticias Tampico, iba a bordo de un Ford Focus 2001 con sus dos nietos, cuando, a plena luz del día, personas desconocidas lo interceptaron con otro coche, bajaron, y lo apuñalaron hasta la muerte.

Tres días después, el 16 de enero, el gobierno de Tamaulipas ofreció una recompensa de dos millones de pesos para quien pudiera aportar información sobre los responsables del crimen.

Y el 29 de marzo, en dos meses, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría estatal de Tamaulipas anunciaron que detuvieron en operativos en Tamaulipas y Zacatecas a los periodistas ya mencionados, Gabriel Garza, Luis Ignacio Valtierra, y Juan José González, a quienes señala como autores materiales, más otras tres personas: David y Adrián ‘N’, también autores materiales; y el presunto autor intelectual del asesinato, Rodolfo Alfredo Cantú García, tío del ex edil de Nuevo Laredo (2013-2016) por el PAN, Carlos Canturosas Villarreal.

Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, subrayó en entrevista con Animal Político que el móvil del homicidio está claramente relacionado con la actividad periodística crítica de Carlos Domínguez, y que así lo reconoció la propia Procuraduría de Tamaulipas.

Reporteros Sin Fronteras documentó que Carlos Domínguez escribía columnas criticando la labor de las autoridades locales de Nuevo Laredo. Y que, al momento del asesinato, también estaba trabajando en una investigación periodística respecto a un desvío de más de 600 millones de pesos a través de 128 empresas fantasma.

Sin embargo, aunque el porqué del asesinato parece claro, Flores subrayó que el caso continúa sin estar resuelto.

“Por ejemplo, aún no hay certeza sobre la autoría intelectual –apuntó la periodista-. La Procuraduría de Tamaulipas dice que ya lo tiene –Rodolfo Alfredo Cantú-, pero aún tenemos muchas preguntas que no han respondido. Por ejemplo, nos preguntamos de qué manera dieron tan rápido con el autor intelectual, y qué elementos tienen para señalarlo”.

Por eso, añadió Flores, entre las recomendaciones que dirigieron en el informe de Reporteros Sin Fronteras a la Procuraduría tamaulipeca destacan dos: transparentar la información de qué han investigado y qué líneas están siguiendo, y darle acceso a Carlos Domínguez, hijo del comunicador asesinado, al expediente del caso, o darle una copia, como es su derecho.

Acusan detención arbitraria y tortura

Aunado a estas dudas acerca de la investigación que llevó a seis personas a la cárcel, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una asociación civil que ha documentado más de 50 casos de personas desaparecidas en Tamaulipas solo en 2018, denunció que los tres periodistas presos fueron detenidos de manera arbitraria, incomunicados, y torturados para que se auto-incriminaran en el homicidio.

“La detención de los tres periodistas fue un claro ejemplo de abuso de poder del gobierno de Tamaulipas”, dijo en entrevista con Animal Político el activista Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

El Comité presentó el pasado 3 de abril una queja ante la Comisión estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, por considerar que los tres reporteros fueron víctimas de una investigación “falsa, montada y amañada” por las autoridades de investigación del estado tamaulipeco.

Margarita Hernández, madre del periodista detenido Luis Ignacio Valtierra, denunció también en entrevista con Animal Político que su hijo, y su compañero Juan Jesús González Zúñiga, fueron detenidos durante la noche del 25 de enero de 2018 por tres camionetas sin ninguna leyenda o logotipo de que pertenecieran a corporación policiaca alguna, y sin que los elementos policiacos se identificaran, ni mostraran ninguna orden de aprehensión.

“Desde el inicio, todo estuvo mal. No hubo ningún citatorio, ningún aviso, ninguna orden para detenerlos”, señaló Margarita Hernández, quien añadió que ya en el interior del vehículo su hijo y su compañero recibieron agresiones físicas y verbales para que confesaran el homicidio del periodista Carlos Domínguez.

“Los ministeriales les decían: ustedes échense la culpa. Digan que son culpables y los soltamos ahora mismo”, narró Hernández.

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The Hattori family

Yoshihiro Hattori: cómo tocar la puerta equivocada acabó con la vida de un adolescente japonés en EU

Un estudiante japonés de intercambio se perdió en Louisiana en Halloween de 1992 y murió tras recibir un balazo. El accidente desató toda una campaña para cambiar las leyes de control de armas en Estados Unidos.
The Hattori family
21 de octubre, 2019
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En octubre de 1992, Yoshihiro Hattori tocó la puerta equivocada.

Yoshi, como se le conocía, era un estudiante japonés de intercambio de 16 años que iba a una fiesta de Halloween en Baton Rouge, Louisiana, en el sur de Estados Unidos.

Estaba con su amigo Webb, y estaban perdidos.

Los dos muchachos cometieron un error inocente que le costó la vida a Yoshi.

Al accidente le siguió un frenesí mediático y luego una campaña masiva para cambiar las leyes de armas de EE.UU.

Los padres de Yoshi, su familia anfitriona en EE.UU. y un abogado de Louisiana hablaron con la BBC sobre aquel día de hace 27 en el que cambió sus vidas.

“Lo amaban”

En el verano de 1992, Yoshi viajó a EE.UU., donde iba a pasar un año de intercambio, a través de American Field Service (AFS), una organización mundial de intercambio para jóvenes.

Fue recibido en Dallas, Texas, por sus anfitriones, los Haymaker, que lo llevaron a su casa en Baton Rouge.

Yoshihiro Hattori pescando en 1989.

The Hattori family
Yoshihiro Hattori (en una imagen de 1989, posando con dos pescados) llegó a EE.UU. en 1992 para pasar allí un año como estudiante de intercambio.

Holley Haymaker, médica, y su esposo, Dick Haymaker, físico teórico, habían recibido estudiantes de intercambio antes. Pero Hattori les causó una impresión inmediata, dijeron.

“Yoshi era un extrovertido total”, recordó Holley. “Los alumnos de McKinley High School lo amaban porque era un espíritu muy libre”.

El hijo de los Haymakers, Webb, que tenía 16 años en ese momento, le dice a la BBC que Yoshi tenía un “enorme apetito por la vida y la experiencia” y que trataba de hacer amigos donde quiera que fuera.

“Estamos aquí para la fiesta”

La noche del sábado 17 de octubre, Yoshi y Webb iban a una fiesta de Halloween al noreste de Baton Rouge, en la ciudad de Central.

Yoshi estaba disfrazado del personaje de John Travolta en “Fiebre de sábado por la noche”, y Webb, de víctima de un accidente.

“Llegamos a una calle y vimos una casa que tenía decoraciones de Halloween, tres autos en la entrada y la dirección era 10311, aunque nosotros que queríamos ir al 10131. Pero vi la dirección y dije ‘¡aquí es!'”, cuenta Webb.

Webb Haymaker (centro) hablando con reporteros japoneses en un viaje a Japón en 1994.

AFP/Getty
Webb Haymaker (centro) hablando con reporteros japoneses en un viaje a Japón en 1994.

Webb y Yoshi tocaron la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Luego vieron a una mujer abrir la puerta lateral del garaje y mirar hacia afuera antes de cerrarla abruptamente.

“Nos estábamos yendo algo confundidos, y yo preguntándome si era otra casa”, señala Webb. “Pero alguien abrió la puerta, Rodney Peairs”.

Peairs, un carnicero de supermercado de 30 años, sostenía un revólver Magnum .44, y Yoshi se volvió hacia él.

“Supongo que no entendió que tenía un arma. Tal vez pensó que era algo de Halloween”, recuerda Webb.

“Simplemente dijo, a todo volumen y feliz, ‘¡Estamos aquí para la fiesta! ¡Estamos aquí para la fiesta!'”.

Peairs gritó “¡Quieto!”, pero Yoshi parecía no entender y siguió avanzando. Peairs disparó una vez, le dio a Yoshi en el pecho y cerró la puerta.

“Un vecino cualquiera”

Al otro lado de la ciudad, los Haymakers salían del cine después de ver “El último mohicano”.

La policía ubicó a Holley en su buscapersonas y cuando los contactó, le dijeron que Webb estaba bien, pero que Yoshi no.

Los padres de Yoshi, Masa y Mieko Hattori, se enteraron de la noticia a través de un trabajador de AFS.

Dos días después del asesinato, los Hattori volaron a Nueva Orleans. “Estaba aterrorizada”, recordó Holley. “Yo debía que cuidar a su hijo y lo mataron”.

Pero según Holley, “las primeras palabras que dijo la madre de Yoshi fueron: ‘¿Cómo está Webb?'”.

Cajas llenas con peticiones enviadas a EE.UU. en una campaña para acabar con el acceso fácil a armas organizada por los Hattoris.

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Los Hattori lanzaron una campaña para acabar con el acceso fácil a las armas en EE.UU.

La muerte de Yoshi conmocionó a la gente en Japón, donde las armas de fuego están prohibidas.

Masa y Mieko lanzaron inmediatamente una campaña en Japón pidiendo el fin del acceso fácil a las armas de fuego en EE.UU.

De vuelta en Baton Rouge, la policía inicialmente liberó a Peairs sin cargos, asumiendo que tenía derecho a dispararle a un intruso. Pero después de las quejas del gobernador de Louisiana y el cónsul de Japón en Nueva Orleans, fue acusado de homicidio involuntario.

Sus abogados argumentaron que actuó en defensa propia. Dijeron que Peairs “no era un asesino”, simplemente “un vecino cualquiera” que había reaccionado a la “forma extremadamente inusual de moverse” de Yoshi.

Bonnie Peairs, la esposa de Rodney, le dijo a la corte que Yoshi la había asustado y le había pedido a su esposo que “cogiera el arma”.

En mayo de 1993, Rodney Peairs fue absuelto después de una deliberación del jurado de solo tres horas.

Rodney Peairs saliendo de una prisión de Baton Rouge, en noviembre de 1992.

Getty Images
Los abogados de Rodney Peairs aseguraban que el muchacho podía ser “cualquiera de tus vecinos”.

Sin embargo, Masa y Mieko Hattori no desistieron de su activismo por el control de armas.

“Un viejo compañero de cuarto de Bill Clinton”

Unos 1,7 millones de japoneses firmaron la petición de los Hattori.

Dick Haymaker también decidió reunir firmas en EE.UU. y consiguió alrededor de 150.000.

Ambas familias estaban en Washington en noviembre de 1993 como parte de su campaña cuando lograron que Mieko le enviara una nota a un amigo de la familia que se encontraba en la Casa Blanca. “Un viejo compañero de cuarto de Bill Clinton”, recordó Dick.

El presidente Clinton habló con los Haymaker y los Hattori en el Despacho Oval. “Sentimos que fuimos bienvenidos”, dijeron Mieko y Masa. “Creemos que entendió nuestra posición. Deseaba fuertes leyes de control de armas”.

Mieko (centro) y Masa (derecha) poniéndole un adhesivo relacionado con el control de armas al entonces presidente Bill Clinton.

White House/Courtesy of Richard Haymaker
Mieko (centro) y Masa (derecha) poniéndole un adhesivo relacionado con el control de armas al entonces presidente Bill Clinton.

Los Hattori y los Haymaker reconocen que pese a su apoyo en privado, había poco que el presidente pudiera hacer en la práctica.

Pero la campaña de ambas familias y también el 30 aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy ese mes ayudaron a crear conciencia sobre el tema.

El Congreso aprobó la Ley Brady, para la prevención de la violencia con armas de fuego, que ordena la revisión de los antecedentes de los compradores de armas y un período de espera de cinco días para todas las compras.

Clinton promulgó la norma unas semanas después de reunirse con los Hattori y los Haymaker.

El embajador de EE.UU. en Japón, Walter Mondale, se reunió con los Hattori en diciembre de 1993 y les dio una copia de la ley, diciendo que habían tenido un “impacto muy claro en la aprobación del proyecto”.

La norma se había propuesto por primera vez en 1991, pero no se sometió a votación hasta unos meses después de la muerte de Yoshi.

El verano siguiente, en septiembre de 1994, el Congreso aprobó una moratoria de 10 años sobre la fabricación de ciertas armas semiautomáticas para uso civil.

Dick Haymaker dijo que era un momento en que el control de armas parecía posible.

“Las cosas podían cambiar, y sí cambiaron. La Ley Brady fue un primer paso importante en la verificación de antecedentes”, señaló.

James Brady (izquierda) observa a Bill Clinton firmando la Ley Brady.

AFP/Getty
Bill Clinton firmando la Ley Brady en noviembre de 1993, al lado de James Brady, que recibió un disparo en 1981 durante el intento de asesinato de Ronald Reagan.

Pero la lucha de los Hattori no acabó con esa ley. Iniciaron una demanda civil contra Rodney Peairs, su esposa Bonnie y su compañía de seguro de vivienda.

Se pusieron en contacto con Charles Moore, un abogado con experiencia en estos casos y que había renunciado a sus honorarios.

“Pensé que el seguro se negaría a pagar porque había sido un acto intencional y no hay cobertura para los actos intencionales”, dijo Moore en una entrevista telefónica.

Para su sorpresa, la aseguradora pagó US$100.000. El juez William Brown le dijo al tribunal que la autodefensa “no era aceptable”.

“No había justificación para que un asesinato fuera necesario para que Rodney Peairs se salvara”, dijo el juez Brown.

Los Hattori donaron el dinero para financiar medidas de control de armas en EE.UU.

Mieko y Masa siguen siendo activistas. Recientemente, hablaron con estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Parkland en febrero de 2018 y participaron en la “Marcha por nuestras vidas” en marzo de 2018.

Masa y Mieko (centro) en la "Marcha por nuestras vidas" en Nagoya, en marzo de 2018.

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Masa y Mieko (centro) en la “Marcha por nuestras vidas” en Nagoya, en marzo de 2018.

Los Haymaker donaron cientos de miles de dólares a grupos de control de armas y crearon el Fondo Conmemorativo Yoshihiro Hattori, que busca ayudar a cubrir los costos de los jóvenes japoneses que estudian en la universidad de Dick, Carleton College, en Minnesota.


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