Periodistas implicados en asesinato de comunicador, en lista de presos políticos que Segob liberaría
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Periodistas implicados en asesinato de comunicador, en lista de presos políticos que Segob liberaría

Familiares de los periodistas encarcelados denunciaron que éstos fueron torturados para implicarse en el homicidio del también comunicador Carlos Domínguez, en enero de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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21 de enero, 2019
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Tres periodistas tamaulipecos, detenidos y encarcelados por el homicidio en enero de 2018 del también comunicador Carlos Domínguez Rodríguez, forman parte de la lista de 199 personas que la senadora Nestora Salgado entregó en diciembre pasado a la Secretaría de Gobernación (Segob), de posibles casos de presos políticos, para analizar si podrían ser liberados por irregularidades en sus procesos.

Se trata de los periodistas Gabriel Garza Flores, quien colaboraba en un diario local de Tamaulipas escribiendo notas sobre seguridad; Luis Ignacio Valtierra, secretario general de la Unión de Periodistas Democráticos de Nuevo Laredo, y que tenía una página web con su nombre; y Juan José González Zúñiga, periodista independiente.

La detención de los tres comunicadores, junto a tres implicados más, fue anunciada el 28 de marzo del año pasado por las Procuradurías federal y estatal de Tamaulipas como probables responsables del asesinato del también periodista Carlos Domínguez Rodríguez, el pasado 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Lee: A un año del asesinato del periodista Carlos Domínguez, sigue sin resolverse

Los seis fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, y están a la espera de un juicio oral por encontrarse en revisión los amparos que interpusieron.

Tras la detención de los tres periodistas, familiares y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una asociación civil tamaulipeca, denunciaron que éstos fueron aprehendidos arbitrariamente por la policía estatal y víctimas de tortura para auto-implicarse en el homicidio de Carlos Domínguez.

Familiares de los comunicadores se reunieron en Nuevo Laredo con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, para entregarle una copia de la queja que interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que denuncian que los periodistas fueron víctimas de una “investigación amañada” por las autoridades tamaulipecas.

“En la reunión, se comprometieron a que, durante la próxima semana, van a mandar a personal de la Segob a Nuevo Laredo para escuchar nuestro caso”, dijo en entrevista Margarita Hernández, madre del periodista Luis Ignacio Valtierra, aunque matizó que no les precisaron el día.

Por su parte, a un año del homicidio de Carlos Domínguez, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, publicaron el pasado lunes un informe en el que señalaron que, a pesar de las seis detenciones por el homicidio, entre los que las autoridades tamaulipecas ya identifican quién sería el presunto autor intelectual, el caso no está resuelto, debido a que aún quedan dudas sobre cómo se está realizando la investigación del suceso.

Además, el hijo del periodista, también de nombre Carlos Domínguez, denunció durante la presentación del informe que su familia no ha tenido acceso al expediente para poder comprobar en qué estado se encuentra la investigación ministerial, a pesar de que como víctimas tienen derecho a ello.

Un año del caso, muchas dudas

El asesinato del periodista Carlos Domínguez, el primero en 2018 de nueve casos, tuvo lugar el 13 de enero del año pasado, en pleno centro de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

Domínguez, que escribía columnas de opinión en El Horizonte de Matamoros, y que colaboró previamente para otros medios como El Diario del Sur, Diario de Acayucan, Notisur, y Noticias Tampico, iba a bordo de un Ford Focus 2001 con sus dos nietos, cuando, a plena luz del día, personas desconocidas lo interceptaron con otro coche, bajaron, y lo apuñalaron hasta la muerte.

Tres días después, el 16 de enero, el gobierno de Tamaulipas ofreció una recompensa de dos millones de pesos para quien pudiera aportar información sobre los responsables del crimen.

Y el 29 de marzo, en dos meses, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría estatal de Tamaulipas anunciaron que detuvieron en operativos en Tamaulipas y Zacatecas a los periodistas ya mencionados, Gabriel Garza, Luis Ignacio Valtierra, y Juan José González, a quienes señala como autores materiales, más otras tres personas: David y Adrián ‘N’, también autores materiales; y el presunto autor intelectual del asesinato, Rodolfo Alfredo Cantú García, tío del ex edil de Nuevo Laredo (2013-2016) por el PAN, Carlos Canturosas Villarreal.

Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, subrayó en entrevista con Animal Político que el móvil del homicidio está claramente relacionado con la actividad periodística crítica de Carlos Domínguez, y que así lo reconoció la propia Procuraduría de Tamaulipas.

Reporteros Sin Fronteras documentó que Carlos Domínguez escribía columnas criticando la labor de las autoridades locales de Nuevo Laredo. Y que, al momento del asesinato, también estaba trabajando en una investigación periodística respecto a un desvío de más de 600 millones de pesos a través de 128 empresas fantasma.

Sin embargo, aunque el porqué del asesinato parece claro, Flores subrayó que el caso continúa sin estar resuelto.

“Por ejemplo, aún no hay certeza sobre la autoría intelectual –apuntó la periodista-. La Procuraduría de Tamaulipas dice que ya lo tiene –Rodolfo Alfredo Cantú-, pero aún tenemos muchas preguntas que no han respondido. Por ejemplo, nos preguntamos de qué manera dieron tan rápido con el autor intelectual, y qué elementos tienen para señalarlo”.

Por eso, añadió Flores, entre las recomendaciones que dirigieron en el informe de Reporteros Sin Fronteras a la Procuraduría tamaulipeca destacan dos: transparentar la información de qué han investigado y qué líneas están siguiendo, y darle acceso a Carlos Domínguez, hijo del comunicador asesinado, al expediente del caso, o darle una copia, como es su derecho.

Acusan detención arbitraria y tortura

Aunado a estas dudas acerca de la investigación que llevó a seis personas a la cárcel, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una asociación civil que ha documentado más de 50 casos de personas desaparecidas en Tamaulipas solo en 2018, denunció que los tres periodistas presos fueron detenidos de manera arbitraria, incomunicados, y torturados para que se auto-incriminaran en el homicidio.

“La detención de los tres periodistas fue un claro ejemplo de abuso de poder del gobierno de Tamaulipas”, dijo en entrevista con Animal Político el activista Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

El Comité presentó el pasado 3 de abril una queja ante la Comisión estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, por considerar que los tres reporteros fueron víctimas de una investigación “falsa, montada y amañada” por las autoridades de investigación del estado tamaulipeco.

Margarita Hernández, madre del periodista detenido Luis Ignacio Valtierra, denunció también en entrevista con Animal Político que su hijo, y su compañero Juan Jesús González Zúñiga, fueron detenidos durante la noche del 25 de enero de 2018 por tres camionetas sin ninguna leyenda o logotipo de que pertenecieran a corporación policiaca alguna, y sin que los elementos policiacos se identificaran, ni mostraran ninguna orden de aprehensión.

“Desde el inicio, todo estuvo mal. No hubo ningún citatorio, ningún aviso, ninguna orden para detenerlos”, señaló Margarita Hernández, quien añadió que ya en el interior del vehículo su hijo y su compañero recibieron agresiones físicas y verbales para que confesaran el homicidio del periodista Carlos Domínguez.

“Los ministeriales les decían: ustedes échense la culpa. Digan que son culpables y los soltamos ahora mismo”, narró Hernández.

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Qué implica que García Luna se declarara 'no culpable' de narcotráfico en EU

El otrora hombre fuerte de la policía en México apareció en una corte de Nueva York acusado de conspiración para el narcotráfico y otros cargos que rechazó. Permanecerá detenido mientras se define si va a juicio.
5 de enero, 2020
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Genaro García Luna

Getty Images
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México.

Fue una escena con ribetes surrealistas: Genaro García Luna, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado de conspiración para traficar cocaína.

En una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012).

Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.

La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.

Después que la fiscalía advirtiera que hay un “riesgo inaceptable de fuga” si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.

¿Habrá juicio?

Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.

El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.

García Luna y Felipe Calderón

Getty Images
García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la “prueba” de que el narcotráfico convivía con el poder en su país.

“Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva”, sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.

Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.

Aunque se declaró “no culpable”, García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.

De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes.

“Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos” para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte.

“Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer”, añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.

¿Habrá acuerdo?

Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a “El Chapo” Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa.

Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.

Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.

En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran “mentira, difamación y perjurio” en su contra y negó haber tenido contacto “con personas vinculadas con actividad delictiva”.

Zambada

Reuters
Jesús Zambada acusó a Garcia Luna de recibir dinero del narco.

Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha “amasado una fortuna personal” de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.

La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.

Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad.

Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno”, dice el abogado.

“Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación”, agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.

Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a “El Chapo” y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.


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