Organizaciones de derechos humanos presentaron una propuesta de políticas públicas para la verdad, justicia y reparación a las víctimas que elaboraron desde septiembre pasado, tras el compromiso del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de aceptar estos mecanismos y trabajar junto con la sociedad civil para crearlos.

Aunque no acudió ningún funcionario de alto nivel de la Secretaría de Gobernación, sino solo dos personas del equipo de la subsecretaría de derechos humanos, que trabajan con Alejandro Encinas, estos se comprometieron a que los temas serán incluidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que estará listo dentro de los próximos seis meses.

Mecanismo Internacional Contra la Impunidad

Los activistas consideran necesario el apoyo internacional para hacer investigaciones complejas que las autoridades mexicanas han demostrado no saber hacer, y para que sean capaces de acusar ante los tribunales a altos funcionarios y exfuncionarios de gobierno. Detallan que la transformación ocurrida hace unas semanas de Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía independiente tomará tiempo, por lo que el apoyo exterior acompañaría en un primer momento.

Tal como adelantó  Animal Político, podría ser una fiscalía particular con asistencia técnica y bajo vigilancia de la ONU, o una misión especial de Naciones Unidas como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que operó durante más de una década en ese país y llevó ante la justicia a expresidentes y funcionarios de alto rango.

Operaría para todo el territorio, con delitos cometidos después de 1968. Para el primer año se sugiere asignarle 20 millones de pesos.

Los colectivos consideran que en los procesos de investigación que lleven a cabo tanto una Comisión de la Verdad como un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, a todas las víctimas que participen, testigos de delitos, operadores de justicia o cualquier persona vinculada se le deben brindar medidas de protección para garantizar que colaboren sin ponerse en riesgo.

“La protección que brinde debe ser integral, es decir, no sólo física, también psicológica y de atención a las necesidades apremiantes de las víctimas, debe tener perspectiva de género y enfoque diferenciado para ser eficaz”, señala el documento y agrega brindar seguridad económica si fuera necesario.

Una sugerencia es que pueda coordinarse con el existente Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de derechos humanos.

Para su operación práctica, deberá generar análisis de contexto de riesgo regionales para cada caso, observando los riesgos institucionales, estatales, de criminalidad, familiares y comunitarios. Además, considerar el tipo de víctima que está protegiendo y quiénes son los perpetradores.

En el primer año, se definiría la estructura, metodología y tipo de medidas de protección. El plan sería que en cinco años pudiera transferir sus capacidades y buenas prácticas a otros organismos de protección ordinarios y ya existentes.

Comisión de la Verdad

La propuesta reclama que el gobierno ha negado la masividad del conflicto y las violaciones graves a derechos humanos que se han perpetrado en el país, en especial desde el inicio de la guerra contra el narco, a partir de 2006. Por ello considera indispensable un proceso que ofrezca una narrativa creíble de qué es lo que ha pasado en el país, una Comisión Nacional de la Verdad y la Memoria Histórica (CVMH), extendida a lo largo de las últimas seis décadas, que generaron las condiciones actuales.

Por un lado, explica el documento del que se dio a conocer un primer borrador en diciembre, conocer la verdad sobre violaciones a derechos humanos, exponer a los perpetradores y llevar ante la justicia a los culpables, disuade a otros actores del Estado a volver a corromperse y lastimar a la población. Por otro lado, la experiencia internacional muestra que dignifica a las víctimas.

“La verdad y la memoria también sirven para la sanación individual y colectiva. Los procesos de sanación son fundamentales ya que las comunidades traumatizadas son incapaces de proyectarse hacia el futuro; las pérdidas socavan las energías para reconstruir la vida y la sociedad misma. Un proceso de sanación necesita trabajar con el pasado para transformar las narrativas de derrota en narrativas de esperanza y futuro”, subraya.

Esta comisión e enfocaría en dos periodos: los hechos de violencia política y represión cometidos entre 1965 y 2006, y lo que ha ocasionado la guerra contra el narco desde 2006 hasta la fecha. La integrarían entre siete y 12 personas, en colaboración con diversos expertos, pero tendría una estructura descentralizada, con oficinas en cada estado.

Trabajaría durante tres años, con posibilidad de extenderse, para tener como resultado un gran informe que explique la violencia en esos periodos, e informes sobre temas específicos.

Participación de víctimas en la discusión y diseño de políticas

Los activistas consideran fundamental crear un sistema estructurado de participación de víctimas y sociedad civil para la implementación de las medidas de justicia transicional. Esto para evitar un uso político de las víctimas por parte del gobierno que sólo quiera legitimarse o cooptar a las personas. En lugar de eso, señala, serviría para empoderarlas, de modo que se garantice que la presencia de voces de las víctimas sea efectiva, representativa, robusta y sostenible en el tiempo.

“Si cumple con ciertas condiciones, la participación de las víctimas tiene potencial para transformar las relaciones desiguales de poder que permitieron la comisión de atrocidades en su contra, o que en todo caso son contrarias a la justicia. En efecto, la participación puede fomentar la organización política y el empoderamiento de las víctimas, de modo que sus condiciones de vulnerabilidad no les impidan incidir en las decisiones que las afectan”, detalla el texto.

Considerando las condiciones por las que atraviesa México, especifica que el mecanismo a diseñar sería para una “participación inicial”, que fomente la creación de agendas propias por parte de las víctimas y les dé independencia de gobierno.

Lo mínimo que se propone para organizar la participación, es: que tenga incidencia, es decir, que realmente se tomen en cuenta las propuestas sociales y se dé lugar a que sigan aportando; que puedan participar tanto las víctimas organizadas como las que no pertenecen a ningún colectivo; un enfoque territorial, donde desde lo local tengan voz y articulación con lo federal; con garantías de seguridad. También que se den condiciones de sostenibilidad, como brindar transporte y hospedaje a quienes deben desplazarse para asistir a reuniones.

Para su operación en específico, el plan sería empezar por crear mesas locales de víctimas en municipios en los que haya variedad de colectivos y presencia de víctimas no organizadas, así como por la gravedad de la victimización existente en esos lugares. Un nivel estatal o regional para consensuar decisiones y hacer propuestas más amplias, y un nivel nacional donde con presencias locales se cree la política integral de justicia transicional.

Se esperaría que estas mesas empiecen a funcionar en el primer año de implementación, y que para el quinto año se pueda calificar que hubo una incidencia en la implementación de los mecanismos de justicia que se hayan creado. A largo plazo, la idea es que las víctimas estén empoderadas y tengan capacidad de acción colectiva.

Nuevo modelo de reparación a las víctimas

Aunque existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los colectivos han denunciado que su papel se limita a dar apoyos económicos y no a realmente reparar el daño que las familias y víctimas han sufrido. Para empezar, subraya que las reparaciones no pueden funcionar como un programa social, sino que tiene que concebirse como un derecho.

La propuesta se enfoca en crear un programa emergente de reparaciones que sirva para atender a víctimas de forma masiva. Para ello, se empezaría por establecer con amplitud todas las condiciones por las que una persona puede ser considerada víctima.

“Definidas las violaciones cubiertas por el programa se presumirán todos los tipos de daños que esa violación puede causar y se propondrán medidas integrales estandarizadas que permitan lograr resultados en los primeros años de implementación del programa. En el programa no se analizarán de forma específica el quién, cómo y dónde. Tampoco se exigirán mayores evaluaciones médicas de los daños. El objetivo central será reparar a las víctimas que sufrieron la misma violación en un determinado contexto”, explica el documento.

Advierte que el programa creado debe ser realista, sin prometer más de lo que se puede cumplir, porque las víctimas ya están decepcionadas del Estado y una errónea implementación aumentaría el daño.

Además deja claro que para que la reparación sea completa debe haber verdad y justicia, y crearse las condiciones de paz para garantizar la no repetición de los hechos que causaron la victimización.