¿Qué propone la sociedad civil para tener verdad, justicia y reparación a víctimas?
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¿Qué propone la sociedad civil para tener verdad, justicia y reparación a víctimas?

Organizaciones de derechos humanos plantean cinco ejes de acción que incluyen la creación de: una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, y una unidad de protección a víctimas y testigos.
Cuartoscuro
23 de enero, 2019
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Organizaciones de derechos humanos presentaron una propuesta de políticas públicas para la verdad, justicia y reparación a las víctimas que elaboraron desde septiembre pasado, tras el compromiso del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de aceptar estos mecanismos y trabajar junto con la sociedad civil para crearlos.

Aunque no acudió ningún funcionario de alto nivel de la Secretaría de Gobernación, sino solo dos personas del equipo de la subsecretaría de derechos humanos, que trabajan con Alejandro Encinas, estos se comprometieron a que los temas serán incluidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que estará listo dentro de los próximos seis meses.

Los cinco ejes, derivados de cinco mesas de trabajo acordadas con López Obrador en un foro en septiembre, son: una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, y una unidad de protección a víctimas y testigos. Estos son los puntos más importantes en cada uno:

Mecanismo Internacional Contra la Impunidad

Los activistas consideran necesario el apoyo internacional para hacer investigaciones complejas que las autoridades mexicanas han demostrado no saber hacer, y para que sean capaces de acusar ante los tribunales a altos funcionarios y exfuncionarios de gobierno. Detallan que la transformación ocurrida hace unas semanas de Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía independiente tomará tiempo, por lo que el apoyo exterior acompañaría en un primer momento.

“Un organismo de investigación internacionalizado, proporcionaría la asistencia temporal necesaria para lograr este objetivo y sería menos vulnerable frente a los intereses partidistas y obstrucciones políticas que actualmente socavan el sistema de justicia penal mexicano”, explica la propuesta.

Tal como adelantó  Animal Político, podría ser una fiscalía particular con asistencia técnica y bajo vigilancia de la ONU, o una misión especial de Naciones Unidas como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que operó durante más de una década en ese país y llevó ante la justicia a expresidentes y funcionarios de alto rango.

Operaría para todo el territorio, con delitos cometidos después de 1968. Para el primer año se sugiere asignarle 20 millones de pesos.

Unidad de protección a víctimas y testigos

Los colectivos consideran que en los procesos de investigación que lleven a cabo tanto una Comisión de la Verdad como un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, a todas las víctimas que participen, testigos de delitos, operadores de justicia o cualquier persona vinculada se le deben brindar medidas de protección para garantizar que colaboren sin ponerse en riesgo.

“La protección que brinde debe ser integral, es decir, no sólo física, también psicológica y de atención a las necesidades apremiantes de las víctimas, debe tener perspectiva de género y enfoque diferenciado para ser eficaz”, señala el documento y agrega brindar seguridad económica si fuera necesario.

Para el mecanismo internacional, en específico, se propone que la unidad de protección esté incluida en un convenio con la ONU, coordinada con otras instancias mexicanas que existan para dar seguridad, aunque independiente de ellas.

Una sugerencia es que pueda coordinarse con el existente Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de derechos humanos.

Para su operación práctica, deberá generar análisis de contexto de riesgo regionales para cada caso, observando los riesgos institucionales, estatales, de criminalidad, familiares y comunitarios. Además, considerar el tipo de víctima que está protegiendo y quiénes son los perpetradores.

En el primer año, se definiría la estructura, metodología y tipo de medidas de protección. El plan sería que en cinco años pudiera transferir sus capacidades y buenas prácticas a otros organismos de protección ordinarios y ya existentes.

Comisión de la Verdad

La propuesta reclama que el gobierno ha negado la masividad del conflicto y las violaciones graves a derechos humanos que se han perpetrado en el país, en especial desde el inicio de la guerra contra el narco, a partir de 2006. Por ello considera indispensable un proceso que ofrezca una narrativa creíble de qué es lo que ha pasado en el país, una Comisión Nacional de la Verdad y la Memoria Histórica (CVMH), extendida a lo largo de las últimas seis décadas, que generaron las condiciones actuales.

Por un lado, explica el documento del que se dio a conocer un primer borrador en diciembre, conocer la verdad sobre violaciones a derechos humanos, exponer a los perpetradores y llevar ante la justicia a los culpables, disuade a otros actores del Estado a volver a corromperse y lastimar a la población. Por otro lado, la experiencia internacional muestra que dignifica a las víctimas.

“La verdad y la memoria también sirven para la sanación individual y colectiva. Los procesos de sanación son fundamentales ya que las comunidades traumatizadas son incapaces de proyectarse hacia el futuro; las pérdidas socavan las energías para reconstruir la vida y la sociedad misma. Un proceso de sanación necesita trabajar con el pasado para transformar las narrativas de derrota en narrativas de esperanza y futuro”, subraya.

Esta comisión e enfocaría en dos periodos: los hechos de violencia política y represión cometidos entre 1965 y 2006, y lo que ha ocasionado la guerra contra el narco desde 2006 hasta la fecha. La integrarían entre siete y 12 personas, en colaboración con diversos expertos, pero tendría una estructura descentralizada, con oficinas en cada estado.

Trabajaría durante tres años, con posibilidad de extenderse, para tener como resultado un gran informe que explique la violencia en esos periodos, e informes sobre temas específicos.

Participación de víctimas en la discusión y diseño de políticas

Los activistas consideran fundamental crear un sistema estructurado de participación de víctimas y sociedad civil para la implementación de las medidas de justicia transicional. Esto para evitar un uso político de las víctimas por parte del gobierno que sólo quiera legitimarse o cooptar a las personas. En lugar de eso, señala, serviría para empoderarlas, de modo que se garantice que la presencia de voces de las víctimas sea efectiva, representativa, robusta y sostenible en el tiempo.

“Si cumple con ciertas condiciones, la participación de las víctimas tiene potencial para transformar las relaciones desiguales de poder que permitieron la comisión de atrocidades en su contra, o que en todo caso son contrarias a la justicia. En efecto, la participación puede fomentar la organización política y el empoderamiento de las víctimas, de modo que sus condiciones de vulnerabilidad no les impidan incidir en las decisiones que las afectan”, detalla el texto.

Considerando las condiciones por las que atraviesa México, especifica que el mecanismo a diseñar sería para una “participación inicial”, que fomente la creación de agendas propias por parte de las víctimas y les dé independencia de gobierno.

Lo mínimo que se propone para organizar la participación, es: que tenga incidencia, es decir, que realmente se tomen en cuenta las propuestas sociales y se dé lugar a que sigan aportando; que puedan participar tanto las víctimas organizadas como las que no pertenecen a ningún colectivo; un enfoque territorial, donde desde lo local tengan voz y articulación con lo federal; con garantías de seguridad. También que se den condiciones de sostenibilidad, como brindar transporte y hospedaje a quienes deben desplazarse para asistir a reuniones.

Para su operación en específico, el plan sería empezar por crear mesas locales de víctimas en municipios en los que haya variedad de colectivos y presencia de víctimas no organizadas, así como por la gravedad de la victimización existente en esos lugares. Un nivel estatal o regional para consensuar decisiones y hacer propuestas más amplias, y un nivel nacional donde con presencias locales se cree la política integral de justicia transicional.

Se esperaría que estas mesas empiecen a funcionar en el primer año de implementación, y que para el quinto año se pueda calificar que hubo una incidencia en la implementación de los mecanismos de justicia que se hayan creado. A largo plazo, la idea es que las víctimas estén empoderadas y tengan capacidad de acción colectiva.

Nuevo modelo de reparación a las víctimas

Aunque existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los colectivos han denunciado que su papel se limita a dar apoyos económicos y no a realmente reparar el daño que las familias y víctimas han sufrido. Para empezar, subraya que las reparaciones no pueden funcionar como un programa social, sino que tiene que concebirse como un derecho.

La propuesta se enfoca en crear un programa emergente de reparaciones que sirva para atender a víctimas de forma masiva. Para ello, se empezaría por establecer con amplitud todas las condiciones por las que una persona puede ser considerada víctima.

“Definidas las violaciones cubiertas por el programa se presumirán todos los tipos de daños que esa violación puede causar y se propondrán medidas integrales estandarizadas que permitan lograr resultados en los primeros años de implementación del programa. En el programa no se analizarán de forma específica el quién, cómo y dónde. Tampoco se exigirán mayores evaluaciones médicas de los daños. El objetivo central será reparar a las víctimas que sufrieron la misma violación en un determinado contexto”, explica el documento.

Advierte que el programa creado debe ser realista, sin prometer más de lo que se puede cumplir, porque las víctimas ya están decepcionadas del Estado y una errónea implementación aumentaría el daño.

Además deja claro que para que la reparación sea completa debe haber verdad y justicia, y crearse las condiciones de paz para garantizar la no repetición de los hechos que causaron la victimización.

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Por qué hace 100 años muchos en EU se negaron a usar cubrebocas contra la gripe española

En el peor momento de la gripe española de 1918 muchos estadounidenses se negaron a usar tapabocas, algo que también está sucediendo este 2020 con la pandemia de covid-19.
9 de agosto, 2020
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Manifestación en Estados Unidos contra el uso de mascarillas

Getty Images
Durante la pandemia de covid-19, se han organizado manifestaciones en contra del uso de mascarillas en Estados Unidos.

Todos hemos visto los titulares alarmantes: los casos de coronavirus están aumentando en 40 estados de Estados Unidos, con nuevos fallecimientos y tasas de hospitalización aumentando a un ritmo alarmante.

Los funcionarios de salud advirtieron que EE.UU. debe actuar rápidamente para detener la propagación o se correrá el riesgo de perder el control sobre la pandemia.

Para controlarlo existe un claro consenso de que se deben usar mascarillas en público y practicar el distanciamiento social.

Si bien la mayoría de los estadounidenses apoyan el uso de tapabocas, el cumplimiento generalizado y constante ha resultado difícil de mantener en las comunidades de todo el país.

Manifestantes se reunieron frente a los ayuntamientos de la ciudad de Scottsdale, Arizona; Austin, Texas; y otras ciudades para protestar contra los mandatos locales respecto a las mascarillas.

Varios alguaciles del estado de Washington y de Carolina del Norte han anunciado que no harán cumplir las normativas de uso.

He investigado extensamente la historia de la pandemia de 1918.

En ese momento, sin vacunas o terapias farmacológicas efectivas, las comunidades de todo el país instituyeron una serie de medidas de salud pública para frenar la propagación de una epidemia de influenza mortal: cerraron escuelas y negocios, prohibieron reuniones públicas y aislaron y pusieron en cuarentena a los infectados.

Titulares de periódicos de Chicago relacionados con la pandemia de gripe española

Getty Images
Titulares de periódicos de Chicago relacionados con la pandemia de gripe española que incluyen: “Redadas policiales en bares en la guerra contra la influenza”, “Toque de queda en la ciudad” y “Quien estornude sin taparse será detenido”.

Muchas comunidades recomendaron o exigieron que los ciudadanos usaran mascarillas en público, y eso, no los onerosos encierros, fue lo que provocó la mayor ira.

Por la patria

A mediados de octubre de 1918, en medio de una terrible epidemia en el noreste y brotes de rápido crecimiento en todo el país, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos distribuyó folletos recomendando que todos los ciudadanos usaran tapabocas.

La Cruz Roja sacó anuncios en los periódicos alentando su uso y ofreció instrucciones sobre cómo fabricar mascarillas en casa con gasa e hilo de algodón.

Algunos departamentos de salud estatales lanzaron sus propias iniciativas, sobre todo California, Utah y Washington.

En todo el país, los carteles presentaban el uso de mascarillas como un deber cívico: la responsabilidad social se había incrustado en el tejido social mediante una campaña de propaganda federal masiva en tiempos de guerra lanzada a principios de 1917, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial.

barrendero con una máscara en Nueva York

Getty Images
Siguiendo la recomendación de la Junta de Salud de Nueva York, es “Mejor ser ridículo que estar muerto”, un barrendero usa una mascarilla en octubre de 1918.

El alcalde de San Francisco, James Rolph, anunció entonces que “la conciencia, el patriotismo y la autoprotección exigen un cumplimiento inmediato y rígido” del uso de tapabocas.

En las cercanías de Oakland, el alcalde John Davie declaró que “es sensato y patriótico, sin importar cuáles sean nuestras creencias personales, proteger a nuestros conciudadanos uniéndonos a esta práctica”.

Sin orden

Los funcionarios de salud entendieron que cambiar radicalmente el comportamiento del público era una tarea difícil, especialmente porque a muchos les resultaba incómodo usar mascarillas.

Los llamamientos al patriotismo solo podían llegar hasta cierto punto.

Como señaló un funcionario de Sacramento (California), las personas “deben ser obligadas a hacer las cosas que son mejores para sus intereses”.

La Cruz Roja declaró sin rodeos que “el hombre, la mujer o el niño que no use mascarilla es ahora un negligente peligroso“.

Numerosas comunidades, particularmente en todo el Occidente del país, impusieron ordenanzas obligatorias. Algunos condenaron a los delincuentes a penas de cárcel breves y las multas oscilaron entre US$5 y US$200.

Juicio en un parque en San Francisco

Getty Images
En San Francisco,los jueces se salieron de las cortes y los juicios se hicieron al aire libre… pero sin mascarillas.

La aprobación de estas ordenanzas fue con frecuencia un asunto polémico. Por ejemplo, el director de salud de Sacramento tuvo que intentar varias veces antes de lograr convencer a los funcionarios de la ciudad de que promulgaran la normativa.

En Los Ángeles, no fue aprobada. Un proyecto de resolución en Portland, Oregón, provocó un acalorado debate en el consejo de la ciudad y un funcionario declaró la propuesta como “autocrática e inconstitucional”, y agregó: “Bajo ninguna circunstancia me pondrán un bozal como a un perro hidrófobo“. La medida no prosperó.

La junta de salud de Utah consideró emitir una orden obligatoria de mascarillas en todo el estado, pero decidió no hacerlo, argumentando que los ciudadanos sentirían una falsa seguridad y relajarían sus cuidados.

A medida que la epidemia resurgía, Oakland debatió una segunda orden de uso de tapabocas después de que el alcalde contara enojado que lo habían arrestado en Sacramento por no llevar una puesta.

Un médico prominente que asistió al debate comentó que “si un hombre de las cavernas apareciera… pensaría que los ciudadanos enmascarados son todos lunáticos“.

Con orden

En los lugares donde las órdenes de usar mascarillas se implementaron con éxito, el incumplimiento y el desafío se convirtieron rápidamente en un problema.

Barbería en Chicago en 1918

Getty Images
En Chicago, solo uno de los barberos de este local usa mascarilla, algo que, en este caso, es imposible para cualquiera de los clientes.

Muchas tiendas que no estaban dispuestas a rechazar clientela, no prohibían el ingreso a los desenmascarados.

Los trabajadores se quejaron de que los tapabocas eran demasiado incómodos para usarlos todo el día.

Una vendedora de Denver se negó porque dijo que “se le dormía la nariz” cada vez que se ponía una. Otra dijo que creía que “una autoridad superior al Departamento de Salud de Denver se ocupaba de su bienestar”.

Como lo expresó un periódico local, la orden de usar máscaras “fue casi totalmente ignorada por la gente; de hecho, la orden es motivo de burla”.

La regla fue enmendada para aplicarse solo a los conductores de tranvías, quienes luego amenazaron con hacer huelga. Se evitó una huelga cuando la ciudad flexibilizó la norma una vez más.

Denver soportó el resto de la epidemia sin ninguna medida que protegiera la salud pública.

En Seattle, por su parte, los conductores de tranvías se negaron a rechazar a los pasajeros sin tapabocas.

Un conductor de tranvía rechaza la entrada a un viajero que no usa máscara, Seattle, Washington, diciembre de 1918.

Getty Images
Un conductor de tranvía rechaza la entrada a un viajero que no usa mascarilla en Seattle, Washington, diciembre de 1918.

El incumplimiento estaba tan extendido en Oakland que los funcionarios delegaron a 300 voluntarios civiles del Servicio de Guerra para conseguir los nombres y direcciones de los infractores para que pudieran ser acusados.

Cuando entró en vigencia una orden de mascarillas en Sacramento, el jefe de policía ordenó a los oficiales: “Salgan a las calles y siempre que vean a un hombre sin tapabocas, tráiganlo o manden a buscar el carro”. En 20 minutos, las estaciones de policía se inundaron de delincuentes.

En San Francisco hubo tantos arrestos que el jefe de policía le advirtió a los funcionarios de la ciudad que se estaba quedando sin celdas en la cárcel. Los jueces y oficiales se vieron obligados a trabajar hasta altas horas de la noche y los fines de semana para despejar la acumulación de casos.

Protestas

Muchos de los que fueron sorprendidos sin mascarillas eran personas que pensaron que podían ir a hacer un mandado o al trabajo sin que los atraparan.

En San Francisco, sin embargo, el incumplimiento inicial se convirtió en un desafío a gran escala cuando la ciudad promulgó una segunda ordenanza sobre tapabocas en enero de 1919, momento en que la epidemia se disparó nuevamente.

Muchos denunciaron lo que consideraron una infracción inconstitucional de sus libertades civiles.

Policía estadounidense con máscara.

Getty Images
La decisión de arrestar a quienes no usaran mascarillas llenó las cárceles de “delincuentes”.

El 25 de enero de 1919 aproximadamente 2,000 miembros de la Liga Antimascarilla hicieron una manifestación para denunciar la ordenanza de tapabocas y proponer formas de derrocarla. Entre los asistentes se encontraban varios médicos destacados y un miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco.

Ayer y hoy

Es difícil determinar la efectividad de las máscaras utilizadas en 1918.

Hoy en día, tenemos un creciente cuerpo de evidencia de que los revestimientos faciales de tela bien confeccionados son una herramienta eficaz para frenar la propagación del covid-19.

Sin embargo, queda por verse si los estadounidenses mantendrán el uso generalizado de mascarillas mientras la pandemia actual continúa desarrollándose.

Los ideales profundamente arraigados de la libertad individual, la falta de mensajes cohesivos y liderazgo en el uso de mascarillas y la desinformación generalizada han demostrado ser los principales obstáculos hasta ahora, precisamente cuando la crisis exige consenso y un cumplimiento generalizado.

Ese fue ciertamente el caso en muchas comunidades durante el otoño de 1918. Esa pandemia finalmente mató a unas 675,000 personas en EE.UU.

Ojalá que la historia no esté repitiéndose.


* J. Alexander Navarro es el subdirector del Centro de Historia de la Medicina de la Universidad de Michigan.

Esta nota apareció originalmente en The Conversation y se publica aquí bajo una licencia de Creative Commons.

Lee la nota original en inglés aquí.

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