¿Qué propone la sociedad civil para tener verdad, justicia y reparación a víctimas?
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¿Qué propone la sociedad civil para tener verdad, justicia y reparación a víctimas?

Organizaciones de derechos humanos plantean cinco ejes de acción que incluyen la creación de: una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, y una unidad de protección a víctimas y testigos.
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23 de enero, 2019
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Organizaciones de derechos humanos presentaron una propuesta de políticas públicas para la verdad, justicia y reparación a las víctimas que elaboraron desde septiembre pasado, tras el compromiso del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de aceptar estos mecanismos y trabajar junto con la sociedad civil para crearlos.

Aunque no acudió ningún funcionario de alto nivel de la Secretaría de Gobernación, sino solo dos personas del equipo de la subsecretaría de derechos humanos, que trabajan con Alejandro Encinas, estos se comprometieron a que los temas serán incluidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que estará listo dentro de los próximos seis meses.

Los cinco ejes, derivados de cinco mesas de trabajo acordadas con López Obrador en un foro en septiembre, son: una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, y una unidad de protección a víctimas y testigos. Estos son los puntos más importantes en cada uno:

Mecanismo Internacional Contra la Impunidad

Los activistas consideran necesario el apoyo internacional para hacer investigaciones complejas que las autoridades mexicanas han demostrado no saber hacer, y para que sean capaces de acusar ante los tribunales a altos funcionarios y exfuncionarios de gobierno. Detallan que la transformación ocurrida hace unas semanas de Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía independiente tomará tiempo, por lo que el apoyo exterior acompañaría en un primer momento.

“Un organismo de investigación internacionalizado, proporcionaría la asistencia temporal necesaria para lograr este objetivo y sería menos vulnerable frente a los intereses partidistas y obstrucciones políticas que actualmente socavan el sistema de justicia penal mexicano”, explica la propuesta.

Tal como adelantó  Animal Político, podría ser una fiscalía particular con asistencia técnica y bajo vigilancia de la ONU, o una misión especial de Naciones Unidas como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que operó durante más de una década en ese país y llevó ante la justicia a expresidentes y funcionarios de alto rango.

Operaría para todo el territorio, con delitos cometidos después de 1968. Para el primer año se sugiere asignarle 20 millones de pesos.

Unidad de protección a víctimas y testigos

Los colectivos consideran que en los procesos de investigación que lleven a cabo tanto una Comisión de la Verdad como un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, a todas las víctimas que participen, testigos de delitos, operadores de justicia o cualquier persona vinculada se le deben brindar medidas de protección para garantizar que colaboren sin ponerse en riesgo.

“La protección que brinde debe ser integral, es decir, no sólo física, también psicológica y de atención a las necesidades apremiantes de las víctimas, debe tener perspectiva de género y enfoque diferenciado para ser eficaz”, señala el documento y agrega brindar seguridad económica si fuera necesario.

Para el mecanismo internacional, en específico, se propone que la unidad de protección esté incluida en un convenio con la ONU, coordinada con otras instancias mexicanas que existan para dar seguridad, aunque independiente de ellas.

Una sugerencia es que pueda coordinarse con el existente Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de derechos humanos.

Para su operación práctica, deberá generar análisis de contexto de riesgo regionales para cada caso, observando los riesgos institucionales, estatales, de criminalidad, familiares y comunitarios. Además, considerar el tipo de víctima que está protegiendo y quiénes son los perpetradores.

En el primer año, se definiría la estructura, metodología y tipo de medidas de protección. El plan sería que en cinco años pudiera transferir sus capacidades y buenas prácticas a otros organismos de protección ordinarios y ya existentes.

Comisión de la Verdad

La propuesta reclama que el gobierno ha negado la masividad del conflicto y las violaciones graves a derechos humanos que se han perpetrado en el país, en especial desde el inicio de la guerra contra el narco, a partir de 2006. Por ello considera indispensable un proceso que ofrezca una narrativa creíble de qué es lo que ha pasado en el país, una Comisión Nacional de la Verdad y la Memoria Histórica (CVMH), extendida a lo largo de las últimas seis décadas, que generaron las condiciones actuales.

Por un lado, explica el documento del que se dio a conocer un primer borrador en diciembre, conocer la verdad sobre violaciones a derechos humanos, exponer a los perpetradores y llevar ante la justicia a los culpables, disuade a otros actores del Estado a volver a corromperse y lastimar a la población. Por otro lado, la experiencia internacional muestra que dignifica a las víctimas.

“La verdad y la memoria también sirven para la sanación individual y colectiva. Los procesos de sanación son fundamentales ya que las comunidades traumatizadas son incapaces de proyectarse hacia el futuro; las pérdidas socavan las energías para reconstruir la vida y la sociedad misma. Un proceso de sanación necesita trabajar con el pasado para transformar las narrativas de derrota en narrativas de esperanza y futuro”, subraya.

Esta comisión e enfocaría en dos periodos: los hechos de violencia política y represión cometidos entre 1965 y 2006, y lo que ha ocasionado la guerra contra el narco desde 2006 hasta la fecha. La integrarían entre siete y 12 personas, en colaboración con diversos expertos, pero tendría una estructura descentralizada, con oficinas en cada estado.

Trabajaría durante tres años, con posibilidad de extenderse, para tener como resultado un gran informe que explique la violencia en esos periodos, e informes sobre temas específicos.

Participación de víctimas en la discusión y diseño de políticas

Los activistas consideran fundamental crear un sistema estructurado de participación de víctimas y sociedad civil para la implementación de las medidas de justicia transicional. Esto para evitar un uso político de las víctimas por parte del gobierno que sólo quiera legitimarse o cooptar a las personas. En lugar de eso, señala, serviría para empoderarlas, de modo que se garantice que la presencia de voces de las víctimas sea efectiva, representativa, robusta y sostenible en el tiempo.

“Si cumple con ciertas condiciones, la participación de las víctimas tiene potencial para transformar las relaciones desiguales de poder que permitieron la comisión de atrocidades en su contra, o que en todo caso son contrarias a la justicia. En efecto, la participación puede fomentar la organización política y el empoderamiento de las víctimas, de modo que sus condiciones de vulnerabilidad no les impidan incidir en las decisiones que las afectan”, detalla el texto.

Considerando las condiciones por las que atraviesa México, especifica que el mecanismo a diseñar sería para una “participación inicial”, que fomente la creación de agendas propias por parte de las víctimas y les dé independencia de gobierno.

Lo mínimo que se propone para organizar la participación, es: que tenga incidencia, es decir, que realmente se tomen en cuenta las propuestas sociales y se dé lugar a que sigan aportando; que puedan participar tanto las víctimas organizadas como las que no pertenecen a ningún colectivo; un enfoque territorial, donde desde lo local tengan voz y articulación con lo federal; con garantías de seguridad. También que se den condiciones de sostenibilidad, como brindar transporte y hospedaje a quienes deben desplazarse para asistir a reuniones.

Para su operación en específico, el plan sería empezar por crear mesas locales de víctimas en municipios en los que haya variedad de colectivos y presencia de víctimas no organizadas, así como por la gravedad de la victimización existente en esos lugares. Un nivel estatal o regional para consensuar decisiones y hacer propuestas más amplias, y un nivel nacional donde con presencias locales se cree la política integral de justicia transicional.

Se esperaría que estas mesas empiecen a funcionar en el primer año de implementación, y que para el quinto año se pueda calificar que hubo una incidencia en la implementación de los mecanismos de justicia que se hayan creado. A largo plazo, la idea es que las víctimas estén empoderadas y tengan capacidad de acción colectiva.

Nuevo modelo de reparación a las víctimas

Aunque existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los colectivos han denunciado que su papel se limita a dar apoyos económicos y no a realmente reparar el daño que las familias y víctimas han sufrido. Para empezar, subraya que las reparaciones no pueden funcionar como un programa social, sino que tiene que concebirse como un derecho.

La propuesta se enfoca en crear un programa emergente de reparaciones que sirva para atender a víctimas de forma masiva. Para ello, se empezaría por establecer con amplitud todas las condiciones por las que una persona puede ser considerada víctima.

“Definidas las violaciones cubiertas por el programa se presumirán todos los tipos de daños que esa violación puede causar y se propondrán medidas integrales estandarizadas que permitan lograr resultados en los primeros años de implementación del programa. En el programa no se analizarán de forma específica el quién, cómo y dónde. Tampoco se exigirán mayores evaluaciones médicas de los daños. El objetivo central será reparar a las víctimas que sufrieron la misma violación en un determinado contexto”, explica el documento.

Advierte que el programa creado debe ser realista, sin prometer más de lo que se puede cumplir, porque las víctimas ya están decepcionadas del Estado y una errónea implementación aumentaría el daño.

Además deja claro que para que la reparación sea completa debe haber verdad y justicia, y crearse las condiciones de paz para garantizar la no repetición de los hechos que causaron la victimización.

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Qué impacto tiene para la elección que Trump tenga COVID (y qué otras dudas deja)

Dos de las grandes cuestiones tras el positivo de Trump son cuál es su riesgo y cómo afectará su convalecencia a la campaña electoral.
2 de octubre, 2020
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“Se convirtió en el paciente de más alto perfil del mundo de una enfermedad que ha matado a más de un millón de personas”.

Así ha descrito el sitio Político a Donald Trump tras darse a conocer su positivo por covid-19.

Hasta este momento solo presenta síntomas leves, según funcionarios de la Casa Blanca.

Durante meses, el presidente estadounidense minimizó la pandemia y se mostró escéptico sobre la gravedad de la enfermedad, pese a que Estados Unidos acumula 208.000 fallecidos por covid-19, la cifra más alta de muertes en el mundo.

Pero la noticia del positivo de Trump, y de su esposa Melania, llega en un momento particularmente delicado: solo un mes antes de la elección presidencial en la que el actual mandatario se mide al demócrata Joe Biden.

Biden dijo que “rezaría por la salud y la seguridad” de Trump y su familia.

Una de las grandes cuestiones ahora es cómo afectará la convalecencia de Trump a la campaña electoral.

Analizamos esta y otras interrogantes que deja este positivo.

¿Qué se sabe sobre la salud de Trump?

El médico de Trump, Sean Conley, emitió un comunicado a última hora del jueves, diciendo que el presidente y la primera dama estaban “bien en este momento y planean quedarse en la Casa Blanca durante su convalecencia”.

“Espero que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera, y los mantendré informados sobre cualquier desarrollo futuro”, agregaba el comunicado.

El médico no proporcionó más detalles.

Donald Trump sosteniendo una mascarilla.

Getty Images
Durante meses, el presidente estadounidense minimizó la pandemia y ha sido reacio a usar la mascarilla.

Según el examen físico más reciente de Trump, realizado a principios de este año, pesaba 110,7 kg.

Esto se considera obeso para su altura de 1,9 m.

Pero el doctor Conley dijo en ese momento que el presidente “se mantiene sano”.

Trump también tendrá la mejor atención médica disponible.

¿Está en un riesgo particular por su edad?

Para el caso del nuevo coronavirus, la edad es un factor de riesgo claro: a mayor edad, mayor es el peligro de que una infección por coronavirus se convierta en una amenaza para la vida.

Las personas de entre 64 y 74 años con covid en EE.UU. tienen cinco veces más probabilidades de necesitar atención hospitalaria y 90 veces más probabilidades de morir que alguien de 20 años.

Según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), 8 de cada 10 muertes por covid-19 en el país han sido mayores de 65 años.

Trump y Melania

Reuters
El mandatario y la primera dama recibieron la confirmación de su contagio después de que una asistente presidencial diera positivo.

El virus también parece afectar más a los hombres y a las personas con sobrepeso.

Esto ocurre porque la obesidad provoca un estado de inflamación crónica que afecta al funcionamiento de las células del cuerpo y de sus superficies mucosas, que ven interrumpida su función de barrera protectora natural y facilitan el ataque de virus como el covid-19.

También tiene efectos negativos sobre el sistema inmune, como la disminución en la producción de proteínas vitales para defender al cuerpo contra posibles infecciones.

Pero ese es el panorama general, un patrón visto en toda la población, y no se puede adelantar cómo evolucionará el presidente estadounidense.

Para el corresponsal de salud de la BBC James Gallagher es peligroso especular sobre cómo afectará el virus a cualquier persona.

La salud de dos personas de 74 años puede ser muy diferente y otras afecciones médicas alteran enormemente la amenaza que representa este virus.

¿Qué va a pasar con la campaña?

Los CDC dicen que una persona debe aislarse durante 10 días después de una prueba positiva.

“Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!”, escribió en Twitter Trump, al dar la noticia de su positivo.

Para Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC para Norteamérica, es difícil decir exactamente cuán trascendental es esto a tan solo 32 días de las elecciones estadounidenses.

Esta ya era una campaña muy particular, sin eventos masivos debido a la pandemia.

El segundo debate presidencial entre Trump y Biden está programado para el 15 de octubre en Miami, Florida, y todavía no está claro cómo afectará el contagio del presidente a su organización.

No obstante, Mica Mosbacher quien forma parte del equipo de asesores de la campaña de Trump, dijo este viernes en el programa Today de la BBC que se sienten “muy optimistas” y no descarta que el debate se pueda hacer de manera virtual.

“Siguiendo los lineamientos de los CDC, (Trump) no podrá asistir a eventos masivos”, dijo Mosbacher, “pero es totalmente posible hacer un debate virtual en dos semanas”.

“El presidente continuará trabajando desde la Casa Blanca”.

También está por ver cómo maneja esto la campaña del mandatario, que según Zurcher tendrá que responder por qué el presidente adoptó una actitud aparentemente tan arrogante hacia la pandemia, y cuántos altos cargos en la Casa Blanca pueden haberse vistos expuestos.

Debate presidencial entre Trump y Biden.

Getty Images
Donald Trump y Joe Biden se enfrentaron en el primer debate presidencial el pasado 29 de septiembre.

Hace solo dos días, durante el primer debate, Trump menospreció al oponente demócrata Joe Biden por usar con frecuencia mascarillas y no dar mítines de campaña del mismo tamaño que los suyos.

¿Bajo qué circunstancias se podrían retrasar las elecciones?

En cualquier caso, el período de cuarentena del presidente Trump tiene un impacto en su capacidad para hacer campaña y por eso otra de las cuestiones que surge es sobre las posibilidades de que la elección se retrase.

Según la ley estadounidense, las elecciones presidenciales se llevan a cabo el martes después del primer lunes de noviembre, cada cuatro años, por lo que este año son el 3 de noviembre.

Cambiar la fecha dependería de los legisladores estadounidenses, no del presidente. Se requeriría una mayoría en ambas Cámaras del Congreso -Cámara de Representantes y Senado- para cualquier cambio de fecha.

Eso parece poco probable dado que la Cámara de Representantes está controlada por los demócratas.

Pero incluso aunque se cambiara, la Constitución estadounidense establece que una administración presidencial solo dura cuatro años. Entonces, el mandato del presidente Trump expirará automáticamente al mediodía del 20 de enero de 2021.

¿Qué pasa si Trump cae gravemente enfermo y no puede cumplir con sus deberes?

Por ahora, no se ha informado que el presidente se encuentre mal, y este es un escenario que no anticipan desde la campaña de Trump.

“Es un guerrero y un luchador y no anticipamos en este momento que quedará incapacitado”, dijo Mosbacher en el Today. “Así que nos sentimos muy optimistas acerca de esta situación”.

Donald Trump y Mike Pence.

Getty Images
La Constitución de Estados Unidos establece que el presidente puede entregar el poder a su vicepresidente si no puede seguir con sus deberes.

No obstante, si resulta gravemente enfermo y no puede cumplir con sus deberes, la 25ª Enmienda la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente puede entregar el poder a su vicepresidente, lo que significa que Mike Pence se convertiría en presidente interino.

Pence dio negativo en la última prueba que se le realizó, este viernes, según informó su vocero.

Una vez recuperado, Trump podría reclamar su posición.

Esto sucedió durante las administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush.

Si Pence quedara incapacitado también, bajo la Ley de Sucesión Presidencial Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, una demócrata, sería la siguiente en la fila, aunque los expertos constitucionales dicen que tal transferencia de poder generaría batallas legales.

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