¿Qué propone la sociedad civil para tener verdad, justicia y reparación a víctimas?
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¿Qué propone la sociedad civil para tener verdad, justicia y reparación a víctimas?

Organizaciones de derechos humanos plantean cinco ejes de acción que incluyen la creación de: una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, y una unidad de protección a víctimas y testigos.
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23 de enero, 2019
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Organizaciones de derechos humanos presentaron una propuesta de políticas públicas para la verdad, justicia y reparación a las víctimas que elaboraron desde septiembre pasado, tras el compromiso del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de aceptar estos mecanismos y trabajar junto con la sociedad civil para crearlos.

Aunque no acudió ningún funcionario de alto nivel de la Secretaría de Gobernación, sino solo dos personas del equipo de la subsecretaría de derechos humanos, que trabajan con Alejandro Encinas, estos se comprometieron a que los temas serán incluidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que estará listo dentro de los próximos seis meses.

Los cinco ejes, derivados de cinco mesas de trabajo acordadas con López Obrador en un foro en septiembre, son: una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, y una unidad de protección a víctimas y testigos. Estos son los puntos más importantes en cada uno:

Mecanismo Internacional Contra la Impunidad

Los activistas consideran necesario el apoyo internacional para hacer investigaciones complejas que las autoridades mexicanas han demostrado no saber hacer, y para que sean capaces de acusar ante los tribunales a altos funcionarios y exfuncionarios de gobierno. Detallan que la transformación ocurrida hace unas semanas de Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía independiente tomará tiempo, por lo que el apoyo exterior acompañaría en un primer momento.

“Un organismo de investigación internacionalizado, proporcionaría la asistencia temporal necesaria para lograr este objetivo y sería menos vulnerable frente a los intereses partidistas y obstrucciones políticas que actualmente socavan el sistema de justicia penal mexicano”, explica la propuesta.

Tal como adelantó  Animal Político, podría ser una fiscalía particular con asistencia técnica y bajo vigilancia de la ONU, o una misión especial de Naciones Unidas como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que operó durante más de una década en ese país y llevó ante la justicia a expresidentes y funcionarios de alto rango.

Operaría para todo el territorio, con delitos cometidos después de 1968. Para el primer año se sugiere asignarle 20 millones de pesos.

Unidad de protección a víctimas y testigos

Los colectivos consideran que en los procesos de investigación que lleven a cabo tanto una Comisión de la Verdad como un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, a todas las víctimas que participen, testigos de delitos, operadores de justicia o cualquier persona vinculada se le deben brindar medidas de protección para garantizar que colaboren sin ponerse en riesgo.

“La protección que brinde debe ser integral, es decir, no sólo física, también psicológica y de atención a las necesidades apremiantes de las víctimas, debe tener perspectiva de género y enfoque diferenciado para ser eficaz”, señala el documento y agrega brindar seguridad económica si fuera necesario.

Para el mecanismo internacional, en específico, se propone que la unidad de protección esté incluida en un convenio con la ONU, coordinada con otras instancias mexicanas que existan para dar seguridad, aunque independiente de ellas.

Una sugerencia es que pueda coordinarse con el existente Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de derechos humanos.

Para su operación práctica, deberá generar análisis de contexto de riesgo regionales para cada caso, observando los riesgos institucionales, estatales, de criminalidad, familiares y comunitarios. Además, considerar el tipo de víctima que está protegiendo y quiénes son los perpetradores.

En el primer año, se definiría la estructura, metodología y tipo de medidas de protección. El plan sería que en cinco años pudiera transferir sus capacidades y buenas prácticas a otros organismos de protección ordinarios y ya existentes.

Comisión de la Verdad

La propuesta reclama que el gobierno ha negado la masividad del conflicto y las violaciones graves a derechos humanos que se han perpetrado en el país, en especial desde el inicio de la guerra contra el narco, a partir de 2006. Por ello considera indispensable un proceso que ofrezca una narrativa creíble de qué es lo que ha pasado en el país, una Comisión Nacional de la Verdad y la Memoria Histórica (CVMH), extendida a lo largo de las últimas seis décadas, que generaron las condiciones actuales.

Por un lado, explica el documento del que se dio a conocer un primer borrador en diciembre, conocer la verdad sobre violaciones a derechos humanos, exponer a los perpetradores y llevar ante la justicia a los culpables, disuade a otros actores del Estado a volver a corromperse y lastimar a la población. Por otro lado, la experiencia internacional muestra que dignifica a las víctimas.

“La verdad y la memoria también sirven para la sanación individual y colectiva. Los procesos de sanación son fundamentales ya que las comunidades traumatizadas son incapaces de proyectarse hacia el futuro; las pérdidas socavan las energías para reconstruir la vida y la sociedad misma. Un proceso de sanación necesita trabajar con el pasado para transformar las narrativas de derrota en narrativas de esperanza y futuro”, subraya.

Esta comisión e enfocaría en dos periodos: los hechos de violencia política y represión cometidos entre 1965 y 2006, y lo que ha ocasionado la guerra contra el narco desde 2006 hasta la fecha. La integrarían entre siete y 12 personas, en colaboración con diversos expertos, pero tendría una estructura descentralizada, con oficinas en cada estado.

Trabajaría durante tres años, con posibilidad de extenderse, para tener como resultado un gran informe que explique la violencia en esos periodos, e informes sobre temas específicos.

Participación de víctimas en la discusión y diseño de políticas

Los activistas consideran fundamental crear un sistema estructurado de participación de víctimas y sociedad civil para la implementación de las medidas de justicia transicional. Esto para evitar un uso político de las víctimas por parte del gobierno que sólo quiera legitimarse o cooptar a las personas. En lugar de eso, señala, serviría para empoderarlas, de modo que se garantice que la presencia de voces de las víctimas sea efectiva, representativa, robusta y sostenible en el tiempo.

“Si cumple con ciertas condiciones, la participación de las víctimas tiene potencial para transformar las relaciones desiguales de poder que permitieron la comisión de atrocidades en su contra, o que en todo caso son contrarias a la justicia. En efecto, la participación puede fomentar la organización política y el empoderamiento de las víctimas, de modo que sus condiciones de vulnerabilidad no les impidan incidir en las decisiones que las afectan”, detalla el texto.

Considerando las condiciones por las que atraviesa México, especifica que el mecanismo a diseñar sería para una “participación inicial”, que fomente la creación de agendas propias por parte de las víctimas y les dé independencia de gobierno.

Lo mínimo que se propone para organizar la participación, es: que tenga incidencia, es decir, que realmente se tomen en cuenta las propuestas sociales y se dé lugar a que sigan aportando; que puedan participar tanto las víctimas organizadas como las que no pertenecen a ningún colectivo; un enfoque territorial, donde desde lo local tengan voz y articulación con lo federal; con garantías de seguridad. También que se den condiciones de sostenibilidad, como brindar transporte y hospedaje a quienes deben desplazarse para asistir a reuniones.

Para su operación en específico, el plan sería empezar por crear mesas locales de víctimas en municipios en los que haya variedad de colectivos y presencia de víctimas no organizadas, así como por la gravedad de la victimización existente en esos lugares. Un nivel estatal o regional para consensuar decisiones y hacer propuestas más amplias, y un nivel nacional donde con presencias locales se cree la política integral de justicia transicional.

Se esperaría que estas mesas empiecen a funcionar en el primer año de implementación, y que para el quinto año se pueda calificar que hubo una incidencia en la implementación de los mecanismos de justicia que se hayan creado. A largo plazo, la idea es que las víctimas estén empoderadas y tengan capacidad de acción colectiva.

Nuevo modelo de reparación a las víctimas

Aunque existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los colectivos han denunciado que su papel se limita a dar apoyos económicos y no a realmente reparar el daño que las familias y víctimas han sufrido. Para empezar, subraya que las reparaciones no pueden funcionar como un programa social, sino que tiene que concebirse como un derecho.

La propuesta se enfoca en crear un programa emergente de reparaciones que sirva para atender a víctimas de forma masiva. Para ello, se empezaría por establecer con amplitud todas las condiciones por las que una persona puede ser considerada víctima.

“Definidas las violaciones cubiertas por el programa se presumirán todos los tipos de daños que esa violación puede causar y se propondrán medidas integrales estandarizadas que permitan lograr resultados en los primeros años de implementación del programa. En el programa no se analizarán de forma específica el quién, cómo y dónde. Tampoco se exigirán mayores evaluaciones médicas de los daños. El objetivo central será reparar a las víctimas que sufrieron la misma violación en un determinado contexto”, explica el documento.

Advierte que el programa creado debe ser realista, sin prometer más de lo que se puede cumplir, porque las víctimas ya están decepcionadas del Estado y una errónea implementación aumentaría el daño.

Además deja claro que para que la reparación sea completa debe haber verdad y justicia, y crearse las condiciones de paz para garantizar la no repetición de los hechos que causaron la victimización.

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Vacunas contra COVID: ¿por qué podrían desperdiciarse 241 millones de dosis?

Si los líderes mundiales se comprometieron a donar vacunas, ¿por qué siguen teniendo excedentes? ¿qué soluciones se están poniendo sobre la mesa para que no sean desechadas?
22 de septiembre, 2021
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Los países más ricos del mundo acumulan millones de vacunas contra la Covid-19 y siguen cerrando contratos con farmacéuticas, mientras algunos de los países más pobres todavía no han vacunado al 2% de su población.

Las estadísticas son contundentes: el excedente asciende a 1.200 millones de dosis, según un informe de Airfinity, una empresa de análisis de datos científicos que investiga el suministro global.

Una quinta parte de esas dosis –241 millones de vacunas– podría desperdiciarse si los países ricos no las donan.

Son vacunas que Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón no van a necesitar incluso aunque comenzaran a administrar una tercera dosis de refuerzo, pero que los países más pobres no pueden aceptar a menos que les queden un mínimo de dos meses de caducidad.

Mientras tanto, poco más de la mitad de la población mundial no ha recibido ni siquiera una dosis de la vacuna.

En América Latina, solo una de cada cuatro personas está completamente vacunada contra la covid-19, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un informe publicado el 1 de septiembre.

“Más de un tercio de los países de nuestra región aún no han vacunado al 20% de su población. Y en algunos lugares, la cobertura es mucho menor”, explicó la directora de la OPS, Carissa F. Etienne.

vacuna contra el covid en Brasil

Mario Tama/Getty Images
En América Latina, solo una de cada cuatro personas está completamente vacunada contra la covid.

“Las tasas de vacunación siguen estando por debajo del 20% en varios países del Caribe y Sudamérica, y la cobertura sigue siendo de un solo dígito en naciones centroamericanas como Guatemala, Honduras y Nicaragua. […] Lamentablemente, los países con alta cobertura son la excepción en nuestra Región”, remarcó.

En cuanto a las cifras globales, según Human Rights Watch, el 75% de las vacunas contra la covid han sido enviadas a 10 países.

La Economist Intelligence Unit calculó que la mitad de todas las vacunas fabricadas hasta ahora solamente han llegado al 15% de la población mundial; los países más ricos del mundo administran 100 veces más vacunas que los más pobres.

Agathe Demarais, autora principal del estudio sobre las vacunas de The Economist, dice que no se tomaron en serio las promesas hechas al respecto: “Lo hemos visto mucho y sabemos que nunca va a suceder”, asegura.

¿Cuántas vacunas se prometieron y cuántas fueron entregadas?

La diferencia entre dosis que se prometieron entregar y las que efectivamente fueron entregadas es abismal.

enfermera

Getty Images
Los países ricos podrían tener 1.200 millones de dosis más de las que necesitan para fin de año, mientras otros no llegan al 2% de vacunación.

En junio, los miembros del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) se comprometieron a donar 1.000 millones de dosis a países pobres durante el año siguiente.

Reino Unido comprometió 100 millones a esa promesa; hasta ahora, ha donado algo menos de nueve millones.

El presidente estadounidense Joe Biden prometió 580 millones, de los cuales Estados Unidos ha entregado hasta ahora 140 millones.

La Unión Europea prometió 250 millones de dosis para finales de año; ha enviado alrededor del 8% de ellas.

gráfico

BBC

Los fallos del Covax

Varios países de ingresos medios compraron vacunas a través del Covax, el plan global respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar que las dosis se distribuyen de manera equitativa entre todas las naciones.

A través de la alianza se compran y luego se venden vacunas a bajo costo a países de ingresos medios, y son donadas a países pobres.

Pero el Covax se ha enfrentado a un importante problema de suministro.

Planeaban distribuir 2.000 millones de dosis en 2021. La mayoría de ellas provenían de una instalación en India, pero cuando una segunda ola de infecciones paralizó el país asiático en mayo, el gobierno emitió una prohibición de exportación.

Desde entonces, el Covax se ha basado en dosis donadas por países ricos y el suministro ha sido muy lento.

“Actualmente, las dosis tienden a compartirse en volúmenes bajos, con poca antelación y con fechas de vencimiento más cortas que las ideales, lo cual hace que sea un gran esfuerzo logístico asignarlas y entregarlas a países capaces de absorberlas”, le dijo a la BBC Aurélia Nguyen, directora ejecutiva del programa Covax.

jeringuillas de vacunas contra el covid en un contenedor en España

AHMAD GHARABLI/Getty Images
Millones de vacunas corren el riesgo de ser desperdiciadas si no se toman medidas.

¿Por qué hay un excedente?

El excedente no se debe para nada a un problema de suministro global.

Según el estudio de Airfinity, los fabricantes de vacunas están produciendo actualmente unas 1.500 millones de dosis cada mes. Habrán producido 11.000 millones de dosis para final de año.

“Están produciendo una gran cantidad de dosis. Se ha incrementado enormemente en los últimos tres o cuatro meses”, dice el doctor Matt Linley, investigador principal de Airfinity.

“No creo que los países ricos fueran necesariamente codiciosos, es más que no sabían qué vacunas iban a funcionar, así que tuvieron que comprar varios tipos de ellas”, añade Linley.

Con su reciente investigación, Airfinity espera mostrar a los gobiernos que existe un suministro saludable de vacunas y que no necesitan mantener excedentes.

En lugar de eso, pueden donar lo que no necesitan ahora y estar seguros de que se producirán más dosis en los próximos meses.

“No quieren que los pille desprevenidos”, le dice a la BBC Agathe Demarais. “También se trata de presión política interna porque parte del electorado probablemente estaría muy descontento de ver que se donan vacunas, si existe la sensación de que todavía se necesitan en ‘casa'”.

vacuna contra el covid

Andriy Onufriyenko/Getty Images
La presión política puede ser un factor determinante de la acumulación de vacunas.

El gobierno británico dice que no tiene una reserva de vacunas y ha llegado a un acuerdo con Australia para compartir cuatro millones de dosis que serán devueltas de la asignación de Australia a finales de año.

“El suministro y la entrega de vacunas se han gestionado cuidadosamente en Reino Unido para ofrecer a todos los que cumplen los requisitos la oportunidad de vacunarse lo antes posible”, dice un vocero del Departamento de Salud y Asistencia Social.

La semana que viene se celebrará en Nueva York, EE.UU., el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Su presidente, el embajador de Maldivas, Abdulá Shahid, dijo que planea convocar a una reunión con líderes y expertos para discutir cómo cerrar la brecha en el acceso a las vacunas.

Las miradas también están puestas en una cumbre anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo miércoles para pedir a los líderes mundiales que se comprometan a vacunar al 70% de la población mundial para septiembre del próximo año.

Falta de compromiso

Aurélia Nguyen cree que los gobiernos no son los únicos que deben actuar.

“También necesitamos que los fabricantes cumplan con sus compromisos públicos con Covax y nos den prioridad sobre los acuerdos bilaterales con naciones que ya tienen dosis suficientes”.

“Si los fabricantes globales de vacunas están produciendo 1.500 millones de dosis cada mes, la pregunta que debe hacerse es: ¿por qué tan pocas llegan a los países pobres?

“Donde la necesidad de Covax es mayor, los gobiernos deberían cambiar su lugar en la cola para que podamos obtener las dosis que hemos ordenado con anterioridad”.


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