¿Qué sigue para la Guardia Nacional? Luz verde del Senado, de 17 congresos estatales y tres leyes restantes
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¿Qué sigue para la Guardia Nacional? Luz verde del Senado, de 17 congresos estatales y tres leyes restantes

En una nueva misiva dirigida a diputados y senadores, Naciones Unidas advirtió que el dictamen modificado abre riesgo de detenciones en instalaciones militares, entre otras fallas.
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17 de enero, 2019
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer tras una sesión de 10 horas, con el aval de la coalición legislativa que encabeza Morena así como de la bancada del PRI, la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reforzar la seguridad en el país y frenar el incremento de la violencia.

Pero ésta todavía no puede ponerse en marcha. Por tratarse de una reforma que modifica 13 artículos de la Constitución Política y por ende afecta también a las entidades, se requiere antes el aval de la Cámara de Senadores y después, el de al menos 17 congresos estatales.

Pero además, el dictamen aprobado ayer contempla la creación de tres leyes secundarias que son vitales para que la nueva fuerza opere correctamente. Esto en un periodo de 90 a 120 días.

A continuación Animal Político describe las dos rutas que falta recorrer al dictamen de la Guardia Nacional para pueda publicarse y entrar en vigor, así como para que el nuevo cuerpo tenga el marco jurídico que garantice su funcionamiento. Esto a partir del dictamen modificado aprobado, y de la explicación que dieron diputados de Morena y de PRI a este medio.

La ruta de la reforma constitucional: dos aduanas por superar

El dictamen de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional aprobado ayer en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados será enviado, en primera instancia, al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual aprobación.

La minuta que reciba la Cámara Alta será turnada primero a comisiones. De acuerdo con los legisladores consultados será la Comisión de Puntos Constitucionales la encargada de revisar el dictamen, pero a su vez podría solicitarse también el voto y opinión de las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y Defensa.

Una vez que sea aprobado en comisiones, el dictamen será sometido al pleno del Senado para que ahí sea sometido a discusión y aprobación por mayoría calificada de los senadores que se encuentren presentes. Mayoría calificada significa que se requieren el voto de dos tercios de los legisladores por lo menos.

Si es aprobada pueden suceder dos cosas. Si el dictamen sufre modificaciones respecto al texto avalado originalmente por la cámara de origen (la Cámara de Diputados) tendría que ser regresado a ésta para que de nueva cuenta lo discuta y avale. Y posteriormente sería enviado a los congresos estatales.

En caso de que el Senado apruebe el dictamen sin hacerle ninguna modificación, entonces el mismo sería enviado directamente a las entidades.

Se prevé que todo este proceso se desahogue en febrero en el periodo ordinario de sesiones.

Como sucede en cualquier reforma que afecte artículos de la Constitución, luego de que el Poder Legislativo Federal la avale se requiere la aprobación de la mayoría de los poderes legislativos locales, por lo menos de la mitad más uno. Es decir, tendrá que ser aprobada por 17 congresos estatales como mínimo.

Una vez que los congresos locales den su aval (algo que legisladores de Morena estiman como muy posible dado que su coalición tiene mayoría en al menos 17 entidades), el dictamen final quedaría definitivamente aprobado, y se publicaría en el Diario Oficial de la Federación. Con ello se materializarían los cambios planteados al texto de la Constitución.

La ruta de las leyes secundarias: de 90 a 120 días para ser aprobadas

Como Animal Político había publicado en esta nota, el correcto funcionamiento de la Guardia Nacional requiere de la aprobación de tres leyes secundarias. Aunque el dictamen fue modificado ayer, se mantuvo la obligación de crear estas tres leyes secundarias aunque con distintos plazos.

El artículo Primero Transitorio estableció que una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación el dictamen, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para expedir la denominada Ley de la Guardia Nacional.

En entrevista el diputado priista Rubén Moreira dijo que no se trata solamente de una ley orgánica que describa las áreas que tendrá la nueva fuerza de seguridad, sino que se trata de una norma que explicará que va a hacer este cuerpo, cómo y con qué.

Por otro lado, el mismo artículo Primero Transitorio establece un plazo de 120 días para que se expidan dos leyes más: la de uso legítimo de la fuerza y la del registro nacional de detenciones. Ambas leyes aplicarán no solo para el caso de la Guardia Nacional sino para todas las corporaciones de seguridad federales.

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, dijo que la ley relacionada con el registro de detenciones ayuda a prevenir detenciones ilegales y por ende abusos a derechos humanos.

“Le ley relacionada con detenciones provocará que por primera vez en la historia de este país habrá una lista y una regla de cómo serán las detenciones y quien está detenido, y no como hoy que se confunde detención con una desaparición por cómo se han dado las cosas”, dijo la legisladora.

En cuanto a la ley relacionada con el uso de la fuerza, se buscará establecer con claridad en que momento las fuerzas de seguridad puedan emplear con proporcionalidad la fuerza que poseen de acuerdo a la situación de riesgo que se presente. Es una norma que México debió expedir desde hace varios años a petición de instancias internacionales de derechos humanos, pero que hasta ahora no se ha materializado.

El diputado Rubén Moreira dijo que aunque los plazos para expedir estas tres leyes complementaria comienzan a correr hasta que se publique en el Diario Oficial la reforma constitucional, una vez que el Senado y los congresos locales la avalen, el PRI empujará que su elaboración comienza de forma inmediata.

“No podemos esperarnos a debatir estas leyes hasta que la reforma constitucional entre en vigor. El proceso por toda la burocracia legislativa puede alargarse hasta un año si nos esperamos. Nosotros vamos a empujar para tener listos los dictámenes y que una vez que la reforma constitucional quede finiquitada se puedan debatir y aprobar en el menor tiempo posible las leyes mencionadas. Y no esperar hasta agotar los plazos”, dijo en entrevista.

Advierte ONU tres anomalías en dictamen modificado

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jareb, envió ayer una nueva misiva al Congreso de la Unión en la que advirtió que el dictamen aprobado, aun con modificaciones, resulta “preocupante” por tres aspectos: la estructura de la Guardia con una junta de jefes militar; la indebida regulación de los alcances del fuero militar; y la puesta a disposición de personas detenidas.

“La redacción propuesta abre la puerta a al privación de la libertad de personas civiles en instalaciones militares, La puesta a disposición es un concepto jurídico y formal, independiente  a la privación de la libertad como hecho material. Al ser conceptos diferentes, con la redacción propuesta se podría legitimar una puesta a disposición de una persona en instalaciones civiles, aun y cuando haya estado en algún momento privada de la libertad en instalaciones militares”, señala la carta.

La carta del alto comisionado estuvo dirigida tanto a diputados como senadores, por lo que se prevé que pueda ser tomada en cuenta en cuenta por el Senado. A continuación se publica la carta dirigida a los legisladores:

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Qué es Roe vs. Wade y por qué está en el centro de la batalla política por el aborto en EU

La filtración de un borrador de la Corte Suprema de EU indica que el alto tribunal se acerca a la anulación del fallo que garantiza el derecho constitucional al aborto en ese país. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
4 de mayo, 2022
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Es el precedente legal más discutido en la historia moderna de Estados Unidos y su eliminación cambiaría el estado de derecho para millones de mujeres.

Un borrador de la Corte Suprema de ese país que se filtró el lunes indica que una mayoría de jueces del más alto tribunal estadounidense es favorable a revocar Roe vs. Wade, un fallo legal que protege el aborto como un derecho constitucional.

El documento fue difundido por el medio Politico y el martes la Corte Suprema confirmó su autenticidad, aunque aclaró que no es una decisión definitiva ni refleja la postura final de ninguno de los magistrados.

Según analistas, es la primera vez en la historia de la nación que este tipo de documento se filtra a la prensa antes de ser final y firme.

Su publicación ha consternado a quienes apoyan el derecho al aborto, mientras que los detractores celebran la posibilidad de que se confirme un fallo en esa línea el próximo julio.

Representantes de los dos partidos políticos principales de Estados Unidos reaccionaron en uno u otro sentido. También lo hizo el presidente Joe Biden, quien dijo que “recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de una mujer a decidir”.

El juez presidente de la Corte, John Roberts, calificó la filtración como una “atroz ruptura de la confianza” y ordenó que se abra una investigación.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Getty Images

Pero… ¿Qué es Roe vs. Wade y qué implicaciones tendría su revocación?

¿Por qué el caso se llama Roe vs. Wade y cuándo se decidió?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes de Texas sobre el aborto.

El estado prohibía el aborto por no estar contenido en la Constitución, excepto en los casos en los que la vida de la madre estuviera en peligro.

Como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas. Es por esto que la batalla legal se conoce como Roe vs. Wade.

McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de EU, donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing.

Imagen de una protesta frente a la corte suprema de estados unidos

Getty Images

Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.

Por una votación de 7-2, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos.

Los letrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución.

¿Cómo cambió aquel caso los derechos de las mujeres?

La determinación legal creó el sistema de “trimestre” que:

  • Otorga a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo.
  • Permite regulaciones gubernamentales en el segundo trimestre del embarazo.
  • Declara que los estados pueden restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto en el que podría vivir fuera del útero.
  • Roe vs. Wade también estableció que en el último trimestre una mujer puede someterse a un aborto a pesar de cualquier prohibición legal solo si los médicos certifican que es necesario para salvar su vida o su salud.

¿Por qué se desafía el caso en la actualidad?

La Corte Suprema está considerando un nuevo caso legal que desafía la prohibición del aborto después de 15 semanas en Misisipi.

Fachada del Tribunal Supremo de Estados Unidos

Getty Images
De acuerdo con varios analistas, es la primera vez en la historia de EE.UU. que se filtra el borrador de una decisión de la Corte Suprema.

Si la Corte falla a favor de Misisipi, terminará efectivamente con el derecho constitucional al aborto a nivel nacional.

Hay nueve jueces en el alto tribunal, seis de los cuales fueron designados por presidentes republicanos y cuyas decisiones suelen ser conservadoras.

El borrador que se filtró contiene la opinión del juez Samuel Alito, que afirma que Roe vs. Wade fue un “error flagrante”.

“Roe (vs. Wade) fue un error flagrante desde el inicio”, se lee en el documento. “Consideramos que debe ser anulado”, agrega.

“Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, añade.

¿Qué pasará si se anula Roe vs. Wade?

El aborto no se volverá ilegal de inmediato en todo el país. En cambio, recaerá en las legislaturas estatales decidir sobre este tema.

Pero se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados del país se moverán para prohibir los abortos de inmediato. En algunos se han discutido decenas de leyes sobre el tema en los pasados años.

Protestan a favor de prohibir el aborto frente a la Corte Suprema de EE.UU.

Getty Images
Frente a la Corte Suprema también se congregaron personas que apoyan la prohibición al aborto.

Hay 13 estados que tienen las llamadas leyes de activación, lo que conduciría a una prohibición inmediata si la Corte Suprema decide anular el precedente.

Estos son: Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming.

Otros estados continuarían brindando acceso, no solo para las mujeres en su jurisdicción, sino también para aquellas que vivan en estados donde esté prohibido.

De acuerdo con el Instituto Guttmacher, estos estados que protegerían el aborto suman 16 e incluyen al Distrito de Columbia, capital del país.

¿Qué grupos se verán más afectados?

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

La revocación afectaría mayormente a mujeres pobres, en estados sureños y del oeste, que tendrían que movilizarse a las jurisdicciones progresistas para realizarse un aborto.

En concreto a mujeres jóvenes y afroestadounidenses, ya que estos grupos tienen más probabilidades de buscar un aborto, según datos oficiales.

Una joven llora frente a la Corte Suprema en medio de una protesta luego de la filtración del borrador

Getty Images
Datos indican que las mujeres jóvenes son quienes se realizan abortos de forma más frecuente, así que cualquier restricción afectaría a este grupo directamente.

Cerca del 57% de los abortos reportados en 2019 se realizaron en mujeres de entre 20 y 29 años.

¿Qué implica para otros derechos civiles?

Algunos expertos afirman que el razonamiento esbozado para eliminar Roe vs. Wade, que no ha sido oficialmente presentado, podría sentar un precedente para que la Corte Suprema revoque otros derechos civiles, como el matrimonio igualitario.

Un abogado radicado en Denver, David Lane, le dijo al medio USA Today que la eliminación de la disposición crearía una “vía subterránea” en la que los ciudadanos tendrían que moverse de estado a estado para alcanzar los derechos que tenían a nivel nacional.

“Hay innumerables eventos trascendentales que podrían derivarse de esto”, dijo el experto en derechos civiles.

La decisión que consagra el derecho nacional al matrimonio igualitario no es tan antigua ni está tan establecida como Roe vs. Wade. Este fallo data de 2016.

Cartel de personas LGBTT en apoyo al aborto

Getty Images

En el borrador que se filtró, el juez Samuel Alito hizo una distinción entre los derechos enunciados en la Constitución, como el derecho que otorga la Segunda Enmienda a portar armas, y el tipo de “derechos no enumerados” que el tribunal en Roe vs. Wade dijo que garantizaban el acceso al aborto.

Aunque Alito no lo mencionó, esto también protege el matrimonio homosexual y los métodos anticonceptivos, opinó el corresponsal de la BBC en Estados Unidos, Anthony Zurcher.

Para el periodista, la Corte entiende que los primeros son mucho más seguros que los segundos, que deben estar fuertemente arraigados en la historia y “tradición” de Estados Unidos.

“Puede que no pase mucho tiempo antes de que los opositores al matrimonio homosexual, la fertilización in vitro o ciertas formas de anticoncepción citen las palabras de Alito para argumentar que tampoco hay nada en la Constitución que prohíba vetar esas prácticas”, detalló Zurcher.


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