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¿Qué sigue para la Guardia Nacional? Luz verde del Senado, de 17 congresos estatales y tres leyes restantes

En una nueva misiva dirigida a diputados y senadores, Naciones Unidas advirtió que el dictamen modificado abre riesgo de detenciones en instalaciones militares, entre otras fallas.
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17 de enero, 2019
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer tras una sesión de 10 horas, con el aval de la coalición legislativa que encabeza Morena así como de la bancada del PRI, la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reforzar la seguridad en el país y frenar el incremento de la violencia.

Pero ésta todavía no puede ponerse en marcha. Por tratarse de una reforma que modifica 13 artículos de la Constitución Política y por ende afecta también a las entidades, se requiere antes el aval de la Cámara de Senadores y después, el de al menos 17 congresos estatales.

Pero además, el dictamen aprobado ayer contempla la creación de tres leyes secundarias que son vitales para que la nueva fuerza opere correctamente. Esto en un periodo de 90 a 120 días.

A continuación Animal Político describe las dos rutas que falta recorrer al dictamen de la Guardia Nacional para pueda publicarse y entrar en vigor, así como para que el nuevo cuerpo tenga el marco jurídico que garantice su funcionamiento. Esto a partir del dictamen modificado aprobado, y de la explicación que dieron diputados de Morena y de PRI a este medio.

La ruta de la reforma constitucional: dos aduanas por superar

El dictamen de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional aprobado ayer en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados será enviado, en primera instancia, al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual aprobación.

La minuta que reciba la Cámara Alta será turnada primero a comisiones. De acuerdo con los legisladores consultados será la Comisión de Puntos Constitucionales la encargada de revisar el dictamen, pero a su vez podría solicitarse también el voto y opinión de las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y Defensa.

Una vez que sea aprobado en comisiones, el dictamen será sometido al pleno del Senado para que ahí sea sometido a discusión y aprobación por mayoría calificada de los senadores que se encuentren presentes. Mayoría calificada significa que se requieren el voto de dos tercios de los legisladores por lo menos.

Si es aprobada pueden suceder dos cosas. Si el dictamen sufre modificaciones respecto al texto avalado originalmente por la cámara de origen (la Cámara de Diputados) tendría que ser regresado a ésta para que de nueva cuenta lo discuta y avale. Y posteriormente sería enviado a los congresos estatales.

En caso de que el Senado apruebe el dictamen sin hacerle ninguna modificación, entonces el mismo sería enviado directamente a las entidades.

Se prevé que todo este proceso se desahogue en febrero en el periodo ordinario de sesiones.

Como sucede en cualquier reforma que afecte artículos de la Constitución, luego de que el Poder Legislativo Federal la avale se requiere la aprobación de la mayoría de los poderes legislativos locales, por lo menos de la mitad más uno. Es decir, tendrá que ser aprobada por 17 congresos estatales como mínimo.

Una vez que los congresos locales den su aval (algo que legisladores de Morena estiman como muy posible dado que su coalición tiene mayoría en al menos 17 entidades), el dictamen final quedaría definitivamente aprobado, y se publicaría en el Diario Oficial de la Federación. Con ello se materializarían los cambios planteados al texto de la Constitución.

La ruta de las leyes secundarias: de 90 a 120 días para ser aprobadas

Como Animal Político había publicado en esta nota, el correcto funcionamiento de la Guardia Nacional requiere de la aprobación de tres leyes secundarias. Aunque el dictamen fue modificado ayer, se mantuvo la obligación de crear estas tres leyes secundarias aunque con distintos plazos.

El artículo Primero Transitorio estableció que una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación el dictamen, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para expedir la denominada Ley de la Guardia Nacional.

En entrevista el diputado priista Rubén Moreira dijo que no se trata solamente de una ley orgánica que describa las áreas que tendrá la nueva fuerza de seguridad, sino que se trata de una norma que explicará que va a hacer este cuerpo, cómo y con qué.

Por otro lado, el mismo artículo Primero Transitorio establece un plazo de 120 días para que se expidan dos leyes más: la de uso legítimo de la fuerza y la del registro nacional de detenciones. Ambas leyes aplicarán no solo para el caso de la Guardia Nacional sino para todas las corporaciones de seguridad federales.

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, dijo que la ley relacionada con el registro de detenciones ayuda a prevenir detenciones ilegales y por ende abusos a derechos humanos.

“Le ley relacionada con detenciones provocará que por primera vez en la historia de este país habrá una lista y una regla de cómo serán las detenciones y quien está detenido, y no como hoy que se confunde detención con una desaparición por cómo se han dado las cosas”, dijo la legisladora.

En cuanto a la ley relacionada con el uso de la fuerza, se buscará establecer con claridad en que momento las fuerzas de seguridad puedan emplear con proporcionalidad la fuerza que poseen de acuerdo a la situación de riesgo que se presente. Es una norma que México debió expedir desde hace varios años a petición de instancias internacionales de derechos humanos, pero que hasta ahora no se ha materializado.

El diputado Rubén Moreira dijo que aunque los plazos para expedir estas tres leyes complementaria comienzan a correr hasta que se publique en el Diario Oficial la reforma constitucional, una vez que el Senado y los congresos locales la avalen, el PRI empujará que su elaboración comienza de forma inmediata.

“No podemos esperarnos a debatir estas leyes hasta que la reforma constitucional entre en vigor. El proceso por toda la burocracia legislativa puede alargarse hasta un año si nos esperamos. Nosotros vamos a empujar para tener listos los dictámenes y que una vez que la reforma constitucional quede finiquitada se puedan debatir y aprobar en el menor tiempo posible las leyes mencionadas. Y no esperar hasta agotar los plazos”, dijo en entrevista.

Advierte ONU tres anomalías en dictamen modificado

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jareb, envió ayer una nueva misiva al Congreso de la Unión en la que advirtió que el dictamen aprobado, aun con modificaciones, resulta “preocupante” por tres aspectos: la estructura de la Guardia con una junta de jefes militar; la indebida regulación de los alcances del fuero militar; y la puesta a disposición de personas detenidas.

“La redacción propuesta abre la puerta a al privación de la libertad de personas civiles en instalaciones militares, La puesta a disposición es un concepto jurídico y formal, independiente  a la privación de la libertad como hecho material. Al ser conceptos diferentes, con la redacción propuesta se podría legitimar una puesta a disposición de una persona en instalaciones civiles, aun y cuando haya estado en algún momento privada de la libertad en instalaciones militares”, señala la carta.

La carta del alto comisionado estuvo dirigida tanto a diputados como senadores, por lo que se prevé que pueda ser tomada en cuenta en cuenta por el Senado. A continuación se publica la carta dirigida a los legisladores:

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Getty Images

El juicio en Nueva York donde afirman que “El Chapo” Guzmán sobornó al presidente de Honduras

La fiscalía de EU aseguró que el líder del cartel de Sinaloa envió un millón de dólares al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mediante su hermano, cuyo juicio ha comenzado en Manhattan. El mandatario rechaza la alegación.
Getty Images
3 de octubre, 2019
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El juicio por narcotráfico al hermano del presidente de Honduras arrancó en Manhattan tan explosivo como prometía: la fiscalía afirmó que el propio mandatario, Juan Orlando Hernández, recibió millones para proteger a Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros narcos.

“El acusado estaba protegido por y tenía acceso a su hermano, el actual presidente de Honduras, un hombre que ha recibido millones de dólares en sobornos de dinero de la droga (…) de hombres como ‘El Chapo'”, dijo el fiscal Jason Richman en sus alegatos iniciales este miércoles.

No se han presentado cargos hasta ahora contra Juan Orlando Hernández, quien tuiteó que “la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula“.

El presidente estuvo en Nueva York la semana pasada para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas y cerró un trato con el gobierno de Donald Trump para aceptar que sean deportados a su país migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos y hayan pasado antes por Honduras.

Trump saludó personalmente a Juan Orlando Hernández y dijo a la asamblea de la ONU que Honduras es uno de los “amigos en la región” con los que trabaja estrechamente en temas fronterizos.

Sin embargo, ya se preveía que los fiscales del juicio al exdiputado hondureño involucrarían a su hermano presidente, como presunta parte de un plan criminal con otros funcionarios para alcanzar la cima del poder en Honduras.

“Auspiciada por el Estado”

Tony Hernández fue detenido en Miami el año pasado y su juicio en una corte federal de Manhattan comenzó este miércoles con la selección del jurado y los primeros alegatos.

Está acusado de conspirar con narcos de distintos países para enviar toneladas de cocaína a EE.UU. desde 2004, por lo que podría recibir una sentencia mínima de cinco años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Juan Orlando Hernández y Donald Trump

Reuters
Los presidentes de Honduras y Estados Unidos dejaron ver su sintonía en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El exdiputado siguió los alegatos en la corte con una calma que contrasta con la violencia que le atribuye la fiscalía, que lo vincula con al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013, antes de llegar al Congreso.

El fiscal Richman sostuvo que Tony Hernández era parte de una estructura de narcotráfico “auspiciada por el Estado” hondureño y protegida por alcaldes, congresistas, generales de las Fuerzas Armadas y jefes policiales.

Además aseguró que el acusado recibió en persona un soborno de US$1 millón para su hermano presidente, de parte de “El Chapo” Guzmán y su cartel de Sinaloa.

El mexicano Guzmán fue condenado este año en otra corte de Nueva York a cadena perpetua, en lo que es considerado el mayor juicio por narcotráfico en la historia de EE.UU.

El presidente hondureño recibió sobornos “de algunos de los traficantes de cocaína más grandes del mundo”, dijo Richman.

Chapo

AFP
“El Chapo” Guzmán fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.

La fiscalía procura demostrar que las campañas electorales de Juan Orlando Hernández y su antecesor Porfirio Lobo (2010-2014) fueron financiadas al menos parcialmente con recursos del narcotráfico.

Lobo tampoco enfrenta cargos en EE.UU. y ha rechazado esos señalamientos.

La acusación contaría entre otras cosas con un testigo cooperante que asegura haber entregado al menos US$1,5 millones del narcotráfico para contribuir a que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones de 2013.

Entre los testigos que se aguardan para el juicio hay exnarcos presos en EE.UU., como el exalcalde hondureño Amilcar Alexander Ardón y un exlíder de la organización criminal de ese país Los Cachiros.

El fiscal Richman indicó que Tony Hernández llegó a ser “intocable” en Honduras por la protección que recibía de su hermano presidente y la red de corrupción en el poder.

“Alicia en el País de las Maravillas”

El presidente hondureño reaccionó rápido a las noticias sobre los dichos del fiscal y sostuvo en su cuenta de Twitter que “esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”.

La semana pasada Hernández le dijo a la asamblea de la ONU que su gobierno luchó contra el crimen organizado y por eso hay una “campaña sucia de desprestigio” contra él por parte de narcos, pandilleros, policías y políticos corruptos.

Una protesta contra el presidente de Honduras

AFP
En la capital de Honduras miles de personas han exigido la renuncia de Juan Orlando Hernández (JOH).

El abogado de Tony Hernández, Omar Malone, indicó en el inicio del juicio este miércoles que hay criminales que desean perjudicar a su cliente después de que su hermano habilitara la extradición de narcos a EE.UU.

Malone señaló además que Juan Orlando Hernández “interactúa con EE.UU. como cualquier otro presidente”.

El mandatario ha enfrentado recientes protestas de opositores que reclaman su renuncia, y este mismo miércoles decenas de hondureños se manifestaron en su contra frente a la corte de Manhattan.

En medio de esta situación, Juan Orlando Hernández alcanzó el acuerdo migratorio con el gobierno de Trump para reducir la cantidad de solicitudes de asilo en EE.UU. de personas que buscan huir de la violencia y pobreza en Centroamérica.

Guatemala y El Salvador han firmado pactos similares con Washington.

Trump y Hernández estrecharon sus manos la semana pasada durante la asamblea de la ONU.

“Nos reunimos con Honduras, como saben, y también tuvimos reuniones previas a esto con Guatemala, reuniones tremendamente exitosas”, dijo Trump junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

“Firmamos acuerdos con ellos: acuerdos de cooperación”, agregó el presidente estadounidense. “Eso es bueno para todos nosotros”.


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