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Cuartoscuro

Por austeridad, los 11 ministros de la Corte acuerdan recortar 25% su salario

La SCJN informó que la reducción en un 25% de los salarios de los 11 ministros obedece "a la nueva política de austeridad impulsada por la Presidencia de la Corte".
Cuartoscuro
8 de enero, 2019
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Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redujeron voluntariamente su salario, informaron a través de un comunicado.

El Pleno de la Suprema Corte acordó, “como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25% respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018”.

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De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2018, todos los ministros de la Corte perciben un ingreso bruto total al año – sin descontar impuestos – de 6 millones 938 mil 234 pesos. Es decir, un promedio mensual de casi 578 mil 186 pesos.

Esta cifra incluye el salario y los pagos que cada ministro recibe por múltiples prestaciones: desde un bono especial por riesgo, hasta concepto de prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, prima quincenal, ayuda para despensa, seguro colectivo de retiro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, apoyo económico para adquisiciones de vehículo, entre otros.

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La Corte informó que la reducciones “obedecen a la nueva política de austeridad impulsada por la Presidencia de la SCJN y serán complementadas con otras medidas que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública”.

Aunque aclaró que “las percepciones que reciben los Ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros Poderes. Sin embargo, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes”, señalaron.

Lee: Es conveniente ajustar remuneraciones, pero sin vulnerar derechos, dice CNDH a AMLO

El pasado mes de diciembre, Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial tuvieron diferencias por la Ley de Remuneraciones, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, pues el mandatario calificó de ofensivos los salarios que ganan los ministros de la Suprema Corte, lo que negaron los funcionarios.

Durante su último informe de labores, el pasado 13 de diciembre, el entonces presidente de la Corte, Luis María Aguilar, dijo a López Obrador que “para el ejercicio digno” de sus funciones como jueces, “lo primero es defender nuestra independencia, real y absoluta”.

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El 2 de enero, durante la toma de protesta de Arturo Zaldivar como presidente de la Suprema Corte, el ministro del máximo tribunal judicial dijo que habría diálogo e independencia en relación con el poder Ejecutivo y el Legislativo.

Este martes, la Corte señaló que su Presidencia y la del Consejo de la Judicatura Federal revisarán, y en todo caso publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces –conforme lo aprobado en el PEF 2019- a efecto de asegurar, como mandata el artículo 94 constitucional, que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo.

Asimismo, “se tomarán medidas para asegurar la independencia de Magistrados, Jueces y todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación frente a otros Poderes”.

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AFP

Cómo se convirtió Colombia en el primer país sudamericano en 'sacar' a Uber

La aplicación de servicios de transporte más importante del mundo abandona el país sudamericano. Dejará de operar a partir del 31 de enero.
AFP
13 de enero, 2020
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“Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”.

Eso dijo Uber en el comunicado en que anuncia que desde el 31 de enero dejará de funcionar en Colombia.

Es inédito que Uber informe de manera explícita que se va.

Y es que aunque en países como Argentina o Chile las autoridades ya habían declarado ilegal la aplicación, Colombia ha llegado al extremo de ordenar a las operadoras de telefonía móvil que bloqueen su funcionamiento.

El servicio de reparto de comida a domicilio Uber Eats, informó la empresa, no se verá afectado.

El anuncio se da después de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, un regulador estatal, que dio la razón a Cotech, una empresa de taxis que interpuso una demanda contra la aplicación.

El alegato de los taxistas, radicado hace tres años y basado en dos leyes de 1996 sobre reglas del mercado, argumenta que Uber incurrió en competencia desleal al desviar a la clientela de manera insana y deshonesta y obtener ventaja competitiva ilegalmente.

Gremios de taxistas en toda América Latina han presentado demandas en el mismo sentido y en algunos países han logrado que se prohíban, pero la interrupción total del servicio ha sido casi imposible en la región.

Taxis protestan en Colombia
AFP

Pese a que Colombia tiene una de las tasas de menor representatividad sindical en América Latina, los taxistas son particularmente poderosos en ese país.

En el caso de Colombia, sin embargo, las autoridades exigieron a los operadores telefónicos que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente“.

Desde que Uber llegó a Colombia, sus críticos han pedido que su funcionamiento y sus compromisos laborales e impositivos sean regulados, pero, como en otros países, hasta ahora su figura no ha sido formalizada.

“Contra el TLC”

Uber aseguró que “la decisión es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

La empresa anunció que apelará el dictamen para “defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”.

Anteriormente, la empresa dijo que el Estado estaba violando las pautas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El gobierno de Iván Duque, que tiene como una de sus principales banderas a la llamada “economía naranja” y el emprendimiento tecnológico, ha defendido el dictamen de la Superintendencia.

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que “no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano”.

https://twitter.com/Uber_Col/status/1215681583253991424

¿Caso político o jurídico?

Miembros de la oposición denunciaron un supuesto pacto entre el gobierno y los taxistas para prohibir a Uber a cambio de que el poderoso gremio no apoyara el paro nacional que generó protestas contra Duque desde el 21 de noviembre.

El Ejecutivo niega dicho compromiso y asegura que la Superintendencia, cuyo director es nombrado por el presidente, basa su decisión en razones jurídicas y no políticas.

Otras aplicaciones de internet que proveen soluciones a mercados han tenido experiencias exitosas en Colombia.

Rappi, un servicio de entrega a domicilio, es de origen colombiano y en 2018 recibió la inversión de capital de riesgo más grande de la historia de América Latina, por US$1.000 millones.

Duque celebró la inversión como un “gran mensaje de confianza en Colombia”.

Seguiremos invirtiendo en innovaciones que permitan la creación de mercados y proporcionen oportunidades a millones de personas en la región”, dijo el mandatario en su momento.

Hasta ahora, Duque se ha abstenido de comentar en el caso de Uber.

Su gobierno encargó al ministerio de Comercio y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado para entablar mesas de negociación con Uber.

La capital colombiana, Bogotá, suele puntear las listas de las ciudades con peor tráfico del mundo. En horas pico, incluso cuando opera Uber, es usual que sea difícil encontrar servicio de transporte en automóvil.

Es probable que la suspensión de Uber complique la vida de los millones de bogotanos que luchan contra el tráfico todos los días.

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