Los países del Grupo de Lima, excepto México, amenazan con medidas económicas a Maduro
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Los países del Grupo de Lima, excepto México, amenazan con medidas económicas a Maduro

El jefe del Estado tiene previsto inaugurar el próximo 10 de enero un nuevo periodo presidencial al que Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países latinoamericanos niegan la legitimidad.
Reuters
4 de enero, 2019
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Los países americanos reunidos en el Grupo de Lima volvieron a reclamar el “restablecimiento de la democracia” en Venezuela a pocos días de que Nicolás Maduro jure su cargo como presidente del país sudamericano para un nuevo mandato.

Esta vez añaden a su acción diplomática la posibilidad de aplicar medidas económicas para presionar a Maduro, al que demandan la celebración de unas nuevas elecciones presidenciales “democráticas”.

Maduro se impuso en las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2018 y tiene previsto inaugurar el próximo 10 de enero un nuevo periodo presidencial que se prolongaría hasta 2025.

Estados Unidos, la Unión Europea y los países del Grupo de Lima (entre los que están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) no reconocen el resultado de los comicios de mayo.

La mayor parte de las fuerzas de oposición declinaron participar ante lo que consideraban falta de garantías.

Este último comunicado fue suscrito este viernes por todos los miembros del Grupo de Lima a excepción de México, que se abstuvo “para mantener abiertos sus canales diplomáticos con Caracas para ayudar a encontrar una solución a la crisis política de ese país”.

En el documento se reitera que el proceso electoral de mayo “carece de legitimidad” y no cumplió con los estándares internacionales.

“Las decisiones sobre Venezuela no las toman gobiernos extranjeros”

Grupo de Lima

Maduro reafirmó en una entrevista emitida por la televisión estatal venezolana el día de año nuevo su determinación de renovar su mandato presidencial y permanecer al frente del gobierno seis años más.

“Las decisiones sobre Venezuela no las toman los gobiernos extranjeros”, respondió a las críticas Maduro, que de nuevo culpó de las dificultades que atraviesa su país al “imperio norteramericano junto a sus gobiernos satélites de este continente y de Europa”.

El Grupo de Lima anuncia en su último comunicado su intención de “elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia”.

No se descarta además congelar activos en el exterior de entidades relacionadas con el gobierno venezolano, un paso que, de concretarse, iría en la línea de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra intereses estratégicos venezolanos en el exterior.

Maduro dijo que las sanciones internacionales le han hecho perder US$20.000 millones en el último año.

También se afirma la intención de “evaluar con criterio restrictivo” la concesión de préstamos a Venezuela en los organismos internacionales de los que forma parte.

Las cancillerías de los países del grupo reiteran su apoyo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición pero desprovista de competencias desde que Maduro impulsó una nueva Asamblea Nacional Constituyente.

El Grupo de Lima cree que el presidente debería entregarle el poder hasta que se celebraran unas nuevas elecciones.

La resolución también se refiere a la emigración masiva de venezolanos que escapan de lo que califica de “crisis humanitaria” en su país, causada según el texto por las políticas “antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicadas por el régimen de Nicolás Maduro”.

De acuerdo con las cifras de la Oficina para los Refugiados de Naciones Unidas, más de tres millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, la mayoría con rumbo a otros países de América Latina, lo que ha dado pie a una crisis migratoria que preocupa en todas las capitales de la región.

Los países del Grupo se comprometen a seguir coordinando sus esfuerzos para atender a los migrantes “en la medida de sus posibilidades”, pero señalan que el “éxodo” solo se detendrá mediante “el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos en Venezuela”.


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Comprar terrenos, remodelar viviendas y no intermediarios: los cambios que propone AMLO a la ley del Infonavit

La reforma da la posibilidad de otorgar crédito para la autoproducción de vivienda: autoconstrucción, remodelación, reparación y ampliación.
11 de noviembre, 2020
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Comprar un terreno para construir una casa, remodelar la vivienda o utilizar el crédito para refinanciar préstamos adquiridos con los bancos, son opciones que el Infonavit podría dar a los trabajadores con la propuesta de reforma a la Ley del Infonavit presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario entregó el pasado 6 de octubre a la Cámara de Diputados esta propuesta de reforma que busca que los créditos de entreguen de forma directa y en diversas modalidades. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Vivienda, se espera su discusión en el Pleno.

Lee: A partir de enero, parejas en unión libre y familiares podrán juntar sus créditos del Infonavit

La reforma reconoce que las y los trabajadores tienen el derecho a recibir su crédito –resultado de su ahorro−de forma directa y sin intermediarios.

Esta reforma incluso contempla una modificación para que el Instituto pueda prestarle más de una vez a un trabajador para el financiamiento de su nueva casa. Se podrá solicitar un crédito al Instituto cuantas veces lo necesite (actualmente solo se permiten dos créditos).

En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, dijo que se plantea reformar el artículo 3 para que los trabajadores puedan usar su dinero de la subcuenta de vivienda para comprar un terreno o suelo para construir su casa.

Prevé explícitamente la posibilidad de otorgar crédito para la autoproducción de vivienda: autoconstrucción, remodelación, reparación y ampliación.

“Los cambios propuestos consideran que los beneficiarios ya no necesitan ningún ‘tutelaje’ para la administración de los créditos”, dijo.

También da opción a las y los trabajadores refinanciar un crédito ya adquirido con alguna otra institución financiera, por ejemplo aquellos con tasa variable o que no convengan al trabajador.

Martínez Velázquez explicó que la reforma a la Ley del Infonavit de acceso a créditos para derechohabientes sin relación laboral activa.

“Esto para mí es la reforma de inclusión financiera más grade que ha tenido la historia de este país. Va a permitir que alrededor de 40 millones de personas que hoy tienen depósitos constituidos en el Infonavit puedan acceder a financiamiento”, aseguró Martínez Velázquez.

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