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Víctimas de la violencia reclaman ineficacia a 5 años de la creación de la Comisión para su atención

Familiares y afectados clausuraron simbólicamente la Comisión porque solo 14 estados han armonizado su legislación con la Ley General de Víctimas.
9 de enero, 2019
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A seis años de la publicación de la Ley General de Víctimas y cinco años de que empezó a operar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), unas 50 personas realizaron una clausura simbólica de estas oficinas para reclamar que no ha sido eficaz y llenaron las paredes con reclamos escritos en cartulinas.

María Belén Espejel Guevara fue una de las que acudió a la manifestación. Su hermano Oswaldo desapareció en 2012 en el Estado de México y su madre, Cornelia Guevara, lo buscó por más de tres años, hasta que un día, la asesinaron en su propia casa. Ella tuvo que huir con su familia pero hasta la fecha, no ha recibido ayuda oficial.

Aumentan víctimas en México, mientras Comisión para atenderlas tiene menos personal y dinero

“Yo presencié el asesinato de mi mamá. Entonces me desplazaron, la CEAV me desplazó del Estado de México para que los asesinos no me buscaran a mí y a mi hija. Pero aquí en la Ciudad no cuento con suficientes ingresos para las rentas, que son muy altas. Y a la fecha, tres años después, no tengo Renavi (Registro Nacional de Víctimas) de la CEAV, no tengo ningún apoyo”, lamentó.

El Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, de la Fundación IDHEAS y que reúne a varias organizaciones, organizó la protesta con un pronunciamiento en el que reclamaron que sólo 14 estados han armonizado su legislación con lo que ordena la Ley General de Víctimas, y hay casos como Guanajuato donde ni siquiera ha empezado a analizarse. Además, a pesar de que en cada estado debe haber una Comisión local, 12 entidades no la tienen, incluida la Ciudad de México.

También recriminaron la lentitud y burocracia para ser inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y tener acceso a la atención, así como la insuficiencia de personal en el área de Asesoría Jurídica, ya que actualmente hay 152 asesores, cada uno gestionando en promedio 105 casos. “Lo anterior pone en desventaja a las víctimas en el proceso penal, ya que la defensoría pública de oficio para personas imputadas cuenta con un total de 884 abogados”, de acuerdo con un comunicado.

Piden a López Obrador atender el tema

Otro de los reclamos del Observatorio es que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) sólo tuvo una reunión, cuando fue creado, en enero de 2014, y aunque el artículo 83 de la Ley dice que debe sesionar cada seis meses, convocado por el presidente, eso no ha ocurrido.

Por ello, una de sus peticiones, lanzada a Andrés Manuel López Obrador, es que convoque al pleno para definir líneas de acción y aplicar la Ley.

En 2017 hubo 1.2 millones más de víctimas en México; 93% de los delitos no se denuncian

De acuerdo con otra de las manifestantes, con la entrada del nuevo gobierno el pasado 1 de diciembre no se ha visto ningún cambio en la atención a víctimas.

“Varios colectivos sí han tenido reuniones (con personas del nuevo gobierno), se han hecho propuestas, pero a la fecha no hay nada. Incluso nos estamos uniendo los colectivos para que el presidente nos atienda, nos diga algo. A nosotros lo que más nos importa es que encuentren a nuestros desaparecidos y que se haga justicia, porque las investigaciones tanto para búsqueda como para justicia son pésimas, uno termina investigando las cosas. Y creemos que somos 38 mil, pero hemos conocido personas que te dicen que no hicieron denuncia porque tienen miedo. Entonces nosotros como propias víctimas nos espantamos de la cifra, que podría ser el doble; no puede el país estar tan mal y el gobierno, quien esté, cerrar los ojos”, señaló Laura Curiel.

Ella es madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 en Tlanepantla, Estado de México. Ahora ya recibe dinero de la CEAV para renta y alimentación porque se fue a vivir con su otra hija y nietos a otro estado. Pero lo que tenía ahorrado para un negocio, para su proyecto de vida, se perdió en el primer año de búsqueda, y el camino para tener apoyo oficial no fue fácil.

“Al principio vine dos veces y me negaron la atención. Entonces me fui, dije: no sé para qué sirve esta cosa. Ya hasta después que en las redes sociales empecé a enterarme que había páginas de desaparecidos, contactando a algunas personas que veía sus publicaciones, fue como llegué a un colectivo y fue como me atendieron. Mi propia MP de ese entonces me dijo: es una lástima que tenga que unirse a un colectivo para que sí le den la atención”.

“Yo lo padecí, y ahora veo gente que lo padece, pero no tiene que ser así, para eso hay una Ley”, remarcó la ahora activista del colectivo Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos.

Y la CEAV presume resultados

Poco antes de que llegaran los manifestantes, la CEAV publicó un comunicado por el aniversario de su creación, en el que presumió que desde 2015 se han entregado cerca de mil millones de pesos en ayudas y compensaciones, y durante el año pasado emitió 176 resoluciones de reparación integral, algunas de ellas colectivas, como en casos del Movimiento del 68 y el periodo de represión gubernamental conocido como “guerra sucia”.

El gobierno de AMLO pospone justicia transicional y atención a víctimas, denuncian activistas

El Renavi, agregó el boletín, tiene más de 20 mil personas que han sido víctimas de delitos de alto impacto o han visto vulnerados sus derechos humanos, en el orden federal. No obstante, una de las cartulinas de protesta pegada en la entrada de la dependencia reclamaba que ese Registro no refleja la cifra correcta de víctimas que hay en el país.

En lo que sí coincidió la Comisión con los reclamos de los manifestantes, fue en la necesidad de mejorar la aplicación de la Ley de Victimas en los estados.

“(El comisionado Jaime) Rochín recalcó la importancia de que los gobiernos estatales cumplan con la creación de los mecanismos necesarios de homologación de su normatividad local con la ley federal, así como con su deber de garantizar la plena operación de los sistemas estatales de atención”, afirmó.

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AFP

Cómo se convirtió Colombia en el primer país sudamericano en 'sacar' a Uber

La aplicación de servicios de transporte más importante del mundo abandona el país sudamericano. Dejará de operar a partir del 31 de enero.
AFP
13 de enero, 2020
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“Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”.

Eso dijo Uber en el comunicado en que anuncia que desde el 31 de enero dejará de funcionar en Colombia.

Es inédito que Uber informe de manera explícita que se va.

Y es que aunque en países como Argentina o Chile las autoridades ya habían declarado ilegal la aplicación, Colombia ha llegado al extremo de ordenar a las operadoras de telefonía móvil que bloqueen su funcionamiento.

El servicio de reparto de comida a domicilio Uber Eats, informó la empresa, no se verá afectado.

El anuncio se da después de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, un regulador estatal, que dio la razón a Cotech, una empresa de taxis que interpuso una demanda contra la aplicación.

El alegato de los taxistas, radicado hace tres años y basado en dos leyes de 1996 sobre reglas del mercado, argumenta que Uber incurrió en competencia desleal al desviar a la clientela de manera insana y deshonesta y obtener ventaja competitiva ilegalmente.

Gremios de taxistas en toda América Latina han presentado demandas en el mismo sentido y en algunos países han logrado que se prohíban, pero la interrupción total del servicio ha sido casi imposible en la región.

Taxis protestan en Colombia
AFP

Pese a que Colombia tiene una de las tasas de menor representatividad sindical en América Latina, los taxistas son particularmente poderosos en ese país.

En el caso de Colombia, sin embargo, las autoridades exigieron a los operadores telefónicos que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente“.

Desde que Uber llegó a Colombia, sus críticos han pedido que su funcionamiento y sus compromisos laborales e impositivos sean regulados, pero, como en otros países, hasta ahora su figura no ha sido formalizada.

“Contra el TLC”

Uber aseguró que “la decisión es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

La empresa anunció que apelará el dictamen para “defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”.

Anteriormente, la empresa dijo que el Estado estaba violando las pautas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El gobierno de Iván Duque, que tiene como una de sus principales banderas a la llamada “economía naranja” y el emprendimiento tecnológico, ha defendido el dictamen de la Superintendencia.

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que “no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano”.

https://twitter.com/Uber_Col/status/1215681583253991424

¿Caso político o jurídico?

Miembros de la oposición denunciaron un supuesto pacto entre el gobierno y los taxistas para prohibir a Uber a cambio de que el poderoso gremio no apoyara el paro nacional que generó protestas contra Duque desde el 21 de noviembre.

El Ejecutivo niega dicho compromiso y asegura que la Superintendencia, cuyo director es nombrado por el presidente, basa su decisión en razones jurídicas y no políticas.

Otras aplicaciones de internet que proveen soluciones a mercados han tenido experiencias exitosas en Colombia.

Rappi, un servicio de entrega a domicilio, es de origen colombiano y en 2018 recibió la inversión de capital de riesgo más grande de la historia de América Latina, por US$1.000 millones.

Duque celebró la inversión como un “gran mensaje de confianza en Colombia”.

Seguiremos invirtiendo en innovaciones que permitan la creación de mercados y proporcionen oportunidades a millones de personas en la región”, dijo el mandatario en su momento.

Hasta ahora, Duque se ha abstenido de comentar en el caso de Uber.

Su gobierno encargó al ministerio de Comercio y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado para entablar mesas de negociación con Uber.

La capital colombiana, Bogotá, suele puntear las listas de las ciudades con peor tráfico del mundo. En horas pico, incluso cuando opera Uber, es usual que sea difícil encontrar servicio de transporte en automóvil.

Es probable que la suspensión de Uber complique la vida de los millones de bogotanos que luchan contra el tráfico todos los días.

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