Víctimas de la violencia reclaman ineficacia a 5 años de la creación de la Comisión para su atención
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Víctimas de la violencia reclaman ineficacia a 5 años de la creación de la Comisión para su atención

Familiares y afectados clausuraron simbólicamente la Comisión porque solo 14 estados han armonizado su legislación con la Ley General de Víctimas.
9 de enero, 2019
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A seis años de la publicación de la Ley General de Víctimas y cinco años de que empezó a operar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), unas 50 personas realizaron una clausura simbólica de estas oficinas para reclamar que no ha sido eficaz y llenaron las paredes con reclamos escritos en cartulinas.

María Belén Espejel Guevara fue una de las que acudió a la manifestación. Su hermano Oswaldo desapareció en 2012 en el Estado de México y su madre, Cornelia Guevara, lo buscó por más de tres años, hasta que un día, la asesinaron en su propia casa. Ella tuvo que huir con su familia pero hasta la fecha, no ha recibido ayuda oficial.

Aumentan víctimas en México, mientras Comisión para atenderlas tiene menos personal y dinero

“Yo presencié el asesinato de mi mamá. Entonces me desplazaron, la CEAV me desplazó del Estado de México para que los asesinos no me buscaran a mí y a mi hija. Pero aquí en la Ciudad no cuento con suficientes ingresos para las rentas, que son muy altas. Y a la fecha, tres años después, no tengo Renavi (Registro Nacional de Víctimas) de la CEAV, no tengo ningún apoyo”, lamentó.

El Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, de la Fundación IDHEAS y que reúne a varias organizaciones, organizó la protesta con un pronunciamiento en el que reclamaron que sólo 14 estados han armonizado su legislación con lo que ordena la Ley General de Víctimas, y hay casos como Guanajuato donde ni siquiera ha empezado a analizarse. Además, a pesar de que en cada estado debe haber una Comisión local, 12 entidades no la tienen, incluida la Ciudad de México.

También recriminaron la lentitud y burocracia para ser inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y tener acceso a la atención, así como la insuficiencia de personal en el área de Asesoría Jurídica, ya que actualmente hay 152 asesores, cada uno gestionando en promedio 105 casos. “Lo anterior pone en desventaja a las víctimas en el proceso penal, ya que la defensoría pública de oficio para personas imputadas cuenta con un total de 884 abogados”, de acuerdo con un comunicado.

Piden a López Obrador atender el tema

Otro de los reclamos del Observatorio es que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) sólo tuvo una reunión, cuando fue creado, en enero de 2014, y aunque el artículo 83 de la Ley dice que debe sesionar cada seis meses, convocado por el presidente, eso no ha ocurrido.

Por ello, una de sus peticiones, lanzada a Andrés Manuel López Obrador, es que convoque al pleno para definir líneas de acción y aplicar la Ley.

En 2017 hubo 1.2 millones más de víctimas en México; 93% de los delitos no se denuncian

De acuerdo con otra de las manifestantes, con la entrada del nuevo gobierno el pasado 1 de diciembre no se ha visto ningún cambio en la atención a víctimas.

“Varios colectivos sí han tenido reuniones (con personas del nuevo gobierno), se han hecho propuestas, pero a la fecha no hay nada. Incluso nos estamos uniendo los colectivos para que el presidente nos atienda, nos diga algo. A nosotros lo que más nos importa es que encuentren a nuestros desaparecidos y que se haga justicia, porque las investigaciones tanto para búsqueda como para justicia son pésimas, uno termina investigando las cosas. Y creemos que somos 38 mil, pero hemos conocido personas que te dicen que no hicieron denuncia porque tienen miedo. Entonces nosotros como propias víctimas nos espantamos de la cifra, que podría ser el doble; no puede el país estar tan mal y el gobierno, quien esté, cerrar los ojos”, señaló Laura Curiel.

Ella es madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 en Tlanepantla, Estado de México. Ahora ya recibe dinero de la CEAV para renta y alimentación porque se fue a vivir con su otra hija y nietos a otro estado. Pero lo que tenía ahorrado para un negocio, para su proyecto de vida, se perdió en el primer año de búsqueda, y el camino para tener apoyo oficial no fue fácil.

“Al principio vine dos veces y me negaron la atención. Entonces me fui, dije: no sé para qué sirve esta cosa. Ya hasta después que en las redes sociales empecé a enterarme que había páginas de desaparecidos, contactando a algunas personas que veía sus publicaciones, fue como llegué a un colectivo y fue como me atendieron. Mi propia MP de ese entonces me dijo: es una lástima que tenga que unirse a un colectivo para que sí le den la atención”.

“Yo lo padecí, y ahora veo gente que lo padece, pero no tiene que ser así, para eso hay una Ley”, remarcó la ahora activista del colectivo Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos.

Y la CEAV presume resultados

Poco antes de que llegaran los manifestantes, la CEAV publicó un comunicado por el aniversario de su creación, en el que presumió que desde 2015 se han entregado cerca de mil millones de pesos en ayudas y compensaciones, y durante el año pasado emitió 176 resoluciones de reparación integral, algunas de ellas colectivas, como en casos del Movimiento del 68 y el periodo de represión gubernamental conocido como “guerra sucia”.

El gobierno de AMLO pospone justicia transicional y atención a víctimas, denuncian activistas

El Renavi, agregó el boletín, tiene más de 20 mil personas que han sido víctimas de delitos de alto impacto o han visto vulnerados sus derechos humanos, en el orden federal. No obstante, una de las cartulinas de protesta pegada en la entrada de la dependencia reclamaba que ese Registro no refleja la cifra correcta de víctimas que hay en el país.

En lo que sí coincidió la Comisión con los reclamos de los manifestantes, fue en la necesidad de mejorar la aplicación de la Ley de Victimas en los estados.

“(El comisionado Jaime) Rochín recalcó la importancia de que los gobiernos estatales cumplan con la creación de los mecanismos necesarios de homologación de su normatividad local con la ley federal, así como con su deber de garantizar la plena operación de los sistemas estatales de atención”, afirmó.

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Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

La ONU ha identificado 36 casos de políticos, periodistas y activistas que han sido "secuestrados" en territorio ucraniano.
25 de marzo, 2022
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Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.

La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.

Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.

Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.

El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que “probablemente fue detenida por el FSB”, el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.

Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por “salvarle la vida”.

Periodistas y representantes locales

Svetlana Zalizetskaya, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.

Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.

Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido “en algún sótano” y dijo que “no sabía qué querían de él”.

Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a “contarle al mundo las atrocidades” cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo que cuatro periodistas también habían sido detenidos y luego liberados en Melitópol.

El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de “una ola de limpieza de información” que tenía como objetivo la “intimidación de periodistas y figuras públicas”.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos “son en su mayoría representantes de las comunidades locales, periodistas y personas que hablaron sobre sus posiciones proucranianas“.

Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de “listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos”.

En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una “lista de muerte” de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.

Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.

Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcalde Iván Fedorov fue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.

Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados.

“No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición”, dice Fedorov. “En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica”.

“Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales”.

Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluida Nova Kajovka en el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en Bucha, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.

Advertencias a los parlamentarios

La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían a medida que Rusia enfrenta una falta de cooperación y una mayor resistencia en las regiones ocupadas.

“Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice ‘cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'”, le dijo a la BBC.

“No sucedió en absoluto aquí… Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran”.

Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev.

“Prácticamente hay dos listas”, dijo. “Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo”.

“También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada”, agregó Shkrum.

Vecinos temen campañas de detenciones

Los secuestros no se han limitado a figuras públicas. También se ha detenido a algunos civiles y exmiembros de las fuerzas armadas.

Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove”.

“Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron”, dijo Nelles. “Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan”.

Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias”.

Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora “la cantidad de arrestos parece relativamente baja” y algunas de las listas parecen estar “elaboradas sobre la marcha” a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación.

“Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida”, advirtió.


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