Víctimas de la violencia reclaman ineficacia a 5 años de la creación de la Comisión para su atención
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Víctimas de la violencia reclaman ineficacia a 5 años de la creación de la Comisión para su atención

Familiares y afectados clausuraron simbólicamente la Comisión porque solo 14 estados han armonizado su legislación con la Ley General de Víctimas.
9 de enero, 2019
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A seis años de la publicación de la Ley General de Víctimas y cinco años de que empezó a operar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), unas 50 personas realizaron una clausura simbólica de estas oficinas para reclamar que no ha sido eficaz y llenaron las paredes con reclamos escritos en cartulinas.

María Belén Espejel Guevara fue una de las que acudió a la manifestación. Su hermano Oswaldo desapareció en 2012 en el Estado de México y su madre, Cornelia Guevara, lo buscó por más de tres años, hasta que un día, la asesinaron en su propia casa. Ella tuvo que huir con su familia pero hasta la fecha, no ha recibido ayuda oficial.

Aumentan víctimas en México, mientras Comisión para atenderlas tiene menos personal y dinero

“Yo presencié el asesinato de mi mamá. Entonces me desplazaron, la CEAV me desplazó del Estado de México para que los asesinos no me buscaran a mí y a mi hija. Pero aquí en la Ciudad no cuento con suficientes ingresos para las rentas, que son muy altas. Y a la fecha, tres años después, no tengo Renavi (Registro Nacional de Víctimas) de la CEAV, no tengo ningún apoyo”, lamentó.

El Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, de la Fundación IDHEAS y que reúne a varias organizaciones, organizó la protesta con un pronunciamiento en el que reclamaron que sólo 14 estados han armonizado su legislación con lo que ordena la Ley General de Víctimas, y hay casos como Guanajuato donde ni siquiera ha empezado a analizarse. Además, a pesar de que en cada estado debe haber una Comisión local, 12 entidades no la tienen, incluida la Ciudad de México.

También recriminaron la lentitud y burocracia para ser inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y tener acceso a la atención, así como la insuficiencia de personal en el área de Asesoría Jurídica, ya que actualmente hay 152 asesores, cada uno gestionando en promedio 105 casos. “Lo anterior pone en desventaja a las víctimas en el proceso penal, ya que la defensoría pública de oficio para personas imputadas cuenta con un total de 884 abogados”, de acuerdo con un comunicado.

Piden a López Obrador atender el tema

Otro de los reclamos del Observatorio es que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) sólo tuvo una reunión, cuando fue creado, en enero de 2014, y aunque el artículo 83 de la Ley dice que debe sesionar cada seis meses, convocado por el presidente, eso no ha ocurrido.

Por ello, una de sus peticiones, lanzada a Andrés Manuel López Obrador, es que convoque al pleno para definir líneas de acción y aplicar la Ley.

En 2017 hubo 1.2 millones más de víctimas en México; 93% de los delitos no se denuncian

De acuerdo con otra de las manifestantes, con la entrada del nuevo gobierno el pasado 1 de diciembre no se ha visto ningún cambio en la atención a víctimas.

“Varios colectivos sí han tenido reuniones (con personas del nuevo gobierno), se han hecho propuestas, pero a la fecha no hay nada. Incluso nos estamos uniendo los colectivos para que el presidente nos atienda, nos diga algo. A nosotros lo que más nos importa es que encuentren a nuestros desaparecidos y que se haga justicia, porque las investigaciones tanto para búsqueda como para justicia son pésimas, uno termina investigando las cosas. Y creemos que somos 38 mil, pero hemos conocido personas que te dicen que no hicieron denuncia porque tienen miedo. Entonces nosotros como propias víctimas nos espantamos de la cifra, que podría ser el doble; no puede el país estar tan mal y el gobierno, quien esté, cerrar los ojos”, señaló Laura Curiel.

Ella es madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 en Tlanepantla, Estado de México. Ahora ya recibe dinero de la CEAV para renta y alimentación porque se fue a vivir con su otra hija y nietos a otro estado. Pero lo que tenía ahorrado para un negocio, para su proyecto de vida, se perdió en el primer año de búsqueda, y el camino para tener apoyo oficial no fue fácil.

“Al principio vine dos veces y me negaron la atención. Entonces me fui, dije: no sé para qué sirve esta cosa. Ya hasta después que en las redes sociales empecé a enterarme que había páginas de desaparecidos, contactando a algunas personas que veía sus publicaciones, fue como llegué a un colectivo y fue como me atendieron. Mi propia MP de ese entonces me dijo: es una lástima que tenga que unirse a un colectivo para que sí le den la atención”.

“Yo lo padecí, y ahora veo gente que lo padece, pero no tiene que ser así, para eso hay una Ley”, remarcó la ahora activista del colectivo Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos.

Y la CEAV presume resultados

Poco antes de que llegaran los manifestantes, la CEAV publicó un comunicado por el aniversario de su creación, en el que presumió que desde 2015 se han entregado cerca de mil millones de pesos en ayudas y compensaciones, y durante el año pasado emitió 176 resoluciones de reparación integral, algunas de ellas colectivas, como en casos del Movimiento del 68 y el periodo de represión gubernamental conocido como “guerra sucia”.

El gobierno de AMLO pospone justicia transicional y atención a víctimas, denuncian activistas

El Renavi, agregó el boletín, tiene más de 20 mil personas que han sido víctimas de delitos de alto impacto o han visto vulnerados sus derechos humanos, en el orden federal. No obstante, una de las cartulinas de protesta pegada en la entrada de la dependencia reclamaba que ese Registro no refleja la cifra correcta de víctimas que hay en el país.

En lo que sí coincidió la Comisión con los reclamos de los manifestantes, fue en la necesidad de mejorar la aplicación de la Ley de Victimas en los estados.

“(El comisionado Jaime) Rochín recalcó la importancia de que los gobiernos estatales cumplan con la creación de los mecanismos necesarios de homologación de su normatividad local con la ley federal, así como con su deber de garantizar la plena operación de los sistemas estatales de atención”, afirmó.

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Chile: 4 claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet

Una gran mayoría de chilenos votó este domingo a favor de reemplazar la Constitución vigente, que fue redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.
26 de octubre, 2020
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chile

Getty Images
Las autoridades iniciaron el recuento de votos en la noche del domingo.

Por primera vez en la historia de Chile, este domingo se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución.

El resultado fue abrumador: uni 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna.

Será además la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Tras conocer los resultados preliminares, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “triunfó la ciudadanía y la democracia” tras conocerse los primeros resultados del histórico plebiscito.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, indicó.

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus.

colas

AFP
Se han reportado largas filas a lo largo del país.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

chile

AFP
Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

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La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente ampliay en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

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Las autoridades han pedido a la población mantener la distancia social.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

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Muchas filas buscan mantener el distanciamiento social.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

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El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

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Las largas filas se han mantenido desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

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El referendo ha transcurrido con normalidad.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

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El referendo se realiza en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

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El proceso ha sido calificado de histórico.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

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Las autoridades han tomado medidas especiales para evitar la propagación del virus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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