A seis años de la publicación de la Ley General de Víctimas y cinco años de que empezó a operar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), unas 50 personas realizaron una clausura simbólica de estas oficinas para reclamar que no ha sido eficaz y llenaron las paredes con reclamos escritos en cartulinas.
María Belén Espejel Guevara fue una de las que acudió a la manifestación. Su hermano Oswaldo desapareció en 2012 en el Estado de México y su madre, Cornelia Guevara, lo buscó por más de tres años, hasta que un día, la asesinaron en su propia casa. Ella tuvo que huir con su familia pero hasta la fecha, no ha recibido ayuda oficial.
“Yo presencié el asesinato de mi mamá. Entonces me desplazaron, la CEAV me desplazó del Estado de México para que los asesinos no me buscaran a mí y a mi hija. Pero aquí en la Ciudad no cuento con suficientes ingresos para las rentas, que son muy altas. Y a la fecha, tres años después, no tengo Renavi (Registro Nacional de Víctimas) de la CEAV, no tengo ningún apoyo”, lamentó.
El Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, de la Fundación IDHEAS y que reúne a varias organizaciones, organizó la protesta con un pronunciamiento en el que reclamaron que sólo 14 estados han armonizado su legislación con lo que ordena la Ley General de Víctimas, y hay casos como Guanajuato donde ni siquiera ha empezado a analizarse. Además, a pesar de que en cada estado debe haber una Comisión local, 12 entidades no la tienen, incluida la Ciudad de México.
También recriminaron la lentitud y burocracia para ser inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y tener acceso a la atención, así como la insuficiencia de personal en el área de Asesoría Jurídica, ya que actualmente hay 152 asesores, cada uno gestionando en promedio 105 casos. “Lo anterior pone en desventaja a las víctimas en el proceso penal, ya que la defensoría pública de oficio para personas imputadas cuenta con un total de 884 abogados”, de acuerdo con un comunicado.
Piden a López Obrador atender el tema
Otro de los reclamos del Observatorio es que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) sólo tuvo una reunión, cuando fue creado, en enero de 2014, y aunque el artículo 83 de la Ley dice que debe sesionar cada seis meses, convocado por el presidente, eso no ha ocurrido.
Por ello, una de sus peticiones, lanzada a Andrés Manuel López Obrador, es que convoque al pleno para definir líneas de acción y aplicar la Ley.
De acuerdo con otra de las manifestantes, con la entrada del nuevo gobierno el pasado 1 de diciembre no se ha visto ningún cambio en la atención a víctimas.
“Varios colectivos sí han tenido reuniones (con personas del nuevo gobierno), se han hecho propuestas, pero a la fecha no hay nada. Incluso nos estamos uniendo los colectivos para que el presidente nos atienda, nos diga algo. A nosotros lo que más nos importa es que encuentren a nuestros desaparecidos y que se haga justicia, porque las investigaciones tanto para búsqueda como para justicia son pésimas, uno termina investigando las cosas. Y creemos que somos 38 mil, pero hemos conocido personas que te dicen que no hicieron denuncia porque tienen miedo. Entonces nosotros como propias víctimas nos espantamos de la cifra, que podría ser el doble; no puede el país estar tan mal y el gobierno, quien esté, cerrar los ojos”, señaló Laura Curiel.
Ella es madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 en Tlanepantla, Estado de México. Ahora ya recibe dinero de la CEAV para renta y alimentación porque se fue a vivir con su otra hija y nietos a otro estado. Pero lo que tenía ahorrado para un negocio, para su proyecto de vida, se perdió en el primer año de búsqueda, y el camino para tener apoyo oficial no fue fácil.
“Al principio vine dos veces y me negaron la atención. Entonces me fui, dije: no sé para qué sirve esta cosa. Ya hasta después que en las redes sociales empecé a enterarme que había páginas de desaparecidos, contactando a algunas personas que veía sus publicaciones, fue como llegué a un colectivo y fue como me atendieron. Mi propia MP de ese entonces me dijo: es una lástima que tenga que unirse a un colectivo para que sí le den la atención”.
“Yo lo padecí, y ahora veo gente que lo padece, pero no tiene que ser así, para eso hay una Ley”, remarcó la ahora activista del colectivo Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos.
Y la CEAV presume resultados
Poco antes de que llegaran los manifestantes, la CEAV publicó un comunicado por el aniversario de su creación, en el que presumió que desde 2015 se han entregado cerca de mil millones de pesos en ayudas y compensaciones, y durante el año pasado emitió 176 resoluciones de reparación integral, algunas de ellas colectivas, como en casos del Movimiento del 68 y el periodo de represión gubernamental conocido como “guerra sucia”.
El Renavi, agregó el boletín, tiene más de 20 mil personas que han sido víctimas de delitos de alto impacto o han visto vulnerados sus derechos humanos, en el orden federal. No obstante, una de las cartulinas de protesta pegada en la entrada de la dependencia reclamaba que ese Registro no refleja la cifra correcta de víctimas que hay en el país.
En lo que sí coincidió la Comisión con los reclamos de los manifestantes, fue en la necesidad de mejorar la aplicación de la Ley de Victimas en los estados.
“(El comisionado Jaime) Rochín recalcó la importancia de que los gobiernos estatales cumplan con la creación de los mecanismos necesarios de homologación de su normatividad local con la ley federal, así como con su deber de garantizar la plena operación de los sistemas estatales de atención”, afirmó.
