14 universidades públicas tienen denuncias penales por presunto desvío de recursos durante sexenio de EPN
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14 universidades públicas tienen denuncias penales por presunto desvío de recursos durante sexenio de EPN

La mayoría de casos son referentes al esquema de desvío conocido como la Estafa Maestra. La que más acumula irregularidades es la Universidad Autónoma del Estado de México, con 9 denuncias, seguida de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con 7 denuncias.
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27 de febrero, 2019
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Universidades públicas fueron utilizadas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para desviar recursos públicos y por ello hay 14 que cuentan con denuncias penales por su posible participación en diversos fraudes; ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya actuó en contra de una primera universidad y bloqueó sus cuentas por recibir fondos del extranjero.

En total suman 31 denuncias interpuestas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pues cuatro instituciones han sido denunciadas en más de una ocasión.

La que más acumula irregularidades es la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con 9 denuncias penales y fue la primera institución educativa en ser denunciada en 2012, luego en 2015 y en 2017.

Le sigue la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) con siete denuncias penales; la Politécnica de Chiapas, con 2; la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, también con 2 denuncias, respectivamente.

Las restantes tienen una denuncia penal: la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Guerrero, Juárez del Estado de Durango, la Intercultural del Estado de México, la Tecnológica del Sur del Estado de México y las Politécnicas del Sur de Zacatecas, de Texcoco, de Quintana Roo, la Francisco I. Madero de Hidalgo.

La mayoría de casos son referentes al esquema de desvío conocido como la Estafa Maestra en el que hicieron convenios con dependencias de gobierno para que realizaran supuestos servicios, pero al no tener la capacidad, subcontrataban a empresas que eran irregulares o fantasma y, por tanto, el dinero desaparecía.

Para realizar este tipo de convenios, las dependencias de gobierno y universidades utilizaron la excepción a la Ley de Adquisiciones que permite hacer servicios entre entes de gobierno federal sin licitación, es decir, evaden la obligación de hacer un concurso abierto donde los proveedores compiten para escoger a quienes ofrezcan las mejores condiciones.

Además, el régimen fiscal de las universidades las considera como entres “no lucrativas” y por tanto están exentas de entregar reportes contables sobre las empresas que contratan como proveedores, como sí lo deben hacer las empresas lucrativas ante el Servicio de Administración Tributario (SAT).

Este martes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó las cuentas de una universidad tras detectar que recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en más de provenientes de más de 22 países como Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

Sin embargo, para respetar el debido proceso, dijo que no haría público de momento el nombre de la universidad, que es investigada por presunto lavado de dinero luego de un reporte sobre operaciones financieras inusuales el 22 de febrero.

Exrector que firmó convenios, ahora dirige el Consejo de ciencia en Morelos

Pese a que han pasado cuatro años de las primeras denuncias penales, ningún exfuncionario de las universidades ha sido procesado por las irregularidades detectadas. Incluso, dos de los rectores tienen puesto en otras instancias actualmente.

Alejandro Vera es ahora director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, designado por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pero fue rector de la Universidad Autónoma de Morelos entre 2012 y 2017, institución que suma 7 denuncias penales en ese periodo.

Como rector, Vera firmó cuatro convenios por 697 millones de pesos con la Sedesol en 2013 para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero que no se cumplieron porque las empresas que subcontrató la institución educativa eran irregulares y fantasma.

Por ello, la Auditoría interpuso cuatro denuncias penales en octubre de 2015 y tres denuncias más en 2016 por más convenios firmados en el ejercicio fiscal de 2014.

Jorge Olvera fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de México entre 2013 y 2017, periodo en el que la universidad fue denunciada penalmente, pero al concluir su administración, el Congreso mexiquense lo eligió como presidente de la Comisión de Derechos del Estado de México para el periodo de 2017 a 2021, por lo que sigue en el cargo.

Olvera, incluso, construyó su carrera en la universidad, pues antes de ser rector fue secretario técnico de la oficina de Rectoría, Abogado General y director de Desarrollo Administrativo.

La Universidad Autónoma del Estado de México fue denunciada por primera vez en 2014 por los convenios por 422 millones de pesos suscritos a través del Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict-UAEM) con el Consejo Nacional para la Culturas y las Artes (Conaculta) para “establecer las bases para la realización de actividades conjuntas, encaminadas a la ejecución de proyectos” durante el ejercicio fiscal de 2012.

Pero el Fondict-UAEM subcontrató a proveedores y no comprobó la realización de los servicios, por lo que, junto con el Conaculta fue integrado en cuatro denuncias de hechos en octubre de 2014.

Pese a ello, la Universidad y el Fondict volvieron a hacer 28 convenios y subcontrataciones de este tipo con empresas irregulares con la Secretaría de Desarrollo Social en 2013 y con el INEA, el ISSSTE y SUPERISSSTE en 2014 por 2 mil 878 millones de pesos. Por las irregularidades detectadas, la Auditoría le interpuso cinco denuncias penales más.

Sin embargo, también otros casos como la Universidad Veracruzana que fue denunciada en 2013 porque no aclaró el destino de 125 millones de pesos que recibió de la Federación a través de la partida “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”.

Otro caso similar es la Universidad Autónoma de Guerrero y en el que la Auditoría determinó “un probable daño” a la Hacienda Pública por 170 millones 949 mil pesos debido a que no comprobó que se hayan hecho supuestas “asesorías” para la realización de diversos proyectos; ni por los pagos de mantenimiento a diferentes unidades académicas y para la instalación de software.

Otras universidades repitieron el esquema de La estafa maestra. Se trata de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Autónoma de Zacatecas hicieron convenios con la Sagarpa. La Tecnológica del Sur del Estado de México y la Universidad Politécnica de Texcoco hicieron convenios con la Sedesol en 2015, lo mismo que la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Intercultural del Estado de México.

En tanto, las Universidades Politécnicas de Quintana Roo, de Francisco I. Madero y de Chiapas hicieron convenios con la Sedatu en 2016, por lo que fueron denunciadas más recientemente, en octubre de 2018.

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Derrumbe en Miami: la carta en la que se advertía a propietarios de graves daños que sufría el edificio

Los expertos alertan que es muy pronto para sacar conclusiones apresuradas sobre las causas y recuerdan que aunque las inspecciones determinaron "daños estructurales mayores", no alertaron sobre la posibilidad de un colapso inminente.
30 de junio, 2021
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A medida que pasan los días y los trabajos de rescate continúan en el edificio que colapsó parcialmente en Miami, las preguntas sobre cómo pudo derrumbarse un edificio de 12 plantas en cuestión de 11 segundos se multiplican.

Y también, comienzan a aparecer nuevas evidencias y detalles que ayudarán a los expertos a determinar con el tiempo las causas.

Desde el pasado fin de semana, medios de Estados Unidos han publicado documentos que dan cuenta de un deterioro notable en las instalaciones del Champlain Tower South.

Es el caso de una carta enviada en abril pasado a los propietarios de los apartamentos en la que se alertaba de que el “deterioro del concreto” se estaba “acelerando” y que el daño “comenzaría a multiplicarse exponencialmente”.

La carta, enviada por la presidenta de la asociación de propietarios de Champlain Towers South, Jean Wodnicki, tenía como objetivo explicar a los inquilinos por qué una renovación que en 2018 se había estimado en unos US$9 millones había aumentado a casi US$16 millones tres años después.

La recertificación

El Chaplain Towers South es un condominio de 12 plantas y más de 100 apartamentos ubicado frente al mar en el norte de Miami Beach.

El edificio fue terminado en 1981, según datos de la ciudad.

Dado que las normativas vigentes establecen que las construcciones de este tipo deben pasar una inspección a los 40 años para garantizar su habitabilidad, el edificio estaba siendo sometido a reparaciones para poder ser inspeccionado por peritos y obtener su recertificación, de acuerdo con autoridades locales.

Un consultor de ingeniería, Frank Morabito, había sido contratado en 2018 para hacer la evaluación inicial para el proceso y en su informe entonces indicó que había “abundantes grietas” y desprendimientos en el estacionamiento subterráneo del edificio.

La inspección detectó daños graves en la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina -al punto de señalar que había “agotado su vida útil”- y problemas en la entrada que estaban “causando un daño estructural importante a la losa estructural de concreto debajo de estas áreas”.

Para 2021, según mencionó Wodnicki en la carta del 9 de abril, el edificio estaba en peor estado.

“El daño observable, como en el garaje, ha empeorado significativamente desde la inspección inicial“, escribió en la carta, a la que tuvo acceso primero el diario USA Today.

“Cuando se puede ver visualmente el concreto desconchado (agrietado), eso significa que la barra de refuerzo que lo mantiene unida se está oxidando y deteriorándose debajo de la superficie”, alertó Wodnicki.

Otras advertencias

Wodnicki señaló también que “el deterioro del hormigón” se estaba “acelerando” y que “la situación del techo empeoró mucho”.

“Se han identificado nuevos problemas. Además, los costos aumentan cada año. Así es como hemos pasado de los US$ 9.128.433.60 estimados en el informe de 2018 de Frank Morabito, a la cifra mucho mayor que tenemos hoy”, explicó.

Wodnicki alertó además que era “imposible saber la extensión del daño en la barra de refuerzo subyacente” hasta que se abriera el concreto.

“A menudo, el daño es más extenso de lo que se puede determinar mediante la inspección de la superficie”, agregó.

La carta a los residentes presentaba una imagen más sombría sobre el estado del edificio que la que se les dio, según aseguran, después de la inspección de 2018.

Muchos de los que sobrevivieron al derrumbe aseguran que en aquel entonces se les dijo que el edificio estaba “en muy buenas condiciones”.

No está claro si los elementos señalados en la carta de Wodnicki están vinculados con el derrumbe.

rescate

AFP
Las tareas de rescate continúan.

Los expertos alertan que es muy pronto para sacar conclusiones apresuradas sobre las causas y recuerdan que aunque las inspecciones determinaron “daños estructurales mayores”, no alertaron sobre la posibilidad de un colapso inminente.

Este tipo de daños es frecuente en edificios viejos y sobre todo en los que se encuentran en la zona frente al mar y esto no implica necesariamente que se encuentren en riesgo de colapso.


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