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14 universidades públicas tienen denuncias penales por presunto desvío de recursos durante sexenio de EPN

La mayoría de casos son referentes al esquema de desvío conocido como la Estafa Maestra. La que más acumula irregularidades es la Universidad Autónoma del Estado de México, con 9 denuncias, seguida de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con 7 denuncias.
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27 de febrero, 2019
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Universidades públicas fueron utilizadas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para desviar recursos públicos y por ello hay 14 que cuentan con denuncias penales por su posible participación en diversos fraudes; ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya actuó en contra de una primera universidad y bloqueó sus cuentas por recibir fondos del extranjero.

En total suman 31 denuncias interpuestas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pues cuatro instituciones han sido denunciadas en más de una ocasión.

La que más acumula irregularidades es la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con 9 denuncias penales y fue la primera institución educativa en ser denunciada en 2012, luego en 2015 y en 2017.

Le sigue la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) con siete denuncias penales; la Politécnica de Chiapas, con 2; la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, también con 2 denuncias, respectivamente.

Las restantes tienen una denuncia penal: la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Guerrero, Juárez del Estado de Durango, la Intercultural del Estado de México, la Tecnológica del Sur del Estado de México y las Politécnicas del Sur de Zacatecas, de Texcoco, de Quintana Roo, la Francisco I. Madero de Hidalgo.

La mayoría de casos son referentes al esquema de desvío conocido como la Estafa Maestra en el que hicieron convenios con dependencias de gobierno para que realizaran supuestos servicios, pero al no tener la capacidad, subcontrataban a empresas que eran irregulares o fantasma y, por tanto, el dinero desaparecía.

Para realizar este tipo de convenios, las dependencias de gobierno y universidades utilizaron la excepción a la Ley de Adquisiciones que permite hacer servicios entre entes de gobierno federal sin licitación, es decir, evaden la obligación de hacer un concurso abierto donde los proveedores compiten para escoger a quienes ofrezcan las mejores condiciones.

Además, el régimen fiscal de las universidades las considera como entres “no lucrativas” y por tanto están exentas de entregar reportes contables sobre las empresas que contratan como proveedores, como sí lo deben hacer las empresas lucrativas ante el Servicio de Administración Tributario (SAT).

Este martes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó las cuentas de una universidad tras detectar que recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en más de provenientes de más de 22 países como Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

Sin embargo, para respetar el debido proceso, dijo que no haría público de momento el nombre de la universidad, que es investigada por presunto lavado de dinero luego de un reporte sobre operaciones financieras inusuales el 22 de febrero.

Exrector que firmó convenios, ahora dirige el Consejo de ciencia en Morelos

Pese a que han pasado cuatro años de las primeras denuncias penales, ningún exfuncionario de las universidades ha sido procesado por las irregularidades detectadas. Incluso, dos de los rectores tienen puesto en otras instancias actualmente.

Alejandro Vera es ahora director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, designado por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pero fue rector de la Universidad Autónoma de Morelos entre 2012 y 2017, institución que suma 7 denuncias penales en ese periodo.

Como rector, Vera firmó cuatro convenios por 697 millones de pesos con la Sedesol en 2013 para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero que no se cumplieron porque las empresas que subcontrató la institución educativa eran irregulares y fantasma.

Por ello, la Auditoría interpuso cuatro denuncias penales en octubre de 2015 y tres denuncias más en 2016 por más convenios firmados en el ejercicio fiscal de 2014.

Jorge Olvera fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de México entre 2013 y 2017, periodo en el que la universidad fue denunciada penalmente, pero al concluir su administración, el Congreso mexiquense lo eligió como presidente de la Comisión de Derechos del Estado de México para el periodo de 2017 a 2021, por lo que sigue en el cargo.

Olvera, incluso, construyó su carrera en la universidad, pues antes de ser rector fue secretario técnico de la oficina de Rectoría, Abogado General y director de Desarrollo Administrativo.

La Universidad Autónoma del Estado de México fue denunciada por primera vez en 2014 por los convenios por 422 millones de pesos suscritos a través del Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict-UAEM) con el Consejo Nacional para la Culturas y las Artes (Conaculta) para “establecer las bases para la realización de actividades conjuntas, encaminadas a la ejecución de proyectos” durante el ejercicio fiscal de 2012.

Pero el Fondict-UAEM subcontrató a proveedores y no comprobó la realización de los servicios, por lo que, junto con el Conaculta fue integrado en cuatro denuncias de hechos en octubre de 2014.

Pese a ello, la Universidad y el Fondict volvieron a hacer 28 convenios y subcontrataciones de este tipo con empresas irregulares con la Secretaría de Desarrollo Social en 2013 y con el INEA, el ISSSTE y SUPERISSSTE en 2014 por 2 mil 878 millones de pesos. Por las irregularidades detectadas, la Auditoría le interpuso cinco denuncias penales más.

Sin embargo, también otros casos como la Universidad Veracruzana que fue denunciada en 2013 porque no aclaró el destino de 125 millones de pesos que recibió de la Federación a través de la partida “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”.

Otro caso similar es la Universidad Autónoma de Guerrero y en el que la Auditoría determinó “un probable daño” a la Hacienda Pública por 170 millones 949 mil pesos debido a que no comprobó que se hayan hecho supuestas “asesorías” para la realización de diversos proyectos; ni por los pagos de mantenimiento a diferentes unidades académicas y para la instalación de software.

Otras universidades repitieron el esquema de La estafa maestra. Se trata de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Autónoma de Zacatecas hicieron convenios con la Sagarpa. La Tecnológica del Sur del Estado de México y la Universidad Politécnica de Texcoco hicieron convenios con la Sedesol en 2015, lo mismo que la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Intercultural del Estado de México.

En tanto, las Universidades Politécnicas de Quintana Roo, de Francisco I. Madero y de Chiapas hicieron convenios con la Sedatu en 2016, por lo que fueron denunciadas más recientemente, en octubre de 2018.

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Uber: el informe que saca a la luz miles de agresiones sexuales en Estados Unidos

Uber presentó su primer informe sobre casos de violencia sexual en su servicio en Estados Unidos. El documento revela que hubo un promedio de 8 casos por día registrados entre 2017 y 2018.
7 de diciembre, 2019
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El primer informe de Uber sobre reportes de agresión sexual en su servicio sacó a la luz que unas 6.000 personas denunciaron ser víctimas de agresiones sexuales en sus viajes durante 2017 y 2018 en Estados Unidos.

Los miles de casos -un promedio de 8 por día- se dieron en 2.300 millones de servicios que contabilizó la compañía en ese periodo, lo cual significa que 99,9% de los viajes no tuvieron ese problema.

Sin embargo, la cifra se da a conocer en momentos en que Uber está bajo un creciente escrutinio por problemas de seguridad, incluidos otros sucedidos en alguno de los 70 países en los que opera.

El número de casos en EE.UU. aumentó en 2018, con 3.045 reportes ante 2.936 del año previo, pero la tasa de incidentes disminuyó en un 16%, ya que el número de viajes fue mayor, indicó la compañía.

El año pasado se completaron unos 1.300 millones de viajes en EE.UU., frente a los cerca de 1.000 millones en 2017.

Contrario a la presunción general, los pasajeros fueron señalados como los agresores de carácter sexual en casi la mitad de los reportes.

Una mujer aborda un auto del servicio Uber

Reuters
Uber dice que genera 45 viajes por segundo en Estados Unidos.

Uber dijo que el informe fue la primera revisión integral de seguridad de su negocio de transporte.

“Publicar voluntariamente un informe que discute estos difíciles problemas de seguridad no es fácil”, señaló Tony West, director legal de Uber en un comunicado.

“La mayoría de las compañías no hablan sobre temas como la violencia sexual porque hacerlo conlleva el riesgo de atraer titulares negativos y críticas públicas. Pero creemos que es hora de un nuevo enfoque”, añadió.

Con 45 viajes por segundo en EE.UU., West considera que Uber no es “inmune a los desafíos de seguridad más graves de la sociedad, incluida la agresión sexual”.

El informe puso en perspectiva los reportes de la policía de Nueva York, la cual recibió 1.125 quejas de delitos sexuales en el sistema de transporte durante 2017 y 2018.

Uber bajo la lupa

La firma nacida en California le dijo a la BBC que actualmente no hay planes concretos para publicar informes de seguridad de otros países.

Pero fuera de Estados Unidos, la seguridad de pasajeros y conductores también ha estado en la agenda pública.

Un celular con la app de Uber en Londres

Getty Images
Las autoridades en Londres cancelaron la licencia de Uber por sus problemas de inseguridad, pero continúa operando mientras se apela la decisión.

Incidentes de discriminación e inseguridad han llevado a la compañía a perder su licencia para operar en Londres, una decisión que está siendo apelada en tribunales.

En México, la semana pasada el caso de una joven que se vio obligada a bajar de un Uber por temor a una posible agresión de un conductor atrajo la atención nacional sobre este servicio.

Además, en octubre, Uber y su competidor Lyft se negaron a comparecer ante un comité del Congreso de EE.UU. en una audiencia relacionada con la industria de transporte.

Peter DeFazio, el presidente del Comité de Infraestructura y Transporte, dijo entonces que era “una señal reveladora de que preferirían sufrir un ataque público antes que responder preguntas en el registro sobre sus operaciones”.

Lyft dijo el jueves que está comprometido a publicar su propio informe de seguridad y a compartir información sobre conductores con denuncias, pero no indicó una fecha de publicación estimada.

Un auto con logos de Uber y Lyft

Reuters
Muchos conductores en EE.UU. ofrecen el servicio en Uber y Lyft por igual.

Por su parte, la directora del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual de EE.UU., Karen Baker, acogió con beneplácito el informe de Uber.

Dijo que “brinda la oportunidad de arrojar luz sobre cómo este intercambio de información anima nuestro trabajo para un futuro más seguro”.


Un gesto significativo

Análisis de Dave Lee, corresponsal de Tecnología de la BBC, Estados Unidos

Este es un documento enormemente significativo que por primera vez detalla en qué medida la economía colaborativa (llamada economía gig) pone a las personas en peligro.

Uber lo describió como un proyecto complejo que tardó dos años en realizarse, con gran parte de ese tiempo dedicado a auditar los datos para garantizar la precisión.

Cabe señalar que, sabiendo que desencadenaría titulares sombríos, la empresa optó por divulgar estos datos voluntariamente.

La firma se ha comprometido a publicar el informe cada dos años.

Ahora que Uber ha demostrado que puede producir estos datos en una forma digerible, debe seguir haciéndolo a intervalos regulares y, gradualmente, para todos sus mercados en todo el mundo.

Esa no es una tarea fácil, pero la empresa puede lograrlo.

La publicación periódica del informe traería atención y urgencia: ¿está mejorando o empeorando el historial de seguridad de Uber? ¿Por qué podría ser así? ¿Son ciertas regiones más seguras que otras? ¿Qué podemos aprender de eso?

La atención también debe dirigirse a las otras empresas de economía gig que existen.

Lyft, que enfrenta una demanda por agresión sexual presentada esta semana, no tiene excusas ahora que su mayor rival ha actuado.


Una protesta contra Uber en Buenos Aires

EPA
En América Latina, Uber también enfrenta la oposición de taxistas tradicionales.

¿Qué herramientas hay y cuáles habrá?

Tras la publicación del informe, Uber prometió trabajar en “nuevos enfoques que elevarán el listón de la seguridad”, por lo que dice que ha implementado algunas medidas:

  • Triplicado el equipo de seguridad desde 2017, con 300 empleados dedicados a esto en EE.UU.
  • Un botón de emergencia para reportar incidentes directamente a las autoridades.
  • Verificaciones de antecedentes de conductores.
  • Seguimiento de movimientos inusuales para detectar paradas prolongadas o posibles choques.

Y también dijo que trabaja en:

  • Una función (en algunos países) para que pasajeros o conductores puedan grabar audio durante su viaje como medida de seguridad.
  • Compartir con sus competidores los nombres de los conductores expulsados por incidentes graves.

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https://www.youtube.com/watch?v=bDSBMWM16Ss

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