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Cuartoscuro Archivo

El gobierno quiere eliminar los basureros para sustituirlos con bancos de materiales y plantas de composta

El objetivo, según las autoridades, es migra con la ayuda de inversión privada hacia un modelo de "economía circular", en el que todos los desperdicios sean reaprovechados de alguna manera, y no simplemente enterrados o acumulados a cielo abierto.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que la nueva estrategia del gobierno federal para el manejo de la basura a nivel nacional contempla la desaparición de todos los basureros y rellenos sanitarios del país, para su transformación en “bancos de materiales”, “bancos de alimentos”, “plantas de composta” y plantas para “generación de energía”, a partir de inversiones privadas.

Tal como destaca el documento denominado “Visión Nacional Cero Residuos”, publicado por la Semarnat el pasado 1 de febrero, México genera en la actualidad 44 millones de toneladas de basura al año, que en una década pasarán a 65 millones, lo que vuelve necesario, se señaló, modificar el modelo “lineal” en el manejo de los desechos, en el que la basura va del bote al tiradero, y migrar hacia un modelo de “economía circular”, en el que todos los desperdicios sean reaprovechados de alguna manera, y no simplemente enterrados o acumulados a cielo abierto.

Leer: México, el país que más basura genera en América Latina ¿cuáles son las naciones que le siguen?

Para financiar la conversión de basureros, señala el plan anunciado por Semarnat, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador promoverá “la participación amplia del sector privado” en las inversiones requeridas, especialmente en la adquisición de tecnología especializada como pueden ser “biodigestores, quemadores de biomasa y de otros residuos, así como de recuperación de gases de metano”.

El escenario actual, reconoce el documento, es adverso, ya que en México el servicio de recolección y disposición de basura sólo cubre a 80% de la población en localidades con 10 mil habitantes o más, pero en las localidades con menos de 10 mil personas, la cobertura es apenas del 23%.

La “menor cobertura” en manejo de residuos, se destaca, se padece en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero el problema no es exclusivo de la región sur de México, ya que a lo largo de todo el país existen “143 municipios que no cuentan con servicio alguno”.

Negocio sustentable

A pesar de que México cuenta con un marco regulatorio que pretendía manejar de forma “integral” la basura en el país, así como prevenir su generación, las nuevas autoridades federales subrayaron que “este enfoque tradicional” aplicado por gobiernos anteriores “no se ha visto reflejado en la minimización de los residuos, o en la disposición adecuada de ellos”.

La Semarnat reconoció que el manejo de residuos en México se ha caracterizado por “la falta de presupuesto e infraestructura adecuados y disponibles”, “la falta de reglas claras”, así como por un “ineficiente manejo de los recursos” a cargo de las autoridades responsables.

A eso, señaló la dependencia federal, se suma una deficiencia más: la falta de “incentivos de mercado” que permitan a los “agentes privados” valorizar dichos residuos, y aprovecharlos no sólo para generar beneficios económicos, sino para impedir la acumulación incontrolada de basura a nivel nacional y sus efectos nocivos en la salud pública, y en el medio ambiente.

Del total de basura generada en el país, informó la Semarnat, en la actualidad sólo se “recicla o valoriza” el 5%, mientras que el 95% restante termina enterrada en 238 rellenos sanitarios, y en 1,643 tiraderos a cielo abierto (aunque estas cifras pueden ser conservadoras, ya que no incluyen tiraderos clandestinos o no registrados).

Leer: Dime en qué delegación vives y te diré cuánta basura se produce en la CDMX

Además, tanto en los tiraderos a cielo abierto como en los rellenos sanitarios del país, reconoció la autoridad federal, “la operación es inadecuada y representa un riesgo”, a grado tal que, al menos 277 de estos puntos de disposición final de residuos están considerados como zonas de alta contaminación, que requieren ser sometidos a procesos de remediación ambiental, encareciendo aún más las consecuencias del mal manejo.

La nueva política pública para el manejo de residuos, señala el documento divulgado por Semarnat, se basa en el mismo principio postulado por gobiernos anteriores: que debe priorizarse la prevención y la minimización de residuos, antes que su disposición final.

Sin embargo, se destacó, existen elementos que se deben “corregir”: por un lado, “aumentar la capacidad de valorización” de la basura y “fomentar el reciclaje”, todo esto “bajo un modelo de negocio sustentable”, y por el otro erradicar “la mala disposición” final de residuos, y “establecer un órgano de inspección y vigilancia efectivo”.

El modelo de negocio que se promoverá, se destacó, no sólo contempla fomentar la inversión privada en el sector, sino también la conformación de cooperativas de recolección de residuos en localidades con menos de 10 mil habitantes, para atender la grave problemática de falta de cobertura en estos puntos de México.

El plan, detalló Semarnat, es “dar capacitación y servicio a poblaciones aisladas y con pocos habitantes” mediante la “formación de cooperativas y grupos de trabajo, para colaborar en la recolección, acopio y manejo de residuos”, lo que permitirá, además, “establecer la separación de residuos desde el origen” para el aprovechamiento de materias primas, o la remanufactura de productos reusables.

Esto, además, permitirá “dignificar a los pepenadores” y “fortalecer la recolección segregada por tipo de residuo y material, a fin de prevenir y minimizar los impactos a la salud y al medio ambiente”.

La meta de este plan, señaló la dependencia federal, no sólo es generar empleo formal y ampliar la cobertura, sino reducir la contaminación y la proliferación de enfermedades.

Cero residuos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la nueva “política nacional para el manejo sustentable de residuos” contempla como primer paso la elaboración de un diagnóstico de la situación actual del país, en cuanto a marco normativo, infraestructura y capacidad real para el manejo de la basura.

En este diagnóstico, señaló la dependencia federal, ya se trabaja en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Entre otras cosas, ese diagnóstico permitirá identificar los puntos de disposición final que ya representan un riesgo para el medio ambiente y la salud de la población, información que será empleada para realizar el segundo paso del plan gubernamental: la clausura de todos esos sitios, “por principio precautorio”, para su saneamiento.

La tercera fase del programa anunciado contempla promover “la participación amplia del sector privado, para que invierta en tecnología de tratamiento de residuos”, para lo cual, se brindará “asistencia técnica y financiera” a grupos privados, y a “cualquier organización civil”, interesados en crear “un organismo operador”.

Cabe destacar que aunque se anuncia que habrá asistencia “financiera” no sólo para grupos empresariales, sino también para grupos civiles preocupados por atender la problemática, se aclara que los interesados “deberán mostrar solvencia y sostenibilidad” para poder lograr la “adjudicación” de dicha asistencia financiera.

En México, se destacó, la mitad de la basura que se genera es orgánica, y la otra mitad no orgánica.

En cuando a la basura no orgánica la idea, se subrayó, es aprovechar los “varios esquemas de recolección y reciclaje que han impulsado la sociedad civil y sectores industriales específicos”, tales como el reaprovechamiento de “envases de plástico, papel, cartón y residuos electrónicos”, iniciativas que “serán fortalecidas y complementadas, con un servicio que haga más eficiente la gestión” de los residuos sólidos.

El objetivo final, señala el documento de Semarnat, es “transformar los tiraderos tradicionales en bancos de materiales”, que “estarán abiertos al público en general, para la adquisición de refacciones, materiales y sustancias que puedan servir como segundo uso, o materias primas recicladas”.

La idea es que estos bancos de materiales, además, puedan establecer alianzas con comerciantes de productos de segunda mano, así como con empresas recicladoras y o dedicadas a la remanufactura, para potenciar el mercado y la valorización de los residuos no orgánicos.

Por otra parte, se busca desarrollar las capacidades para aprovechar el restante 50% de la basura, correspondiente a desperdicios orgánicos, empezando por una medida drástica: prohibir la disposición final de residuos biodegradables en puntos de disposición final.

El objetivo de esta medida es obligar a que los residuos biodegradables sean aprovechados.

Una de las posibilidades de aprovechamiento, se señaló, es mediante el establecimiento de “bancos de alimentos” que recuperen los productos perecederos antes de que sean desechados, para poder distribuirlos entre población necesitada.

Además, el plan anunciado por Semarnat prevé que los desechos orgánicos que no puedan ser aprovechados antes de su desechamiento, sean trasladados a “plantas de compostaje”, y aquellos “no compostables” serán procesados en “plantas generadoras de energía”.

Para ello, se aclaró, se impulsarán proyectos de ingeniería para la recuperación de gases, mediante la “asistencia financiera y técnica de cooperantes internacionales”.

El documento de Semarnat, sin embargo, no especifica cuáles serán concretamente los incentivos que se otorgarán tanto a pepenadores, como a organizaciones de la sociedad civil y a inversionistas privados, para sumarse a esta política.

El único incentivo que el plan de Semarnat adelanta es el otorgamiento de una seña distintiva para aquellos que participen, el “sello de Economía Circular”, con el cual “se reconocerá a las empresas que reflejen un modelo de éxito”.

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Tercer país seguro: cómo el pacto entre EU y Guatemala perjudica a migrantes de Honduras y El Salvador

Los gobiernos de Donald Trump y Jimmy Morales suscribieron la semana pasada un controvertido convenio que permite el envío a Guatemala de solicitantes de asilo procedentes de otros países.
30 de julio, 2019
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El acuerdo fue firmado en la Casa Blanca por el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. Kevin McAleenan.

EPA
Trump supervisó la firma del acuerdo en la Oficina Oval.

El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala firmado la semana pasada en la Casa Blanca está rodeado de dudas e incertidumbres, empezando por definirlo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que se trataba de un acuerdo de “tercer país seguro”, un mecanismo internacional mediante el cual -cumpliendo con determinadas condiciones- es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.

Sin embargo, el gobierno del presidente Jimmy Morales rechaza calificarlo de esa manera.

Este lunes, el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, basó esta negativa en que el convenio solamente es aplicable a nacionales de Honduras y El Salvador; y señaló que el texto no menciona el término “tercer país seguro”.

El funcionario indicó que hay elementos del acuerdo que aún se están negociando y que los detalles se van a definir en el llamado plan de implementación.

En cualquier caso, el controvertido documento ya enfrenta varios desafíos legales luego de que en los últimos días fueron interpuestos tres recursos de amparo en su contra ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Más allá de esos aspectos legales, activistas y defensores de derechos humanos consideran que este convenio puede terminar causando graves perjuicios tanto para los migrantes o refugiados a los que pretende proteger como a Guatemala, el país que los tendría que albergar.

Degenhart, sin embargo, ha hecho una firme defensa del acuerdo, pidiendo que no sea bloqueado pues asegura que las repercusiones económicas de no haberlo logrado habrían sido “nefastas”, ya que ponían en peligro más de un millón de empleos agrícolas que representan la mitad de las exportaciones del país.

Problemas de forma y fondo

“El acuerdo tiene deficiencias en la forma y en el fondo. Lamentablemente fue una negociación opaca, bajo la mesa, sin transparencia”, dice Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y responsable de uno de los recursos legales en contra del convenio firmado en la Casa Blanca.

Jimmy Morales.

Getty Images
A mediados de julio, el presidente Jimmy Morales tenía prevista una visita a la Casa Blanca en la que se esperaba que se firmara el acuerdo de tercer país seguro.

Rodas acusa al gobierno de Morales de querer disfrazar la verdadera naturaleza del texto.

“Nunca supimos los guatemaltecos qué era lo que negociaban sus autoridades, que aún hoy siguen negando que se firmó un acuerdo de tercer país seguro, cuando el mismo presidente Trump lo dijo en sus declaraciones”, agrega en conversación con BBC Mundo.

El acuerdo también ha sido defendido por la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, quien acusó a los críticos del convenio de querer minar la relación con Washington.

Jovel destacó que hay otras medidas que se van a aplicar de forma bilateral como un convenio de visas temporales para que agricultores de su país trabajen en EE.UU.

“Cuando se negocia un instrumento de carácter bilateral siempre es así. No significa que sean secretos (…). Cuando se está negociando no se puede hacer público hasta que esté concluido. Pero en ningún momento hubo secretismo”, dijo Jovel.


Hoy, el presidente Trump anunció el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala que dejará sin negocio a los traficantes de personas y proveerá seguridad para los legítimos solicitantes de asilo.


Iduvina Hernández, directora de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem), también considera que hubo un error de las formas al asegurar que Degenhart, quien firmó el documento, no está facultado legalmente para ello.

Rodas, por su parte, señala otros obstáculos desde el punto de vista de la legislación internacional, donde se establece que los acuerdos firmados bajo amenazas carecen de efectos jurídicos.

En ese sentido, recuerda que cuando surgieron los primeros obstáculos en Guatemala para la concreción de este convenio, Trump planteó la posibilidad de subir los aranceles a los productos de ese país y de aplicar impuestos a las remesas de sus emigrantes como una forma de castigo.

“Una cárcel gigantesca”

Aunque el texto suscrito por Estados Unidos y Guatemala no incluye expresamente la expresión “tercer país seguro”, Rodas afirma que “todo lo que se menciona en ese texto es para adoptar la condición de esa categoría”.

Caravana de migrantes.

Getty Images
El tránsito de caravanas hacia Estados Unidos con miles de migrantes procedentes de Centroamérica ha sido motivo de protesta por parte de Trump.

En ese sentido, el documento sí hace referencia directa al traslado desde Estados Unidos hasta Guatemala de “solicitantes de protección”, así como al compromiso de ese país de no expulsar ni devolver a esas personas.

Son dos elementos característicos de los acuerdos de “tercer país seguro”.

¿Pero, en términos prácticos, qué significaría para los migrantes hondureños y salvadoreños la aplicación de este convenio?

Se convierte a Guatemala en una especie de gigantesca cárcel de migrantes salvadoreños, hondureños e incluso de otras nacionalidades que quieran solicitar asilo en Estados Unidos”, señala Hernández.

Estas personas deberían presentar en Guatemala sus peticiones de asilo y esperar en ese país hasta la resolución de sus casos.

La experta destaca que, aunque las autoridades guatemaltecas afirman que el acuerdo es solamente aplicable a ciudadanos de Honduras y El Salvador, el texto firmado no menciona estas limitaciones.

El acuerdo establece que la responsabilidad de gestionar en su territorio las solicitudes de protección recaerá sobre Estados Unidos solamente en tres supuestos, cuando se trate de:

  • menores de edad no acompañados;
  • personas que cuentan con una visa o documento de admisión equivalente emitido por Estados Unidos;
  • personas a quienes EE.UU. no les exija obtener una visa.

Así, quienes no cumplan con estos requisitos podrían ser enviados a Guatemala, donde deberán esperar hasta la resolución de su caso. Un trámite que -según Hernández- puede tomar varios años.

Pero, ¿qué ocurrirá durante ese tiempo?

Hernández teme que los solicitantes de asilo queden en condiciones muy precarias.

Pobreza en Guatemala.

Getty Images
La incidencia de la pobreza en Guatemala arroja dudas sobre su capacidad para albergar a los migrantes de otros países.

“El problema es que el ministro Degenhart dijo que la presencia de solicitantes de asilo no va a representar gastos para Guatemala, porque ellos deben sostenerse por sí mismos. Es decir, los van a poner prácticamente en condición de calle, solicitando dinero para vivir porque si alguien tiene cómo sostenerse no creo que necesite migrar a otro país”, asegura.

En el fondo, tanto Hernández como Rodas apuntan que la raíz del problema reside en la misma situación de fragilidad de Guatemala.

“Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro. Tenemos lamentables indicadores de producción, de educación, de acceso a la salud pública, por lo que difícilmente vamos a poder dar estos servicios a personas de otros países”, apunta Rodas.

Guatemala no tiene condiciones. Guatemala es un Estado fallido, incapaz de generar las condiciones básicas de sostenibilidad de su propia población”, señala Hernández, quien asegura que el 98% de las solicitudes de asilo son rechazadas por lo que también se pregunta qué van a hacer estas personas cuando eso ocurra.

Peligros al acecho

Rubén Figueroa, coordinador sur-suroeste del Movimiento Migrante Mesoamericano, señala que en Guatemala los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador estarán expuestos a riesgos que van más allá de las condiciones materiales en las que les toque esperar a la resolución de sus casos.

“Guatemala no es un país seguro. También tiene problemas de violencia. Es geográficamente muy cercano a sus países de origen y está dentro de las zonas de control de los pandilleros“, indica Figueroa, en relación con las maras, las bandas armadas cuyas amenazas y extorsiones obligan a muchos centroamericanos a abandonar sus países.

Un miembro de una pandilla de Guatemala.

Getty Images
Las peligrosas pandillas que operan en Honduras y El Salvador también tienen presencia en Guatemala.

Desde esa perspectiva, Amnistía Internacional (AI) también cuestionó duramente el acuerdo firmado en la Casa Blanca.

“Es indignante cualquier intento de obligar a las familias y a individuos que huyen de sus patrias a buscar seguridad en Guatemala. El gobierno de Estados Unidos sabe bien que las condiciones allí son peligrosas”, señaló en un comunicado Charanya Krishnaswami, directora para las Américas de la seccional estadounidense de AI.

“Con altos niveles de violencia e impunidad, instituciones débiles y un sistema de asilo que el propio gobierno de EE.UU. ha destacado como deficiente, no hay duda de que Guatemala no debería ser considerado como un lugar seguro o como un refugio”, añadió.

Esa, sin embargo, no es la perspectiva del gobierno de Trump, quien el día de la firma destacó que el acuerdo con Guatemala serviría para sacar del negocio a los “coyotes” que se dedican al tráfico ilegal de inmigrantes, al mismo tiempo que ofrecería un mecanismo seguro para los legítimos solicitantes de asilo.

Rodas tiene una opinión distinta.

“Esto es una desmotivación para que no traten de emigrar porque aquí no estarían en territorio estadounidense sino en Guatemala y en condiciones iguales o peores a las que están hoy en su país. Esa es la realidad”, concluye.


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