El gobierno quiere eliminar los basureros para sustituirlos con bancos de materiales y plantas de composta
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El gobierno quiere eliminar los basureros para sustituirlos con bancos de materiales y plantas de composta

El objetivo, según las autoridades, es migra con la ayuda de inversión privada hacia un modelo de "economía circular", en el que todos los desperdicios sean reaprovechados de alguna manera, y no simplemente enterrados o acumulados a cielo abierto.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que la nueva estrategia del gobierno federal para el manejo de la basura a nivel nacional contempla la desaparición de todos los basureros y rellenos sanitarios del país, para su transformación en “bancos de materiales”, “bancos de alimentos”, “plantas de composta” y plantas para “generación de energía”, a partir de inversiones privadas.

Tal como destaca el documento denominado “Visión Nacional Cero Residuos”, publicado por la Semarnat el pasado 1 de febrero, México genera en la actualidad 44 millones de toneladas de basura al año, que en una década pasarán a 65 millones, lo que vuelve necesario, se señaló, modificar el modelo “lineal” en el manejo de los desechos, en el que la basura va del bote al tiradero, y migrar hacia un modelo de “economía circular”, en el que todos los desperdicios sean reaprovechados de alguna manera, y no simplemente enterrados o acumulados a cielo abierto.

Leer: México, el país que más basura genera en América Latina ¿cuáles son las naciones que le siguen?

Para financiar la conversión de basureros, señala el plan anunciado por Semarnat, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador promoverá “la participación amplia del sector privado” en las inversiones requeridas, especialmente en la adquisición de tecnología especializada como pueden ser “biodigestores, quemadores de biomasa y de otros residuos, así como de recuperación de gases de metano”.

El escenario actual, reconoce el documento, es adverso, ya que en México el servicio de recolección y disposición de basura sólo cubre a 80% de la población en localidades con 10 mil habitantes o más, pero en las localidades con menos de 10 mil personas, la cobertura es apenas del 23%.

La “menor cobertura” en manejo de residuos, se destaca, se padece en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero el problema no es exclusivo de la región sur de México, ya que a lo largo de todo el país existen “143 municipios que no cuentan con servicio alguno”.

Negocio sustentable

A pesar de que México cuenta con un marco regulatorio que pretendía manejar de forma “integral” la basura en el país, así como prevenir su generación, las nuevas autoridades federales subrayaron que “este enfoque tradicional” aplicado por gobiernos anteriores “no se ha visto reflejado en la minimización de los residuos, o en la disposición adecuada de ellos”.

La Semarnat reconoció que el manejo de residuos en México se ha caracterizado por “la falta de presupuesto e infraestructura adecuados y disponibles”, “la falta de reglas claras”, así como por un “ineficiente manejo de los recursos” a cargo de las autoridades responsables.

A eso, señaló la dependencia federal, se suma una deficiencia más: la falta de “incentivos de mercado” que permitan a los “agentes privados” valorizar dichos residuos, y aprovecharlos no sólo para generar beneficios económicos, sino para impedir la acumulación incontrolada de basura a nivel nacional y sus efectos nocivos en la salud pública, y en el medio ambiente.

Del total de basura generada en el país, informó la Semarnat, en la actualidad sólo se “recicla o valoriza” el 5%, mientras que el 95% restante termina enterrada en 238 rellenos sanitarios, y en 1,643 tiraderos a cielo abierto (aunque estas cifras pueden ser conservadoras, ya que no incluyen tiraderos clandestinos o no registrados).

Leer: Dime en qué delegación vives y te diré cuánta basura se produce en la CDMX

Además, tanto en los tiraderos a cielo abierto como en los rellenos sanitarios del país, reconoció la autoridad federal, “la operación es inadecuada y representa un riesgo”, a grado tal que, al menos 277 de estos puntos de disposición final de residuos están considerados como zonas de alta contaminación, que requieren ser sometidos a procesos de remediación ambiental, encareciendo aún más las consecuencias del mal manejo.

La nueva política pública para el manejo de residuos, señala el documento divulgado por Semarnat, se basa en el mismo principio postulado por gobiernos anteriores: que debe priorizarse la prevención y la minimización de residuos, antes que su disposición final.

Sin embargo, se destacó, existen elementos que se deben “corregir”: por un lado, “aumentar la capacidad de valorización” de la basura y “fomentar el reciclaje”, todo esto “bajo un modelo de negocio sustentable”, y por el otro erradicar “la mala disposición” final de residuos, y “establecer un órgano de inspección y vigilancia efectivo”.

El modelo de negocio que se promoverá, se destacó, no sólo contempla fomentar la inversión privada en el sector, sino también la conformación de cooperativas de recolección de residuos en localidades con menos de 10 mil habitantes, para atender la grave problemática de falta de cobertura en estos puntos de México.

El plan, detalló Semarnat, es “dar capacitación y servicio a poblaciones aisladas y con pocos habitantes” mediante la “formación de cooperativas y grupos de trabajo, para colaborar en la recolección, acopio y manejo de residuos”, lo que permitirá, además, “establecer la separación de residuos desde el origen” para el aprovechamiento de materias primas, o la remanufactura de productos reusables.

Esto, además, permitirá “dignificar a los pepenadores” y “fortalecer la recolección segregada por tipo de residuo y material, a fin de prevenir y minimizar los impactos a la salud y al medio ambiente”.

La meta de este plan, señaló la dependencia federal, no sólo es generar empleo formal y ampliar la cobertura, sino reducir la contaminación y la proliferación de enfermedades.

Cero residuos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la nueva “política nacional para el manejo sustentable de residuos” contempla como primer paso la elaboración de un diagnóstico de la situación actual del país, en cuanto a marco normativo, infraestructura y capacidad real para el manejo de la basura.

En este diagnóstico, señaló la dependencia federal, ya se trabaja en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Entre otras cosas, ese diagnóstico permitirá identificar los puntos de disposición final que ya representan un riesgo para el medio ambiente y la salud de la población, información que será empleada para realizar el segundo paso del plan gubernamental: la clausura de todos esos sitios, “por principio precautorio”, para su saneamiento.

La tercera fase del programa anunciado contempla promover “la participación amplia del sector privado, para que invierta en tecnología de tratamiento de residuos”, para lo cual, se brindará “asistencia técnica y financiera” a grupos privados, y a “cualquier organización civil”, interesados en crear “un organismo operador”.

Cabe destacar que aunque se anuncia que habrá asistencia “financiera” no sólo para grupos empresariales, sino también para grupos civiles preocupados por atender la problemática, se aclara que los interesados “deberán mostrar solvencia y sostenibilidad” para poder lograr la “adjudicación” de dicha asistencia financiera.

En México, se destacó, la mitad de la basura que se genera es orgánica, y la otra mitad no orgánica.

En cuando a la basura no orgánica la idea, se subrayó, es aprovechar los “varios esquemas de recolección y reciclaje que han impulsado la sociedad civil y sectores industriales específicos”, tales como el reaprovechamiento de “envases de plástico, papel, cartón y residuos electrónicos”, iniciativas que “serán fortalecidas y complementadas, con un servicio que haga más eficiente la gestión” de los residuos sólidos.

El objetivo final, señala el documento de Semarnat, es “transformar los tiraderos tradicionales en bancos de materiales”, que “estarán abiertos al público en general, para la adquisición de refacciones, materiales y sustancias que puedan servir como segundo uso, o materias primas recicladas”.

La idea es que estos bancos de materiales, además, puedan establecer alianzas con comerciantes de productos de segunda mano, así como con empresas recicladoras y o dedicadas a la remanufactura, para potenciar el mercado y la valorización de los residuos no orgánicos.

Por otra parte, se busca desarrollar las capacidades para aprovechar el restante 50% de la basura, correspondiente a desperdicios orgánicos, empezando por una medida drástica: prohibir la disposición final de residuos biodegradables en puntos de disposición final.

El objetivo de esta medida es obligar a que los residuos biodegradables sean aprovechados.

Una de las posibilidades de aprovechamiento, se señaló, es mediante el establecimiento de “bancos de alimentos” que recuperen los productos perecederos antes de que sean desechados, para poder distribuirlos entre población necesitada.

Además, el plan anunciado por Semarnat prevé que los desechos orgánicos que no puedan ser aprovechados antes de su desechamiento, sean trasladados a “plantas de compostaje”, y aquellos “no compostables” serán procesados en “plantas generadoras de energía”.

Para ello, se aclaró, se impulsarán proyectos de ingeniería para la recuperación de gases, mediante la “asistencia financiera y técnica de cooperantes internacionales”.

El documento de Semarnat, sin embargo, no especifica cuáles serán concretamente los incentivos que se otorgarán tanto a pepenadores, como a organizaciones de la sociedad civil y a inversionistas privados, para sumarse a esta política.

El único incentivo que el plan de Semarnat adelanta es el otorgamiento de una seña distintiva para aquellos que participen, el “sello de Economía Circular”, con el cual “se reconocerá a las empresas que reflejen un modelo de éxito”.

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Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

Te explicamos qué estados serán los primeros en limitar la interrupción del embarazo ahora que se anuló Roe vs. Wade, en cuáles existe ya legislación que la restringe y cuáles han actuado para fortalecer o ampliar el acceso al aborto.
24 de junio, 2022
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Era la crónica de una muerte anunciada: lo adelantó un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos filtrado el 2 de mayo.

Ahora, revocada Roe vs. Wade, la decisión histórica de 1973 que garantizaba el derecho constitucional al aborto en EE.UU., queda en manos de los estados legislar si la interrupción del embarazo es legal o no y bajo qué circunstancias.

Y muchos ya han puesto en marcha la maquinaria legal para limitar la práctica.

Los primeros que se prevé que prohíban o restrinjan el aborto son los 17 estados señalados en este mapa:

Mapa estados Estados Unidos con leyes gatillo, de activación o desencadenantes para restringir el aborto.

BBC

De estos territorios, 13 tienen listos las llamadas leyes desencadenante ogatillo:

  • Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Conocidas también como leyes de activación, fueron diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Y en al menos otros cuatro estados podrían revivir las prohibiciones del aborto anteriores a Roe vs. Wade o tendrían nuevas leyes que no han sido bloqueadas por tribunales:

  • Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin.

A eso se suman las legislaciones relacionadas con el fin de la gestación que los estados han ido discutiendo en los últimos años. En total, el Instituto Guttmacher, una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, prevé que podrían ser 26 los estados en los que se terminaría eventualmente restringiendo el procedimiento.

Y en aquellos en los que exista más de una ley sobre el tema, serán los funcionarios locales los que decidirán qué prohibición aplicar.

Si todas estas normas estatales terminaran por entrar en vigor, limitarían el aborto a partir de:

  • La concepción: Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming.
  • La sexta semana: Carolina del Sur, Georgia e Iowa.
  • La semana 13: Arizona, Carolina del Norte y Virginia Occidental.

Estados en los que ya se prohibía

Sin embargo, la existencia de Roe vs. Wade tampoco garantizó que se respetara el acceso al aborto en todo el país.

El precedente legal, que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo), ya fue desafiado por Texas y Oklahoma con sendas leyes antes de ser invalidado.

Mapa estados Estados Unidos con leyes en vigor para restringir o prohibir el aborto.

BBC

La primera en entrar en vigor fue la de Texas, en septiembre del año pasado.

Desde entonces, la llamada “ley del latido” prohíbe interrumpir la gestación si el doctor puede detectar actividad cardíaca embrionaria o fetal, lo que ocurre usualmente a partir de la sexta semana, un punto en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

No contempla excepciones para los casos de incesto o violación, aunque sí para cuando la vida de la mujer está en peligro, y persigue a quienes practican el aborto, no a quien se somete a él.

Inspirada en esa legislación, Oklahoma aprobó en mayo una aún más restrictiva, la más limitante del país hasta el momento: prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación, salvo en casos en los que la vida de la madre esté amenazada o el embarazo sea consecuencia de una violación o del incesto.

Y ahora, con las “leyes gatillo” que ambos estados tienen ya listas, el acceso al aborto quedaría aún más limitado.

Tres excepciones

En las leyes estatales la prohibición no es absoluta y en la mayoría se contemplan excepciones, aunque se limitan a cuando la salud o la vida de la mujer corre riesgo, o a los casos de violación o incesto.

Son salvedades que están actualmente codificadas en la Enmienda Hyde —una disposición legislativa aprobada en 1976 y en vigor desde 1980— como las únicas razones por las que el gobierno federal pagará los abortos a través de Medicaid, el programa a través del cual las personas de menos ingresos reciben servicios de salud.

Manifestantes marchan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos para pedir protección al derecho al aborto el 28 de mayo de 2022 en Washington DC.

Getty Images

Ya las contempló en 1959 el American Law Institute, un grupo independiente de juristas, cuando comenzó a redactar una legislación modelo sobre el delito del aborto.

Y han sido apoyadas durante décadas incluso por aquellos que trabajaron para conseguir la revocación de Roe vs. Wade, así como por la mayoría de los estadounidenses (incluidos los de los estados mayoritariamente republicanos), tal como han mostrado año tras año las encuestas.

Sin embargo, estas leyes estatales no hacen excepciones para las víctimas de violación o incesto:

  • Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misuri, Oklahoma, Ohio, Tennessee y Texas.

El senador estatal que patrocinó la legislación de Arkansas, Jason Rapert, republicano y presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos, dijo que fue su fe lo que lo impulsó a ello.

Mujer con un cartel durante una marcha antiabortista en Dallas, Texas, el 15 de enero de 2022.

Getty Images

Explicó que había escuchado testimonios de víctimas de violación e incesto que expresaron “la angustia mental por la que pasaron cuando lidiaron con el hecho de que terminaron con la vida de su propio bebé” y que ahora se oponen al aborto. “Lo que ha hecho Texas es absolutamente increíble”, dijo Rapert en septiembre refiriéndose a la “ley del latido”.

Por su parte, la legislación de Misisipi —que prohíbe abortar más allá de la semana 15 y a cuyo favor votó la Corte Suprema, invalidando así de facto Roe vs. Wadepermite poner fin a la gestación en casos de violación pero no especifica el incesto.

Y si bien todas las prohibiciones permiten una excepción para salvar la vida de la mujer, solo la de estos estados citan la protección de su salud (“evitar un daño físico severo a la madre”):

  • Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Kentucky, Michigan, Misuri, Virginia Occidental y Wyoming.

Para hacer la salvedad, los estados requerirían que tanto los médicos como los pacientes proporcionen documentación para justificar el procedimiento, en la que se incluya información como la edad gestacional del feto, la indicación de la actividad cardíaca y los registros médicos que atestiguan, como apunta la ley de Oklahoma, “el estado médico” o la condición de la mujer embarazada que impide su cumplimiento.

Protección al aborto

Paralelamente, hay estados que se han movido para fortalecer las protecciones existentes o ampliar el acceso al aborto este año.

Una activista proaborto y una antiabortista fuera de una clínica de Planned Parenthood en la ciudad de Nueva York el 4 de junio de 2022.

Getty Images

De acuerdo al Instituto Guttmacher, estos cuatro estados han codificado el derecho al aborto a lo largo del embarazo sin la interferencia del Estado:

  • Colorado, el Distrito de Columbia, Nueva Jersey y Vermont.

Y 12 explícitamente lo permiten mientras el feto no sea viable fuera del útero o la intervención sea necesaria para proteger la vida o la salud de la embarazada:

  • California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y la capital federal del país.

Estos continuarían brindando el procedimiento no solo a las mujeres de su jurisdicción, sino a aquellas provenientes de territorios en donde esté prohibido.

Ya entre 2012 y 2017 al menos 276.000 mujeres terminaron sus embarazos fuera de su estado de origen, según un análisis realizado en 2019 por Associated Press en base a datos de informes estatales y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

Asimismo, representantes de organizaciones con clínicas en Texas le confirmaron a BBC Mundo que desde que la “ley del latido” entró en vigor han tenido que rechazar “cientos, miles de pacientes porque no son elegibles”, mientras los centros de salud que ofrecen servicios de interrupción del embarazo en Nuevo México, Kansas, Colorado, Misuri y Oklahoma han visto un incremento considerable de pacientes texanas.

Según datos recolectados por Planned Parenthood, una organización estadounidense sin ánimo de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto en EE.UU. y en el mundo, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, el incremento era ya de un 800% en comparación con ese mismo periodo en 2020.

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

Perfil promedio de quien aborta

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2019 se llevaron a cabo 630.000 abortos en EE.UU., aunque en base a sus propios cálculos el Instituto Guttmacher asegura que la cifra real se acerca más a los 860.000.

En cuanto al perfil promedio de la mujer que buscó terminar el embarazo, los CDC indican que el 92,8% lo hizo durante el primer trimestre.

Perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

Según esa misma fuente, mayoría de quienes abortaron no estaban casadas, aunque podían estar viviendo en pareja en el momento en el que se sometieron al procedimiento.

Aproximadamente una de cada 10 mujeres que pusieron fin a la gestación eran adolescentes, aunque la mayoría tenía entre 20 y 30 años.

En torno al 60% había dado a luz antes, y casi el 60 % nunca antes había tenido un aborto.

Gráfico perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

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