Luego de realizar una “evaluación estratégica” a la política nacional sobre cambio climático aplicada entre 2015 y 2018, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático concluyó que los organismos públicos creados para atender este fenómeno no ejercen sus atribuciones, tampoco dan seguimiento a las pocas acciones de mitigación y adaptación emprendidas, y la federación “no ha desarrollado una estrategia de coordinación con los órdenes de gobierno estatal y municipal” para enfrentar el problema.
Los resultados de la evaluación a la política contra el cambio climático (publicados este 5 de febrero en el Diario Oficial de la Federación) revelan, por ejemplo, que los dos organismos creados por las autoridades federales para coordinar acciones contra este fenómeno, que son el Sistema Nacional y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, no han cumplido con dicha función coordinadora, por lo cual, “la ejecución de las diferentes acciones de gobierno identificadas por la evaluación están lejos de conformar una política sistemática”.
Esta falta de una visión común en todos los niveles de gobierno, y en todas las instituciones involucradas en acciones de mitigación y adaptación del cambio climático, destaca la evaluación, no sólo representa una violación a la Ley General en la materia (vigente desde 2012), sino también al Acuerdo de París y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, instrumentos internacionales que buscan enfrentar a nivel mundial esta problemática, y a los que México se ha sumado formalmente.
Uno de los principales problemas que enfrenta México para generar y aplicar una política de mitigación y adaptación al cambio climático, destaca la evaluación, es la falta de información en la materia, ya que, aún cuando hay algunos “avances” en el ámbito federal, en el ámbito estatal existen dificultades para acceder a ésta y, en el municipal, dicha información es “prácticamente inaccesible e inexistente”.
Un ejemplo de esa falta de una política común, y de información de calidad en materia de cambio climático, señala la evaluación, es el de la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado mexicano sobre la cual se ignora si incluye o no métodos amigables con el ambiente, que no contribuyan al cambio climático, en sus operaciones de generación de energía.
En la misma medida, señala la evaluación, “no es posible conocer las emisiones” contaminantes de la industria de generación eléctrica en México.
En ruinas
Hay varios ejemplos de la falta de coordinación entre los organismos responsables de la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, en la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, algunos de los cuales llegan incluso al ridículo.
Uno de ellos es el de las herramientas de monitoreo que crearon las autoridades de anteriores administraciones, para conocer los efectos de sus políticas en la materia.
Esas herramientas, señala el estudio, son el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes y el Registro Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (RENE).
El problema con estos instrumentos de evaluación es que el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes operó por más de una década (entre 2004 y 2016) y luego fue suspendido, y sustituido por el RENE, sin que las autoridades encargadas previeran una forma de conjugar la información de ambas bases de datos.
Peor aún: la evaluación destaca que luego de hacer este cambio en el sistema de Registro de Emisiones, en 2016, estos datos dejaron de estar disponibles para el público.
En la misma línea, la evaluación del Instituto Nacional de Ecología destaca que México tampoco cuenta con sistemas de información confiables que permitan saber cuál es el volumen real de residuos sólidos que generan los conglomerados urbanos del país, a grado tal que “las entidades federativas tienen información distinta de la que proveen las instancias federales”.
Otro de esos ejemplos es el de los distintos programas de calidad del aire vigentes en estados, o en ciudades específicas, los cuales no guardan “ninguna” relación con la política nacional de cambio climático, aún cuando la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es el transporte.
La vinculación entre la política de cambio climático y la política de transporte en México “es prácticamente inexistente”, concluyó el estudio, y esta problemática atraviesa los tres niveles de gobierno: mientras que en el orden federal el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes no considera la incidencia de estos ramos en el cambio climático, en los niveles estatal y municipal la situación empeora, ya que ni siquiera existen programas en materia de transporte.
La evaluación realizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también reconoce que no todos los problemas se deben a carencias de coordinación y normatividad.
Existen también ejemplos de algunas acciones concretas que fueron establecidas para mitigar el cambio climático, pero que luego fueron omitidas o abiertamente canceladas por las autoridades responsables.
“La Ley General de Cambio climático –señala la evaluación– menciona que para el año 2018, los municipios, en coordinación con las entidades federativas y demás instancias administrativas y financieras, y con el apoyo técnico de la Sedesol, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera, sin que esta acción haya sido llevada a cabo”.
Además, señala el documento, “se encontró evidencia de que las líneas de acción del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, relacionadas con residuos sólidos urbanos, fueron canceladas” por las autoridades estatales, federales y municipales.
En el periodo 2014-2018, reconoce la evaluación del Instituto Nacional de Ecología, el “magro apoyo presupuestario de la Federación” se fue en comprar equipo para recolectar basura, pero no se emprendieron “acciones que lleven a disminuir, minimizar, reciclar, neutralizar o valorizar los residuos”.
Ignorancia plena
Los deficientes resultados de la política sobre cambio climático aplicada en México desde 2012, cuando la ley general en la materia cobró vigencia, llegan a tal grado que ni siquiera existe un lenguaje común en cuanto a conceptos como “vulnerabilidad”, “resiliencia” o “adaptación”.
En México, concluyó la evaluación del Instituto Nacional de Ecología, prevalece la noción de riesgos asociados a la protección civil, pero en los órganos de gobierno no ha permeado, en paralelo, la idea de los “riesgos actuales y futuros asociados al cambio climático”.
De hecho, el Instituto Nacional de Ecología reportó que durante sus evaluaciones “no se encontró evidencia” de que los riegos y daños asociados al cambio climático “estén plenamente entendidos por las autoridades afectadas, ni por las autoridades responsables”, por lo cual, suelen asociar la reforestación y la protección de áreas naturales con acciones de adaptación, sin siquiera considerar otros factores que inciden ampliamente en el cambio climático, como la pobreza.
