La política sobre cambio climático ha sido un fracaso en México, reconoce el Instituto de Ecología
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La política sobre cambio climático ha sido un fracaso en México, reconoce el Instituto de Ecología

La vinculación entre la política de cambio climático y la política de transporte en México "es prácticamente inexistente", concluyó una evaluación sobre las medidas aplicadas entre 2015 y 2018.
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Luego de realizar una “evaluación estratégica” a la política nacional sobre cambio climático aplicada entre 2015 y 2018, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático concluyó que los organismos públicos creados para atender este fenómeno no ejercen sus atribuciones, tampoco dan seguimiento a las pocas acciones de mitigación y adaptación emprendidas, y la federación “no ha desarrollado una estrategia de coordinación con los órdenes de gobierno estatal y municipal” para enfrentar el problema.

Los resultados de la evaluación a la política contra el cambio climático (publicados este 5 de febrero en el Diario Oficial de la Federación) revelan, por ejemplo, que los dos organismos creados por las autoridades federales para coordinar acciones contra este fenómeno, que son el Sistema Nacional y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, no han cumplido con dicha función coordinadora, por lo cual, “la ejecución de las diferentes acciones de gobierno identificadas por la evaluación están lejos de conformar una política sistemática”.

Leer: Cambio climático: de 2015 a 2018, los 4 años más cálidos de la historia

Esta falta de una visión común en todos los niveles de gobierno, y en todas las instituciones involucradas en acciones de mitigación y adaptación del cambio climático, destaca la evaluación, no sólo representa una violación a la Ley General en la materia (vigente desde 2012), sino también al Acuerdo de París y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, instrumentos internacionales que buscan enfrentar a nivel mundial esta problemática, y a los que México se ha sumado formalmente.

Uno de los principales problemas que enfrenta México para generar y aplicar una política de mitigación y adaptación al cambio climático, destaca la evaluación, es la falta de información en la materia, ya que, aún cuando hay algunos “avances” en el ámbito federal, en el ámbito estatal existen dificultades para acceder a ésta y, en el municipal, dicha información es “prácticamente inaccesible e inexistente”.

Un ejemplo de esa falta de una política común, y de información de calidad en materia de cambio climático, señala la evaluación, es el de la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado mexicano sobre la cual se ignora si incluye o no métodos amigables con el ambiente, que no contribuyan al cambio climático, en sus operaciones de generación de energía.

En la misma medida, señala la evaluación, “no es posible conocer las emisiones” contaminantes de la industria de generación eléctrica en México.

En ruinas

Hay varios ejemplos de la falta de coordinación entre los organismos responsables de la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, en la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, algunos de los cuales llegan incluso al ridículo.

Uno de ellos es el de las herramientas de monitoreo que crearon las autoridades de anteriores administraciones, para conocer los efectos de sus políticas en la materia.

Esas herramientas, señala el estudio, son el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes y el Registro Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (RENE).

El problema con estos instrumentos de evaluación es que el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes operó por más de una década (entre 2004 y 2016) y luego fue suspendido, y sustituido por el RENE, sin que las autoridades encargadas previeran una forma de conjugar la información de ambas bases de datos.

Peor aún: la evaluación destaca que luego de hacer este cambio en el sistema de Registro de Emisiones, en 2016, estos datos dejaron de estar disponibles para el público.

En la misma línea, la evaluación del Instituto Nacional de Ecología destaca que México tampoco cuenta con sistemas de información confiables que permitan saber cuál es el volumen real de residuos sólidos que generan los conglomerados urbanos del país, a grado tal que “las entidades federativas tienen información distinta de la que proveen las instancias federales”.

Leer: El gobierno quiere eliminar los basureros para sustituirlos con bancos de materiales y plantas de composta

Otro de esos ejemplos es el de los distintos programas de calidad del aire vigentes en estados, o en ciudades específicas, los cuales no guardan “ninguna” relación con la política nacional de cambio climático, aún cuando la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es el transporte.

La vinculación entre la política de cambio climático y la política de transporte en México “es prácticamente inexistente”, concluyó el estudio, y esta problemática atraviesa los tres niveles de gobierno: mientras que en el orden federal el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes no considera la incidencia de estos ramos en el cambio climático, en los niveles estatal y municipal la situación empeora, ya que ni siquiera existen programas en materia de transporte.

La evaluación realizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también reconoce que no todos los problemas se deben a carencias de coordinación y normatividad.

Existen también ejemplos de algunas acciones concretas que fueron establecidas para mitigar el cambio climático, pero que luego fueron omitidas o abiertamente canceladas por las autoridades responsables.

“La Ley General de Cambio climático –señala la evaluación– menciona que para el año 2018, los municipios, en coordinación con las entidades federativas y demás instancias administrativas y financieras, y con el apoyo técnico de la Sedesol, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera, sin que esta acción haya sido llevada a cabo”.

Además, señala el documento, “se encontró evidencia de que las líneas de acción del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, relacionadas con residuos sólidos urbanos, fueron canceladas” por las autoridades estatales, federales y municipales.

En el periodo 2014-2018, reconoce la evaluación del Instituto Nacional de Ecología, el “magro apoyo presupuestario de la Federación” se fue en comprar equipo para recolectar basura, pero no se emprendieron “acciones que lleven a disminuir, minimizar, reciclar, neutralizar o valorizar los residuos”.

Ignorancia plena

Los deficientes resultados de la política sobre cambio climático aplicada en México desde 2012, cuando la ley general en la materia cobró vigencia, llegan a tal grado que ni siquiera existe un lenguaje común en cuanto a conceptos como “vulnerabilidad”, “resiliencia” o “adaptación”.

En México, concluyó la evaluación del Instituto Nacional de Ecología, prevalece la noción de riesgos asociados a la protección civil, pero en los órganos de gobierno no ha permeado, en paralelo, la idea de los “riesgos actuales y futuros asociados al cambio climático”.

De hecho, el Instituto Nacional de Ecología reportó que durante sus evaluaciones “no se encontró evidencia” de que los riegos y daños asociados al cambio climático “estén plenamente entendidos por las autoridades afectadas, ni por las autoridades responsables”, por lo cual, suelen asociar la reforestación y la protección de áreas naturales con acciones de adaptación, sin siquiera considerar otros factores que inciden ampliamente en el cambio climático, como la pobreza.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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