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La política sobre cambio climático ha sido un fracaso en México, reconoce el Instituto de Ecología
La vinculación entre la política de cambio climático y la política de transporte en México "es prácticamente inexistente", concluyó una evaluación sobre las medidas aplicadas entre 2015 y 2018.
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Luego de realizar una “evaluación estratégica” a la política nacional sobre cambio climático aplicada entre 2015 y 2018, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático concluyó que los organismos públicos creados para atender este fenómeno no ejercen sus atribuciones, tampoco dan seguimiento a las pocas acciones de mitigación y adaptación emprendidas, y la federación “no ha desarrollado una estrategia de coordinación con los órdenes de gobierno estatal y municipal” para enfrentar el problema.

Los resultados de la evaluación a la política contra el cambio climático (publicados este 5 de febrero en el Diario Oficial de la Federación) revelan, por ejemplo, que los dos organismos creados por las autoridades federales para coordinar acciones contra este fenómeno, que son el Sistema Nacional y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, no han cumplido con dicha función coordinadora, por lo cual, “la ejecución de las diferentes acciones de gobierno identificadas por la evaluación están lejos de conformar una política sistemática”.

Leer: Cambio climático: de 2015 a 2018, los 4 años más cálidos de la historia

Esta falta de una visión común en todos los niveles de gobierno, y en todas las instituciones involucradas en acciones de mitigación y adaptación del cambio climático, destaca la evaluación, no sólo representa una violación a la Ley General en la materia (vigente desde 2012), sino también al Acuerdo de París y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, instrumentos internacionales que buscan enfrentar a nivel mundial esta problemática, y a los que México se ha sumado formalmente.

Uno de los principales problemas que enfrenta México para generar y aplicar una política de mitigación y adaptación al cambio climático, destaca la evaluación, es la falta de información en la materia, ya que, aún cuando hay algunos “avances” en el ámbito federal, en el ámbito estatal existen dificultades para acceder a ésta y, en el municipal, dicha información es “prácticamente inaccesible e inexistente”.

Un ejemplo de esa falta de una política común, y de información de calidad en materia de cambio climático, señala la evaluación, es el de la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado mexicano sobre la cual se ignora si incluye o no métodos amigables con el ambiente, que no contribuyan al cambio climático, en sus operaciones de generación de energía.

En la misma medida, señala la evaluación, “no es posible conocer las emisiones” contaminantes de la industria de generación eléctrica en México.

En ruinas

Hay varios ejemplos de la falta de coordinación entre los organismos responsables de la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, en la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, algunos de los cuales llegan incluso al ridículo.

Uno de ellos es el de las herramientas de monitoreo que crearon las autoridades de anteriores administraciones, para conocer los efectos de sus políticas en la materia.

Esas herramientas, señala el estudio, son el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes y el Registro Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (RENE).

El problema con estos instrumentos de evaluación es que el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes operó por más de una década (entre 2004 y 2016) y luego fue suspendido, y sustituido por el RENE, sin que las autoridades encargadas previeran una forma de conjugar la información de ambas bases de datos.

Peor aún: la evaluación destaca que luego de hacer este cambio en el sistema de Registro de Emisiones, en 2016, estos datos dejaron de estar disponibles para el público.

En la misma línea, la evaluación del Instituto Nacional de Ecología destaca que México tampoco cuenta con sistemas de información confiables que permitan saber cuál es el volumen real de residuos sólidos que generan los conglomerados urbanos del país, a grado tal que “las entidades federativas tienen información distinta de la que proveen las instancias federales”.

Leer: El gobierno quiere eliminar los basureros para sustituirlos con bancos de materiales y plantas de composta

Otro de esos ejemplos es el de los distintos programas de calidad del aire vigentes en estados, o en ciudades específicas, los cuales no guardan “ninguna” relación con la política nacional de cambio climático, aún cuando la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es el transporte.

La vinculación entre la política de cambio climático y la política de transporte en México “es prácticamente inexistente”, concluyó el estudio, y esta problemática atraviesa los tres niveles de gobierno: mientras que en el orden federal el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes no considera la incidencia de estos ramos en el cambio climático, en los niveles estatal y municipal la situación empeora, ya que ni siquiera existen programas en materia de transporte.

La evaluación realizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también reconoce que no todos los problemas se deben a carencias de coordinación y normatividad.

Existen también ejemplos de algunas acciones concretas que fueron establecidas para mitigar el cambio climático, pero que luego fueron omitidas o abiertamente canceladas por las autoridades responsables.

“La Ley General de Cambio climático –señala la evaluación– menciona que para el año 2018, los municipios, en coordinación con las entidades federativas y demás instancias administrativas y financieras, y con el apoyo técnico de la Sedesol, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera, sin que esta acción haya sido llevada a cabo”.

Además, señala el documento, “se encontró evidencia de que las líneas de acción del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, relacionadas con residuos sólidos urbanos, fueron canceladas” por las autoridades estatales, federales y municipales.

En el periodo 2014-2018, reconoce la evaluación del Instituto Nacional de Ecología, el “magro apoyo presupuestario de la Federación” se fue en comprar equipo para recolectar basura, pero no se emprendieron “acciones que lleven a disminuir, minimizar, reciclar, neutralizar o valorizar los residuos”.

Ignorancia plena

Los deficientes resultados de la política sobre cambio climático aplicada en México desde 2012, cuando la ley general en la materia cobró vigencia, llegan a tal grado que ni siquiera existe un lenguaje común en cuanto a conceptos como “vulnerabilidad”, “resiliencia” o “adaptación”.

En México, concluyó la evaluación del Instituto Nacional de Ecología, prevalece la noción de riesgos asociados a la protección civil, pero en los órganos de gobierno no ha permeado, en paralelo, la idea de los “riesgos actuales y futuros asociados al cambio climático”.

De hecho, el Instituto Nacional de Ecología reportó que durante sus evaluaciones “no se encontró evidencia” de que los riegos y daños asociados al cambio climático “estén plenamente entendidos por las autoridades afectadas, ni por las autoridades responsables”, por lo cual, suelen asociar la reforestación y la protección de áreas naturales con acciones de adaptación, sin siquiera considerar otros factores que inciden ampliamente en el cambio climático, como la pobreza.

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Entity List, la poderosa y poco conocida herramienta de sanciones que EU aplicó a Huawei
Creada para combatir la proliferación nuclear, esta herramienta está ahora en medio de la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.
6 de junio, 2019
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Es una de las armas más poderosas y menos conocidas de las que dispone el gobierno de Estados Unidos en el ámbito internacional.

Se la conoce como “Entity List” (Lista de Entes) y es una herramienta central en las sanciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump en contra de la empresa tecnológica china Huawei.

Publicada por primera vez en febrero de 1997, esta lista recopilaba los nombres de los entes extranjeros (empresas, centros de investigación, gobiernos e incluso individuos) que participaban en actividades que potencialmente podían derivar en el desvío de productos estadounidenses que podrían ser utilizados en la creación de armas de destrucción masiva.

Desde entonces, sin embargo, los motivos que pueden llevar a ser incluido en esa lista se han ampliado para abarcar otro tipo de actividades sancionadas por el Departamento de Estado, así como la participación en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional o de la política exterior de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump incluyó a mediados de mayo a Huawei en la Entity List usando este último argumento.

La decisión trajo como consecuencia que importantes empresas estadounidenses, incluyendo Google, anunciaran que dejarían de trabajar con la empresa china.

La lista actual de sancionados, publicada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, tiene más de 280 páginas, en las que aparecen entes de decenas de países alrededor del mundo, incluyendo a adversarios tradicionales de Washington como Irán pero también de países aliados como Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido.

Una tercera parte de la lista recoge los nombres de entes radicados en Rusia, país que suma 90 páginas, mientras que China supera las 40.

De América Latina aparecen mencionados cinco países: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Panamá, aunque en el caso de los cuatro primeros su inclusión obedece a las sanciones aplicadas en contra de las filiales locales de Huawei.

Acceso bloqueado

La decisión de incluir a algún actor extranjero en la Entity List es tomada conjuntamente por representantes de los departamentos de Comercio, Estado, Defensa y Energía, que valoran si se cumplen los criterios requeridos.

Si esto se aprueba, quedan prohibidas las ventas, exportaciones, reexportaciones o transferencias de todos los productos de origen estadounidense (incluyendo materias primas, software o cualquier tipo de producto o tecnología) hacia el ente en cuestión.

“Es una herramienta muy poderosa porque implica que las empresas estadounidenses no pueden vender nada, ni un destornillador, sin contar con una autorización previa. Eso significa que el departamento de Comercio tiene la posibilidad de verificar de qué se trata y decidir si emite el permiso”, comenta James Lewis, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), a BBC Mundo.

Kevin Wolf, quien fue subsecretario de Comercio para la Administración de Exportaciones durante el gobierno de Barack Obama, asegura que la lista busca estimular a los entes extranjeros a que abandonen un comportamiento que Washington considera contrario a sus intereses de seguridad nacional.

Explica que, por ejemplo, una empresa puede ser agregada a la lista cuando hay información que permite pensar que está violando sanciones al enviar productos prohibidos a Irán o Corea del Norte; o que pueden ser desviados para actividades terroristas.

El objetivo es que las compañías dejen de actuar de esa forma y puedan salir de la lista. Eso ocurre de forma rutinaria. No es como un proceso civil o penal. Históricamente ha sido usada como una herramienta de persuasión”, apunta Wolf, quien tuvo entre sus responsabilidades la supervisión de la Entity List.

El experto señala que este mecanismo tiene numerosas ventajas para Washington:

  • Es rápido. Permite aplicar sanciones sin tener que cumplir con los exigentes estándares requeridos por un proceso criminal o civil.
  • Es flexible. Puede ser usado con la intensidad que requiera la situación.
  • Es eficaz. Le otorga al gobierno de Estados Unidos gran influencia sobre las empresas extranjeras para buscar su cambio de comportamiento.

Incertidumbre sobre Huawei

Gran parte de la fortaleza de la Entity List reside en que, al prohibir la venta de productos estadounidenses a esas compañías extranjeras, muchas veces estas pueden quedar en una situación comprometida debido a que su modelo de negocio depende de contar con componentes o productos procedentes de EE.UU.

Pese a ello, Lewis advierte sobre los límites de estas medidas.

Usualmente estas compañías tienen vínculos estrechos con los Estados extranjeros y, con frecuencia, trabajan para programas gubernamentales. El caso de Huawei es parecido. Ellos no van a quebrar debido a estas medidas porque el gobierno de China los mantendrá a flote”.

“La Entity List es una herramienta poderosa que dificulta a las empresas sus operaciones, pero normalmente no caen en bancarrota”, apunta el experto.

En el caso de Huawei, Wolf señala que formalmente su inclusión en esta lista siguió las mismas normas aplicadas durante el gobierno de Obama y de George W. Bush.

“La única diferencia es que este caso es mucho más grande en alcance, magnitud e impacto que cualquier anterior. Huawei es la mayor empresa que haya sido agregada a la Entity List. Además, el valor económico de los bienes estadounidenses que compraba también es muy superior a los casos precedentes”, afirma.

Pero, ¿es posible que Huawei logre salir de esa lista de empresas sancionadas?

“Esa es la pregunta del millón de dólares” responde Wolf.

El experto recuerda que la justificación esgrimida para incluirla en la lista se relacionaba con la violación de sanciones por parte de esa compañía y que también hay un juicio penal que llevó a la detención de una de sus más altas ejecutivas (Meng Wanzhou, quien es directora financiera e hija del fundador de la compañía).

“Una posibilidad es que la inclusión en la Entity List pueda resolverse en conexión con ese caso de sanciones. También puede ocurrir que se vea afectada por las negociaciones comerciales“, apunta.

En el caso de Huawei también entran en juego las acusaciones que le ha hecho Estados Unidos sobre la posibilidad de que la compañía se preste para ayudar al espionaje chino además de su rivalidad comercial con empresas estadounidenses por el desarrollo de las futuras redes 5G.

¿En estas condiciones, podría librarse de las sanciones?

“Esos temas ciertamente están en la mente de todo el mundo y del gobierno. Por eso creo que es muy difícil predecir lo que pueda ocurrir pues, a diferencia de muchos otros casos incluidos en la Entity List, hay muchas preocupaciones tácitas que probablemente afectarán las decisiones de política que tendrán que tomarse”, concluye.


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