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Congreso de Chiapas avala desafuero de alcalde presuntamente implicado en asesinato del activista Sinar Corzo
De acuerdo con la Fiscalía estatal, las comisiones legislativas aprobaron la solicitud de desafuero de David Parada Vázquez luego de que un juez de control libró una orden de búsqueda y aprehensión en su contra.
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7 de febrero, 2019
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El Congreso de Chiapas dio luz verde al desafuero del exalcalde de Arriaga David Parada Vázquez por su presunta responsabilidad intelectual en el asesinato del activista y defensor Sinar Corzo el pasado 3 de enero.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Justicia y Vigilancia aprobaron la solicitud de desafuero, luego de que un juez de control libró una orden de búsqueda y aprehensión en contra del exedil.

“David Parada Vázquez no puede alegar violaciones a derechos fundamentales por haber cuidado en todo momento la Fiscalía las reglas del debido proceso”, publicó la dependencia en un comunicado.

Este 6 de febrero, Parada Vázquez denunció en un video que ha sido objeto de persecución política por parte del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, por no habers unido a la filas de Morena, por lo que la muerte del defensor, dijo, fue un pretexto.

Hasta ahora, la Fiscalía de Chiapas ha detenido a cuatro presuntos responsables del homicidio: Rogelio y/o Artemio “N”, Apolinar “N”, Fernando “N” y Julio César “N”, quienes enfrentan su proceso en el penal El Amate.

Corzo Esquinca, quien fue atacado a balazos en el cruce de Primera Norte y Avenida Ferrocarril de Oriente, municipio de Arriaga, Chiapas, a unos 30 metros de sus vivienda, formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra y se dedicaba activamente a defender los derechos humanos de las comunidades indígenas de Chiapas.

De acuerdo con las investigaciones, “el móvil del crimen se centra en las diferencias entre Apolinar “N” y las actividades de Sinar Corzo Esquinca.

También se dedicó a la gestión de obras y caminos para las comunidades indígenas, el cuidado del medio ambiente y se sumó a las exigencias para la reconstrucción de daños ocasionados por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

De acuerdo con Chiapas Paralelo, horas antes de morir, Corzo Esquinca se reunió con autoridades municipales de Arriaga, para abordar temas relacionados con la construcción de la carretera del poblado La Línea y el mejoramiento de las comunidades pesqueras.

Sinar Corzo también había solicitado que se auditaran las obras construidas en La Línea. Debido a esto, el defensor denunció amenazas de muerte en agosto de 2017.

“Se presentaron a mi domicilio dos jóvenes armados para decirme que si volvía a poner un pie en la Pesquería La Línea me matarían”, denunció Corzo en sus redes sociales.

En abril de 2018 Sinar acusó más amenazas, pero en esta ocasión por parte del gobierno Chiapas por las protestas que emprendió con los damnificados para exigir los recursos de la reconstrucción.

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¿Cómo impacta el recorte de la ayuda de EU a Centroamérica ordenado por Trump?
El presidente Donald Trump tomó esta decisión como una forma de presionar a miembros del Triángulo Norte para que detengan el creciente flujo migratorio. Los más afectados serán los que deben enfrentar la pobreza y la violencia en sus países.
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6 de abril, 2019
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¿Qué va a pasar en Honduras, Guatemala y El Salvador después que se cancele la ayuda que reciben de Estados Unidos? Es la pregunta que muchos se formulan en la región.

El presidente Donald Trump tomó esta decisión como una forma de presionar a miembros del Triángulo Norte para que detengan el creciente flujo migratorio.

El recorte de la ayuda pone en riesgo principalmente programas que pretenden evitar la salida masiva de personas hacia el norte.

Hasta ahora el gobierno estadounidense no ha ofrecido detalles de qué programas se quedarán sin recursos.

Pero según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), entre los más afectados se encuentran los que combaten pobreza extrema, violencia e impunidad, justo algunas de los problemas que cada año obligan a miles de personas de la región a abandonar sus países.

Los fondos que podrían cancelarse se utilizan, por ejemplo, para combatir la extorsión en Guatemala, el reclutamiento de jóvenes por pandillas de Maras en El Salvador o para reducir la tasa de homicidios en Honduras.

La orden de Trump implica suspender fondos por al menos US$450 millones, según datos del Departamento de Estado, aunque la cantidad puede ser mayor.

Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana de WOLA, recuerda que el Congreso estadounidense autorizó en febrero pasado US$180 millones para Centroamérica.

No está claro si este dinero también forma parte del decreto de suspensión del mandatario. Pero las consecuencias de su propuesta pueden ser graves.

“Gran parte de lo que ha dado Estados Unidos a la región ha sido para apoyar esfuerzos que buscan atender los factores que causan la migración irregular”, dice Beltrán a BBC Mundo.

“Esa decisión, lejos de ayudar a estabilizar la situación en la región, lo único que va a hacer es empeorar las condiciones en los países de Centroamérica”.

La orden de Trump puede resultar contraproducente para Estados Unidos, insiste la especialista. “Puede provocar más migración a la larga. Es lo que va a hacer”.

EE.UU. no nos ayuda

En todo caso el monto del recorte representa una cantidad menor al dinero que Centroamérica recibe cada año en remesas, especialmente desde Estados Unidos.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 2018 el monto de estos recursos fue de US$22.500 millones.

En el Triángulo Norte las remesas son fundamentales para las economías locales, reconoce la CEPAL.

Para algunos países como Honduras el dinero del gobierno de Estados Unidos no es relevante, dice el presidente Juan Orlando Hernández.

Según datos de la Secretaría de Finanzas hondureña, en 2018 se recibieron US$90 millones a través de distintos programas y agencias estadounidenses. En ese período el monto de las remesas fue de US$4.900, de acuerdo con la CEPAL.

El presidente Hernández asegura que el gobierno de Trump no ha dado ninguna ayuda a su país.

“Con el plan Alianza para la Prosperidad dijimos que Honduras iba a poner cuatro dólares, mientras que Estados Unidos pondría uno. Esos dineros en algunas ocasiones se han atrasado y en otras ni ha llegado”.

Analistas y miembros del Congreso estadounidense creen que el anuncio de Trump es parte de una estrategia política.

Pero otros como el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein advierten que la orden del magnate puede desatar conflictos legales.

“Claramente contradice compromisos de política exterior bipartidaria de Estados Unidos con nosotros”, dice a BBC Mundo.

Guatemala: dinero contra la corrupción

La mayor parte de la ayuda al Triángulo Norte se envía a través de la Estrategia para Centroamérica, que opera la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

No está claro si los proyectos y organizaciones que respaldan podrán seguir en operación tras el anuncio de la suspensión de la cooperación estadounidense.

En los tres países del Triángulo Norte hay varios ejemplos, como en Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de ayuda.

Los datos más recientes de WOLA, de 2017, señalan que obtuvo más de US$78.6 que se destinaron especialmente a estrategias contra la violencia y la corrupción.

El dinero se utilizó, por ejemplo, en una estrategia para proteger a víctimas de trata de personas, implementada por la organización civil El Refugio de la Niñez.

El objetivo es apoyar especialmente a niños víctimas de esclavitud, a través de atención médica y psicosocial, así como respaldo legal en los procesos judiciales que enfrentan.

En esa estrategia el financiamiento programado entre 2018 y 2021 es de US$2,2 millones.

Otro proyecto es Alimenta el Futuro de Guatemala, destinado a mejorar la nutrición de comunidades rurales y aumentar el ingreso de los campesinos.

En este caso la inversión programada de 2017 a 2022 es de US$36 millones.

Uno más es el Proyecto de Justicia para Juventud y Género, que entre 2016 y 2021 debía recibir US$37,4 millones. El programa apoya a víctimas de la violencia, especialmente mujeres, y jóvenes.

Honduras: violencia, la prioridad

El apoyo estadounidense a Honduras se concentra en prevenir la violencia y reparar fallas en su sistema de justicia.

Algunos de los programas van en ese sentido, como uno para la prevención secundaria de la violencia.

El objetivo es detectar jóvenes con riesgo de sufrir violencia o ser reclutados a la fuerza por las pandillas. El financiamiento previsto es de US$24,6 millones entre 2016 y 2020.

La estrategia opera sobre todo en algunas de las regiones más violentas del país, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba.

También hay respaldo para la Alianza para el Corredor Seco que pretende reducir la pobreza y desnutrición en el oeste de Honduras, donde existen las comunidades con mayores índices de marginación.

Para ese proyecto el respaldo programado es de US$60,6 millones entre 2014 y 2020.

Una estrategia adicional es prevenir la violencia en las escuelas a través del programa Asegurando la Educación, que tiene un presupuesto de US$20,8 millones para utilizarse entre 2017 y 2022.

El Salvador: las Maras, el mayor problema

En el caso de El Salvador la mayor parte del apoyo estadounidense se enfoca en prevenir la violencia, combatir la inseguridad y mejorar el sistema de justicia, entre otros temas.

Por ejemplo, el proyecto Puentes para el Empleo debía recibir una financiación de US$42,2 millones entre 2015 y 2020.

Este apoya a organizaciones civiles, empresarios y maestros para aumentar el número de empleos a jóvenes de municipios con alta criminalidad.

También se apoya al programa de Educación y Convivencia para Escuelas y Comunidades Libres de Violencia, que cuenta con una inversión de US$10 millones entre 2018 y 2023.

Con este proyecto se ofrecen servicios psicosociales a jóvenes, padres y maestros en escuelas ubicadas en comunidades de alto riesgo.

También existe el programa de Prevención del Crimen y la Violencia que respalda al gobierno de El Salvador en una estrategia para fortalecer comunidades y prevenir, de esa manera, la delincuencia.

El financiamiento para el proyecto es de US$39,8 millones para el periodo 2013-2019.


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