Encargadas de estancias infantiles de CDMX piden que se informe cuáles son las que tienen irregularidades
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Encargadas de estancias infantiles de CDMX piden que se informe cuáles son las que tienen irregularidades

Las dueñas de estos centros de cuidado, afiliados al programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se quejan de que las supervisiones del DIF son demasiado cuadradas y por eso hay muchas que califican en rojo, aunque no sean un peligro real para los niños.
Cuartoscuro
18 de febrero, 2019
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Encargadas de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras de las 16 alcaldías de Ciudad de México solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Bienestar, que presenten la lista de estancias con irregularidades. “Díganos cuáles son, eso es lo que pedimos, una buena investigación de ellas”, señalaron en conferencia de prensa.

Esto en respuesta a la información que presentó este lunes María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar. “Las cifras que están dando cambian y cambian. El gobierno publicó un boletín en el que menciona que 300 estancias infantiles no acreditaron la debida admisión. Y que 7% de estancias no acreditó documentación para recibir subsidios; es decir las listas de asistencia de los niños. Después en su conferencia del viernes mencionó que dos de cada tres estancias son irregulares. Los datos se contradicen. No hay pruebas hasta ahora de todo eso”.

Ante esto, volvieron a solicitarle que no se afecte a la totalidad de las que están dentro del programa. “Les pedimos que a las que están mal las sancionen, las cierren, pero a las que están bien nos dejen seguir trabajando”.

Sobre los señalamientos de que 66% de las estancias están en rojo porque pueden representar riesgo o riesgo total, de acuerdo a las supervisiones hechas por el DIF, las encargadas de estancias capitalinas afirmaron que esas evaluaciones son demasiado rígidas. Carolina Páez, encargada de la estancia infantil “La casa de los ositos”, en Magdalena Contreras, contó que el año pasado, con las supervisiones del DIF, en dos ocasiones estuvo en verde y una en amarillo.

“Estuve en riesgo porque la miss no revisó la mochila de un niño a la hora de entrar y porque no puso el menú. Aunque esto es una situación de riesgo de salud, no es una situación de riesgo de seguridad y protección de los menores”, afirmó.

Algunas de las encargadas de estancias infantiles contaron a Animal Político que los inspectores del DIF utilizan una cédula para hacer las revisiones, que está dividida en varias etapas y se califica por color, el rojo marca alto, verde que todo está bien y amarillo es preventivo.

“Pero la cédula se volvió tan cuadrada, tan tajante que cualquier detalle es rojo, con cualquier cosita que no hagas dentro de la normatividad ya te marcan en rojo. Por ejemplo, si usas una funda para las colchonetas de los niños que no sea de algodón, ya te marcan rojo. Y aunque no estés de acuerdo con la supervisión, tienes que firmar la cédula, y de esa no te dejan copia, solo de la visita del supervisor y el resultado”, explicó Ivette Arroyo, responsable de la estancia infantil Fantasía, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

Respecto a que los niños de entre 3 y 4 años ya no van a ser beneficiarios del programa porque deben estar en preescolar a esa edad y no en una estancia infantil, las responsables de estos centros aseguraron que a principios del año pasado el expresidente Enrique Peña Nieto promovió un convenio con SEP para que las estancias de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, ahora de Bienestar, pudieran dar a los niños una constancia de primero de preescolar.

Jacqueline García, responsable de la estancia Peques Club, también de Gustavo A. Madero, especificó que este “no es un certificado como tal, es una constancia, sellada y validada por SEP. A mí me las dieron para todos mis niños que terminaron el ciclo escolar pasado el primero de preescolar”.

Aunque no todas las estancias podían dar este documento. “No sabemos porque no a todas nos llegaron las constancias. Yo tengo niños de primer año de preescolar pero no me llegaron y no sé por qué. No hay procedimiento específico, por ejemplo, que yo no haya cumplido. Todas las capacitaciones y las evaluaciones que nos hacen tienen que ser globales, para todas, entonces no sabemos por qué unas sí y otras no pueden dar esa constancia”, aseguró Magdalena Escudero Zendejos, responsable de la estancia infantil Cuma, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

Las responsables de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras de la CDMX puntualizaron que hasta ahora no tienen una estrategia a seguir frente a los planes del gobierno federal para el programa, pero que promoverán los recursos que sean necesarios ante instancias nacionales e internacionales para defender sus fuentes de trabajo y el bienestar de los niños.

Unión de Padres de Familia pide que no se hagan generalizaciones 

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), lamentó que la forma en que se redistribuirá el presupuesto para las estancias ya que “esta acción afectará a más de 300 mil niños y niñas y sus familias de toda la República”.

Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF, comentó que “no se pueden hacer señalamientos generalizados por fallas o presuntos malos manejos, cuando, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el análisis de este programa, durante el ciclo 2017-2018, 94% de los beneficiarios consideraron que éste contribuye a mejorar su calidad de vida porque pudieron mantener un empleo y acceder a servicios para el cuidado y desarrollo de sus hijos”.

El presidente de la UNPF precisó “que las más de 9000 estancias que se tienen registradas generan empleos directos e indirectos, además de apoyar a madres en el cuidado de sus hijos, para que ellas puedan ejercer su labor, en busca de un bienestar para sus familias”.

“Esa formación inicial es de gran importancia para los menores, pues se desarrollan muchas de sus capacidades en esa etapa, no es posible dejarlos desprotegidos”, señaló.

Además, no necesariamente los abuelos son los mejor preparados para el cuidado de los nietos, el personal que labora en las estancias infantiles tiene la preparación adecuada y su labor es supervisada para brindar el servicio adecuado a los menores, aseguró García Camarena.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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