Estado oculta feminicidios cometidos por crimen organizado y no investiga, acusan activistas de 23 entidades
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Estado oculta feminicidios cometidos por crimen organizado y no investiga, acusan activistas de 23 entidades

Representantes de 23 organizaciones del mismo número de entidades, agrupadas en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, denunciaron este miércoles que los homicidios de mujeres han pasado del ámbito privado al público, en un contexto de violencia criminal.
Cuartoscuro
6 de febrero, 2019
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El 70% de los feminicidas tiene el estatus de desconocidos y 30% de los agresores están ubicados como personas conocidas por las víctimas. Solo en el 20% de los casos quien comete el crimen es la pareja, o expareja. Esto refleja un evidente contexto criminal, señaló María de la Luz Estrada, presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF.

Esa información, dijo, la han recabado a lo largo de 12 años de trabajo. “Hemos hecho mucha investigación. A través de la judicialización y el acompañamiento de casos nos acercamos a entender, cada vez más, los patrones y diversos modus operandi de la violencia contra las mujeres. Esto no es solo de datos estadísticos. Es de información de las compañeras que tenemos en 23 estados de la República que están acompañando los casos, que están entendiendo cómo si hay violencia intrafamiliar pero también provocada por bandas criminales”.

Como OCNF, agregó, “hemos documentado cómo los cuerpos de las mujeres y niñas son ocultados y sepultados -incluso en viviendas- como fue el caso en Empalme, Sonora. Documentamos también cómo abandonan o arrojan los cuerpos en la vía pública, o cómo asesinan a las mujeres embarazadas para extraer a sus bebés del vientre”.

Las autoridades, explicó Estrada, están negando la existencia de grupos delictivos que operan en diversos estados del país. “Sabemos que da miedo saber y reconocer que hay grupos criminales operando así en diversos territorios, pero si los invisibilizan o hay involucradas autoridades, están poniendo en mayor riesgo la vida y la integridad física de las niñas, adolescentes y mujeres”.

Tan solo en el Estado de México, de acuerdo a datos oficiales, en 2018 se registró el reporte de 3,260 mujeres desparecidas. De ellas, la mayoría tiene entre 10 y 17 años de edad. Del total de caso, 946 siguen sin ser localizadas.

Una omisión grave, denunciaron las activistas, es no vincular el feminicidio con otros delitos como lo es la trata de mujeres y niñas, como en el caso del estado de Tlaxcala, en donde los protocolos de búsqueda no se activan de forma inmediata.

“Estamos hablando de bandas que secuestran y matan a las jóvenes o grupos que las obligan a vender droga y luego las matan, y el gobierno lo que dice es que estaban implicadas en el narcotráfico y ni siquiera se abre una investigación para saber lo que realmente pasó”, aseguró la activista.

“Se requiere de la voluntad política, de entrar de fondo a lo que está generando esta violencia extrema contra las mujeres. Hay que diferenciar a los actores que están cometiendo los feminicidios. Pero también hay que investigarlos, porque en México no se están investigando cómo tal, pese a que, de acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Mariana Lima Buendía, todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse así”.

Respecto a si se han reunido con autoridades del gobierno federal y cómo se está abordando en ese ámbito el problema del feminicidio, Estrada comentó que todo está en proceso. “No tenemos claro cómo se va a reestructurar la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), no sabemos quién va a estar al frente, no tenemos clara la política de seguridad, pero el gobierno federal es solo una parte, los que tienen el mayor compromiso son los gobiernos estatales”.

Y ahí es donde está el mayor problema, según las activistas. “Lo que han hecho las autoridades estatales –señaló Estrada– es invisibilizar y reducir el feminicidio al ámbito familiar, a tal grado que del 24% de los asesinatos de mujeres que se reconocen como feminicidio, la mayoría la ubican en el ámbito familiar. Prevalece un contexto de simulación de las autoridades estatales y municipales”.

En esos ámbitos, señaló el OCNF, no solo se sigue ocultado la violencia hacia las mujeres, sino que se están desmantelando mecanismos como los centros de justicia para las mujeres, como en el caso de Oaxaca, las comisiones de víctimas, la coordinación de implementación de alerta de género, como en Morelos, o los institutos de las mujeres, como sucedió con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que desapareció el 29 de enero.

“Este hecho evidencia un retroceso y nos alerta del camino que podrían tomar otros gobernadores, lo que supondría omisiones y desacato a recomendaciones internacionales en la materia y a la propia Constitución del país”, advirtió el OCNF.

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El gas usado para "desinfectar" a mexicanos en EU que sirvió como ejemplo a la Alemania nazi

Durante décadas, trabajadores mexicanos que cruzaban a Estados Unidos fueron inspeccionados y fumigados con pesticidas para prevenir enfermedades infecciosas. Décadas después, cientos describieron la experiencia como humillante y vergonzosa.
4 de septiembre, 2021
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En 1956, los braceros eran fumigados con DDT como parte del proceso de entrada a Estados Unidos.

CORTESÍA, MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE EE.UU

Muchos no sabían qué les estaban rociando, pero era tan extendido su uso que le apodaron “el polvo”.

La fotografía que abre esta nota es especialmente destacada por historiadores en Estados Unidos y algunos describen la escena capturada como “un momento atroz”.

En ella un funcionario enmascarado fumiga la cara de un joven mexicano desnudo con el pesticida DDT en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas, mientras que otros esperan en fila detrás mientras sujetan sus pertenencias.

La tomó el neoyorquino Leonard Nadel en 1956 mientras documentaba el programa Bracero, bajo el que al menos 4 millones de mexicanos migraron temporalmente a Estados Unidos para trabajar entre 1942 y 1964.

El esquema fue inicialmente establecido para compensar la ausencia de trabajadores estadounidenses debido al reclutamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Un trabajador se registra en el programa Bracero.

Getty Images
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.

El DDT se empleó hasta mediados de los 60 en los inmigrantes para prevenir la propagación de malaria y tifus y su uso fue posteriormente prohibido en EE.UU. en 1972.

Hoy en día está clasificado por el gobierno de ese país y autoridades internacionales como un “probable carcinógeno humano”.

Pero este no fue el único pesticida empleado para “desinfectar” a inmigrantes mexicanos en la frontera entre México y EE.UU. por décadas.

Años antes de la implementación del programa Bracero, otro insecticida fue utilizado en centros de recepción de visitantes y pasaría a servir como ejemplo a funcionarios del nazismo en Alemania.

Zyklon B

David Dorado Romo, historiador y cronista de El Paso y Ciudad Juárez, dio con un artículo en una revista científica alemana de 1937 que lo dejó atónito.

El escrito incluía dos fotografías de “cámaras de despiojado” en El Paso, Texas.

Su autor, el químico alemán Gerhard Peters, destacaba las imágenes para ilustrar “la efectividad del Zyklon B (un pesticida a base de cianuro) como un agente para matar plagas indeseables”, escribe Romo en su libro Ringside Seat to a Revolution (“Asiento en primera fila a una revolución”).

“Peters se convirtió en el director de operaciones de Degesch, una de las dos firmas que adquirió la patente del Zyklon B en 1940 para producirlo masivamente”, describe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el gas en dosis concentradas para matar a millones de judíos.

Un funcionario fronterizo estadounidense les habla a un grupo de refugiados mexicanos en el Puente Internacional de El Paso, en Texas. Año 1916.

Getty Images
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.

Aunque en El Paso no se utilizó para el mismo fin, ya se estaba empleando desde 1929 por funcionarios fronterizos para fumigar la ropa y los zapatos de inmigrantes mexicanos en el Puente Internacional Santa Fe, que conecta esa ciudad con Ciudad Juárez.

Las inspecciones habían iniciado formalmente en 1917, amplía el historiador, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a imponer restricciones sobre los cruces fronterizos en sectores como El Paso.

El alcalde de la ciudad en esa época, Tom Lea, se refería a los mexicanos como “sucios piojosos indigentes” que “sin duda, van a traer y propagar el tifus”.

Pero entre 1915 y 1917, menos de 10 residentes de El Paso habían muerto del tifus epidémico, recogió Romo en su libro.

Aún así, los mexicanos considerados de “segunda clase” eran sometidos a exhaustivos chequeos que incluían duchas con agua caliente y revisiones de los migrantes desnudos. A los que le encontraban piojos, “les rapaban la cabeza y les afeitaban todo el cuerpo”, señala Romo a BBC Mundo.

Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Tan solo en 1917, al menos 120.000 personas fueron examinadas en el centro de El Paso.

Romo y otros historiadores hablan de un contexto en el que las ideas eugenésicas cobraban fuerza y se manifestaban a través de nociones discriminatorias y racistas.

“No hay que comparar peras con manzanas, pero el Holocausto no fue un hecho aislado y la frontera entre EE.UU. y México sirvió como un centro de experimentación importante de esas ideas”, advierte Romo.

“¿Sabe qué es la vergüenza?”

Cuando inicia el programa Bracero en 1942 ya estaba extendido el uso de diferentes químicos como el kerosén en centros de inspección fronterizos.

Aunque el gobierno de EE.UU. alabó a los mexicanos que se enlistaban como “soldados de la producción” y de la tierra en ese tiempo, con los años surgieron cientos de testimonios de trabajadores que señalaron sus experiencias como vergonzosas y humillantes.

La historiadora Mireya Loza recuerda en conversación con BBC Mundo que la imagen del trabajador rociado con DDT en la cara era la que más afectaba a los antiguos participantes del programa con los que habló.

“Muchos decían que sentían los efectos del DDT en los ojos, que tenían reacciones alérgicas en la piel y entendieron que no era un tratamiento humano”, dice la profesora de la Universidad de Georgetown.

Un grupo de trabajadores del programa Bracero alzan los brazos y están alineados contra la pared mientras son inspeccionados en una habitación del Centro de Procesamiento en Monterrey, México.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

La académica inició su investigación entrevistando a decenas de braceros para un proyecto llamado Bracero History Archive (Archivo Histórico de los Braceros), impulsado por el Museo Nacional de Historia estadounidense Smithsonian.

“Muchos de estos trabajadores dijeron haber sentido algo feo porque era la primera vez que eran desnudados públicamente y frente a varias personas. Para ellos era un shock tremendo estar ahí y que los doctores les hicieran abrir las pompis, la boca; todo revisaban”, describe.

Los trabajadores eran generalmente inspeccionados en sedes administradas por Estados Unidos dentro de México y en ciudades fronterizas como Hidalgo, en Texas.

Además de las fumigaciones, los vacunaban contra la viruela, les hacían exámenes de sangre y de rayos X y les revisaban las manos en busca de callos que demostraran que tenían experiencia en el campo.

Un bracero es vacunado mientras otros esperan en la fila en el Centro de Procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Un funcionario de gobierno revisa las manos de un aspirante al programa Bracero.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.

José Silva, un campesino oriundo de Michoacán que empezó a trabajar desde los 6 años, describió en 2005 con cierto enfado la experiencia que vivió mientras fue bracero durante una entrevista disponible en el Archivo Bracero:

“Por una parte sí fue un buen programa (…) No tuve problema, me ayudé económicamente. Lo que no me gustaba era que nos fumigaron. Sentí vergüenza. ¿Sabe qué es la vergüenza? Todos formados así, sin ropa, y salíamos así caminando y allá en la puerta estaba el hombre con el fumigador. Muy mal. No éramos animales, éramos cristianos, ¿por qué nos fumigaban?“.

Víctor Martínez Alemán, originario de Tlaquiltenango, en Morelos, se enlistó en el programa en 1956 y trabajó en California:

“Nos pasaron, encuerados, delante de todas las muchachas, ya no más nos tapábamos acá pero encuerados para pasar donde nos iban a fumigar, bien fumigados así y todo… A nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres (…) Eran todas secretarias. Y con manos atrás, nada de taparse, nada… Nos quería hasta pegar (…) Nunca había yo pasado esas penas pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo…”.

“Injusticias y abusos”

A través del Archivo Bracero, el gobierno de EE.UU., mediante el Museo Nacional de Historia y diferentes instituciones académicas, reconocen que los trabajadores fueron sometidos a una serie de “injusticias y abusos”.

“Muchos se enfrentaron a alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, indica el sitio web.

Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Pese a estas investigaciones, ningún presidente o autoridad de alto cargo a nivel nacional en EE.UU. ha ofrecido disculpas públicas ni reparaciones por los efectos negativos que desencadenó el programa, indica la historiadora Mireya Loza.

Tampoco existe una investigación exhaustiva sobre el impacto de pesticidas, incluido el DDT, en la salud de millones de braceros que fueron fumigados.

Aunque el programa culminó hace casi seis décadas, aún queda una generación que vive para contarlo.

Carlos Marentes, activista por los derechos de los campesinos en El Paso, recogió también cientos de testimonios y denuncias de abusos laborales, y las fumigaciones sobresalían entre los recuerdos más amargos de los trabajadores.

“Naturalmente existía un miedo de que trajeran enfermedades contagiosas, pero eso conllevó a una estigmatización“, dice a BBC Mundo.

Para Marentes, el programa Bracero fue un ejemplo claro de “la contradicción en la política de inmigración” de Estados Unidos.

“Por una parte sabemos que los necesitamos (a los inmigrantes), para que hagan todo lo que no podemos o no queremos hacer, pero por otra parte nos han metido en la cabeza que hay que tenerles miedo”, sentencia.



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