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Cuartoscuro
Sobornos, capacitación deficiente, e inseguridad, los fallos encontrados por el DIF en estancias infantiles
La Secretaría de Bienestar asegura que la supervisión del DIF a las estancias del país reveló que más de 7 mil no contaban con las condiciones de seguridad establecidas.
Cuartoscuro
18 de febrero, 2019
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El nuevo “Programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras”, mediante el cual redistribuirá el apoyo económico que recibían las estancias infantiles, garantizará la seguridad de los menores, reiteró la Secretaría de Bienestar.

En conferencia de prensa, la dependencia informó que la decisión de entregar el apoyo económico directamente a los padres, madres y/o tutores se debe, principalmente, a las irregularidades en materia de seguridad detectadas en las estancias a nivel nacional.

María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, detalló que los padres y madres de familia, así como los tutores, recibirán un apoyo bimensual de 1600 pesos, lo equivalente a 800 pesos por mes.

Para hacer la entrega de esta ayuda, la actual administración realiza un censo para que todas las personas con hijos de 1 a 6 años puedan acceder al programa.

“Se hará el pago correspondiente a enero y febrero y en marzo se estaría entregando lo correspondiente a marzo y abril pero para ello verificaremos la existencia del número de menores que estaban registrados en las estancias”, agregó la secretaria. 

Se calcula que el número de niñas y niños inscritos a las 9 mil 582 estancias del país es de 330 mil. Igualmente la dependencia informó que se hará un ajuste en rangos de edad para que los menores puedan recibir desde los 3 años la educación preescolar y no necesariamente tengan que permanecer en una estancia infantil. 

Resaltó que el programa anterior no daba prioridad de atención a municipios y estados con rezago social, toda vez que se encontró que el Estado de México (número 22 en rezago social) era la entidad con más número de estancias, con un  total de mil 184; mientras que en Oaxaca, estado con mayor pobreza del país es uno de los que nmos estancias tiene. 

Falta de seguridad para los alumnos

Ariadna Montiel, subsecretaria de la Secretaría de Bienestar comentó que la supervisión que realizó el DIF a las estancias durante 2018 arrojó que casi 7 mil de éstas fueron catalogadas con foco rojo ante las condiciones de seguridad que se encontraron para los alumnos, por lo que deberían estar cerradas.

“Había listas de niños inexistentes y muchas no comprobaron lo requisitos de afiliación (…) además la cuota que se cobraba adicional a los padres no estaban regulada, se cobraba 800 pesos adicionales en promedio, pero había quien cobraba más (…) encontramos también redes de prestanombres, personas que desde 5 a 10 estancias, cuando por ley solo podían administrar una”, comentó.

La subsecretaria reveló que estas supervisiones también detectaron sobornos y capacitación deficiente para las auxiliares. 

“En muchas de ellas el apoyo de 70 mil pesos que entregaba Sedesol para la apertura de la estancia no se recuperaba, tenemos 150 estancias a las que se les entregaba el recurso y no se comprobaba la existencia de la estancia o no se recuperaban los recursos”, comentó.

El DIF también reportó que solo el 30% de las estancias cumplía con los requisitos de operación y seguridad, el 26% estaba situación de riesgo, y el 40% riesgo total, mientras que el y 4%  se encontraron cerradas, por lo cual “también podemos hablar de estancias fantasma”, destacó Montiel.

Aunado a estas irregularidades, la secretaria María Luisa Albores mencionó el caso de una menor que falleció hace unos días en la estancia de la comunidad de Sombrerete, en Zacatecas por un cuadro de neumonía.

“Esto comprueba la deficiencia que existe en los filtros de revisión de salud, que fue otra irregularidad que se encontró en muchas estancias, incluso la responsable de este lugar tenía otra estancia a su cargo lo cual también está prohibido”, acotó.

Ambas resaltaron que mientras las supervisiones del DIF mostraban estas irregularidades, las realizadas por la entonces Sedesol, dicen lo contrario pues solo se hablaba del 13% de estancias con problemas.

María Luisa Albores acepta que si bien había estancias que estaban haciendo bien las cosas, las irregularidades se daban desde las delegaciones, encargadas de distribuir el dinero entregado por la extinta Sedesol, “lo hacían de una forma atípica e irregular”.

A cada estancia se le entregaba un monto de 70 mil pesos para la apertura y posteriormente un promedio de 950 pesos por cada niño.

“Estamos haciendo toda la investigación para que en su caso se actúe en contra de los responsables de estas irregularidades, la gente nos ha hecho llegar audios y videos que demuestran casos de casos de corrupción, los cuales estamos documentando”, agregó.

Las funcionarias explicaron que la finalidad del nuevo programa es hacer bien las cosas y garantizar mejores condiciones de seguridad para los menores. Las zonas de prioridad serán las comunidades indígenas y de marginación y violencia. 

 

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