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Foto: Pemex
Funcionario de Pemex vinculado al caso Odebrecht es el encargado del proyecto de refinería de Dos Bocas
El ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (PTI), participó en el proceso de adjudicación directa de por lo menos 1 de los 4 contratos otorgados a la empresa Odebrecht que son investigados por la Fiscalía General.
Foto: Pemex
Por Tania L. Montalvo, Arturo Angel y Francisco Sandoval
25 de febrero, 2019
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Un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) que tiene un presunto vínculo con el caso Odebrecht es el encargado del proyecto de infraestructura más importante de la petrolera en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

Se trata del Ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (PTI), quien participó en el proceso de adjudicación directa de al menos 1 de los 4 contratos otorgados a la empresa Odebrecht que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de la Función Pública, por presuntos actos de corrupción.

El 23 de enero de 2019, ese funcionario recibió —tras una petición de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y de una instrucción del director de Pemex, Octavio Romero—, un oficio firmado por el director general de PTI, Miguel Breceda, para iniciar las actividades en “atención de los proyectos” que incluyen a la refinería de Dos Bocas y a las “rehabilitaciones necesarias para el Sistema Nacional de Refinación”.

Un día antes de esta petición, el 22 de enero, el presidente López Obrador declaró que en su gobierno no serían “contratados quienes tengan malos antecedentes” de corrupción.

La refinería de Dos Bocas es el proyecto de infraestructura energética más ambicioso de la administración de López Obrador; con su operación se busca reducir las importaciones de combustible y refinar 340 mil barriles de crudo cada día. En el documento en el que Octavio Romero instruye a PTI a iniciar actividades se señala que se trata de “proyectos prioritarios para el Presidente de la República”.

Instrucción prioritaria

En el oficio DGTRI-24-2019, fechado el 23 de enero de 2019, el director de PTI, Miguel Breceda, solicitó al Ingeniero Leonardo Cornejo que “en línea con la petición expresa de la C. Secretaria de Energía, Ing. Norma Rocío Nahle García y en atención a las instrucciones giradas por el Ing. Octavio Romero Oropeza, Director General de Petróleos Mexicanos… se disponga prioritariamente a la atención de los proyectos relacionados con la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, e igualmente a aquellos relacionados con el programa de rehabilitaciones necesarios para el Sistema Nacional de Refinación”.

Breceda también le solicitó a Cornejo “cumplir” de “forma honesta y eficiente” con el “mandato de C. Presidente de la República en materia de política energética”.

La petición de Rocío Nahle, en tanto, se realizó el 21 de enero de 2018, cuando solicitó al director de Pemex, Octavio Romero, en el oficio SENER.100/2019/041, agilizar los trabajos relacionados con la refinería de Dos Bocas. Para ello, la secretaria pidió que dispusiera del área que encabeza el subdirector de proyectos Leonardo Cornejo Serrano.

Animal Político preguntó a la Secretaría de Energía y a Pemex si al solicitar el inicio de actividades sobre la refinería de Dos Bocas conocían del presunto vínculo de Leonardo Cornejo Serrano con la investigación que realiza la FGR, sobre el caso Odebrecht.

La Sener respondió que si bien la secretaria Rocío Nahle “solicitó que para los trabajos relacionados al proyecto de DOS BOCAS se disponga del personal de la subdirección de proyectos (de Pemex)”, esto no establecía “ningún encargo nuevo” para el “Ingeniero Leonardo Cornejo Serrano”.

Añadió que “siguiendo con puntualidad las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, cualquier funcionario involucrado en actos de corrupción no podrá trabajar en la estructura de gobierno en los programas de trabajo que emanen del gobierno de México”.

Pemex decidió no emitir respuesta a los mismos cuestionamientos.

Los contratos investigados

Desde el 25 de enero de 2017, la Procuraduría General de la República —hoy FGR— investiga la presunta entrega de sobornos a funcionarios de Pemex por parte de la empresa Odebrecht. En procesos legales en Estados Unidos y Brasil se ha confirmado que la firma repartió sobornos en al menos doce países, incluido México.

Por las declaraciones ministeriales que directivos de Odebrecht dieron en Brasil y Estados Unidos, se presume que en México pudieron haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos, a cambio de ganar cuatro contratos con Petróleos Mexicanos entre 2010 y 2014.

En al menos uno de estos contratos Leonardo Cornejo tuvo un rol protagónico. Se trata del contrato por aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Tula, realizado en febrero de 2014.

Cornejo fue el responsable de elaborar tanto el proyecto de modelo económico, como el documento para justificar la adjudicación directa que exceptuó que dicho contrato se entregara tras una licitación pública. Este funcionario también participó en la sesión del Consejo Administrativo de Pemex en la que se aprobó el contrato.

La adjudicación directa que justificó Cornejo Serrado fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el organismo concluyó que se trató de un proceso poco transparente que benefició a Odebrecht, y que derivó en un contrato que generó un daño patrimonial superior a los 2 mil millones de pesos.

Este contrato por aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Tula fue publicado por Pemex el 2 de noviembre de 2017, cuando la petrolera dio a conocer que por ese y otros tres contratos con Odebrecht había presentado una denuncia penal ante la PGR, que se habían iniciado ocho procesos sancionatorios dentro de la empresa, y que como parte de la investigación se citaría a declarar a diversos funcionarios, aunque no mencionó nombres de los involucrados.

En la Fiscalía General de la República la investigación sigue abierta. El argumento que utiliza la FGR para mantener cerrada la investigación y no cumplir con el mandato del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), que ha ordenado transparentar los datos del caso Odebrecht, es que la investigación continúa y por consecuencia no puede abrir los datos de un proceso en curso.

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