El pleno del INAI ordenó al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General que castigue a los funcionarios involucrados en la contratación y uso de del software de espionaje Pegasus, adquirido por la PGR en 2014.
Los funcionarios habrían incumplido con la protección de datos personales.
El INAI solicitó a la PGR informar sobre si había adquirido el software o sus actualizaciones entre 2015 y julio de 2018. La PGR señaló que no se había realizado ninguno de los dos procesos y que el contrato de adquisición de Pegasus vencía el 31 de diciembre de 2014.
Sin embargo, la actual Fiscalía General informó el lunes 18 de febrero pasado que el software también fue contratado para los años 2016 y 2017, contradiciendo lo informado por PGR.
Este miércoles el instituto presentó su resolución sobre la verificación de oficio que hizo a la FGR y en la que señala dos incumplimientos: al deber de seguridad, pues la PGR no informó sobre la actualización del software en 2016 y 2017.
Además incumplió el principio de responsabilidad, porque aunque informó que actualmente el software no está instalado ni registrado en el hardware, no acreditó ante el INAI que hubo un borrado seguro del programa o de los datos que se pudieron generar.
En 2017, la PGR adquirió Pegasus, un programa diseñado para espiar terroristas y amenazas a la seguridad nacional, pero que en México se utilizó para intervenir comunicaciones privadas de periodistas, activistas y defensores de Derechos Humanos, según reveló un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times.
El INAI dijo que la actual FGR tendrá que aclarar las dudas que aún quedan sobre las investigaciones del caso.
Entre ellas señaló están las razones para adquirir el software, pese a que la misma PGR dijo que no lo utilizó, así como también las razones para no utilizarlo.
“Toda inversión de recursos públicos debe probar su eficiencia, eficacia y efectividad. Los indicios advertidos motivan a analizar la pertinencia de interponer una denuncia penal en contra de quien resulte responsable”, explica el INAI.
Aunque no hay elementos para acreditar que personas específicas u organizaciones hayan sido objetivos de espionaje, dice la resolución, las autoridades deben investigar e informar la forma en la que se destruyó la información obtenida a través de éste.
“El sujeto obligado se limitó a manifestar que el software ya no estaba instalado, pero debió acreditar cuándo y bajo qué orden o circunstancias, se dio tal desinstalación”.
