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Foto: Odebrecht

El INAI ha ordenado seis veces a PGR transparentar información del caso Odebrecht

Aunque el pleno del instituto ha resuelto que por interés público se debe dar información sobre el caso, la PGR, ahora Fiscalía, ha ido a tribunales para impedirlo.
Foto: Odebrecht
13 de febrero, 2019
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En los últimos dos años, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha pedido a la PGR, hoy Fiscalía General, en al menos seis ocasiones que informe sobre Odebrecht, los nombres de los funcionarios mexicanos que han declarado como testigos en el caso y los contratos que se firmaron con la filial de la empresa brasileña.

Sin embargo, la dependencia no ha acatado dichas sentencias e incluso han litigado en tribunales en contra de la resolución del INAI.

Aunque en julio de 2017, el INAI respaldó el reservar la información sobre Odebrecht por considerar que se podrían afectar las investigaciones, después el pleno del instituto cambió su criterio y resolvió que por “interés público” se debía informar del caso, explicó a Animal Político el comisionado Joel Salas.

Lee: El Sabueso: ¿Ordenó el INAI mantener en secreto caso Odebrecht como dijo AMLO?

El 23 de marzo de 2017, el Pleno ordenó en la resolución 1239/17, al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) dar a conocer copia de contratos y convenio suscritos con la empresa Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional, entre 2006 y 2016.

A través de la resolución 1225/17, del 31 de mayo de 2017, el INAI pidió a Pemex Transformación Industrial entregar versión pública del contrato celebrado con la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A, así como de los dos convenios modificatorios derivados del mismo y sus anexos.

El 13 de diciembre de 2018, el instituto ordenó a la PGR dar a conocer los nombres de funcionarios y exfuncionarios investigados y todos los que habían sido citados a declarar.

Luego, el 17 de diciembre de 2018, el INAI pidió a la PGR , a través de la resolución 6942/18, entregar versiones públicas de las declaraciones ministeriales de servidores públicos y particulares involucrados en la investigación del caso Odebrecht. Entre ellos había 9 funcionarios de Pemex.

Ese año se presentó ante el instituto el recurso de revisión 7889/17, en el que un ciudadano pedía a la PGR dar a conocer a los testigos que habían declarado hasta el 28 de agosto de 2017. El pleno del INAI resolvió la apertura del caso.

A esta resolución le siguieron más.

En octubre de 2018 el pleno del INAI ordenó a la PGR entregar una versión pública de las investigaciones sobre la posible colusión de funcionarios de Pemex para recibir sobornos de la constructora Odebrecht.

En un comunicado el INAI señaló que era de “interés público” conocer del caso pues esto “abona a la rendición de cuentas y permite a la sociedad tener el control sobre el actuar de la autoridad y la manera en la que solventa las investigaciones en casos o hechos en los que se presumen delitos que implican actos de corrupción”.

Dos meses después, el 12 de diciembre de 2018, el INAI resolvió un recurso de revisión interpuesto por Animal Político y volvió a ordenar – ahora a la Fiscalía General a cargo de Alejandro Gertz- transparentar los datos del caso Odebrecht, entre ellos la identidad de los funcionarios y exfuncionarios que se han citado a declarar.

“Esperamos que los nuevos titulares (de la PGR) naturalmente, conforme a derecho corresponde, acaten esta instrucción del INAI, la que está pendiente y otras que se vengan acumulando, con independencia, desde luego, de lo que ellos quieran hacer valer desde su lógica interpretativa”, dijo el consejero presidente Francisco Javier Acuña.

Lee: Titular del INAI pide a la Fiscalía mostrar voluntad y entregar la información sobre el caso Odebrecht

Sin embargo el caso no se ha desclasificado. Esto debido a que la PGR y hoy la Fiscalía General se ha negado a entregar la información y ha recurrido a demandas de amparo para no hacerlo.

Aquí puedes ver las resoluciones de la Fiscalía General donde se niega a transparentar el caso:

 

El pasado 15 de enero la FGR obtuvo una suspensión provisional de un juez federal para no acatar la orden del INAI, y el pasado 23 de enero litigó y consiguió la suspensión definitiva. En dos semanas se define si le conceden finalmente el amparo para que el caso quede en secreto y clasificado cinco años.

Lee: Fiscalía General niega apertura de caso Odebrecht pese a promesa de AMLO

El presidente dijo en su conferencia matutina de este martes que era el INAI el que había ordenado no informar sobre Odebrecht, porque era información secreta, que no podía revelarse.

Dicha aseveración es totalmente falsa, como pudo verificar El Sabueso, pues el instituto ha ordenado tres veces que se abra la información.

Por ello, este miércoles, el presidente Andrés Manuel Obrador cambió su postura: dijo que el INAI si ha ordenado la transparencia de la información y exhortó al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dar a conocer todo lo relacionado con la investigación del caso Odebrecht.

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AFP

El 'silencio sepulcral' de Honduras y Guatemala ante el cambio de la política migratoria de México y EU

Miles de personas abandonaron Centroamérica en los últimos meses. Pero ante la "tragedia humanitaria", como algunos llaman al fenómeno, contrasta el silencio de dos de los países con mayor número de migrantes.
AFP
9 de julio, 2019
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Es una de las crisis migratorias más graves de la historia reciente. Según datos del gobierno de México, sólo en lo que va de año abandonaron Centroamérica más de 500,000 personas.

Pero la magnitud de la emergencia contrasta con la posición que asumen los países del Triángulo Norte; es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador.

De esta región salió la mayor parte del éxodo hacia Estados Unidos. Hasta ahora sólo el gobierno de El Salvador ha expresado una posición clara sobre el problema.

La ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Alexandra Hill Tinoco, reconoce a BBC Mundo que se trata de una “tragedia humanitaria”.

La solución, añade, corresponde a toda la región, incluidos México y Estados Unidos.

Pero en cambio, Guatemala y Honduras poco han dicho sobre el tema. Tampoco existe un posicionamiento claro sobre la nueva estrategia mexicana para controlar el ingreso de migrantes a su territorio.

La estrategia pretende restringir el ingreso de personas sin documentos migratorios, y para eso desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional formada por militares.

BBC Mundo pidió a las cancillerías de ambos países una posición ante la emergencia y las acciones de los gobiernos de México y EE.UU., pero no hubo respuesta.

“Silencio sepulcral”

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, la mayoría de las personas que abandonaron Centroamérica provienen de Honduras y Guatemala.

La embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena, dice que el número de migrantes que salieron de esos países en unos meses “equivale al 1% de su población”.

Guardia Nacional

AFP
México desplegó a 15.000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur.

Por eso algunos critican el bajo perfil que mantienen ante la emergencia. Parece, coinciden analistas, que la emergencia por el éxodo migrante no es una prioridad para esos países.

Una explicación, dice Gabriel Orellana Rojas, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, son los problemas internos que enfrentan ambos gobiernos.

El presidente Jimmy Morales concluye en unos meses su mandato, marcado por acusaciones de corrupción, recuerda el excanciller.

También fue cuestionado por negarse a renovar la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo auspiciado por Naciones Unidas que, en sus 11 años en activo, cooperó con el Ministerio Público para desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.

A su vez el gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido señalado por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, por supuesto narcotráfico y lavado de dinero.

Protestas Honduras

AFP
Desde hace meses Honduras padece una creciente ola de protestas en las calles.

Además, desde 2017, cuando se reeligió tras un cuestionado proceso, Hernández encara una creciente oposición que se expresa en marchas y protestas en las calles.

“Los dos enfrentan una situación en que posiblemente lo que les interesa es su sobrevivencia política”, dice el excanciller Orellana Rojas a BBC Mundo.

“Por eso guardan un silencio sepulcral, y lo van a mantener hasta que puedan salir airosos de esta situación, pero no como gobernantes sino como personas”.

Dinero de EE.UU.

Por otra parte, las relaciones entre EE.UU. con Guatemala y Honduras también vienen marcadas por la asistencia económica que el país del norte otorga a las naciones centroamericanas.

Parte de ese apoyo se envía a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Migración frontera sur

AFP
Desde hace semanas México endureció su política migratoria.

Es una estrategia regional que pretende arraigar a las personas en sus comunidades a través de empleos, mejores condiciones de seguridad y educación, por ejemplo.

Y además del plan existen otras iniciativas estadounidenses en cada país.

En El Salvador, por ejemplo, se financian programas para prevenir el reclutamiento forzado de adolescentes por las pandillas.

También se envían recursos a programas para prevenir la delincuencia y mejorar los organismos de justicia en Honduras.

Y para Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de financiamiento estadounidense, el dinero se utiliza para programas para combatir la corrupción y en apoyo a jóvenes.

Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), el apoyo de EE.UU. en estos programas se concentran en acciones para prevenir la migración.

De acuerdo con información del Departamento de Estado estadounidense, esos fondos representan unos US$450 millones para este año.

Albergue Ciudad Juárez

AFP
Los albergues en la frontera norte de México están saturados.

Una cantidad menor a la que recibe Centroamérica por remesas. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el año pasado el monto fue de US$22.500 millones.

La región tiene, recuerdan organizaciones civiles, una fuerte dependencia de Estados Unidos y es una de las explicaciones para la posición de algunos países ante la migración irregular.

“El problema es cómo desincentivamos la migración desde nuestros países”, le dice a BBC Mundo César Castillo, director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH).

“Se pueden endurecer las leyes como hizo Estados Unidos que ahora presiona a México y a Guatemala para que cierre sus fronteras. Pero la solución no pasa por allí. Hay que desarrollar a los países”.

“No culpamos a nadie”

Más allá del silencio oficial ¿qué han hecho los gobiernos del Triángulo Norte para atender la crisis migratoria?

Las autoridades de Honduras aumentaron la presencia de policías y militares en su frontera con Guatemala, como una forma de disuadir la salida de personas.

La primera dama Ana García de Hernández visitó algunos centros de detención de migrantes en Texas. Tras ver las condiciones de las prisiones recomendó a los hondureños no viajar sin visa a Estados Unidos.

Jimmy Morales

AFP
El presidente Jimmy Morales de Guatemala envió 1.000 policías a la frontera con México.

Mientras, el gobierno de Guatemala envió 1.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a la frontera con México.

La estrategia se llama “Operación gobernanza para la migración irregular”, y según la PNC la intención es verificar la documentación migratoria de quienes pretenden abandonar el país.

Y, en el caso de El Salvador, el plan es solucionar las causas que provocan la salida de personas, explica la ministra Hill Tinoco.

“No estamos en la posición de culpar a nadie” dice a BBC Mundo. “Es una responsabilidad compartida con los gobiernos de Estados Unidos, de México y de nuestros hermanos de las repúblicas de Honduras y Guatemala”.

Parte de la estrategia es el programa “Sembrando vida”, para emplear a cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones de El Salvador.

El proyecto es financiado por México, que aportó US$30 millones. Es parte del plan diseñado por la Cepal, para solucionar las causas que provocan la migración de Centroamérica.

“Hay medidas de corto plazo que vamos a hacer” explica Alexandra Tinoco.

“Hay una propuesta para trabajar con los países del Triángulo Norte y erradicar las causas estructurales que hacen que nuestra gente emigre por falta de oportunidades e inseguridad”.


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