Josué Olarte Barba trabajaba en una construcción en la colonia Claudette en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La jornada transcurría en medio de un enfrentamiento de soldados contra hombres armados. Repentinamente, el padre de tres niñas cayó herido en la nuca. Sus compañeros lo auxiliaron. Los militares llegaron, lo subieron a una ambulancia y lo dejaron en el hospital San José el pasado martes 29 de enero.
Ese mismo día por la tarde, el hombre de 28 años fue trasladado al hospital de especialidades para mejorar la atención. Allí estuvo nueve días en terapia intensiva hasta que murió a medianoche del miércoles 6 de febrero. La bala alojada en la cabeza causó daños irreversibles. Los familiares acusan del homicidio a los soldados del 16º Regimiento de Caballería Motorizada.
Los señalamientos de la familia a los militares han desatado ataques contra la víctima en redes sociales. Su hermana Coraima sostiene que Josué “siempre trabajó de albañil, casi desde que terminó la secundaria, como los 17 ó 18 años. Él era ayudante de albañil”, relató en entrevista.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó este 8 de febrero la indagatoria por la participación de elementos castrenses en la muerte del trabajador. El 30 de enero, las hermanas y esposa de Olarte Barba presentaron una queja por la actuación de la milicia ante el organismo, misma que fue registrada con el folio CNDH/2/ 8684 / 2019/Q.
La familia Olarte también presentó una denuncia ante la delegación en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Federico González Scott. La carpeta de investigación para indagar el homicidio es la FED/TAMP/NVO.LAR/0000299/2019, refiere un informe del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien ha acompañado el caso.
Los testigos tienen miedo de hablar. El relato del momento solamente lo dieron a Alejandra Silva Segura, esposa de Josué al mediodía del 29 de enero, mientras que sus hermanas organizaron dos colectas para pagar los gastos médicos.
Un día antes de que el padre de familia muriera, mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se reunieron con la familia Olarte Silva. Además, comenzaron las indagatorias en las instalaciones del 16º Regimiento de Caballería Motorizada, aseguró el presidente del comité, Raymundo Ramos.
Todavía este viernes 8 de febrero por la tarde, Coraima y Alejandra no recibían el cadáver de Josué. “Estamos en la funeraria Hernández porque me dijeron que ellos tienen que recogerlo de la capilla Valdez. Nosotros decidimos velarlo en la casa y que la capilla Valdez no lo puede llevar (a la casa de la familia) que tienen que ser la funeraria Hernández”, detalló su hermana.
La familia Olarte Silva envió una carta explicando el caso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena.
El próximo lunes 11 de febrero, personal de la CNDH se reunirá con los parientes para acordar posibles medidas cautelares. Hasta ahora, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha intervenido, de acuerdo con el Comité.
La muerte de Josué Olarte se da en plena discusión por la aprobación de la Guardia Nacional. Raymundo Ramos sostiene que el hecho “es una prueba de que no van a cambiar las cosas”.
“Si el personal del Ejército tuvo participación, con un cambio de gobierno en un nuevo régimen, lo mínimo que hubiéramos esperado es que hubieran reconocido que por confusión o por error cometieron esa lesión, ese atentado, pero no reconocerlo significa que no han cambiado o que no están dispuestas a cambiar”, dijo el defensor de derechos humanos.
“La mayoría de los militares ve en un civil a un delincuente en potencia, entonces lo primero que hacen es aniquilarlos. Esto evidencia el desconocimiento total de los protocolos del uso de la fuerza”, sostuvo.
