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Cuartoscuro
Estos son los delitos que tendrán prisión preventiva automática
La introducción de los nuevos ilícitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa significa que las personas que sean acusadas de ellos ante el juez y se les inicie proceso deberán ser puestas en prisión de manera preventiva, como garantía de que enfrentarán el juicio que tienen por delante.
Cuartoscuro
20 de febrero, 2019
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Entre protestas contra el dictamen y acusaciones sobre violaciones al procedimiento, la Cámara de Diputados aprobó ampliar la lista de delitos que la Constitución define como meritorios de prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos donde los probables responsables serán encarcelados de forma automática si un juez determina iniciarles proceso. Esto sin necesidad de que el Ministerio Público acredite el riesgo o perfil del inculpado.

Como la lista aprobada ya había sido avalada previamente por el Senado de la República, la reforma quedó firme en el Congreso de la Unión y ahora solo falta el aval de al menos la mitad de los congresos estatales más uno para que entre en vigor.

La aprobación se dio con el voto a favor de 377 legisladores de los 480 que estaban presentes en el pleno de la cámara baja. La mayoría a favor la conformaron legisladores de Morena y sus partidos aliados (con algunas excepciones entre ellos) y el voto dividido de varios partidos de oposición.

Lee: Diputados aprueban prisión preventiva oficiosa para más delitos; incluyen corrupción y huachicoleo

Previo a la reforma que se aprobó el día de ayer, el artículo 19 Constitucional solo contemplaba una lista de seis ilícitos que eran meritorios de prisión preventiva oficiosa: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego.

El dictamen aprobado por el Congreso triplica esa cantidad al agregar los siguientes: uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia e hidrocarburos (huachicoleo), abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

La introducción de los nuevos ilícitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa significa – como se explicó ayer en la discusión en el Congreso – que las personas que sean acusadas de ellos ante el juez y se les inicie proceso deberán ser puestas en prisión de manera preventiva, como garantía de que enfrentarán el juicio que tienen por delante.

Con anterioridad a esta reforma una persona acusada por estos delitos ya podía quedar en prisión preventiva, sin embargo, para que ello ocurriera el Ministerio Público tenía que “justificar” ante el juez la necesidad de imponer esta medida cautelar en vez de alguna de las otras 15 que contempla la ley y son menos invasivas como un arraigo domiciliario, un brazalete, entre otros.

Al convertirse en delitos de prisión oficiosa el juez de la causa está obligado a imponerla en contra del probable responsable, aun cuando legalmente continúe siendo inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Seis mitos sobre la prisión preventiva oficiosa

Reclamos, acusaciones y oposición infructuosa

Durante la sesión que se prolongó por casi 10 horas, los legisladores de oposición e incluso de Morena intentaron, sin éxito, frenar la discusión o interponer recursos para que no prosperara la modificación constitucional que finalmente fue aprobada. Un grupo de legisladores, principalmente del PAN, llegó a ocupar la tribuna lo que impidió por algunos momentos que continuara la discusión.

En el arranque de la sesión el grupo parlamentario del PRD solicitó que toda la sesión fuera suspendida al considerar que el procedimiento estaba viciado desde que se convocó el periodo extraordinario en enero sin dictamen.

Después, al fijar su postura, legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD presentaron argumentos en contra.

La legisladora Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, consideró que la prisión automática era una “sentencia sin condena” y criminalizara sobretodo a personas de bajos recursos. Dulce María Sauri del PRI calificó la propuesta como un “engaño al pueblo de México”. Enrique Ochoa, también del PRI, dijo que estaban a favor de que el MP pidiera forzosamente la prisión preventiva por lo delitos que se consideraran, pero que fuera de forma justificada y que el juez tuviera derecho a concederla o no.

El diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y la diputada del PRI, María Alemán Muñoz, entre otros legisladores, calificaron como una “simulación” todo el procedimiento de audiencias públicas pues no se recogió ninguna de sus observaciones y, al contrario, los diputados optaron incluso por retomar lo ya aprobado por el Senado desde diciembre pasado.

Varios de los diputados de oposición coincidieron en diversos argumentos en contra, entre ellos, que la prisión preventiva automática violenta el principio de presunción de inocencia, que va en contra de estándares internacionales en derechos humanos, que es una regresión, que los niveles de hacinamiento en las cárceles empeorarán, que no resuelve de raíz el problema de la impunidad.

Incluso la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, se pronunció en contra de ampliar el catálogo de delitos de prisión automática y al igual que otros legisladores pidió que la reforma fuera en la línea de forzar al Ministerio Público a investigar y justificar las solicitudes de prisión preventiva.

“La puerta giratoria que saca a los delincuentes de la posibilidad de ser sentenciados se deriva fundamentalmente de la actuación del MP o de los policías, es en este tramo de la justicia donde se genera la impunidad. Y sí… todos estamos preocupados por la inseguridad pero no podemos presentar esto como una propuesta que va a resolver el problema de seguridad”, dijo Villavicencio.

El momento de mayor tensión se dio a las 19:30 horas, justo después de la participación de Villavicencio, cuando los coordinadores de las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano pidieron que se sometiera a votación electrónica la petición de la legisladora de Morena, luego de que a mano alzada ya se había rechazado.

La diputada de Morena, Dolores Padierna, quien dirigía la mesa directiva se negó a acatar dicha petición aludiendo el reglamento interno de la cámara baja que señala que la votación por tablero electrónico se tomará solo en caso de duda. Ello originó la molestia de los legisladores de posición que argumentaban lo contrario, y varios de ellos subieron a la tribuna para intentar forzar que su petición prosperara.

Después de 25 minutos en donde legisladores debatieron sobre si era procedente o no la posición Padierna se mantuvo en su posición y la sesión se reanudó entre gritos de protesta ya no solo contra el contenido de la reforma sino entre denuncias de violaciones al procedimiento.

¿Qué sigue ahora? Aprobación estatal y evaluación en cinco años

Como la minuta que mandaron los senadores fue aprobada finalmente sin cambios por los diputados, el texto quedó avalado por el congreso de la Unión. Pero por tratarse de una reforma constitucional se requiere aun del aval de la mitad de los congresos estatales más uno. Una vez cumplido ese aval el Poder Ejecutivo podrá promulgarla.

El dictamen aprobado establece en sus artículos transitorios que la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva es una medida temporal y cuya efectividad deberá ser evaluada dentro de cinco años.

“La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente Decreto. En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas”, señala el dictamen aprobado.

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AMLO pide que España se disculpe y Marichuy responde: el Estado mexicano debe dejar de despojar a los pueblos originarios
El presidente de México solicitó una disculpa por los abusos a los pueblos originarios durante la Conquista al rey de España y al Papa. Sin embargo, algunos representantes indígenas creen que el Estado mexicano sigue despojándolos.
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28 de marzo, 2019
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La carta que el presidente de México envió al rey de España pidiendo que se disculpe por los abusos de la Conquista es un “engaño”, dice María de Jesús Patricio Martínez, la vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) de México.

Marichuy, como es más conocida, dijo refiriéndose al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que “lo que debe hacer es dejar de despojar la tierra de las comunidades”.

La representante indígena está de gira en Chihuahua en un encuentro de pueblos originarios.

En una conferencia de prensa que recogió el portal Raíchali, dijo que los recursos naturales que “no se acabaron (en la Conquista) lo están acabando facilito con las empresas y los megaproyectos que están acabando con los pueblos, acabando con la vida“.

Marichuy también hizo mención al asesinato de activista Samir Flores el pasado 20 de febrero. El indígena náhuatl era una de las figuras más vocales contra una termoelécctrica en el estado de Morelos.

“Lo vemos como un aviso para los pueblos que se tienen que conformar con lo que dicen desde arriba y no es así”, aseguró.

Marichuy

Congreso Nacional Indígena

También dijo que las comunidades mayas se oponen al Tren Maya, un proyecto insignia del gobierno de AMLO : “con el tren no viene el desarrollo, sino destrucción”.

Para la vocera, los pueblos originarios deben organizarse para defender sus recursos.

“Es la única manera de lograr que no sigan destruyendo nuestra tierra, que no sigan contaminando nuestras aguas, acabando con nuestros bosques”, dijo.

“Agravios a los pueblos originarios”

AMLO explicó los motivos de solicitar una disculpa esta semana en su conferencia de prensa matutina.

“Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos”, dijo.

Aseguró que su gobierno también pedirá perdón en 2021, cuando se cumplan 500 años de la caída de Tenochtitlán por los conquistadores.

AMLO

Reuters
López Obrador asegura que él también pedirá perdón a los pueblos originarios.

“Yo lo voy a hacer también porque después de la Colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios”, reconoció.

España o el gobierno de México, la usurpación sigue

El presidente se refirió a las violaciones que sufrieron los pueblos maya y yaqui durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz (1872-1910).

Sin embargo, el secretario del pueblo yaqui de Vicam, Mario Luna, le asegura a BBC Mundo que la carta es “solo una estrategia política” y que su comunidad sigue siendo despojada.

Se necesitan acciones puntuales, no disculpas“, sentenció.

“Para los pueblos originarios no importa quién sea el opresor, sea España o el gobierno de México, la usurpación a nuestros recursos es un hecho y sigue hoy en día”, afirma.

El pueblo yaqui ha tenido que defender históricamente su territorio, en Sonora, en el norte del país.

“A pesar de que en 1940 el entonces presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto por el que nos tenían que restituir las tierras de nuestra tribu, hasta ahora sólo tenemos el tercio de ellas”, cuenta.

Mario Luna

Cortesía de Mario Luna
“El Estado mexicano sigue usurpando a los pueblos originarios”, dice el representante yaqui.

El agua del río Yaqui, que corría por su territorio, es usada para tres obras hidráulicas.

“Ahora ya no llega nada al territorio yaqui. Es muy grave porque para beber tenemos que cavar pozos de donde sale agua contaminada con arsénico”, denuncia.

“No queremos que se disculpen, queremos que paren el despojo sistemático“, dice.


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