Vejaciones y comida en descomposición: los motivos del motín en Islas Marías en 2013
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Vejaciones y comida en descomposición: los motivos del motín en Islas Marías en 2013

Comida en estado de descomposición, falta de agua y violaciones a derechos humanos. Un informe gubernamental da cuenta de las causas de la revuelta en Islas Marías que motivó una recomendación para revisar los contratos de La Cosmopolitana.
VICE México
Por Karla Casillas / VICE México
26 de febrero, 2019
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Hace una hora que amaneció en la isla María Madre, donde sólo los barcos autorizados pueden cruzar la barrera de las 12 millas náuticas. Son las 8:45 de la mañana y en esta cárcel, enclavada en el Océano Pacífico, está por romperse la monotonía.

Unos 50 hombres con el rostro cubierto se encuentran alrededor de una de las celdas haciendo destrozos y pronto a esa turba se unirán muchos más, hasta llegar a 700. Portan palos, piedras, varillas y herramientas y se dispersan con rapidez hacia varios puntos de Laguna del Toro, una de las cinco prisiones que forman parte del penal de Islas Marías.

Unos se enfilan al área administrativa, tiran las puertas y prenden fuego a las habitaciones de los custodios. Otros saquean los almacenes de abasto de comida y la tienda; también los depósitos donde se guardan los kits de aseo, los uniformes y el calzado.

Los hombres que permanecen alrededor de las celdas de castigo —donde comenzó el motín— embisten la alambrada y arrancan la puerta con ayuda de un trascabo Caterpillar, una pipa y un camión de pasajeros. Destruyen las cámaras de seguridad y abren grandes boquetes en las paredes de las celdas por donde sus compañeros escapan.

La comandante encargada de Seguridad y Custodia corre hacia la cárcel Femenil y abre las puertas de las celdas: “¡Las van a violar!”, les grita y las hace salir.

Leer: El cártel de la comida.

En Ciudad de México, Manuel Mondragón y Kalb, un hombre de expresión adusta, ordena que un equipo del Sistema Penitenciario Federal vuele a las Islas Marías para realizar un diagnóstico

Mondragón y Kalb lleva apenas un par de meses al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, un organismo que ve por el orden público y supervisa cárceles federales. Pero este día, 2 de febrero de 2013, todo se salió de control en Laguna del Toro. Los motines en cárceles federales ocurren muy rara vez, según las estadísticas oficiales. De hecho, no ha habido otro motín en una cárcel federal desde entonces.

A 210 oficiales de la Marina, de la policía federal, rural y antimotines les tomó casi tres horas someter a los presos y recuperar el control de esta cárcel ubicada en el extremo sur de la isla. Corrieron con suerte de que la violencia no se propagara a las otras prisiones de la isla, separadas de Laguna del Toro por varios kilómetros de terreno en breña. La represión dejó 37 presos lesionados, algunos de ellos con heridas de bala. La policía peinó la isla en busca de tres internos que escaparon hacia el monte.

Comida en estado de descomposición: informe

Además de la comitiva de Mondragón y Kalb, a la isla también llegó un equipo de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). A partir del 3 de febrero, ellos entrevistaron a decenas de reos y custodios; por espacio de unas semanas estuvieron revisando informes médicos, reportes de la policía, de la Marina y del Ejército. La reconstrucción de los hechos aquí narrados son parte de su informe.

El otro reporte, el de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), llegó a manos de Mondragón 15 días más tarde y ambos, hechos por separado, reportaron conclusiones similares: la alimentación deficiente, la escasez de agua para beber y el abuso al que se sometía a los internos en las celdas de castigo fueron algunos de los detonantes de la rebelión.

Los presos sufrían vejaciones, no comían bien y no bebían lo necesario en esa isla donde el calor no da tregua.

La compañía contratada desde mayo de 2012 para dar el servicio de alimentación era La Cosmopolitana, de Corporativo Kosmos, una empresa familiar de Ciudad de México que se ha convertido, sigilosamente, en el monopolio del servicio de comidas para un enorme número de mexicanos cautivos, como han publicado VICE y Quinto Elemento Lab.

La Cosmopolitana estaba a cargo de la alimentación, el suministro de agua, la entrega de artículos de aseo personal y una decena de servicios relativos al mantenimiento de los penales federales.

En el documento interno de la CNShasta hoy inédito, los funcionarios detallaron seis aspectos de la vida en Laguna del Toro que dieron origen al motín. Entre éstos, fallas en la seguridad, abusos de poder por parte de algunos comandantes y la falta de trabajo remunerado.

En el apartado quinto, dedicado a los servicios en el penal, detalla:

  • Los alimentos son insuficientes, no cambian el menú en meses, siendo lo más común que les sirvan chayote y papas mal cocidas (y) cuando se les llega a proporcionar carne o pollo, ocasionalmente se encuentra en estado de descomposición.
  • Las condiciones en las que se preparan y sirven los alimentos son poco higiénicas.
  • La alimentación es mala al igual que el agua para consumo.
  • Los artículos de aseo personal son de mala calidad.

El documento instruye las acciones que debían emprender enseguida: “sustituir el actual menú por uno que cumpla con estándares de calidad diseñados por especialistas (nutriólogos), y adecuado a los gramajes de proteínas y calorías necesarios”, aumentar la reserva de alimentos en la isla, abastecer a los presos con implementos para sus alimentos y aumentar la plantilla de trabajadores de La Cosmopolitana, para cumplir con los servicios contratados.

Llamada de atención a La Cosmopolitana

La Comisión Nacional de Seguridad envió este documento el 18 de febrero de 2013 a Eduardo Gómez García, titular del área que contrató a La Cosmopolitana para prestar una docena de servicios en 14 prisiones federales alrededor del país, donde vivían en ese tiempo 20 mil hombres y mujeres presos.

En el documento, la CNS le pedía, entre otras cosas más, ligadas a la operación del penal, “revisar y supervisar el cabal cumplimiento” del contrato de cuatro años que tenían firmado con La Cosmopolitana y “evaluar la conveniencia de continuar contando con los servicios de la misma”.

En el contrato por 6 mil 493 millones de pesos, La Cosmopolitana se comprometía a entregar “ frutas, verduras, cárnicos, pollos, pescados y mariscos de primera calidad y con marcas especificadas”; y se aseguraría que la comida que saliera de sus cocinas fuera saludable y segura.

También debía dotar con agua suficiente a presos y al personal de administración y custodia. Los empleados de La Cosmopolitana debían usar cubrebocas, guantes y cofias, gorras y zapatos especiales. Todos pasarían por controles sanitarios y exámenes clínicos regulares.

Según el contrato, habría castigos si fallaba. El gobierno tenía la facultad de suspender anticipadamente o dar por terminado el contrato, si la proveedora no cumplía con lo establecido o si ponía en riesgo la operación de cualquiera de las cárceles, o causaba algún daño. La rescisión podía darse “por incumplimiento de las obligaciones pactadas” y “cuando existan causas justificadas”.

Una colección de fotografías a las que tuvieron acceso VICE y Quinto Elemento Lab, tomadas el día después del motín, muestra los saldos de la revuelta en Laguna del Toro.

Los presos hicieron agujeros en los muros de un galerón con celdas, por donde presumiblemente ayudaron a escapar a sus compañeros. Prendieron fuego a un autobús de pasajeros, derribaron grandes estructuras de acero y destrozaron partes del área administrativa; los expedientes y documentos terminaron dispersos por el suelo. La ira quedó plasmada en rayones con leyendas de odio y amenazas contra los guardias alrededor de la cárcel.

“Evidentemente, la comida tuvo un peso sustantivo en ese motín”, dijo en entrevista con VICE y Quinto Elemento Lab Elena Azaola, quien lleva tres décadas estudiando las cárceles de México desde varias instituciones, entre ellas el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “En la gran mayoría de las cárceles, si tu tienes mala calidad en la comida, falta de agua y maltrato, tienes un escenario explosivo”, dijo.

“La falta de agua es gravísima y la comida era un elemento importantísimo que hizo que todo estallara”, indicó. “Recuerdo que en la visita que yo hice a Islas Marías (en 2012), en el área de mujeres, una tras otra, todas las internas dijeron que estaban enfermas del estómago constantemente por la comida”, comentó una de las voces más respetadas por su conocimiento del sistema penitenciario.

Fernando Figueroa y María Cristina Montaño han dedicado años de trabajo a realizar encuestas en penales federales y estatales para la casa encuestadora Grupo MUND. En general, los servicios de alimentación que han tenido oportunidad de evaluar son “realmente pésimos”; a menudo la comida “está podrida y es realmente asquerosa”, coinciden.

El de Islas Marías fue el único y más grande motín oficialmente registrado dentro de una cárcel federal (CEFERESO) durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Este motín “puso en riesgo la vida e integridad física de la población penitenciaria, así como del personal administrativo”, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe, que dio pie a la recomendación 44/2014 a la Comisión Nacional de Seguridad.

Un año y cuatro meses después, la misma proveedora fue hallada responsable, según informes oficiales, de la intoxicación de 683 presos en Puente Grande, Jalisco, una de las más grandes intoxicaciones de que se tenga registro en penales en América Latina.

Los directivos de Corporativo Kosmos declinaron a insistentes solicitudes de entrevista en las seis semanas previas a esta publicación. “El grupo tiene firmados distintos contratos con cláusulas de confidencialidad, lo que nos impide contestar a las preguntas que nos hace”, respondieron al cierre de esta edición.

Islas Marías: las horas contadas

Recién la semana anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno revisa los contratos firmados con empresas proveedoras de medicinas y las que surten alimentos a las cárceles. Anunció incluso el cierre de la penitenciaría en Islas Marías para convertirlo en centro cultural.

Francisco Garduño, director de Centros Penitenciarios Federales, dijo en una entrevista con la radiodifusora ACIR que los contratos que actualmente tienen, principalmente los de alimentación, son “leoninos”. Garduño indicó que cada reo les “está costando 2 mil 800 pesos diarios en Islas Marías. Imagínese, más de 80 mil pesos al mes. No es posible dedicar estas cantidades a penales”.

Incisivo, Garduño añadió: “Estamos hablando de una corrupción legitimada a partir de contratos civiles”, dijo con respecto a la empresa que ha acaparado la mayor parte de los contratos para surtir alimentos en las cárceles federales, aunque tomó el cuidado de no mencionar a La Cosmopolitana por su nombre.

 

Artículo publicado por VICE México y apoyado por Quinto Elemento Lab, que dio acompañamiento editorial y financiamiento a esta investigación.

El de Laura Sánchez Ley y Karla Casillas fue uno de los cuatro proyectos seleccionados en la primera Convocatoria de Quinto Elemento Lab, una incubadora de reportajes de investigación. Laura y Karla eran reporteras de VICE Noticias al momento de la investigación. Laura ahora trabaja con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Karla con mexico.com.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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