Oculta la Auditoría los nombres de empresas fantasma usadas en desvíos de recursos
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Oculta la Auditoría los nombres de empresas fantasma usadas en desvíos de recursos

Muna Buchahin, exauditora de la ASF, asegura que ocultar los nombres de las empresas significa un “retroceso” porque “la omisión abona a la impunidad”; por su parte la ASF no ha explicado el porqué de la decisión.
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22 de febrero, 2019
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En contraste con lo ocurrido en los últimos cinco años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) omitió los nombres de las empresas fantasma utilizadas para desviar recursos públicos a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.

Estas empresas fueron subcontratadas en 2017 por tres universidades y una empresa publica estatal de radio y televisión para cumplir con supuestos servicios solicitados por las secretarías de Desarrollo Territorial (Sedatu) y de Agricultura (Sagarpa), aunque estos servicios en realidad no fueron proporcionados.

En las auditorías realizadas desde 2012 y hasta 2016 en las que detectó este esquema de presunto desvío, la ASF había publicado los nombres de las empresas, pero por primera vez sólo las enumera y se refiere a ellas como “personas morales”.

Dicha omisión se observó en el Tercer Informe de Cuenta Pública de 2017, entregado este miércoles a la Cámara de Diputados, y el primero elaborado en la administración del nuevo auditor, David Colmenares, quien inició funciones en marzo de 2018 en sustitución de Juan Manuel Portal.

En Informe se comprueba que el gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo en 2017 el mismo esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra y mediante el cual más de 351 millones de pesos de dinero público desaparecieron en las secretarías de Desarrollo Territorial, que encabezaba Rosario Robles, y de Agricultura, que tenía a José Calzada como titular.

Dichas dependencias utilizaron en 2017 a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Tecnológica de Campeche, el Instituto Tecnológico Superior de Centla y nuevamente a Radio y Televisión de Hermosillo (Telemax), y cada una subcontrató a empresas que no hicieron los servicios porque, en algunos casos, ni siquiera existían, según determinaron las auditorías.

Leer: Pese a denuncias, en 2017 se repitió La Estafa Maestra en la Sedatu y Sagarpa

Animal Político solicitó este jueves a la Auditoría una entrevista para conocer los criterios por las cuales decidieron omitir los nombres de las compañías, pero no hubo respuesta.

Ante esto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hace un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación a publicar los nombres de las personas morales, toda vez que la Ley General de Transparencia priva el derecho a saber quienes reciben recursos públicos.

“Invitamos a que se reconozca que la fracción 27 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia obliga a que en cualquier circunstancia se de a conocer los nombres de las empresas beneficiadas por cualquier tipo de mecanismo de algún bien público”, aseguró el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, en entrevista con Animal Político.

Acuña advirtió que el trabajo de la Auditoría es indispensable para la fiscalización de los recursos públicos y su buen trabajo ha abonado a la rendición de cuentas en el país, por lo que siempre se parte del principio de “buena fe” y esta omisión, dice, probablemente obedece al cuidado que las instituciones de gobierno tienen respecto a señalamientos sobre la probable comisión de delitos.

Sin embargo, también existe el principio de “buscar la corrección del error”, por lo que la Auditoría tendría que revisar y corregir esta decisión, porque en este caso no se trata de un proceso penal que sí exige la secrecía en la investigación, y por tanto, “esos nombres no se pueden omitir”, dijo el comisionado presidente.

Muna Dora Buchahin, exauditora general del área de Auditoría Forense de la ASF y quien encabezó las investigaciones de 2013 y 2014 que sirvieron de punto de partida para la investigación periodística La Estafa Maestra, aseguró que ocultar los nombres de las empresas significa un “retroceso” en la Auditoría porque “la omisión abona a la impunidad” y ésta decisión es “un inhibidor en la rendición de cuentas y una censura hacia los ciudadanos”.

El criterio que ella y su equipo utilizaron en años anteriores para hacer público el nombre de las empresas fue preponderar los principios de máxima publicidad y transparencia establecida en la Constitución pues “todo lo que toca el gobierno se vuelve público”, explicó a Animal Político.

La exfuncionaria afirma que los ciudadanos tienen derecho a información clara, completa, oportuna y accesible sobre las actividades mediante las cuales se ejercen recursos públicos y “los funcionarios públicos no tenemos el derecho subjetivo de decir qué reservo y qué no. Tenemos la obligación de dar publicidad a los actos relacionados con nuestras atribuciones e informar nuestros hallazgos”.

Dar a conocer el nombre de las empresas no viola ningún derecho a la intimidad ni datos personales porque se trata de compañías que realizaron actos con la administración pública y “no son actos entre particulares”, aseguró Buchahin.

Además, los informes de auditoría no son investigaciones penales, por lo que argumentar que dicha información forma parte de actos judiciales que pudieran ser afectados no sería válido, advierte Buchahim.

Aunque Buchahin encabezó las auditorías que evidenciaron la presunción de delitos y que originó 22 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por este esquema de desvío, fue separada del cargo el 23 de mayo de 2018, dos meses después de la administración del nuevo auditor argumentando un supuesto “conflicto de interés” por parte de la funcionaria.

Sin embargo, Buchain aseguró en una carta que su separación fue “tan sorpresiva como improcedente”, por lo que pedía las razones precisas para separarla del cargo.

La transparencia 

La Auditoría es un organismo autónomo técnico de la Cámara de Diputados, por lo tanto es a la entidad que debe responder. El diputado Tonatiuh Bravo, integrante de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que recibió el Informe este miércoles, dijo que pidió explicación a los funcionarios de la Auditoría respecto al cambio en la presentación de los informes, pero tampoco respondieron.

En entrevista con Animal Político, el diputado de Movimiento Ciudadano, aseguró que insistirán en el tema para conocer las razones, porque debería privar la transparencia “una vez que se concluye la investigación y se tiene un límite de presunto y se tiene una mínima de corroboración, debe comunicarse”.

Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación en la organización México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, aseguró que el nombres de las empresas “debe ser público” porque así lo establece la Ley General de Transparencia y de las disposiciones generales de Compranet.

En el artículo 6 de la Ley General de Transparencia se establece que el Estado “garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad”, incluyendo a “cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios”.

Mientras que el artículo 115 mandata que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción”.  Sólo puede considerarse como información confidencial los datos personales, los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal (…) o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos”.

Incluso, el investigador Marco Fernández sostiene que los convenios entre las dependencias y universidades deberían publicarse en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet), toda vez que en los lineamientos se establece que es publicar en dicho sistema “los datos de los contratos y los convenios modificatorios” realizados entre las entidades de gobierno.

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Qué impacto tiene para la elección que Trump tenga COVID (y qué otras dudas deja)

Dos de las grandes cuestiones tras el positivo de Trump son cuál es su riesgo y cómo afectará su convalecencia a la campaña electoral.
2 de octubre, 2020
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“Se convirtió en el paciente de más alto perfil del mundo de una enfermedad que ha matado a más de un millón de personas”.

Así ha descrito el sitio Político a Donald Trump tras darse a conocer su positivo por covid-19.

Hasta este momento solo presenta síntomas leves, según funcionarios de la Casa Blanca.

Durante meses, el presidente estadounidense minimizó la pandemia y se mostró escéptico sobre la gravedad de la enfermedad, pese a que Estados Unidos acumula 208.000 fallecidos por covid-19, la cifra más alta de muertes en el mundo.

Pero la noticia del positivo de Trump, y de su esposa Melania, llega en un momento particularmente delicado: solo un mes antes de la elección presidencial en la que el actual mandatario se mide al demócrata Joe Biden.

Biden dijo que “rezaría por la salud y la seguridad” de Trump y su familia.

Una de las grandes cuestiones ahora es cómo afectará la convalecencia de Trump a la campaña electoral.

Analizamos esta y otras interrogantes que deja este positivo.

¿Qué se sabe sobre la salud de Trump?

El médico de Trump, Sean Conley, emitió un comunicado a última hora del jueves, diciendo que el presidente y la primera dama estaban “bien en este momento y planean quedarse en la Casa Blanca durante su convalecencia”.

“Espero que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera, y los mantendré informados sobre cualquier desarrollo futuro”, agregaba el comunicado.

El médico no proporcionó más detalles.

Donald Trump sosteniendo una mascarilla.

Getty Images
Durante meses, el presidente estadounidense minimizó la pandemia y ha sido reacio a usar la mascarilla.

Según el examen físico más reciente de Trump, realizado a principios de este año, pesaba 110,7 kg.

Esto se considera obeso para su altura de 1,9 m.

Pero el doctor Conley dijo en ese momento que el presidente “se mantiene sano”.

Trump también tendrá la mejor atención médica disponible.

¿Está en un riesgo particular por su edad?

Para el caso del nuevo coronavirus, la edad es un factor de riesgo claro: a mayor edad, mayor es el peligro de que una infección por coronavirus se convierta en una amenaza para la vida.

Las personas de entre 64 y 74 años con covid en EE.UU. tienen cinco veces más probabilidades de necesitar atención hospitalaria y 90 veces más probabilidades de morir que alguien de 20 años.

Según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), 8 de cada 10 muertes por covid-19 en el país han sido mayores de 65 años.

Trump y Melania

Reuters
El mandatario y la primera dama recibieron la confirmación de su contagio después de que una asistente presidencial diera positivo.

El virus también parece afectar más a los hombres y a las personas con sobrepeso.

Esto ocurre porque la obesidad provoca un estado de inflamación crónica que afecta al funcionamiento de las células del cuerpo y de sus superficies mucosas, que ven interrumpida su función de barrera protectora natural y facilitan el ataque de virus como el covid-19.

También tiene efectos negativos sobre el sistema inmune, como la disminución en la producción de proteínas vitales para defender al cuerpo contra posibles infecciones.

Pero ese es el panorama general, un patrón visto en toda la población, y no se puede adelantar cómo evolucionará el presidente estadounidense.

Para el corresponsal de salud de la BBC James Gallagher es peligroso especular sobre cómo afectará el virus a cualquier persona.

La salud de dos personas de 74 años puede ser muy diferente y otras afecciones médicas alteran enormemente la amenaza que representa este virus.

¿Qué va a pasar con la campaña?

Los CDC dicen que una persona debe aislarse durante 10 días después de una prueba positiva.

“Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!”, escribió en Twitter Trump, al dar la noticia de su positivo.

Para Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC para Norteamérica, es difícil decir exactamente cuán trascendental es esto a tan solo 32 días de las elecciones estadounidenses.

Esta ya era una campaña muy particular, sin eventos masivos debido a la pandemia.

El segundo debate presidencial entre Trump y Biden está programado para el 15 de octubre en Miami, Florida, y todavía no está claro cómo afectará el contagio del presidente a su organización.

No obstante, Mica Mosbacher quien forma parte del equipo de asesores de la campaña de Trump, dijo este viernes en el programa Today de la BBC que se sienten “muy optimistas” y no descarta que el debate se pueda hacer de manera virtual.

“Siguiendo los lineamientos de los CDC, (Trump) no podrá asistir a eventos masivos”, dijo Mosbacher, “pero es totalmente posible hacer un debate virtual en dos semanas”.

“El presidente continuará trabajando desde la Casa Blanca”.

También está por ver cómo maneja esto la campaña del mandatario, que según Zurcher tendrá que responder por qué el presidente adoptó una actitud aparentemente tan arrogante hacia la pandemia, y cuántos altos cargos en la Casa Blanca pueden haberse vistos expuestos.

Debate presidencial entre Trump y Biden.

Getty Images
Donald Trump y Joe Biden se enfrentaron en el primer debate presidencial el pasado 29 de septiembre.

Hace solo dos días, durante el primer debate, Trump menospreció al oponente demócrata Joe Biden por usar con frecuencia mascarillas y no dar mítines de campaña del mismo tamaño que los suyos.

¿Bajo qué circunstancias se podrían retrasar las elecciones?

En cualquier caso, el período de cuarentena del presidente Trump tiene un impacto en su capacidad para hacer campaña y por eso otra de las cuestiones que surge es sobre las posibilidades de que la elección se retrase.

Según la ley estadounidense, las elecciones presidenciales se llevan a cabo el martes después del primer lunes de noviembre, cada cuatro años, por lo que este año son el 3 de noviembre.

Cambiar la fecha dependería de los legisladores estadounidenses, no del presidente. Se requeriría una mayoría en ambas Cámaras del Congreso -Cámara de Representantes y Senado- para cualquier cambio de fecha.

Eso parece poco probable dado que la Cámara de Representantes está controlada por los demócratas.

Pero incluso aunque se cambiara, la Constitución estadounidense establece que una administración presidencial solo dura cuatro años. Entonces, el mandato del presidente Trump expirará automáticamente al mediodía del 20 de enero de 2021.

¿Qué pasa si Trump cae gravemente enfermo y no puede cumplir con sus deberes?

Por ahora, no se ha informado que el presidente se encuentre mal, y este es un escenario que no anticipan desde la campaña de Trump.

“Es un guerrero y un luchador y no anticipamos en este momento que quedará incapacitado”, dijo Mosbacher en el Today. “Así que nos sentimos muy optimistas acerca de esta situación”.

Donald Trump y Mike Pence.

Getty Images
La Constitución de Estados Unidos establece que el presidente puede entregar el poder a su vicepresidente si no puede seguir con sus deberes.

No obstante, si resulta gravemente enfermo y no puede cumplir con sus deberes, la 25ª Enmienda la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente puede entregar el poder a su vicepresidente, lo que significa que Mike Pence se convertiría en presidente interino.

Pence dio negativo en la última prueba que se le realizó, este viernes, según informó su vocero.

Una vez recuperado, Trump podría reclamar su posición.

Esto sucedió durante las administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush.

Si Pence quedara incapacitado también, bajo la Ley de Sucesión Presidencial Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, una demócrata, sería la siguiente en la fila, aunque los expertos constitucionales dicen que tal transferencia de poder generaría batallas legales.

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