Oculta la Auditoría los nombres de empresas fantasma usadas en desvíos de recursos
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Oculta la Auditoría los nombres de empresas fantasma usadas en desvíos de recursos

Muna Buchahin, exauditora de la ASF, asegura que ocultar los nombres de las empresas significa un “retroceso” porque “la omisión abona a la impunidad”; por su parte la ASF no ha explicado el porqué de la decisión.
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22 de febrero, 2019
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En contraste con lo ocurrido en los últimos cinco años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) omitió los nombres de las empresas fantasma utilizadas para desviar recursos públicos a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.

Estas empresas fueron subcontratadas en 2017 por tres universidades y una empresa publica estatal de radio y televisión para cumplir con supuestos servicios solicitados por las secretarías de Desarrollo Territorial (Sedatu) y de Agricultura (Sagarpa), aunque estos servicios en realidad no fueron proporcionados.

En las auditorías realizadas desde 2012 y hasta 2016 en las que detectó este esquema de presunto desvío, la ASF había publicado los nombres de las empresas, pero por primera vez sólo las enumera y se refiere a ellas como “personas morales”.

Dicha omisión se observó en el Tercer Informe de Cuenta Pública de 2017, entregado este miércoles a la Cámara de Diputados, y el primero elaborado en la administración del nuevo auditor, David Colmenares, quien inició funciones en marzo de 2018 en sustitución de Juan Manuel Portal.

En Informe se comprueba que el gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo en 2017 el mismo esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra y mediante el cual más de 351 millones de pesos de dinero público desaparecieron en las secretarías de Desarrollo Territorial, que encabezaba Rosario Robles, y de Agricultura, que tenía a José Calzada como titular.

Dichas dependencias utilizaron en 2017 a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Tecnológica de Campeche, el Instituto Tecnológico Superior de Centla y nuevamente a Radio y Televisión de Hermosillo (Telemax), y cada una subcontrató a empresas que no hicieron los servicios porque, en algunos casos, ni siquiera existían, según determinaron las auditorías.

Leer: Pese a denuncias, en 2017 se repitió La Estafa Maestra en la Sedatu y Sagarpa

Animal Político solicitó este jueves a la Auditoría una entrevista para conocer los criterios por las cuales decidieron omitir los nombres de las compañías, pero no hubo respuesta.

Ante esto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hace un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación a publicar los nombres de las personas morales, toda vez que la Ley General de Transparencia priva el derecho a saber quienes reciben recursos públicos.

“Invitamos a que se reconozca que la fracción 27 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia obliga a que en cualquier circunstancia se de a conocer los nombres de las empresas beneficiadas por cualquier tipo de mecanismo de algún bien público”, aseguró el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, en entrevista con Animal Político.

Acuña advirtió que el trabajo de la Auditoría es indispensable para la fiscalización de los recursos públicos y su buen trabajo ha abonado a la rendición de cuentas en el país, por lo que siempre se parte del principio de “buena fe” y esta omisión, dice, probablemente obedece al cuidado que las instituciones de gobierno tienen respecto a señalamientos sobre la probable comisión de delitos.

Sin embargo, también existe el principio de “buscar la corrección del error”, por lo que la Auditoría tendría que revisar y corregir esta decisión, porque en este caso no se trata de un proceso penal que sí exige la secrecía en la investigación, y por tanto, “esos nombres no se pueden omitir”, dijo el comisionado presidente.

Muna Dora Buchahin, exauditora general del área de Auditoría Forense de la ASF y quien encabezó las investigaciones de 2013 y 2014 que sirvieron de punto de partida para la investigación periodística La Estafa Maestra, aseguró que ocultar los nombres de las empresas significa un “retroceso” en la Auditoría porque “la omisión abona a la impunidad” y ésta decisión es “un inhibidor en la rendición de cuentas y una censura hacia los ciudadanos”.

El criterio que ella y su equipo utilizaron en años anteriores para hacer público el nombre de las empresas fue preponderar los principios de máxima publicidad y transparencia establecida en la Constitución pues “todo lo que toca el gobierno se vuelve público”, explicó a Animal Político.

La exfuncionaria afirma que los ciudadanos tienen derecho a información clara, completa, oportuna y accesible sobre las actividades mediante las cuales se ejercen recursos públicos y “los funcionarios públicos no tenemos el derecho subjetivo de decir qué reservo y qué no. Tenemos la obligación de dar publicidad a los actos relacionados con nuestras atribuciones e informar nuestros hallazgos”.

Dar a conocer el nombre de las empresas no viola ningún derecho a la intimidad ni datos personales porque se trata de compañías que realizaron actos con la administración pública y “no son actos entre particulares”, aseguró Buchahin.

Además, los informes de auditoría no son investigaciones penales, por lo que argumentar que dicha información forma parte de actos judiciales que pudieran ser afectados no sería válido, advierte Buchahim.

Aunque Buchahin encabezó las auditorías que evidenciaron la presunción de delitos y que originó 22 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por este esquema de desvío, fue separada del cargo el 23 de mayo de 2018, dos meses después de la administración del nuevo auditor argumentando un supuesto “conflicto de interés” por parte de la funcionaria.

Sin embargo, Buchain aseguró en una carta que su separación fue “tan sorpresiva como improcedente”, por lo que pedía las razones precisas para separarla del cargo.

La transparencia 

La Auditoría es un organismo autónomo técnico de la Cámara de Diputados, por lo tanto es a la entidad que debe responder. El diputado Tonatiuh Bravo, integrante de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que recibió el Informe este miércoles, dijo que pidió explicación a los funcionarios de la Auditoría respecto al cambio en la presentación de los informes, pero tampoco respondieron.

En entrevista con Animal Político, el diputado de Movimiento Ciudadano, aseguró que insistirán en el tema para conocer las razones, porque debería privar la transparencia “una vez que se concluye la investigación y se tiene un límite de presunto y se tiene una mínima de corroboración, debe comunicarse”.

Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación en la organización México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, aseguró que el nombres de las empresas “debe ser público” porque así lo establece la Ley General de Transparencia y de las disposiciones generales de Compranet.

En el artículo 6 de la Ley General de Transparencia se establece que el Estado “garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad”, incluyendo a “cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios”.

Mientras que el artículo 115 mandata que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción”.  Sólo puede considerarse como información confidencial los datos personales, los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal (…) o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos”.

Incluso, el investigador Marco Fernández sostiene que los convenios entre las dependencias y universidades deberían publicarse en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet), toda vez que en los lineamientos se establece que es publicar en dicho sistema “los datos de los contratos y los convenios modificatorios” realizados entre las entidades de gobierno.

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Por qué el objetivo debe ser aprender a vivir con la COVID, no luchar contra él

Eliminar al coronavirus de la faz de la Tierra sería extraordinario. La erradicación total de un virus solo se ha logrado una vez en la historia.
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18 de febrero, 2021
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El gobierno británico dijo recientemente que espera transformar la COVID-19 en una enfermedad manejable, como la gripe.

Las vacunas y los nuevos tratamientos, argumentan ministros y sus asesores científicos, reducirán la tasa de mortalidad y nos permitirán vivir con el virus, en vez de estar luchando constantemente contra él.

¿Pero es esto posible?

Objetivo inalcanzable

Eliminar la COVID de la faz de la Tierra sería grandioso, por supuesto, dadas las muertes y la destrucción que causa.

Pero el único problema es que la erradicación solo ha sido lograda con un virus: la viruela, en 1980.

Tomó décadas llegar a este punto, y científicos y gobiernos solo pudieron lograrlo gracias un serie de circunstancias únicas.

Primero, la vacuna era tan estable que no necesitaba ser refrigerada y, cuando era suministrada, era obvio de forma inmediata si había funcionado o no.

También era evidente cuando una persona se había infectado. No era necesario para ello hacer un test de laboratorio, lo cual era una gran ventaja a la hora de contener brotes.

La COVID, como todos sabemos, es completamente diferente.

La estrategia “COVID cero”

En cambio, el movimiento llamado “cero COVID” tiende a hablar de eliminación. Esto significa básicamente reducir el número de casos a cerca de cero en un territorio y mantenerlo así.

Viruela

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Una serie de circunstancias únicas hicieron que la viruela pudiese erradicarse en 1980.

Uno de los defensores de más alto perfil de esta teoría es la profesora Devi Sridhar, experta en salud pública de la Universidad de Edimburgo, en Escocia.

Sridhar cree que deberíamos tratar a la COVID-19 como al sarampión, que ha sido mayormente eliminado en los países ricos.

La profesora argumenta que las continuas restricciones para reducir el número de casos junto con un sistema más efectivo de rastreo y testeo, más vacunación, permitiría contener al virus y regresar a una “suerte de vida doméstica normal”, donde la apertura de restaurantes, bares y la realización de eventos deportivos y musicales fuera posible.

Pero el precio a pagar, dice, sería restringir los viajes internacionales e imponer restricciones en las fronteras, así como “cuarentenas breves y severas” cuando los casos suban de forma inevitable.

Deepti Gurdasani, epidemióloga clínica de la Universidad de Londres, es otra defensora de esta estrategia. Ella es una de más de 4.000 signatarios de la petición “COVID cero”, que hace un llamado para que se debata esta propuesta en el parlamento británico.

“La vida podría retornar a algo parecido a la normalidad. Podríamos incluso abrir corredores de viaje con otros países que han seguido ese camino”, dice.

El problema del enfoque del sarampión

Quizás sea una perspectiva tentadora, pero una que muchos creen que está fuera del alcance o que requeriría restricciones tan sostenidas que los costos económicos y sociales serían enormes.

“COVID cero no es compatible con los derechos individuales y las libertades que caracterizan a las democracias de posguerra”, señala el profesor Francois Balloux, director del Instituto de Genética del University College de Londres.

Países como Nueva Zelanda, Taiwán y Australia han logrado esto porque pudieron evitar que el virus se afianzara, y todo parece indicar que una vez que las poblaciones de estos países estén vacunadas, comenzarán a levantar las restricciones en las fronteras.

Aeropuerto

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Una condición de la estrategia COVID cero es el cierre de fronteras.

Pero ningún país que haya visto la propagación del virus como ocurrió en Reino Unido ha logrado suprimirlo hasta el punto de eliminarlo.

Las vacunas en teoría son una nueva herramienta para alcanzar esto, como ha pasado con el caso del sarampión.

Pero hay una falla significativa en este argumento, explica la profesora Jackie Cassell, experta en salud pública de la Universidad de Brighton.

El sarampión, dice, es un virus “inusualmente estable”. Esto significa que no cambia de una manera que le permita evadir el efecto de la vacuna. De hecho, la misma vacuna se ha utilizado esencialmente desde la década de 1960, y también proporciona inmunidad de por vida.

Ya está claro que, “lamentablemente”, este no es el caso de este coronavirus, dice Cassell.

El desafío es mantenerse por delante del virus

Las variantes que han surgido en Sudáfrica y Brasil le permiten al virus cambiar para evadir parte de la inmunidad creada por las vacunas.

El virus que circula en Reino Unido también ha mutado y ha conseguido un cambio clave -conocido como E484- que permite que esto suceda.

A medida que se vacunen más personas, es probable que esto aumente. Esto se debe a que las mutaciones que pueden sortear la respuesta inmune de alguna manera tendrán una ventaja selectiva, señala Adam Kucharski, profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, quien ha llevado a cabo una investigación sobre brotes globales desde Zika hasta Ébola.

“No podemos salvarnos de esto. Puede que necesitemos actualizar las vacunas”.

Vacuna

PA Media
Las vacunas en teoría son una nueva herramienta para detener la propagación del virus.

El desafío es, entonces, “estar por delante del virus”, explica. Pero esto no es, según cree, tan difícil como parece.

Los coronavirus cambian menos que la gripe, dice, lo que significa que las vacunas deberían seguir siendo efectivas en una gran medida.

Es más, el hecho de que las mutaciones que se están viendo compartan algunas características clave nos da una buena idea de la ruta que están siguiendo. “Es de esperar que sea más fácil de actualizar que la vacuna de la gripe, donde hay muchas cepas diferentes”.

Aunque advierte que se debe tener sumo cuidado en este momento, ya que una población que está construyendo inmunidad en un momento en que hay mucha infección alrededor proporciona un caldo de cultivo ideal para que las variantes escapen de esas vacunas.

Kucharski dice que es demasiado pronto para saber si llegaremos al punto en que el coronavirus pueda tratarse como una gripe, ya que aún no hemos visto por completo el impacto que tendrán las vacunas.

Eliminar el riesgo

Esta precaución es comprensible, ya que los científicos quieren ver primero la evidencia del despliegue del programa de vacunación en el mundo real. Salud Pública de Inglaterra está llevado a cabo un estudio en que analiza esto, y se espera que se publique antes de que se levanten las restricciones.

Pero todas las indicaciones de los ensayos clínicos y la experiencia de Israel, que lidera el tema de la vacunación de la población en el mundo, es que tendrán un impacto significativo en las infecciones, y donde no, al menos contribuirán a evitar casos serios de COVID-19, complicaciones cuando los síntomas se prolongan, así como muertes.

Coronavirus

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Todo indica que podemos llegar a un punto en que, como dijo el principal asesor médico de Inglaterra, Chris Whitty, la COVID no sea un riesgo.

Para aquellos que todavía son susceptibles porque se niegan a vacunarse o porque la vacuna no ha funcionado en ellos, el avance en los tratamientos será vital.

Todo indica que podemos llegar a un punto en que, como dijo el principal asesor médico de Inglaterra, Chris Whitty, la COVID no sea un riesgo.

Esto no significa que nadie morirá. Whitty ha hablado de llegar a un tasa de muertes “tolerable”. Y ciertamente muchos esperan que el próximo invierno sea un desafío, con especial preocupación de que las comunidades más desfavorecidas sean las más afectada, por el temor de que la aceptación de la vacunación haya sido más baja en estas áreas.

Pero es fácil olvidar que la gripe también puede matar a gran escala. En 2017-18, por ejemplo, más de 20.000 personas murieron en Reino Unido a causa de la gripe.

Fue un invierno duro y frío y las muertes por otras causas, como enfermedades cardíacas y demencia, también aumentaron, lo que llevó el exceso de muertes invernales a cerca de 50.000. La sociedad apenas parpadeó.

“Hemos convivido con los virus durante milenios”, dice el profesor Robert Dingwall, miembro del Grupo de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes del gobierno. “Haremos lo mismo con la COVID”.


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