Fiscalía General niega apertura de caso Odebrecht pese a promesa de AMLO
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Fiscalía General niega apertura de caso Odebrecht pese a promesa de AMLO

Utiliza los mismos argumentos de la extinta PGR para no transparentar un solo dato. Incluso, la nueva Fiscalía ha continuado con la ofensiva jurídica contra el INAI y la semana pasada obtuvo una suspensión definitiva de un juez federal para no informar.
Foto: Odebrecht
Por Arturo Angel
7 de febrero, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó oficialmente transparentar cualquier dato de la investigación relacionada con la posible corrupción de funcionarios del sexenio pasado al tener vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Esto pese a que existe una resolución del INAI que así lo ordena, y a que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido transparencia en el caso.

Para negarse a dar la información, la Fiscalía General entregó a Animal Político un documento de 21 páginas en el que expone argumentos idénticos a los que el año pasado entregó la entonces PGR del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que van desde el riesgo de afectar el “buen nombre” de los involucrados, hasta que no está probado que hubiera corrupción, y que hay una demanda de amparo interpuesta. De hecho, se trata prácticamente del mismo documento.

No solo eso. La FGR ha continuado con la ofensiva jurídica que heredó de la PGR para no informar. El pasado 15 de enero obtuvo de un juez federal una suspensión provisional para no acatar la orden del INAI, y el pasado 23 de enero litigó y consiguió la suspensión definitiva. En dos semanas se define si le conceden finalmente el amparo para que el caso quede en secreto y clasificado cinco años.

El pasado 6 de diciembre el presidente André Manuel López Obrador había señalado que aun cuando había que ser respetuosos de la ley, este caso debía transparentarse dentro de los márgenes del debido proceso.

No somos tapadera de nadie (…) hay instrucciones en lo que corresponde a que se den todos los informes y estamos a favor de la transparencia (…) lo único que se tiene que cuidar es no dar motivo para que si la Procuraduría General de la República da información, esto sirva a los implicados como prueba de que no se está siguiendo el debido proceso”, dijo el presidente.

Incluso el miércoles el propio fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo en una reunión plenaria con legisladores de Morena – tras exponer el supuesto desorden de investigaciones como Odebrecht – que la “secrecía” de casos como este no debería convertirse en “encubrimiento”.

En entrevista el comisionado del INAI, Joel Salas, lamentó que aun cuando la nueva administración federal y distintos funcionarios del gabinete han destacado la importancia de la transparencia en casos como Odebrecht, el tema siga en la opacidad. Advirtió que no escatimarán en recursos legales y, de ser necesario, buscarán llevar el tema del amparo que busca la FGR a tribunales superiores.

La  investigación por la presunta corrupción en que incurrieron funcionarios del gobierno pasado – principalmente Pemex – en la concesión de contratos a Odebrecht estaba prácticamente concluida, según lo que informó desde finales de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes.

Sin embargo dicha carpeta no ha sido presentada ante un juez y ni la PGR, ni ahora la Fiscalía General, han dado a conocer algún balance del caso o cuál es el progreso. Ante ello, y la negativa de informar, el INAI ha ordenado en repetidas ocasiones que se den a conocer datos de un caso que es de interés público, pero no se ha realizado.

Leer >>PGR debe dar la lista de personas que han sido investigadas por el caso Odebrecht: INAI

En el presente sexenio y ya con Gertz Manero al frente de la Fiscalía General, Animal Político ha promovido dos solicitudes de información y un recurso de revisión para intentar obtener distintos datos de la investigación del caso Odebrecht, pero en todos los casos la respuesta del órgano autónomo (como legalmente es ahora la FGR) ha sido negativa.

Un caso opaco

El 2 de octubre de 2018 el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información resolvió que la entonces PGR estaba obligada a transparentar las actuaciones realizadas en la investigación por los delitos de posible cohecho y enriquecimiento ilícito, en contra de servidores públicos y particulares por el denominado caso Odebrecht. Posteriormente envió medidas de apremio a la dependencia para que apresurara la publicidad de la información, pero no lo hizo.

El 26 de noviembre este medio publicó que la PGR había tomado la determinación, definitiva, de no dar a conocer la información pese a la resolución del INAI. En un oficio de 20 páginas entregado como respuesta a una solicitud de información, la dependencia expresó múltiples razones por las cuales, desde su punto de vista, los datos deberían reservarse por un periodo de cinco años.

En este contexto el 6 de diciembre el presidente López Obrador dijo en una conferencia de prensa que la opacidad en el caso Odebrecht se terminaría. Señaló que si bien era importante respetar la ley para no afectar los procesos abiertos, también era importante que la ciudadanía conociera del avance de estas y otras investigaciones.

Unos días más tarde, 12 de diciembre, el pleno del INAI dio a conocer públicamente una nueva resolución como resultado de un recurso de revisión promovido por Animal Político, en el que ordenaba a la PGR (ya en transición a Fiscalía General) que se abrieran versiones públicas de distintos elementos del caso como, por ejemplo, declaraciones de imputados.

Y el pasado 28 de enero el comisionado titular del INAI, Francisco Javier Acuña, hizo un exhorto a la fiscalía General y a su titular, Alejandro Gertz Manero, para que mostrara “voluntad” de apertura y se revelara la información del caso Odebrecht que en el sexenio pasado se rechazó transparentar.

Negativa “copy-paste”

Este medio promovió dos solicitudes de información dirigidas a la FGR ya en el actual sexenio. La 0001700342018 solicitando conocer la cantidad de personas que han declarado en torno a esta investigación así como la identidad de las mismas; y la folio 0001700347518 en la que se pidió copia de las declaraciones ministeriales en versión pública y una copia de la carpeta de investigación en versión pública.

A su vez se había promovido el recurso de revisión 6994/18 luego de la negativa de la entonces PGR de informar del caso. Como ya se dijo, el 12 de diciembre el INAI ordenó  a la Fiscalía modificar esa negativa y dar a conocer los datos del caso.

En sus documentos de respuesta a todo lo anterior (el último fechado el pasado 29 de enero) la FGR expone múltiples razones del por qué desde su punto de vista, y pese a las resoluciones del INAI, no se puede dar a conocer dato alguno en torno a esta carpeta de investigación.

Como ya se dijo, dicha respuesta es prácticamente la misma que la PGR había expuesto con anterioridad. Contiene, incluso, párrafos idénticos y construye el mismo razonamiento.

Así, por ejemplo, se repiten argumentos como que “la difusión de la información solicitada no puede obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un ciudadano”, o que ordenar la publicidad del caso “es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos”.

También se repiten razones como que revelar datos que identifiquen a las personas investigadas “afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre”, que se violaría el principio de presunción de inocencia, o que “aún no se desprenden elementos suficientes para determinar” si los delitos cometidos en este caso “son hechos de corrupción”. Eso entre otros argumentos ya descritos desde noviembre en esta nota.

Ofensiva legal vs el INAI

Otro de los argumentos expuestos y repetidos por la PGR-FGR para no abrir el caso Odebrecht es la existencia de una demanda de amparo promovida contra la resolución del INAI. Animal Político revisó a través el Consejo de la Judicatura este caso, y se confirmó que se trata de un amparo promovido por la propia Procuraduría, y al que ahora la Fiscalía le ha dado continuidad.

La demanda se presentó desde octubre del año pasado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa por una agente del Ministerio Público, adscrita a la agencia Décimo Cuarta Investigadora de la Coordinación General de Investigación, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR.

Originalmente el juez del caso desechó la demanda al considerar que la determinación del INAI de proporcionar información del caso iba dirigida a la Unidad de Transparencia de la PGR, y no a la agente que la promovió pero, a través de un recurso de queja, la dependencia consiguió que el caso fuera reactivado.

El 15 de enero el juez concedió la suspensión provisional para no acatar la determinación del INAI e informar del caso. Esa fue la suspensión a la que hizo referencia la Fiscalía en las respuestas proporcionadas.

Pero además el pasado 23 de enero la FGR consiguió que el juez le concediera la suspensión de forma definitiva para no informar. Será dentro de dos semanas cuando se defina si le conceden el amparo definitivo.

Entrevistado sobre este tema, el comisionado Joel Salas dijo que no van a escatimar en cuanto a los recursos legales que el Instituto tiene a su disposición, y adelantó que buscarán que el eventual amparo sea revisado por los magistrados de una Sala Superior.

Salas hizo hincapié en que los artículos 94, 95, 171 y 182 de la Ley Federal de Transparencia amparan la determinación del INAI de que el caso debe transparentarse. Señaló que el pleno del Instituto ha determinado que por tratarse de un caso de alto impacto debe prevalecer el interés público y la sociedad debe conocer información básica del caso.

Además Salas explicó que este es un caso que involucra hechos de corrupción, lo cual es razón suficiente para que no aplique la reserva de confidencialidad en la carpeta de investigación correspondiente.

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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