Juez pospone decisión sobre apertura en caso Odebrecht; Lozoya también busca cerrar datos
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Foto: Página de Facebook de Odebrecht

Juez pospone decisión sobre apertura en caso Odebrecht; Lozoya también busca cerrar datos

La Fiscalía General busca amparo definitivo para reservar al menos por cinco años datos del caso, pese a resoluciones de INAI que consideran que es un tema de interés público.
Foto: Página de Facebook de Odebrecht
28 de febrero, 2019
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Un juez federal pospuso para abril la resolución sobre la demanda de amparo que la Fiscalía General de la República (FGR) promueve en contra de una orden que le dio el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), de dar a conocer datos e identidades de funcionarios y exfuncionarios de Pemex investigados en el caso Odebrecht.

La audiencia donde se abordaría la fase final de esta demanda estaba programada originalmente para el 18 de febrero pasado, pero el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con sede en Ciudad de México, determinó diferir la misma para el próximo 2 de abril.

De acuerdo con autoridades del INAI, la decisión obedece a que el juez federal consideró que la FGR debe tener el tiempo legal suficiente para revisar el informe presentado por el Instituto.

En tanto se resuelve la demanda de amparo, la Fiscalía General cuenta con una suspensión definitiva concedida por el juez, el pasado 22 de enero, para no abrir el caso. Dicha suspensión impide además a los comisionados del INAI que continúen exigiendo a la Fiscalía que se transparenten datos del caso Odebrecht.

En contra de esa suspensión definitiva el INAI promovió por su cuenta un recurso de queja, que será analizado por un Tribunal Colegiado.

El inicio de esta disputa legal se remonta a octubre pasado, cuando el pleno del Instituto resolvió, en el recurso de revisión 4436/2018, que por ser un tema de interés general ante un hecho de posible corrupción, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tenía que elaborar una versión pública de la carpeta de investigación del caso Odebrecht.

En dicho caso se investiga la presunta complicidad de directivos y funcionarios de Petróleos Mexicanos, en pagos de sobornos a cambio de facilitar concesiones de varios contratos a la constructora brasileña Odebrecht y a sus filiales.

Posteriormente, en diciembre, el pleno del INAI concluyó – al revisar otro recurso de revisión promovido por Animal Político – que la Fiscalía tenía que dar a conocer la identidad y nombre de personas bajo investigación por este caso.

Leer >> PGR debe dar la lista de personas que han sido investigadas por el caso Odebrecht: INAI

Pero nada de lo anterior ha ocurrido porque la agente del Ministerio Público Federal adscrita a la PGR (hoy Fiscalía General), Joselyn Montserrat Fonseca Oregón, responsable de la carpeta de investigación, promovió una demanda de amparo para no dar a conocer datos sobre las investigaciones.

Inicialmente la demanda fue desechada, pero la fiscal promovió un recurso de queja y un tribunal ordenó su reactivación. En diciembre y enero, ya en el actual sexenio, la Fiscalía ha continuado litigando en contra de las instrucciones del INAI, y en enero obtuvieron del juez la suspensión definitiva.

No es todo. La Fiscalía también promovió un juicio de nulidad en contra de una sanción económica que el INAI impuso, el 14 de noviembre del año pasado, a la agente del MP Fonseca Oregón, por no cumplir con las resoluciones tomadas por el pleno y dar a conocer la información del caso.

El pasado 5 de febrero, la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió a la funcionaria una suspensión definitiva, en contra de dicha sanción económica.

Lozoya también busca amparo

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, también promueve desde octubre pasado una demanda de amparo en contra de la resolución de INAI, de dar a conocer datos sobre los funcionarios investigados del caso. Se trata del juicio de amparo 1336/2018, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa.

Emilio Lozoya es uno de los exfuncionarios investigados por este caso. En un comunicado emitido el 14 de febrero pasado, la Fiscalía reiteró que el 17 de agosto de 2017 recabó su declaración ministerial en calidad de imputado.

De acuerdo con datos del Conejo de la Judicatura, Lozoya advierte en su demanda que a pesar de que la resolución del INAI de abrir datos del expediente podría afectarlo a él como tercer interesado, no fue convocado ni tomado en cuenta por el procedimiento, lo que considera una violación de sus derechos. Además advierte que sus datos personales podrían estar en riesgo.

En esta demanda el juez concedió a Lozoya una suspensión para efectos de que no se dé a conocer información relativa ni a él a su familia, ni datos sensibles de las carpetas de investigación FED/SEIDFICG/CDMX/0000117/2017 y FED/FEPADE/UNA/CDMX/1139/2017.

En tanto, la audiencia constitucional para definir si se le concede o no el amparo que busca se ha diferido en cuatro ocasiones ya. La última fecha estaba programada para el día de hoy, pero la misma ha vuelto a posponerse, sin que se haya fijado una nueva fecha aún para la misma.

Cabe señalar que el INAI también ha promovido en este caso recursos de queja, en contra de la suspensión que obtuvo Lozoya, y aún están por resolverse.

Batalla por la transparencia

De acuerdo con datos del INAI, del 2017 a la fecha el pleno ha resuelto al menos seis recursos de revisión en los que ha ordenado que se den a conocer datos relacionados con la investigación del caso Odebrecht.

Cuatro de esas resoluciones han sido dirigidas a la PGR (hoy FGR): la RRA 7889/17 del 23 de enero de 2018; la RRA 4438/18 del 2 de octubre de 2018; la RRA 6994/18 del 13 de diciembre de 2018; y la RRA 6942/18 del 17 de diciembre de 2018. Se le ha ordenado desde dar a conocer la cantidad de funcionarios investigados y su identidad, hasta proporcionar copias de sus declaraciones y elaborar una versión pública del expediente.

El criterio que ha prevalecido en el pleno es que si bien las averiguaciones y carpetas de investigación son información reservada por regla general, al tratarse de un caso de corrupción que afecta a la sociedad en su conjunto, al involucrar recursos públicos, como presuntamente es este asunto, se debe privilegiar el interés general por conocer del caso encima del interés particular de los involucrados.

Pese a dichas resoluciones la Fiscalía ha mantenido la mayor parte de los datos de la investigación bajo reserva, y les impuso una clasificación de confidencialidad por al menos 5 años. Este medio publicó el pasado 7 de febrero que la Fiscalía, al igual que lo hacía la PGR, expone múltiples motivos para no dar a conocer los datos, entre ellos que podría caerse en una violación del debido proceso, que se pondría en riesgo el éxito de la indagatoria, y que se afectaría el nombre de personas cuya responsabilidad aún no está comprobada, entre otros.

El 14 de febrero la Fiscalía emitió además un comunicado en el que reiteró que por disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales no puede dar a conocer los datos de una investigación pues son reservados.

Leer: Fiscalía confirma que no abrirá datos del caso Odebrecht

Además de las 4 resoluciones ya mencionadas, el INAI ha tomado otras dos relacionadas con el caso. El 31 de mayo de 2017 resolvió el recurso RRA 1227/17, donde determinó que Petróleos Mexicanos debería dar a conocer versiones públicas de los contratos que concedió a Odebrecht, así como de sus convenios y anexos.

Y el 23 de marzo de 2017 también había instruido al sindicato de Pemex para que diera a conocer, de forma similar, la información con la que contara.

Cabe señalar que en su momento Pemex ya dio a conocer versiones públicas de cuatro contratos en su sitio de internet. Animal Político publicó que en al menos en uno de estas cuatro contrataciones participó un funcionario que hoy es responsable del proyecto de la nueva refinería impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Cómo los cárteles en México están usando armas no convencionales como si fueran ejércitos en guerra

La reciente muerte de un hombre tras pisar una mina sembrada por el narco da muestra de la creciente militarización de los cárteles mexicanos en su carrera armamentística.
24 de marzo, 2022
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La muerte de un campesino en febrero tras pisar una mina sembrada por el narco en Aguililla, en el oeste de México, encendió las alarmas sobre la escalada de violencia en una zona ya de por sí asediada durante años por el fuego cruzado entre grupos rivales.

El suceso en este municipio, bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde nació su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, dista mucho de ser una amenaza puntual.

En unas tres semanas, el Ejército mexicano desactivó al menos 250 explosivos caseros en esta zona conocida como Tierra Caliente, revelado como un auténtico campo minado para mayor terror de la población local.

Las minas antipersona, que recuerdan a las estrategias utilizadas en países de grandes conflictos armados, se suman así al arsenal de los cárteles mexicanos que han aumentado su poder y diversificado sus armas hasta contar con muchas de las utilizadas por militares y ejércitos en guerra.

“Ahora el crimen organizado utiliza minas artesanales en los caminos y drones cargados con explosivos. Entonces, o te cuidas del suelo que pisas, o te cuidas de lo que hay sobre tu cabeza”, resume la situación para BBC Mundo Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, donde en febrero se desplegaron efectivos del Ejército para tratar de recuperar su control.

En efecto, a medida que la violencia aumentó en México, los grupos criminales adoptaron en la última década un enfoque cada vez más militarizado en sus tácticas y, sobre todo, en sus armas.

De contar con viejas armas soviéticas en el pasado, los cárteles pasaron a utilizar desde fusiles característicos de ejércitos en guerra hasta los drones con explosivos de tecnología más sofisticada, pasando por la fabricación de sus propios vehículos blindados o incluso submarinos. Y ahora, también minas improvisadas.

Vehículo blindado

Sec. Seguridad Michoacán
Autoridades de Michoacán aseguraron en Aguililla recientemente varios “monstruos” o “narcotanques”, vehículos blindados de manera artesanal utilizados por carteles en México.

Para Robert J. Bunker y John P. Sullivan, autores de dos libros sobre los avances en las tácticas de los carteles mexicanos en los últimos años y sobre la evolución de su armamento con artefactos explosivos aéreos, la adopción de minas terrestres o drones armados refleja “una escalada de violencia potencialmente indiscriminada”.

“Representan amenazas potenciales significativas a las que el Ejército mexicano tendrá que responder y evitar antes de que proliferen entre otros grupos dentro del país”, dice Bunker, entrevistado por BBC Mundo.

BBC Mundo solicitó comentarios sobre este tema de la Secretaría de Defensa de México (Sedena), que desplegó efectivos para desactivar las minas en Michoacán, pero no obtuvo respuesta.

Según autoridades militares citadas por el diario El Universal, en el rastreo en la zona se encontraron minas fabricadas de modo casero, colocadas a unos 150 metros una de otra, y escondidas no solo a las afueras de las comunidades sino también en su interior.

Soldado mexicano buscando minas

AFP
El Ejército mexicano desactivó cientos de minas en los alrededores de Aguililla, Michoacán.

En un comunicado del 9 de febrero, la Sedena aseguró que “se logró restablecer la transitabilidad y la paz social” en Aguililla tras el ingreso de soldados al municipio “con la finalidad de realizar operaciones para fortalecer el estado de derecho en la región”, pero no hubo mención al hallazgo de las minas.

Sin embargo, el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, fue asesinado menos de un mes después.

“Llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales (…) y se está avanzando, ya empezó a regresar la gente, recogieron sus cosechas, están inscribiéndose en los programas de Bienestar. Sin embargo, sigue habiendo tensiones“, dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo logran estas armas?

Los expertos consultados sitúan el inicio de esta evolución y militarización de las armas del crimen organizado en México en el momento en que el Cártel del Golfo desplegó hace años por primera vez a exsoldados profesionales como parte de los Zetas, su antiguo brazo armado.

Aquello fue el detonante para que cuando un cartel intentaba sobrevivir y competir contra grupos rivales, optara por reforzar sus unidades utilizando armamento de grado militar, opinan los fundadores del sitio web de análisis de conflictos y grupos criminales en América Latina Small Wars Journal-El Centro.

En opinión de Bunker, “esto resultó en una ‘revolución militar de carteles’ que aún continúa”.

Dron usado por grupos de delincuencia organizada

Fiscalía General de la República
Drones cada vez más sofisticados son usados por grupos de delincuencia organizada en México.

El origen de dichas armas pueden ser tres. En el pasado, los cárteles mexicanos obtuvieron armas de arsenales de gobiernos centroamericanos como rifles de asalto, lanzagranadas, ametralladoras, armas antitanque y granadas.

De un mercado ilegal más lejano llegaban armas de grado militar fabricadas en países como China, Rusia, Corea del Sur o Sudáfrica. Estas líneas de tráfico, sin embargo, no son hoy tan sólidas como cuando los cárteles estaban presentes en algunos puertos de México, apunta Bunker.

Por el contrario, un segundo e importante origen actual de estas armas continúa siendo Estados Unidos.

Del país con el que México comparte la frontera terrestre más transitada del mundo proceden miles de los rifles Barret calibre 50 o los fusiles semiautomáticos utilizados por los cárteles, y que son compradas por intermediarios en aquel país para luego ser introducidas en México escondidas en vehículos.

Armas

Sedena
El Ejército anunció haber asegurado este mes en varias localidades de Michoacán armas largas, 23 artefactos explosivos improvisados, 21 vehículos (tres con blindaje artesanal) y diverso equipo táctico, además de unos 200 paquetes de marihuana.

Según datos del gobierno mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

Por ello, el Ejecutivo interpuso el año pasado una demanda contra un grupo de empresas estadounidenses de armas que sigue su curso.

“Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada”, aseguró entonces el presidente López Obrador.

Esta procedencia de las armas fue visible en multitud de sucesos.

Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

Pero un tercer origen de estas armas es, sin embargo, el propio México.

Según Bunker, “los cárteles han obtenido armas de funcionarios policiales, militares y gubernamentales corruptos. Incluso cuando las autoridades se incautan de armas de grado militar de los carteles, no siempre se destruyen y pueden volver a ellos por un precio acordado”.

Rifles calibre 50 incautados en Mexico

AFP

Fabricación propia

En los últimos años, los carteles han aumentado además sus conocimientos y capacidades para fabricar sus propias armas como las recientes minas terrestres improvisadas o drones armados. Una de sus principales fuentes de aprendizaje es la interacción con otros grupos criminales.

“A veces, eso se aprende en prisión. Tales habilidades tácticas de armamento se han transmitido de grupos como las FARC de Colombia al CJNG, por ejemplo, cuando los grupos cooperan y forman alianzas”, destaca Sullivan.

De hecho, si hay algo que para los expertos representa esta militarización de las armas de los carteles y que es su mejor ejemplo de fabricación casera son los conocidos como “monstruos” o “narcotanques”.

Auto blindado

SEDENA

“Estos vehículos blindados han evolucionado desde solo tener puertos de armas desde los cuales pegar cañones de armas a monturas de armas fijas (para ametralladoras y rifles Barret calibre .50) a torretas blindadas giratorias que contienen estas armas”, dice Bunker.

Otra muestra de este poderío son el uso de drones, que ha pasado de un uso como artefacto explosivo improvisado de detonación puntual a un elemento con capacidades de bombardeo aéreo.

El pasado enero, un video grabado desde un dron del CJNG permitió ver el momento en que el artefacto lanzaba varias bombas sobre un campamento en Michoacán, del que las personas huían despavoridas.

https://twitter.com/ConflictsW/status/1481039512646172672

Poderío del CJNG

De hecho, el grupo liderado por el Mencho es, hoy por hoy, el cartel considerado más avanzado operativamente en su carrera armamentística.

Así se encargan de mostrarlo en videos en los que exhiben sin pudor, a plena luz del día e incluso a cara descubierta, parte de su equipamiento como cuando desfilaron en tanques caseros por Aguililla el año pasado entre gritos de “¡Pura gente del Mencho!” y “Ahora paseamos los de las 4 (letras, en referencia al CJNG)”:

https://twitter.com/MeganoticiasZAM/status/1366889818446307333

“Estas ‘demostraciones de fuerza’ son una muestra de poder para impresionar a la población y a sus rivales, pero también tienen una utilidad táctica verdadera. Son propaganda con capacidad operativa real”, analiza Sullivan.

De cara al futuro, los expertos consideran que la especialización en armas vista actualmente en la región en disputa de Tierra Caliente podría extenderse a otras zonas de México donde los grupos criminales vean la necesidad de lograr una ventaja táctica.

“Una vez que allí haya un cartel definitivamente en control, la violencia e innovación serán menos pronunciadas. A medida que el conflicto se traslade a otros frentes donde los carteles compiten, esas nuevas áreas en disputa se convertirán en incubadoras de innovación táctica”, pronostica Sullivan.

Además, recuerda que grupos colombianos que usaron minas terrestres como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o bandas criminales como el Clan del Golfo han interactuado en diversos grados con los carteles mexicanos. “Se puede esperar que las minas continúen proliferando”, concluye el analista.

Fuerzas de seguridad en Michoacán

Sec. Seguridad Michoacán

Bunker remarca sin embargo que el Ejército mexicano sigue teniendo mucho más poder armamentístico que los carteles en forma de tanques, artillería o helicópteros.

Uno de sus puntos débiles, sin embargo, es que “los cárteles se involucran en actos de corrupción que socaban las instituciones del gobierno mexicano. Las unidades de la Secretaría de Defensa en terreno pueden ser vulnerables a la corrupción si se despliegan en un área por periodos prolongados”, alerta.


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