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Cuartoscuro

Pese a denuncias, en 2017 se repitió La Estafa Maestra en la Sedatu y Sagarpa

Aunque ya había denuncias penales ante la PGR por el desvío de recursos a través del esquema de La Estafa Maestra, Sedatu y Sagarpa hicieron nuevos contratos con universidades. Más de 351 millones de pesos de dinero público desaparecieron.
Cuartoscuro
21 de febrero, 2019
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El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo en 2017 el mismo esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra: más de 351 millones de pesos de dinero público desaparecieron en las secretarías de Desarrollo Territorial, que encabezaba Rosario Robles, y de Agricultura, que tenía a José Calzada como titular.

De acuerdo al informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) este miércoles, las dependencias utilizaron a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Tecnológica de Campeche, el Instituto Tecnológico Superior de Centla y nuevamente a Radio y Televisión de Hermosillo (Telemax).

Esto demuestra que las dependencias y universidades públicas no cesaron este esquema pese a que en 2015 la Auditoría interpuso seis denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de recursos públicos en la Sedesol, dirigida por Rosario Robles, y las Universidades del Estado de México y la de Morelos, con quienes hizo convenios para supuestos servicios.

Incluso, en 2017 hubo 18 denuncias penales más también contra Sedesol y las universidades Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Tecnológica del Sur del Estado de México y Radio y Televisión de Hidalgo.

En ese año, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción publicaron la investigación periodística La Estafa Maestra en la cual se demostraba que 11 dependencias del Gobierno Federal utilizaron a 8 universidades públicas para hacer supuestos servicios entre 2013 y 2014, pero éstas subcontrataron a empresas irregulares o fantasma y, por lo tanto, los recursos públicos desaparecieron.

Además, Telemax ya había participado en este esquema e incluso fue denunciado penalmente por la Auditoría ante la PGR el 24 de octubre de 2018, también por el presunto desvío de recursos a través de convenios irregulares con la Sedatu firmados en 2016.

Las auditorías correspondientes al quinto año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, forman parte del Tercer Informe de Cuenta Pública de 2017 y es la primera entrega de la gestión del nuevo auditor David Colmenares, quien asumió el cargo en marzo de 2018.

Por primera vez en este tipo de revisiones, la Auditoría omitió los nombres de las empresas que recibieron los recursos públicos de ambas dependencias.

 Los presuntos desvíos

La Universidad Politécnica de Tlaxcala fue la institución que más recursos recibió ese año: 188 millones 634 mil pesos, de lo que 94% (178 millones 634 mil pesos) fue considerado como “recuperaciones probables” por la Auditoría debido a las irregularidades detectadas.

El 16 de agosto de 2016, la Universidad Politécnica de Tlaxcala hizo un convenio general de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del que derivaron tres convenios más firmados entre septiembre y octubre de ese año.

El primero tenía como objeto “el Servicio de Investigación de los Programas Prioritarios de la SEDATU”; el segundo, debía “llevar a cabo el Programa de educación cívica para el desarrollo y aprovechamiento de espacios públicos en los estados de Puebla y Tlaxcala” y el tercero fue para el “servicio integral para el diagnóstico y construcción del Programa Vivienda para Prosperar y sus alternativas”.

Sin embargo, la Sedatu argumentó que los pagos a esos servicios los hizo en 2017, aunque las supuestas pruebas de la realización de los servicios confirmaban que éstos se habían hecho en 2016.

Después de las revisiones, la Auditoría detectó que la Universidad “no prestó ningún servicio y su función fue únicamente transferir recursos a los proveedores que instruyó la Sedatu sin que éstos le prestaran los servicios objeto del convenio”.

Además, en el análisis de las cuentas bancarias, se detectó que la institución educativa “pagó indebidamente a una persona moral de las subcontratadas, servicios que no guardan ninguna relación con el objeto del Segundo Convenio Específico, aunado a que dos personas morales a quienes les realizó pagos por servicios, no fueron localizadas en sus domicilios fiscales”.

Una de las empresas subcontratadas por la Universidad entregó supuestos comprobantes de servicios que “no guardan ninguna relación con el objeto del primer convenio”, por lo tanto, dice la Auditoría “se presume que la Universidad distrajo recursos de manera indebida”.

Mientras que en los comprobantes de otro de los convenios, la ASF determinó que “no es posible identificar la participación de los proveedores subcontratados para llevar a cabo los servicios, toda vez que, de los entregables presentados por la Universidad, ninguno de los documentos cuenta con el logo de la universidad, ni de los proveedores que los realizaron, por lo que se desconoce la identidad de quién los realizó”.

En tanto, la Universidad Tecnológica de Campeche recibió 86 millones 716 mil pesos de la Sedatu a través de convenios de colaboración. De lo cual, la Auditoría determinó como “recuperación probable” 85 millones 321 mil pesos.

La Auditoría concluyó que la Universidad no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia y pagó 92.0% del dinero “por supuestos servicios prestados en 2016, a cuatro empresas, de las cuales no acreditó la realización de ningún tipo de servicio para cumplir con el objeto del convenio”.  Además, los entregables presentados por la institución “no se evidencia” la participación de dichas empresas.

El Instituto Tecnológico Superior de Centla hizo convenios con la Sagarpa y subcontrató 92.8% de los servicios que sumaron 78 millones 114 mil pesos, lo que significa una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento.

La Auditoría determinó que realizó “pagos improcedentes” a proveedores subcontratados para la ejecución de los trabajos, pero no presentó la documentación que comprueben la realización de los servicios.

La Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX) recibió 40 millones de pesos de la Sedatu para “la elaboración del diseño y edición de material en audio, en video y gráfico de comunicación social; evaluación sobre hábitos de consumo de medio y aplicación de sondeos de opinión para medir el posicionamiento de satisfacción e impacto de los programas y acciones relacionadas con la SEDATU y las entidades paraestatales sectorizadas”.

Sin embargo, “no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria de la supuesta ejecución de los trabajos que amparen los pagos realizados a las empresas

Subcontratada 1 y Subcontratada 2, ni del remanente del proyecto”.

En el caso de la primera empresa no se encontró en el domicilio fiscal; y en la segunda, su representante legal manifestó haber subcontratado a su vez a la empresa 2, pero ésta empresa tampoco fue localizada.

La Auditoría comprobó que los recursos recibidos por las empresas subcontratada 1 y 2 fueron transferidos a otras empresas que no tuvieron injerencia en los servicios convenidos.

Además, Telemax “no registró en sus estados financieros de 2016, en cuentas por cobrar el saldo pendiente a cargo de la SEDATU, por 40 millones de pesos pagados en 2017; por otra parte, tampoco registró los pasivos (adeudos) con los proveedores contratados por los servicios presuntamente recibidos en 2016”.

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Protestas en Chile: la generación que le perdió el miedo al toque de queda, símbolo de la era Pinochet

Varios manifestantes en Santiago han desafiado el toque de queda impuesto por el gobierno, mientras que otros chilenos recuerdan el miedo que esta medida les producía durante el gobierno militar de Augusto Pinochet y la sensación de que era casi imposible burlarla.
23 de octubre, 2019
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“El gobierno de Sebastián Piñera consiguió que la gente le perdiera el miedo y el respeto al toque de queda”.

Así le dice a BBC Mundo Juan Cristóbal Cantuarias, ex dirigente estudiantil de 24 años y una de las muchas personas que no han respetado el toque de queda impuesto en Chile en los últimos días.

“Nosotros no nos pasamos tanto, nos quedamos fuera una media hora, 15 minutos más… pero nos los planteamos como un acto de rebeldía ante una medida desproporcionada que busca acallar la movilización y apagar el fuego con bencina“, dice Cantuarias.

“Además, se ha visto que no son capaces de hacerlo efectivo, que no pueden asegurarlo materialmente. Nosotros nos quedamos afuera y en algunas calles los militares no llegan hasta mucho después”, relata.

Parte de las medidas del estado de emergencia impuesto por el presidente Sebastián Piñera, el toque obliga a millones de personas a permanecer recluidas en sus domicilios cada noche a riesgo de ser detenidas en un recinto policial hasta la madrugada siguiente, sujetas además a una citación a fiscalía y una multa.

La noche del lunes, un grupo de manifestantes desafió el toque de queda frente a la Escuela Militar, en el edificio donde se forman los uniformados chilenos y en una de las comunas más ricas de la capital. El grupo sólo se disolvió mientras los militares avanzaban hacia ellos disparando al aire y gritando que volvieran a sus casas.

Manifestantes cerca del anochecer

Getty Images
Las protestas se han realizado en varias ciudades de Chile, además de Santiago.

En otras zonas de Santiago, un periodista capturó en vivo el paso de una patrulla disparando hacia un sector residencial. En televisión, un reportero flanqueado por un militar buscaba nerviosamente su nombre en el salvoconducto que permite a la prensa circular cada noche. Cuando finalmente lo encontró, se escucharon aplausos de alivio en el estudio.

El martes, el presidente Sebastián Piñera cambió el tono de su discurso, pidió perdón por su “falta de visión” y prometió reformas sociales como el aumento del salario mínimo y subir en un 20% la pensión básico. Ya antes había retirado el aumento a los precios del metro, el detonante de las protestas.

Símbolo oscuro

El general Javier Iturriaga, designado por el Presidente Sebastián Piñera como jefe de la defensa nacional en Santiago, planteó el toque de queda como una forma de evitar los incendios y saqueos registrados desde el inicio de las protestas y en forma paralela a las manifestaciones pacíficas.

La oposición política ha pedido derogar la prohibición de salir en las noches y desmilitarizar el país, a medida que aumentan las denuncias de violencia policial y militar y ya se cuentan 15 personas fallecidas en distintas circunstancias bajo el estado de excepción constitucional.

El toque de queda es en Chile es uno de los símbolos de los más oscuros días del general Augusto Pinochet, quien lo impuso a partir del mismo día del golpe, en 1974, y en forma reiterada hasta 1987. En esos años, desobedecer el toque podía costar la vida.

Joven con una bandera de Chile delante de cientos de manifestantes.

Getty Images
La mayoría de las manifestaciones en Chile están siendo pacíficas.

El doctor en ciencia política Felipe Agüero, quien fue detenido por los militares en 1973, recuerda que el toque era una experiencia angustiante, que nadie se atrevía a desafiar.

El toque de queda que le tocó a uno se impuso desde el comienzo muy drásticamente, con balazos de verdad. Yo había estado preso y tenía mucho susto”, le cuenta a BBC Mundo.

“Me preocupaba de llegar muy temprano a mi casa, y toda la gente se preocupaba mucho de los que llegaban al filo de la hora. El toque era muy severo y provocaba mucho temor”.

Cucharón de madera golpeando la tapa de una olla.

EPA
Los cacerolazos son comunes durante las protestas.

Cuarenta años más tarde, el propio Agüero ha visto con sorpresa, desde su ventana, cómo las personas desobedecen la restricción.

“Me di cuenta desde el primer día que esto era otra cosa. Mucha gente mayor le dijo a los jóvenes que podían protestar todo lo que querían, pero que con el toque de queda no se juega: pero aquí sí parece haber un poco más de espacio. Ellos están viviendo una experiencia un poco diferente y desde el principio han estado tratando de empujar los límites”, afirma.

Pero Aguero plantea, además, que la generación que hoy desafía el toque tiene también una idea distinta de la autoridad.

“Nosotros vivimos en una sociedad súper verticalizada en todas las esferas, de mucho respeto a la autoridad, aunque fuera segmentada. De uno y otro lado político, respetabas a tu autoridad. Era otro tipo de juventud. Ahora tenemos a una generación que se expresa a sí misma, sin mediaciones, que tiene una mejor percepción de sí misma, de su valía, de su emplazamiento en el mundo”, describe el académico.

“La gente no respeta el toque”

El desafío al toque se ha hecho visible desde el primer día en Plaza Italia, epicentro de la ciudad de Santiago, donde hay manifestaciones permanentes desde el inicio de las protestas, y el primer lugar donde se vio a los militares asumiendo el control de la seguridad en en Santiago tras el régimen militar.

Tanque de la policía en Santiago

AFP
El Ejército y la Policía salieron a las calles a controlar las manifestaciones.

Uno de los manifestantes, Luciano Arrau, de 25 años, describe a BBC Mundo cómo las personas empezaron a quebrar la prohibición.

“El primer día me daba susto, no sabía que cómo iban a actuar. No me atrevía a salir, así que me puse a tocar la trutruca por la ventana, cantaba y gritaba. Había mucho ruido desde los edificios, y poca gente afuera. Pero al día siguiente, la gente ya empezó a quedarse afuera después del toque, y yo también.

“El domingo me quedé hasta unos 40 minutos. Después de eso tuvimos que empezar a guardarnos porque empezaron a disparar, no sólo lacrimógenas, sino balines. Ya era riesgoso, los carabineros nos estaban gritando. Aquí en Plaza Italia no es como en la periferia, pero igual se actúa con violencia”, cuenta.

“Yo lo que he visto, de manera generalizada, es que la gente no respeta el toque. La mayoría de los manifestantes en Plaza Italia es gente que nació o creció en democracia. Y si bien el miedo está, nosotros no tenemos miedo. Porque no estamos en dictadura. Aunque Piñera diga que estamos en guerra, hay un Congreso, hay abogados y abogadas que se la están jugando, está la defensoría penal pública y eso me hace sentir más seguro: sé que no estamos botados, que no estamos abandonados“.

“La represión era… gente que aparecía muerta”

El escritor y columnista Oscar Contardo, de 45 años, cree que el toque de queda tiene un simbolismo mayor en su generación.

“Para mí, como una persona que nació en dictadura, que tuvo su infancia y adolescencia en dictadura, el toque de queda era parte del lenguaje de la dictadura, de un orden militar.

“Es parte del mismo acervo de expresiones con las que uno creció: estado de sitio, estado de emergencia, toque de queda, todas ellas significaban represión. Y la represión era bien gráfica: gente que aparecía degollada, protestas donde los carabineros apaleaban a la gente, gente que aparecía muerta. Estaba asociado a imágenes de cuerpos mutilados, de cuerpos sin vida, de cuerpos maltratados por la autoridad. De que la autoridad va a disponer de tu cuerpo y de tu vida”, describe..

El toque fue una forma de disponer del cuerpo de las personas: “el miedo partía por hablar o no hablar de ciertos temas. Y de ahí, del discurso se pasaba a la disposición del cuerpo: dónde ibas, hasta qué hora. Y si no cumplías esa hora podía pasarte cualquier cosa: matarte, tirarte por allí y nadie respondería… Para las generaciones que se criaron en democracia eso no existió nunca, no le tienen miedo, no vivieron con eso encima. Por suerte.”

En un país en crisis, cada día la ciudadanía espera la comunicación militar que les dirá si habrá toque o no, y a qué hora deberán volver a sus casas. En ese ambiente, algunos empiezan a buscar alternativas.

A la hora del toque, a través de redes sociales, las personas llamaban a hacer sonar, desde sus casas, una de las canciones de Víctor Jara, el músico chileno asesinado pocos días después del golpe militar. El título: “El derecho de vivir en paz”.


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