Pese a denuncias, en 2017 se repitió La Estafa Maestra en la Sedatu y Sagarpa
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Pese a denuncias, en 2017 se repitió La Estafa Maestra en la Sedatu y Sagarpa

Aunque ya había denuncias penales ante la PGR por el desvío de recursos a través del esquema de La Estafa Maestra, Sedatu y Sagarpa hicieron nuevos contratos con universidades. Más de 351 millones de pesos de dinero público desaparecieron.
Cuartoscuro
21 de febrero, 2019
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El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo en 2017 el mismo esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra: más de 351 millones de pesos de dinero público desaparecieron en las secretarías de Desarrollo Territorial, que encabezaba Rosario Robles, y de Agricultura, que tenía a José Calzada como titular.

De acuerdo al informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) este miércoles, las dependencias utilizaron a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Tecnológica de Campeche, el Instituto Tecnológico Superior de Centla y nuevamente a Radio y Televisión de Hermosillo (Telemax).

Esto demuestra que las dependencias y universidades públicas no cesaron este esquema pese a que en 2015 la Auditoría interpuso seis denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de recursos públicos en la Sedesol, dirigida por Rosario Robles, y las Universidades del Estado de México y la de Morelos, con quienes hizo convenios para supuestos servicios.

Incluso, en 2017 hubo 18 denuncias penales más también contra Sedesol y las universidades Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Tecnológica del Sur del Estado de México y Radio y Televisión de Hidalgo.

En ese año, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción publicaron la investigación periodística La Estafa Maestra en la cual se demostraba que 11 dependencias del Gobierno Federal utilizaron a 8 universidades públicas para hacer supuestos servicios entre 2013 y 2014, pero éstas subcontrataron a empresas irregulares o fantasma y, por lo tanto, los recursos públicos desaparecieron.

Además, Telemax ya había participado en este esquema e incluso fue denunciado penalmente por la Auditoría ante la PGR el 24 de octubre de 2018, también por el presunto desvío de recursos a través de convenios irregulares con la Sedatu firmados en 2016.

Las auditorías correspondientes al quinto año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, forman parte del Tercer Informe de Cuenta Pública de 2017 y es la primera entrega de la gestión del nuevo auditor David Colmenares, quien asumió el cargo en marzo de 2018.

Por primera vez en este tipo de revisiones, la Auditoría omitió los nombres de las empresas que recibieron los recursos públicos de ambas dependencias.

 Los presuntos desvíos

La Universidad Politécnica de Tlaxcala fue la institución que más recursos recibió ese año: 188 millones 634 mil pesos, de lo que 94% (178 millones 634 mil pesos) fue considerado como “recuperaciones probables” por la Auditoría debido a las irregularidades detectadas.

El 16 de agosto de 2016, la Universidad Politécnica de Tlaxcala hizo un convenio general de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del que derivaron tres convenios más firmados entre septiembre y octubre de ese año.

El primero tenía como objeto “el Servicio de Investigación de los Programas Prioritarios de la SEDATU”; el segundo, debía “llevar a cabo el Programa de educación cívica para el desarrollo y aprovechamiento de espacios públicos en los estados de Puebla y Tlaxcala” y el tercero fue para el “servicio integral para el diagnóstico y construcción del Programa Vivienda para Prosperar y sus alternativas”.

Sin embargo, la Sedatu argumentó que los pagos a esos servicios los hizo en 2017, aunque las supuestas pruebas de la realización de los servicios confirmaban que éstos se habían hecho en 2016.

Después de las revisiones, la Auditoría detectó que la Universidad “no prestó ningún servicio y su función fue únicamente transferir recursos a los proveedores que instruyó la Sedatu sin que éstos le prestaran los servicios objeto del convenio”.

Además, en el análisis de las cuentas bancarias, se detectó que la institución educativa “pagó indebidamente a una persona moral de las subcontratadas, servicios que no guardan ninguna relación con el objeto del Segundo Convenio Específico, aunado a que dos personas morales a quienes les realizó pagos por servicios, no fueron localizadas en sus domicilios fiscales”.

Una de las empresas subcontratadas por la Universidad entregó supuestos comprobantes de servicios que “no guardan ninguna relación con el objeto del primer convenio”, por lo tanto, dice la Auditoría “se presume que la Universidad distrajo recursos de manera indebida”.

Mientras que en los comprobantes de otro de los convenios, la ASF determinó que “no es posible identificar la participación de los proveedores subcontratados para llevar a cabo los servicios, toda vez que, de los entregables presentados por la Universidad, ninguno de los documentos cuenta con el logo de la universidad, ni de los proveedores que los realizaron, por lo que se desconoce la identidad de quién los realizó”.

En tanto, la Universidad Tecnológica de Campeche recibió 86 millones 716 mil pesos de la Sedatu a través de convenios de colaboración. De lo cual, la Auditoría determinó como “recuperación probable” 85 millones 321 mil pesos.

La Auditoría concluyó que la Universidad no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia y pagó 92.0% del dinero “por supuestos servicios prestados en 2016, a cuatro empresas, de las cuales no acreditó la realización de ningún tipo de servicio para cumplir con el objeto del convenio”.  Además, los entregables presentados por la institución “no se evidencia” la participación de dichas empresas.

El Instituto Tecnológico Superior de Centla hizo convenios con la Sagarpa y subcontrató 92.8% de los servicios que sumaron 78 millones 114 mil pesos, lo que significa una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento.

La Auditoría determinó que realizó “pagos improcedentes” a proveedores subcontratados para la ejecución de los trabajos, pero no presentó la documentación que comprueben la realización de los servicios.

La Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX) recibió 40 millones de pesos de la Sedatu para “la elaboración del diseño y edición de material en audio, en video y gráfico de comunicación social; evaluación sobre hábitos de consumo de medio y aplicación de sondeos de opinión para medir el posicionamiento de satisfacción e impacto de los programas y acciones relacionadas con la SEDATU y las entidades paraestatales sectorizadas”.

Sin embargo, “no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria de la supuesta ejecución de los trabajos que amparen los pagos realizados a las empresas

Subcontratada 1 y Subcontratada 2, ni del remanente del proyecto”.

En el caso de la primera empresa no se encontró en el domicilio fiscal; y en la segunda, su representante legal manifestó haber subcontratado a su vez a la empresa 2, pero ésta empresa tampoco fue localizada.

La Auditoría comprobó que los recursos recibidos por las empresas subcontratada 1 y 2 fueron transferidos a otras empresas que no tuvieron injerencia en los servicios convenidos.

Además, Telemax “no registró en sus estados financieros de 2016, en cuentas por cobrar el saldo pendiente a cargo de la SEDATU, por 40 millones de pesos pagados en 2017; por otra parte, tampoco registró los pasivos (adeudos) con los proveedores contratados por los servicios presuntamente recibidos en 2016”.

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Condenan a 4 años de prisión a una periodista que cubrió el inicio del brote de COVID en Wuhan, China

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus en Wuhan y que se encuentra en huelga de hambre, se enfrenta a cuatro años de prisión.
28 de diciembre, 2020
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Zhang Zhan

YOUTUBE
La exabogada Zhang Zhan había sido detenida en mayo.

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus de Wuhan, ha sido condenada a cuatro años de prisión.

Zhan fue declarada culpable de “buscar altercados y provocar problemas”, un cargo que se usa frecuentemente en ese país contra activistas.

La exabogada de 37 años fue detenida en mayo y lleva varios meses en huelga de hambre. Sus abogados dicen que se encuentra en mal estado de salud.

Zhang es una entre varios periodistas ciudadanos que han enfrentado problemas por informar sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan, la localidad china donde comenzó el brote de SARS-CoV-2.

En China no hay medios de comunicación que no sean oficiales y se sabe que las autoridades toman medidas drásticas contra activistas o informantes cuyas denuncias consideran socavan la respuesta del gobierno al brote.

El presidente de China, Xi Jinping, ha insistido en varias oportunidades en que su gobierno manejó correctamente el brote.

“Zhang Zhan parecía devastada cuando se anunció la sentencia”, dijo Ren Quanniu, uno de sus abogados defensores, a la agencia de noticias AFP.

Ren agregó que la madre de Zhang, que estaba en el tribunal, sollozó en voz alta cuando se leyó el veredicto.

Otras detenciones

Zhang había viajado a Wuhan en febrero para informar de forma independiente sobre el brote.

Un ciudadano de Wuhan

Getty Images
La ciudad china de Wuhan es considerada el primer epicentro de la pandemia.

Sus informes transmitidos en vivo y sus escritos se compartieron ampliamente en las redes sociales, lo cual llamó la atención de las autoridades chinas.

La organización Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD, por sus siglas en inglés Chinese Human Rights Defenders) señaló que sus reportes también incluyeron las detenciones de otros periodistas independientes y el acoso que estaban sufriendo las familias de algunas víctimas que pedían una rendición de cuentas.

En una entrevista en video con un cineasta independiente antes de su arresto, Zhang dijo que decidió visitar Wuhan después de leer una publicación en línea de un residente sobre la vida en la ciudad durante el brote.

Una vez allí, comenzó a documentar lo que vio en las calles y hospitales en transmisiones en vivo, a pesar de las amenazas de las autoridades.

“Quizás tengo un alma rebelde. Solo estoy documentando la verdad. ¿Por qué no puedo mostrar la verdad?”, dijo en un clip de la entrevista obtenido por la BBC.

“No dejaré de hacer lo que hago porque este país no puede retroceder”.

“Información falsa”

Zhang desapareció el 14 de mayo, según el CHRD. Un día después, se reveló que había sido detenida por la policía en Shanghái, a más de 640 km de distancia.

El presidente de China, Xi Jinping, con otros funcionarios

Reuters
En marzo, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que el virus había sido controlado con éxito en la provincia de Wuhan y Hubei.

A principios de noviembre se le presentaron cargos formales.

El documento de la acusación señala que Zhang envió “información falsa a través de texto, video y otros medios vía (plataformas como) WeChat, Twitter y YouTube”.

También está acusada de aceptar entrevistas con medios de comunicación extranjeros y de “difundir maliciosamente” información sobre el virus en Wuhan. Se recomendó una sentencia de cuatro a cinco años.

En protesta por su arresto, Zhang hizo una huelga de hambre, lo cual ha deteriorado su salud.

Uno de sus abogados dijo en un comunicado que cuando la visitó a principios de diciembre, ella le había dicho que la estaban alimentando a la fuerza mediante una sonda.

También dijo que sufría dolores de cabeza, mareos y dolor de estómago.

“Restringida las 24 horas del día, necesita ayuda para ir al baño”, dijo el abogado Zhang Keke, quien también indicó que tiene problemas para dormir.

“Se siente psicológicamente agotada, como si cada día fuera un tormento”, dijo el abogado que había solicitado el aplazamiento del juicio dado su estado de salud.

Zhang había sido detenida en 2019 por expresar su apoyo a los activistas en Hong Kong.

“Sentencia alarmante”

Leo Lan, consultor de investigación y defensa del grupo de derechos humanos Network of Chinese Human Rights Defenders, dijo que la sentencia de Zhang es “alarmante”.

“(Su) sentencia es muy dura. El gobierno chino está muy decidido a silenciarla e intimidar a otros ciudadanos que intentaron exponer lo que sucedió en Wuhan”, le dijo a la BBC.

“Me preocupa el destino de otros ciudadanos detenidos que también informaron sobre la pandemia”.

Varios reporteros ciudadanos que informaron desde Wuhan, entre ellos: Li Zehua, Chen Qiushi y Fang Bin, desaparecieron a principios de este año.

Li finalmente apareció y explicó que había sido puesto en cuarentena a la fuerza, mientras que se informó que Chen está con su familia, pero bajo supervisión del gobierno.

Aún se desconoce el paradero de Fang Bin.


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