La PGR arraigó a más de 12 mil personas; pero 1 de cada 10 eran inocentes
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La PGR arraigó a más de 12 mil personas; pero 1 de cada 10 eran inocentes

Expertos califican como una aberración y una vergüenza jurídica esta práctica que disminuyó con el nuevo sistema penal. Advierten sobre un riesgo similar al ampliar la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa.
Cuartoscuro Archivo
11 de febrero, 2019
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La hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) privó de la libertad mediante arraigos, sin pruebas de que fueran realmente culpables de un delito y sin someterlas a un juicio, a más de 12 mil personas entre los años 2004 y 2018. En la mayoría de los casos, en una instalación denominada Centro Federal de Investigaciones, en la colonia Doctores.

Por lo menos 1 de cada 10 de esas personas eran inocentes.

Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político vía transparencia, en los que se detalla cómo la mayor parte de arraigos se ordenaron en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón.

Aunque también durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fueron arraigadas casi mil personas.

Con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, en la segunda parte de 2016, el uso del arraigo cayó significativamente. Pero los expertos advierten que una reforma para eliminar dicha figura por completo se quedó congelada en 2018, y que hay iniciativas regresivas como la de ampliar la lista de delitos con prisión oficiosa. Lo anterior, señalan expertos, al igual que el arraigo busca parchar la incapacidad de las autoridades para investigar.

“El arraigo fue una aberración que correspondió a un sistema penal arbitrario y apabullante que no estaba diseñado realmente para investigar, sino solo para perseguir supuestos delitos. Las 12 mil personas que fueron sometidas a esta medida son, hoy, un saldo vergonzoso”, dijo el abogado penalista experto en derechos humanos, Juan López Villanueva.

La directora de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, dijo que tan solo en 2010 se ordenaron 1 mil 679 arraigos por crimen organizado, pero apenas hubo 148 condenas por ese tipo, lo que demuestra que no solo era un recurso que violaba derechos humanos, sino que además era ineficaz.

El 12% de las personas que fueron arraigadas en los últimos años quedaron en libertad inmediata.

Esto luego de arraigos que por ley debieron ser de 40 días, pero que en dos terceras partes de los casos superaron ese tiempo. A todo ellos se sumarían los que sí fueron procesados pero que, a la postre, también quedaron en libertad por falta de elementos.

Las cifras del abuso

Animal Político solicitó a la PGR (hoy Fiscalía General) conocer el total de personas que fueron sometidas a medidas de arraigo desde que se creó esta figura hasta la fecha.

La dependencia dijo que solo cuenta con registros oficiales desde 2004. Esto pese a que especialistas advierten que la Procuraduría comenzó a utilizar de forma indiscriminada este recurso desde la década de los 90.

Los datos proporcionados indican que de 2004 a 2018 la cifra total fue de 12 mil 71 personas mantenidas bajo arraigo, aunque las diferencias por año son notables.

Por ejemplo, en 2005 y 2006 la cifra anual de arraigados fue de poco más de 500 personas, pero para 2007 se elevó a 849. En 2008 se arraigó a 1 mil 210, en 2009 la cifra creció a 1 mil 772, y en 2010 a 1 mil 982 personas.

El pico se alcanzó en 2011 con una cifra récord de 2 mil 385 personas arraigadas, solo en ese año. Para 2012 hubo por primera vez en años un decremento de arraigos, aunque la cifra llegó a las 1 mil 641 personas.

Los titulares de la PGR en este periodo, donde los arraigos se multiplicaron fueron el hoy ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez.

En 2013, ya en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el arraigo continuó siendo utilizado aunque en menor medida. En ese año fueron 627 las personas sometidas a esa medida, para 2014 disminuyeron a 289, y en 2015 fueron solamente 84.

En 2016, ya con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio que ubicó al arraigo solo como una medida cautelar de un paquete de más de 10, y que tendría que usarse solo si se justificaba ante un juez, la cantidad de arraigados fue de apenas 25 personas. En 2017 fueron 14 y en 2018 fueron 21.

En síntesis, en el sexenio de Peña Nieto la PGR arraigó a 1 mil 60 personas.

Por regla el arraigo de una persona, de acuerdo con el ya abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, debía de ser por un máximo de 40 días, y solo en situaciones excepcionales podría ampliarse.

Pero los datos muestran que de las 12 mil 71 personas arraigadas solo 4 mil 756, que equivalen al 39%, permanecieron 40 días o menos. Los 7 mil 315 restantes, el 61% del total, estuvieron arraigados más de 40 días.

Entre los casos de arraigo más prolongados está el de 3 mil 990 personas que estuvieron privadas de su libertad 80 días; y el de 1 mil 660 personas que permanecieron bajo arraigo 90 días.

La información proporcionada vía transparencia por PGR arroja que al 73% de las más de 12 mil personas arraigadas se les aplicó esta medida por petición de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Es decir, fueron personas arraigadas bajo la supuesta sospecha de colaborar con la delincuencia organizada.

De ese total, el 12% fueron personas que tras concluir el periodo de arraigo quedaron en libertad, luego de que la PGR no encontró indicio alguno de que hubieran cometido un delito.

¿Confinamiento domiciliario o cárcel sin juicio?

El Código Federal de Procedimientos Penales definía al arraigo como un arraigo “domiciliario”, es decir, el confinamiento de la persona a su domicilio o casa. Pero la realidad era distinta.

El 100% de las personas que fueron sometidas al arraigo por sospechas de colaborar con crimen organizado fueron enviadas al Centro de Investigaciones Federales en la colonia Doctores, en
Ciudad de México.

Esto sucedía así aun cuando los “sospechosos” fueran detenidos en otros
estados del país.

Dicho centro es (porque continua habilitado aunque ya casi sin actividad) un edificio que antes se utilizó como un hotel, y que la PGR convirtió en una instalación de alta seguridad, con bardas perimetrales protegidas con alambres de púas y cuyos accesos a la calle llegaron a estar protegidos por sacos de arena, para formar barricadas.

La instalación contaba con equipos de alta seguridad (hasta para evitar el descenso de un helicóptero que intentara rescatar a alguien) y filtros protegidos con detectores de metales, cámaras de seguridad y agentes federales con armas largas. Los horarios de visita eran controlados y restringidos.

De las instalaciones interiores nunca se han dado características de forma pública pero se sabe que tenía capacidad hasta para 120 personas, cifra que se vio rebasada sobretodo entre 2009 y 2011, donde fueron encerradas ahí casi 5 mil personas.

Organismos de derechos humanos y especialistas en la materia calificaron a este sitio como una cárcel de facto para personas señaladas de cometer algún delito, pero sin que se les iniciara un juicio o proceso penal.

Pero no fue todo. Personas que permanecieron detenidas en dicha instalación acusaron actos de tortura. Fue el caso, por ejemplo, del abogado Gerardo Ortega Maya, detenido en mayo de 2012 por ser sospechoso de colaborar con el crimen organizado. Dicha persona, que cuatro años después fue exonerada, confesó que en el centro de arraigo padeció de maltratos físicos y sicológicos para que incriminara a otras personas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en varias ocasiones informes y recomendaciones, en los que advertía de abusos cometidos en agravio de personas sometidas a medidas de arraigo.

“Esta Institución Nacional reitera su postura respecto a la figura del arraigo en el sentido que es una práctica de alto costo y riesgo en materia de derechos humanos, que contraviene no sólo el prestigio sino el cumplimiento internacional al que el Estado mexicano está vinculado, por diversos
instrumentos internacionales, en tanto que esa figura contraviene el principio de la presunción de inocencia, pues es vulnerado a priori, en virtud de que el inculpado está sometido a una penalidad (calificada de “medida cautelar”) previa al inicio del proceso jurídico”, dijo la CNDH al emitir la recomendación 33/2017 en agravio de migrantes que fueron torturados mientas permanecieron bajo arraigo.

Herencia vergonzosa y ¿riesgo de repetición?

El abogado especializado en el manejo de casos que vulneran derechos humanos, Juan López Villanueva, calificó al arraigo como una “aberración jurídica” y una “herencia vergonzosa” propia de un sistema penal que por muchas décadas privilegió el encarcelamiento de las personas antes que la investigación.

“Como no sabíamos investigar pues se inventó el arraigo. Se sospechaba que eras tú el culpable de un delito pero sin pruebas. Era totalmente violatorio del principio de presunción de inocencia y del debido proceso”, dijo.

Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, dijo que en el año 2010, en el apogeo del uso del arraigo, el número de personas bajo esa medida por crimen organizado era 10 veces mayor que el de sentenciados por este delito, lo que evidenciaba el fracaso en esta figura en la investigación.

“La medida se autorizaba bajo la lógica de que arrestar a la gente por periodos largos y sin necesidad de acusación formal permitiría investigar mejor, y ser más eficientes en las condenas. Pero la realidad demostró que no, que únicamente fue un régimen de excepción donde no aplican las garantías procesales más básicas, y eso no tiene impacto en el número de crímenes ni en la impartición de justicia”, dijo.

Gabriel Regino, abogado penalista y exsecretario de Seguridad Pública, calificó al arraigo como una “condena anticipada” y, por ende, como un “absoluto exceso del poder punitivo”. Añadió que nunca hubo indemnizaciones para las personas que, a la postre, se demostró que no eran culpables de algún delito.

Regino agregó que el arraigo dejó de aplicarse como tal a partir de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema penal, aunque se mantiene como una medida cautelar que un juez de control puede aplicar.

La abogada Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, advirtió que en 2018 la Cámara de Diputados había aprobado una reforma para eliminar de facto la figura del arraigo en el nuevo sistema pero la misma “se quedó congelada”.

Los expertos consultados, con excepción de Villanueva, consideraron además que existe un paralelismo entre el uso excesivo que se le dio al arraigo en los últimos años, con la reforma que ahora se pretende impulsar para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Dicho paralelismo es que son medidas que encubren una deficiente capacidad de investigar.

“Lo que muestra la legalización y utilización de medidas inquisitivas como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa es que nuestras autoridades de procuración de justicia no saben investigar, y necesitan tener a la persona detenida para hacerlo, el testimonio de la persona se vuelve la única fuente de investigación. Las estadísticas lo dicen, estas medidas o han sido positivas dado el nivel de impunidad que vive México. Se han utilizado para combatir al crimen organizado sin ningún éxito”, dijo Delgadillo.

Lisa Sánchez calificó al arraigo, las detenciones en flagrancia y la prisión oficiosa como “recursos que atrofian las capacidades de investigación”. Y Gabriel Regino dijo que la prisión oficiosa “es una añoranza a la facilidad con que antes se detenía a alguien sin investigar”.

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Getty Images
El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

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“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

Getty Images
La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

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Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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