Pueblos y colectivos piden a AMLO parar la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca
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Pueblos y colectivos piden a AMLO parar la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca

A dos días de la votación sobre la reactivación del Proyecto Integral Morelos, pobladores y activistas demandan aplicar los estándares nacionales e internacionales sobre las consultas a los pueblos indígenas, en medio de un ambiente de hostilidad que ya costó la vida del líder opositor Samir Flores Soberanes. La CNDH emitió medidas cautelares.
Cuartoscuro
Por Claudia Ramos
21 de febrero, 2019
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Un total de 200 académicos, científicos, investigadores, organizaciones, pueblos y colectivos llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar la consulta programada este 23 y 24 de febrero, para decidir sobre la activación de la termoeléctrica en Huexca y la continuidad del Proyecto Integral Morelos (PIM).

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió anoche medidas cautelares para que la Secretaría de Energía (Sener), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el gobierno del estado de Morelos establezcan mesas de diálogo y negociación en las cuales se pondere y reflexione sobre las condiciones para la realización de la consulta, a fin de que esta sea previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y cuente con los estándares nacionales e internacionales en la materia.

La decisión se tomó luego de que integrantes de distintos pueblos originarios de los estados de Tlaxcala, Morelos y Puebla fueran atendidos el pasado martes en la CNDH, en donde manifestaron que la falta de información integral sobre la operatividad y viabilidad del proyecto ha provocado “un clima de hostilidad” en las comunidades por la existencia de grupos “antagónicos o provocadores” y, sobre todo, ante los riesgos inminentes que dicha consulta traería por la pretensión de avalar la implementación del proyecto sobre un área de origen volcánico y de alta sismicidad.

Horas después, por la mañana de este miércoles 20 de febrero, fue asesinado a balazos Samir Flores Soberanes, líder opositor a la termoeléctrica.

La CNDH subrayó en un comunicado que la adopción de estas medidas tiene como finalidad “coadyuvar de manera preventiva a las autoridades en la solución de una situación de conflicto”, sin prejuzgar los hechos ni oponerse a la realización de proyectos de desarrollo, siempre y cuando estos respeten los derechos y prevean no vulnerar las prerrogativas de quienes pudieran resultar afectados por los mismos.

 

Mientras tanto, en una carta abierta dirigida a López Obrador, académicos, activistas y pobladores manifestaron por escrito el malestar expresado previamente en la CNDH: que la votación de este fin de semana “dista de cumplir con los requisitos democráticos para considerarse válida”, toda vez que se realiza sin acuerdo de los pueblos afectados por el proyecto, principalmente los indígenas; sin la suficiente información y deliberación para decidir al respecto, y sin que los pobladores cuenten con un espacio equivalente al que tiene el presidente en los medios de comunicación para ser escuchados.

Es decir, no cumple con los mandatos propuestos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), distintas sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, para que los pueblos afectados otorguen o no su consentimiento para la realización de proyectos de inversión y desarrollo.

“En todos los casos ese consentimiento debe lograrse a través de las instituciones comunitarias de los pueblos, así como de un proceso acordado con los sujetos sociales que permita la información y deliberación respetando sus formas culturales, sus lenguas y, en especial, los modos de decisión de los propios pueblos afectados. Si consideramos estos mandatos que se desprenden de la ley, la consulta convocada desde la presidencia está muy lejos de responder a dichos criterios ya que no es un proceso sino una votación, se realiza sin acuerdo alguno con los pueblos afectados y se lleva a cabo de manera precipitada, lo que implica un tiempo a todas luces insuficiente para la información y la deliberación”, indica la carta dada a conocer este jueves.

“Pero aún más”, precisa, “no cumple con los requisitos de equidad de participación ya que usted como Presidente de la República -que goza de una alta popularidad- es quien impulsa la consulta y a la vez quien promueve ahora el funcionamiento de la termoeléctrica, sin que las voces de los pobladores tengan un espacio equivalente en los medios de comunicación para ser escuchadas. Dicha consulta no pondera, además, entre afectados directos e indirectos, soslayando entonces a quienes tienen derecho a la consulta: los pueblos indígenas”.

Leer: INE descarta atribuciones para hacer consulta sobre termoeléctrica; viola recomendación de CNDH, dicen ONG

Los firmantes enfatizaron que es comprensible que muchos de los pueblos afectados rechacen una consulta que “no cumple con la ley y sus derechos”, y con mucha más razón cuando recuerdan las palabras que López Obrador dijo en 2014 en Yecapixtla, Morelos, respecto a que defendería “con todo” lo que pudiera a los pueblos para que ese gasoducto y esa termoeléctrica no se construyeran, y cinco años después sea “el principal promotor del proyecto”.

El Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, de Morelos, Puebla y Tlaxcala ha denunciado que el PIM implica un riesgo por la construcción de un gasoducto en las cercanías del volcán Popocatépetl, y ha denunciado la utilización, acaparamiento y contaminación del agua por el proyecto.

Una nueva relación

Ante las irregularidades señaladas en la consulta de este fin de semana, los firmantes de la carta piden al presidente “escuchar a los pueblos opositores y reconsiderar por completo no sólo la modalidad y fecha de consulta que se ha determinado unilateralmente, sino la relación que desde la presidencia se establece con ellos”. También lo exhortaron a debatir en lugar descalificar a quienes apoyan y acompañan a los pueblos en defensa de la tierra.

“El 1o de julio no sólo se votó contra una oligarquía partidaria que llevó al desastre al país, sino por una nueva relación entre gobernantes y gobernados. Esa relación parte del respeto y del reconocimiento hacia los pueblos organizados que de ninguna manera pueden ser clasificados como parte de la reacción conservadora contra el nuevo gobierno federal.

“La presidencia de la República debe aprender a debatir en condiciones equitativas antes que descalificar a los actores civiles, sociales, académicos, estudiantiles y defensores de los derechos humanos que apoyamos y acompañamos a los pueblos en defensa de la tierra. La resistencia y defensa del territorio por los pueblos indígenas ha existido desde mucho antes que el progresismo ganara la presidencia, es una lucha legítima por el derecho a decidir sobre sus modos de vida y que gira en torno a la protección de los bienes comunes naturales”.

“No habrá transformación política alguna sin los pueblos y comunidades indígenas”, enfatizan. “Por ello se vuelve necesaria una nueva relación con el Estado mexicano que los reconozca como sujetos políticos colectivos. Finalmente, llamamos a la ciudadanía a conocer, informarse y respetar a los movimientos en defensa de la tierra, que fueron y son parte de la lucha por transformar este país”.

Leer: AMLO critica a radicales de izquierda que se oponen al gobierno; el pueblo decidirá sobre termoeléctrica, asegura

El Proyecto Integral Morelos es una obra de la Comisión Federal de Electricidad que contempla la construcción de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca, Morelos, así como un gasoducto y un acueducto en Puebla y Tlaxcala. La termoeléctrica empezó a construirse en 2011 sin consultar previamente a los pueblos y comunidades afectadas, lo que provocó una intensa movilización comunitaria y popular a través del Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA). En 2018 consiguieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación a la CFE, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la entonces Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.

De acuerdo con el Frente, el PIM representa “el mismo camino andado” por la Comisión Federal de Electricidad que en otros lugares ha intentado, “sin éxito”, realizar “proyectos depredadores, extractivistas, turísticos, urbanizadores y de infraestructura, sin el consentimiento de los pueblos y a pesar de sus consecuencias socioambientales, con violaciones legales y procedimentales, utilizando la fuerza y provocando numerosas violaciones a los derechos humanos”.

Leer: Afectados por termoeléctrica y gasoducto exigen a AMLO comisión de la verdad sobre corrupción en megaobras

De acuerdo con los firmantes de la carta, todos estos proyectos se han intentado imponer “sin información previa, sin consulta a los pueblos, sin debate público y sin estudiar otras alternativas”, con la justificación de que aportan al crecimiento económico, el desarrollo o progreso. Estos argumentos “ocultaban las relaciones de poder que existen en cualquier megaproyecto, el creciente control territorial de las empresas y, en especial, los peligros no sólo ambientales sino comunitarios y étnicos que implican muchos de estos proyectos al deteriorar las condiciones para que las formas de vida colectivas sigan existiendo”, indicaron.

Desde que el gobierno de López Obrador anunció a principios de febrero la decisión de reactivar la termoeléctrica y continuar con el proyecto, las comunidades y pueblos aglutinadas en el Frente e incluso el EZLN han reforzado su activismo en contra de que el proyecto se realice sin que los pueblos afectados sean tomados en cuenta conforme a los estándares nacionales e internacionales.

A continuación la carta abierta dirigida a López Obrador firmada por académicos, activistas y pobladores.

 

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Nayib Bukele: qué supone que el presidente de El Salvador tenga 'poder absoluto' con el control del Legislativo

Los resultados provisionales, con el 80% de actas contadas, dan una victoria histórica al partido de Bukele. ¿Qué consecuencias puede haber?
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1 de marzo, 2021
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Aunque su nombre no estuvo en las boletas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se perfila como el gran ganador de las elecciones legislativas y municipales de este domingo.

Con más del 80% de las actas procesadas, su partido, Nuevas Ideas, y sus socios obtendrían dos tercios de la Asamblea Legislativa (Congreso), la mayoría absoluta, un hecho que no se veía en el país centroamericano desde hace más de dos décadas.

El TSE indicó que votaron más del 50% de los inscritos en el padrón electoral, en un país de más de 7 millones de habitantes, una cifra menor que en las pasadas elecciones presidenciales pero mayor que las dos anteriores legislativas.

La ya casi segura victoria no solo le permitirá a Bukele pasar leyes y aprobar presupuestos sin el contrapeso de la oposición, sino que también lo llevará a controlar prácticamente todas las ramas del gobierno.

“Las elecciones del Legislativo son las que llevan a lo que en El Salvador se conoce como elección de segundo grado o de funcionarios de segundo grado, que van desde el fiscal general, un tercio de los magistrados de la Corte Suprema, el procurador general hasta la procuraduría de derechos humanos, Corte de Cuentas, entre otras instituciones”, explica a BBC Mundo la analista política salvadoreña Bessy Ríos.

Conteo de votos en El Salvador.

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El conteo de votos se ha prolongado durante varias horas de la madrugada del lunes.

“Esto significa que si el partido del presidente domina el Legislativo, tiene también la oportunidad de controlar el poder judicial y los órganos de segundo grado, como la fiscalía, lo que le da un poder bastante considerable y sin contrapesos”, agrega.

Es la oportunidad para que el presidente pueda poner en práctica la agenda de su gobierno y fomentar medidas en beneficio popular sin los lastres y los enfrentamientos que había tenido ahora con el Legislativo.

“Esto implica un gran desafío para Bukele, porque tradicionalmente se ha quejado de que no puede hacer cosas porque no tiene poder. Aquí hay dos elementos: o cumple y le va bien, o no cumple y se le acabará su luna de miel con los salvadoreños”, opina Ríos.

Sin embargo, los más críticos con el gobierno temen que un “poder absoluto” pueda ser el “fin de la institucionalidad” en el país latinoamericano.

“Desde que llegó a la presidencia, Bukele no solo ha mostrado rasgos importantes de autoritarismo, sino que ha debilitado significativamente las instituciones y ha ignorado muchos de los controles impuestos a la acción ejecutiva” le dice a BBC Mundo José Miguel Cruz, experto en El Salvador de la Universidad Internacional de Florida, en Miami.

Nayib Bukele el pasado 22 de febrero.

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Los más críticos con el gobierno temen que la victoria de Nuevas Ideas sea el “fin de la institucionalidad” del país, ya que opinan que Bukele ha mostrado “rasgos importantes de autoritarismo”.

“Dados estos precedentes, existe el temor entre muchos sectores de que esta acumulación excesiva de poder pueda significar la destrucción definitiva de las instituciones democráticas en el país”, agrega.

El carismático y popular gobernante de 39 años que gobierna El Salvador desde mediados de 2019 niega las acusaciones de autoritarismo y afirma que sus adversarios se oponen a sus políticas porque con el ascenso de su proyecto ven amenazados “sus privilegios”.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, rechazó también los señalamientos cuando periodistas le preguntaron este domingo acerca de varias cartas y documentos que congresistas de EE.UU. publicaron en los últimos meses y en los que alertaban de un posible autoritarismo, de vulnerar las instituciones democráticas y de ataques a la prensa por parte del gobierno salvadoreño.

Según el sitio web elsalvador.com, Ulloa dijo a los congresistas: “Deberían venir acá y observar lo que sucede, porque normalmente ellos reciben información sesgada, tergiversada, interesada de algunos grupos de oposición. Lo mejor es que vengan y vean (…), que revisen todas las encuestas (…) donde el nivel de aceptación del presidente sobrepasa el 90%”.

“Les invito personalmente a que vengan, para que observen cómo está la situación a nivel nacional, y no informarse por noticias o reportes que no siempre son objetivos”, insistió en un ataque a los medios como al que acostumbra Bukele.

¿Cómo se llegó aquí?

La aparente victoria del partido de Bukele es extraordinaria en la historia reciente de El Salvador y no sólo porque logró hacerse con una mayoría en el Congreso a poco menos de tres años de ser creado.

“Es excepcional porque en las últimas décadas, los gobiernos necesitaron de alianzas entre partidos en el Congreso, lo que llevaba a que se distribuyeran los funcionarios de segundo grado. Ahora, por primera vez en años, el presidente no requerirá de esas alianzas o de partidos bisagras”, dice.

Los contextos en los que ocurre también son inéditos.

Los salvadoreños han dado su voto de confianza a un partido que ha gobernado en alguno de los momentos más difíciles de la nación en las últimas tres décadas y que ha tomado también algunas medidas que han levantado cuestionamientos en organizaciones de derechos humanos.

Durante el año pasado -y a raíz del coronavirus y de desastres naturales- se profundizó con creces la deuda del país, se perdieron más de 80,000 empleos y el producto interno bruto cayó en 8.6%.

“El país está en condiciones muy difíciles, con un endeudamiento muy fuerte, con una parálisis productiva importante por la pandemia y los desastres naturales”, le dice a BBC Mundo Jose María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana de El Salvador y director de su Instituto de Derechos Humanos.

Salvadoreños reclaman la necesidad de comida tras la caída de remesas por las restricciones del coronavirus.

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A raíz del coronavirus, muchos problemas se han agudizado en El Salvador.

“A eso también se han sumado otras medidas por parte del Ejecutivo que han despertado cierta preocupación en el plano de los derechos civiles y humanos y de respeto a la institucionalidad”, agrega.

Y es que el gobierno no solo fue señalado de asumir medidas coercitivas “extremas” para frenar la pandemia, sino que se enfrentó abiertamente a los medios de comunicación, a políticos que lo cuestionan y también al poder legislativo y judicial, al punto de que Bukele envió militares al Congreso y desafió abiertamente a la Corte Constitucional.

“Sin embargo, nada de esto ha impedido que la popularidad del presidente haya crecido y que sea muy bien aceptado en los sectores más desfavorecidos. No había dudas previo a las elecciones de que obtendría una mayoría”, agrega.

¿Cómo se explica la popularidad de Bukele y su partido?

Una encuesta realizada por la consultora Mitofsky a mediados del año pasado ubicaba a Bukele no solo como el mandatario más popular de la región, sino que lo colocaba por encima de líderes de Australia, Asia o Europa, como Angela Merkel.

Y cuando los resultados de las encuestas para las elecciones de este domingo comenzaron a salir, muy pocos dudaron que el partido Nuevas Ideas alcanzaría una mayoría.

Bukele tras votar junto a su esposa, Gabriela Rodríguez.

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“Bukele es un extraordinario comunicador, muy efectivo y carismático”, opina el experto José María Tojeira, sobre una de las claves de la popularidad del mandatario.

Según los expertos consultados por BBC Mundo, la victoria de Bukele en estas elecciones y su creciente popularidad obedecen a tres factores principales:

  • “Los salvadoreños sienten un rechazo casi mortal hacia los partidos que tradicionalmente se han repartido el poder del Ejecutivo y el Legislativo en los últimos 30 años de posguerra. Es un sentimiento que Bukele ha sabido aprovechar y que ha hecho ver a Nuevas Ideas como la alternativa”, dice Ríos.
  • “Bukele es un extraordinario comunicador, muy efectivo y carismático, hace un manejo muy hábil de las redes sociales y los medios de comunicación, lo que le ha hecho llegar a muchas personas de una forma muy directa”, opina Tojeira.
  • “Desde que llegó al poder, ha implementado una gran campaña de patronazgo y clientelismo en el país, en la que distribuye regalías y bonos entre la gente más necesitada. Con la pandemia, esto se ha incrementado y lo ha llevado a una campaña sostenida de distribución de recursos que le han hecho ganar el voto de los sectores más populares”, considera Cruz.

¿Qué pasa ahora?

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que el control del Parlamento le da a Bukele un “poder casi absoluto” sobre el país, con limitados contrapesos para su acción.

“Tradicionalmente, hemos oído a Bukele quejarse de que no tiene poder como presidente. Y eso es cierto, porque desde el fin de la dictadura, se crearon varios mecanismos para limitar el poder del Ejecutivo. Ahora tiene un gran desafío, un compromiso muy fuerte para materializar su plan de gobierno”, opina Ríos.

“Ahora lo que muchos temen es que los contrapesos para ese poder ya no van a estar. ¿Por qué? Precisamente porque venimos de ahí, porque por nuestra historia sabemos que el poder total puede ser mal consejero, que se puede caer en la tentación de conducir el país con autoritarismo, sin tomar en cuenta las minorías. Y ahí vienen los abusos, la corrupción”, dice.

Protestas antiBukele en El Salvador el pasado 9 de febrero.

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Varios expertos apuntan que, a pesar de tener más poder, Bukele tendrá un gran desafío por delante.

Cruz, por su parte, recuerda que en la historia latinoamericana reciente, las experiencias similares de poder absoluto por parte del Ejecutivo no han llegado a buen puerto.

“Este caso recuerda lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos en tiempos recientes, como el caso de Venezuela o Nicaragua, con Ejecutivos extremadamente fuertes que llegan al poder por medios democráticos pero que cambian las reglas para mantenerse en el poder de manera indefinida e ignorar las normas democráticas, a pesar de haber ganado por la vía electoral”, considera.

“Por eso, existe el temor entre un sector de la población en que esto sea el primer paso para que Bukele promueva una reforma constitucional para mantenerse en el poder por un segundo mandato consecutivo y que se afiance la postura autocrática que ya había manifestado con anterioridad”, agrega.

La votación de este domingo llevó a una confrontación entre Bukele y el Tribunal Supremo Electoral, luego de que el mandatario convocara una conferencia de prensa para denunciar supuestas irregularidades y convocar a sus seguidores a salir a votar, lo que fue considerado como una violación del silencio electoral.

Durante esa presencia ante los medios, Bukele encuadró su esperada victoria en una especie de paso lógico tras ganar las presidenciales de 2019 y en su deseo de contar con una Asamblea “que trabaje de la mano” con el Ejecutivo.

“Si usted votó el 3 de febrero 2019 (cuando ganó las presidenciales), hoy es el día para que terminemos de cerrar lo que comenzamos (…) Terminemos de cerrar lo que iniciamos ese día logrando tener una Asamblea Legislativa que trabaje de la mano con el Gobierno (…)”, dijo.

Por su parte, Tojeira opina que “solo en el futuro veremos cuál es el resultado real de estas elecciones“.

“Si con la victoria electoral el partido Nuevas Ideas se comenzara a dialogar más con quienes tienen un pensamiento crítico y con los que tienen ideas diferentes, si se evidenciara que hay un plan sólido de gobierno, si se toman medidas dentro de las normas de la democracia, no sería malo”, afirma.

“El problema es que de momento no se ve una agenda democrática y de desarrollo clara, con apertura al debate… Pero hay que mirar a ver qué pasa en el futuro”.


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