Pueblos y colectivos piden a AMLO parar la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca
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Pueblos y colectivos piden a AMLO parar la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca

A dos días de la votación sobre la reactivación del Proyecto Integral Morelos, pobladores y activistas demandan aplicar los estándares nacionales e internacionales sobre las consultas a los pueblos indígenas, en medio de un ambiente de hostilidad que ya costó la vida del líder opositor Samir Flores Soberanes. La CNDH emitió medidas cautelares.
Cuartoscuro
Por Claudia Ramos
21 de febrero, 2019
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Un total de 200 académicos, científicos, investigadores, organizaciones, pueblos y colectivos llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar la consulta programada este 23 y 24 de febrero, para decidir sobre la activación de la termoeléctrica en Huexca y la continuidad del Proyecto Integral Morelos (PIM).

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió anoche medidas cautelares para que la Secretaría de Energía (Sener), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el gobierno del estado de Morelos establezcan mesas de diálogo y negociación en las cuales se pondere y reflexione sobre las condiciones para la realización de la consulta, a fin de que esta sea previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y cuente con los estándares nacionales e internacionales en la materia.

La decisión se tomó luego de que integrantes de distintos pueblos originarios de los estados de Tlaxcala, Morelos y Puebla fueran atendidos el pasado martes en la CNDH, en donde manifestaron que la falta de información integral sobre la operatividad y viabilidad del proyecto ha provocado “un clima de hostilidad” en las comunidades por la existencia de grupos “antagónicos o provocadores” y, sobre todo, ante los riesgos inminentes que dicha consulta traería por la pretensión de avalar la implementación del proyecto sobre un área de origen volcánico y de alta sismicidad.

Horas después, por la mañana de este miércoles 20 de febrero, fue asesinado a balazos Samir Flores Soberanes, líder opositor a la termoeléctrica.

La CNDH subrayó en un comunicado que la adopción de estas medidas tiene como finalidad “coadyuvar de manera preventiva a las autoridades en la solución de una situación de conflicto”, sin prejuzgar los hechos ni oponerse a la realización de proyectos de desarrollo, siempre y cuando estos respeten los derechos y prevean no vulnerar las prerrogativas de quienes pudieran resultar afectados por los mismos.

 

Mientras tanto, en una carta abierta dirigida a López Obrador, académicos, activistas y pobladores manifestaron por escrito el malestar expresado previamente en la CNDH: que la votación de este fin de semana “dista de cumplir con los requisitos democráticos para considerarse válida”, toda vez que se realiza sin acuerdo de los pueblos afectados por el proyecto, principalmente los indígenas; sin la suficiente información y deliberación para decidir al respecto, y sin que los pobladores cuenten con un espacio equivalente al que tiene el presidente en los medios de comunicación para ser escuchados.

Es decir, no cumple con los mandatos propuestos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), distintas sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, para que los pueblos afectados otorguen o no su consentimiento para la realización de proyectos de inversión y desarrollo.

“En todos los casos ese consentimiento debe lograrse a través de las instituciones comunitarias de los pueblos, así como de un proceso acordado con los sujetos sociales que permita la información y deliberación respetando sus formas culturales, sus lenguas y, en especial, los modos de decisión de los propios pueblos afectados. Si consideramos estos mandatos que se desprenden de la ley, la consulta convocada desde la presidencia está muy lejos de responder a dichos criterios ya que no es un proceso sino una votación, se realiza sin acuerdo alguno con los pueblos afectados y se lleva a cabo de manera precipitada, lo que implica un tiempo a todas luces insuficiente para la información y la deliberación”, indica la carta dada a conocer este jueves.

“Pero aún más”, precisa, “no cumple con los requisitos de equidad de participación ya que usted como Presidente de la República -que goza de una alta popularidad- es quien impulsa la consulta y a la vez quien promueve ahora el funcionamiento de la termoeléctrica, sin que las voces de los pobladores tengan un espacio equivalente en los medios de comunicación para ser escuchadas. Dicha consulta no pondera, además, entre afectados directos e indirectos, soslayando entonces a quienes tienen derecho a la consulta: los pueblos indígenas”.

Leer: INE descarta atribuciones para hacer consulta sobre termoeléctrica; viola recomendación de CNDH, dicen ONG

Los firmantes enfatizaron que es comprensible que muchos de los pueblos afectados rechacen una consulta que “no cumple con la ley y sus derechos”, y con mucha más razón cuando recuerdan las palabras que López Obrador dijo en 2014 en Yecapixtla, Morelos, respecto a que defendería “con todo” lo que pudiera a los pueblos para que ese gasoducto y esa termoeléctrica no se construyeran, y cinco años después sea “el principal promotor del proyecto”.

El Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, de Morelos, Puebla y Tlaxcala ha denunciado que el PIM implica un riesgo por la construcción de un gasoducto en las cercanías del volcán Popocatépetl, y ha denunciado la utilización, acaparamiento y contaminación del agua por el proyecto.

Una nueva relación

Ante las irregularidades señaladas en la consulta de este fin de semana, los firmantes de la carta piden al presidente “escuchar a los pueblos opositores y reconsiderar por completo no sólo la modalidad y fecha de consulta que se ha determinado unilateralmente, sino la relación que desde la presidencia se establece con ellos”. También lo exhortaron a debatir en lugar descalificar a quienes apoyan y acompañan a los pueblos en defensa de la tierra.

“El 1o de julio no sólo se votó contra una oligarquía partidaria que llevó al desastre al país, sino por una nueva relación entre gobernantes y gobernados. Esa relación parte del respeto y del reconocimiento hacia los pueblos organizados que de ninguna manera pueden ser clasificados como parte de la reacción conservadora contra el nuevo gobierno federal.

“La presidencia de la República debe aprender a debatir en condiciones equitativas antes que descalificar a los actores civiles, sociales, académicos, estudiantiles y defensores de los derechos humanos que apoyamos y acompañamos a los pueblos en defensa de la tierra. La resistencia y defensa del territorio por los pueblos indígenas ha existido desde mucho antes que el progresismo ganara la presidencia, es una lucha legítima por el derecho a decidir sobre sus modos de vida y que gira en torno a la protección de los bienes comunes naturales”.

“No habrá transformación política alguna sin los pueblos y comunidades indígenas”, enfatizan. “Por ello se vuelve necesaria una nueva relación con el Estado mexicano que los reconozca como sujetos políticos colectivos. Finalmente, llamamos a la ciudadanía a conocer, informarse y respetar a los movimientos en defensa de la tierra, que fueron y son parte de la lucha por transformar este país”.

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El Proyecto Integral Morelos es una obra de la Comisión Federal de Electricidad que contempla la construcción de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca, Morelos, así como un gasoducto y un acueducto en Puebla y Tlaxcala. La termoeléctrica empezó a construirse en 2011 sin consultar previamente a los pueblos y comunidades afectadas, lo que provocó una intensa movilización comunitaria y popular a través del Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA). En 2018 consiguieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación a la CFE, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la entonces Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.

De acuerdo con el Frente, el PIM representa “el mismo camino andado” por la Comisión Federal de Electricidad que en otros lugares ha intentado, “sin éxito”, realizar “proyectos depredadores, extractivistas, turísticos, urbanizadores y de infraestructura, sin el consentimiento de los pueblos y a pesar de sus consecuencias socioambientales, con violaciones legales y procedimentales, utilizando la fuerza y provocando numerosas violaciones a los derechos humanos”.

Leer: Afectados por termoeléctrica y gasoducto exigen a AMLO comisión de la verdad sobre corrupción en megaobras

De acuerdo con los firmantes de la carta, todos estos proyectos se han intentado imponer “sin información previa, sin consulta a los pueblos, sin debate público y sin estudiar otras alternativas”, con la justificación de que aportan al crecimiento económico, el desarrollo o progreso. Estos argumentos “ocultaban las relaciones de poder que existen en cualquier megaproyecto, el creciente control territorial de las empresas y, en especial, los peligros no sólo ambientales sino comunitarios y étnicos que implican muchos de estos proyectos al deteriorar las condiciones para que las formas de vida colectivas sigan existiendo”, indicaron.

Desde que el gobierno de López Obrador anunció a principios de febrero la decisión de reactivar la termoeléctrica y continuar con el proyecto, las comunidades y pueblos aglutinadas en el Frente e incluso el EZLN han reforzado su activismo en contra de que el proyecto se realice sin que los pueblos afectados sean tomados en cuenta conforme a los estándares nacionales e internacionales.

A continuación la carta abierta dirigida a López Obrador firmada por académicos, activistas y pobladores.

 

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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