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Auditoría detecta en Sedatu presuntas irregularidades por más de 2 mil mdp en 2017
Auditoría detecta en Sedatu presuntas irregularidades por más de 2 mil mdp en 2017
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Auditoría detecta en Sedatu presuntas irregularidades por más de 2 mil mdp en 2017
22 de febrero, 2019
Por: Andrea Vega
@EAndreaVega 

En el análisis forense a las cuentas por liquidar de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró presuntos desvíos de recursos por 2 mil 039 millones 512,453 pesos. Dichos recursos supuestamente se usaron para solventar saldos pendientes de 2016, pagar a proveedores y para gastos con cargo a la partida presupuestal de Indemnizaciones por expropiación de predios, y al Programa de Atención a Conflictos Agrarios, sin que esos pagos y los servicios pudieran acreditarse.

En las auditorías dadas a conocer el miércoles, como parte de la tercera entrega del Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública 2017, la ASF concluyó que la Sedatu utilizó indebidamente recursos del presupuesto del ejercicio 2017, del Programa de Infraestructura, para pagar compromisos de ejercicios anteriores por mil 173 millones 317 mil  pesos.

Esos pagos los hizo supuestamente a través de 26 de sus delegaciones en las entidades federativas. Pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tenía registrados esos compromisos pendientes al cierre del ejercicio fiscal de 2016. Y la Sedatu no pudo acreditar que tales pagos vencidos realmente se hicieron.

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En las Reglas de Operación para los ejercicios fiscales 2016 y 2017 del Programa de Infraestructura se consideraron tres vertientes: Infraestructura para el Hábitat, Espacios Públicos y Participación Comunitaria y Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda. Se estableció que la unidad responsable del programa era la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS), y las instancias auxiliares serían las delegaciones de la Sedatu en las entidades federativas.

Con oficio número DGAF/1115/2018 del 1 de octubre de 2018, se solicitó a la Sedatu información y documentación para acreditar el pago de proyectos de ejercicios anteriores, con cargo al presupuesto del 2017 del Programa de Infraestructura. Después de hacer el análisis de la información y documentación proporcionada, se determinó que la dependencia no acreditó el ejercicio de estos recursos.

Entre las irregularidades que se detectaron, la Sedatu no acreditó los padrones de beneficiarios ni las acciones de mejora o apoyos entregados, por las vertientes de Infraestructura para el Hábitat, Espacios Públicos y Participación Comunitaria, y Mejoramiento de la Vivienda.

Con oficio número V-510/0856/2018, con respecto a la administración de recursos y control del ejercicio presupuestario del 2016 y 2017, el titular de la UPAIS manifestó que la Dirección General de Programación y Presupuestación (DGPP) de la Sedatu no le suministró gran parte de los recursos presupuestales asignados al Programa de Infraestructura, y que de hecho en toda la República hubo falta de fondeo a las instancias ejecutoras.

En ese oficio también señaló que la UPAIS no autorizó ni solicitó a la DGPP que se realizara la afectación a recursos presupuestales de 2017, para cubrir pendientes del ejercicio fiscal 2016, y que él no tenía los elementos para determinar a qué proyectos destinaron los recursos las delegaciones y la DGPP en 2017.

Por su parte, la DGPP declaró mediante otro oficio que desconocía el destino final de los recursos para proyectos del ejercicio 2017 o anteriores, toda vez que la distribución de recursos de manera específica no es de su atribución.

Por estas irregularidades, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Sedatu, o su equivalente, realicen las investigaciones pertinentes, y en su caso se inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

Rescate de espacios que nunca llegó

En el análisis forense de la ASF a las cuentas pendientes de la Sedatu, se encontraron también supuestos pagos por 596 millones 641 mil 350 pesos del ejercicio presupuestal 2017 a diversos proveedores y asociaciones civiles, con recursos ejercidos en la partida 43101 de Subsidios a la producción del Programa de Infraestructura. Lo anterior, sin acreditar su ejercicio con documentación, y sin cumplir con las disposiciones normativas aplicables, por lo que se presume un probable daño a la Hacienda Pública por esa cantidad.

La ASF constató que 504 millones 541 mil pesos correspondían a la UPAIS; sin embargo, en nota informativa del 17 de septiembre de 2018 el titular de esta unidad manifestó que no contaba con ningún antecedente o registro de la actividad contractual con algún proveedor de los que integran el importe correspondiente, ni reconoce haber solicitado a la DGPP la ministración de recursos presupuestales (subsidios).

A su vez, la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP), a la que le corresponde 97 millones 458 mil pesos, informó que no instruyo ni solicitó pago alguno por 50 millones 340 mil pesos que supuestamente sí gastó.

Aunado a lo anterior, la Sedatu no registró las operaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016, como pasivo circulante (ADEFAS) ante la SHCP, y se observó que los servidores públicos suscribieron instrumentos jurídicos con proveedores contratados sin tener atribuciones o facultad expresa para hacerlo.

La Secretaría también pagó 5 millones 359 mil pesos, en el ejercicio 2017, a una asociación por servicios para un proyecto integral de la vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria, sin que la dirección correspondiente acreditara el pago realizado y la ejecución de los servicios.

Mientras que con cargo a la partida presupuestal 39402, Indemnizaciones por expropiación de predios, la Sedatu ejerció recursos por 178 millones 394 mil 495 pesos, de los que no se cuenta con evidencia documental que los acredite; además de que los conceptos de los pagos no están relacionados con indemnizaciones por expropiación de predios, terrenos o bienes inmuebles.

Asimismo, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 50 millones de pesos por pagos con cargo al Programa E002, de Atención de Conflictos Agrarios, por la adquisición de un predio rústico y uno urbano ubicados en el estado de Nayarit, cuyo proceso de adquisición se encuentra interrumpido desde el año 2007 debido a la suspensión de plano, derivado de un juicio de amparo.

La Sedatu también efectuó un pago por 35 millones 800 mil pesos por un servicio de comunicación a un proveedor, según la Cuenta por Liquidar Certificada número 4267, de fecha 20 de diciembre de ese año, que no pudo acreditar con documentación.

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