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SFP investiga a titular de la Comisión de Energía por presunto conflicto de interés; éste lo niega y solicita audiencia con AMLO

La SFP detectó un permiso otorgado para el transporte de gas a natural a una empresa vinculada con la familia de García Alcocer.
Cuartoscuro
18 de febrero, 2019
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La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó este lunes que se investiga la existencia de un posible conflicto de interés del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer.

En conferencia de prensa, la funcionaria federal detalló que él mismo ha reconocido que el hermano de su cónyuge, Mario Barreiro Castellanos, labora en una empresa extranjera, Vestas, dedicada a la fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad.

Leer: Presidente de Comisión de Energía reconoce tener a familiares en empresas, pero niega conflicto de interés

Además de que “Santiago García Castellanos, pariente por afinidad en cuarto grado, primo hermano de su cónyuge, tiene el cargo de director general de la empresa Santa Fe Natural Gas, la cual es filial de una empresa mexicana permisionaria de la Comisión Reguladora de Energía denominada Fermaca”.

Puntualizó que se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a la empresa Fermaca, “misma que él ha reconocido como vinculada a su familia, con fecha del 15 de junio de 2017”.

La funcionaria federal detalló que “en esta fecha el servidor público de referencia ya era presidente de la institución, este permiso que él mismo ya como presidente de la institución pudo haber gestionado o auspiciado, no fue informado en su momento”.

Leer: Gobierno aumentará incentivo fiscal a Pemex y por primera vez en 10 años no se endeudará

Por estos hechos y tras la denuncia pública realizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se inició una investigación de oficio y “hemos descubierto al momento este contrato, este permiso para transporte de gas natural, eso ya constituye en sí mismo una activación del conflicto de interés potencial que el reconoce en su declaración patrimonial”.

La investigación continuará de manera coordinada con la Secretaría de Energía (Sener), y en su caso se podría llegar hasta la inhabilitación del servidor publicó, puntualizó.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, recordó que “el conflicto de interés no se circunscribe a las relaciones de carácter familiar, sino también a las personales o de negocios”.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abundó que el señalado hermano de su cónyuge, si bien labora para una empresa extranjera, esa compañía tiene una filial en México “y en realidad el cuñado trabaja para la empresa mexicana”.

Puntualizó que el hermano de la cónyuge presenta una serie de declaraciones; sin embargo, dentro de la declaración no se incluyen tres empresas, una que tiene un proyecto con Petróleos Mexicanos (Pemex) con 186 pozos operativos distribuidos en siete campos.

Dos, una comercializadora de productos químicos que ganó una licitación en Pemex sobre la explotación de ductos en la cuenca costera de Chicontepec, cuando el sujeto analizado ha pasado por diversas áreas de Petróleos Mexicanos.

Leer: Donativos opacos y transferencias de dinero sin aclarar: las lagunas de transparencia en Pemex y CFE, según México Evalúa

Sobre la tercera empresa, los accionistas son dos personas morales, incluyendo la empresa enumerada con el número dos, que se dedican a la perforación de pozos petroleros y de gas.

Indicó que en esta última empresa se detectó que de febrero de 2014 a diciembre de 2018 realizaron transferencias internacionales por 47 millones de pesos y 148 millones de dólares.

Por lo que “resulta por demás interesante, por decir lo menos, que la empresa número dos que es accionista de una empresa, que puede transferir 148 millones de dólares al extranjero, presente tan bajos reportes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual podría constituir un caso de defraudación fiscal”.

Hizo notar también que uno de los familiares “de la persona políticamente expuesta, antes mencionada”, tiene dos vuelos a Guatemala, y nueve vuelos a El Salvador.

Detalló que “esto es relevante en razón de que una de las tipologías más importantes del lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a países vecinos en Centroamérica, para que a partir de ahí puedan tomarse vuelos para llevar el efectivo a paraísos de naturaleza fiscal; no estamos afirmando”, sino sólo explicando el modelo, afirmó.

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La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo en otro tema, con relación a los siete gasoductos que se encuentran detenidos, que “se les entregaron permisos a las compañías, pero no se les dio el derecho de vía”.

Por lo que cuando se meten las empresas a hacer los gasoductos “se topan con problemas sociales porque en una forma irresponsable se entregan permisos sin tener el desarrollo del proyecto concluido, y eso sí es responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía”.

El pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Guillermo Ignacio García Alcocer, de posible “conflicto de interés”, luego de que éste criticara los perfiles de las personas propuestas por el presidente para ocupar los puestos vacantes en la CRE.

García Alcocer solicita audiencia con AMLO

Tras las aseveraciones hechas en la conferencia matutina, el presidente de la CRE negó haber cometido alguna irregularidad o actuado con preferencias para otorgar permisos.

En conferencia de prensa García Alcocer argumentó que “el otorgamiento de permisos en la CRE incluyendo el de las empresas referidas en la mañana, se realizaron en apego al marco legal vigente y se otorgaron a quienes cumplieron con los requisitos de ley, esto no significa trato preferencia ni conflicto de interés”.

El funcionario resaltó que estos señalamiento por parte del gobierno vinieron luego de que él expresara su opinión sobre la terna propuesta por el presidente para ocupar los puestos como comisionados de la CRE, por lo cual considera que se está “utilizando a las instituciones del gobierno” con fines políticos. 

“En suma, nada de lo señalado en la conferencia matutina demuestra un conflicto de interés o una conducta inapropiada de mi parte. Siempre me he conducido con rectitud y transparencia en mi vida profesional, y los últimos 24 años de de servicio público ininterrumpido así lo demuestran (…) desde aquí solicito una audiencia al presidente López Obrador, para que escuche mi verdad y para demostrarle que los organismos autónomos no somos enemigos de su proyecto de nación”, agregó.

Finalmente García Alcocer aseguró que no solicitará permiso para dejar su cargo y que la única autoridad que podría removerlo es el Senado de la República, pero “nosotros no hemos incumplido en ningún momento con la ley”.

 

Con información de Notimex.

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Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchas mujeres inocentes presas: Evelyn Hernández

BBC Mundo habló con Hernández, quien fue condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un parto extrahospistalario en el que su bebé nació muerto. Tras 33 meses en la cárcel y ser absuelta, ahora se plantea cómo recomenzar su vida.
21 de agosto, 2019
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Evelyn Hernández dice que siente que acaba de despertar de un mal sueño: la pesadilla más terrible y larga de su vida.

Duró tres años, cuatro meses y 13 días, se alargó por inviernos y noches y vio cómo en el camino, en el tiempo que pasaba tras las rejas, ella misma y su cuerpo cambiaban y se iba haciendo adulta.

Comenzó una mañana de abril de 2016, poco después de despertar, cuando un chorro de sangre en sus piernas la llevó a un hospital y, después, a la cárcel.

Tenía entonces 18 años y dice que esa mañana tuvo unos dolores en el vientre que casi la dejan inconsciente.

Sin saber que estaba embarazada, según su testimonio, dio a luz a un feto muerto que la policía encontró horas más tarde en una fosa séptica en el caserío donde vivía, en el Cantón El Carmen, en El Salvador.

Después de que los médicos constataran el parto fue acusada de “homicidio agravado”, en un país donde abortar o dar a luz un bebé muerto fuera de un hospital es considerado un crimen y las mujeres se enfrentan a penas de cárcel de decenas de años.

Evelyn Hernández

Familia de Evelyn Hernández
Evelyn Hernández tenía 18 años cuando tuvo un parto extrahospitalario.

En 2017 le impusieron una condena de 30 años. Pero tras un largo proceso de sentencias anuladas, repetición del juicio, pruebas, argumentos y apelaciones, fue finalmente absuelta a inicios de esta semana.

En total, Hernández pasó 33 meses en prisión.

“Primero sentí que el juez me iba a condenar, pero ya después dijo que no me podía acusar porque él no tenía la certeza de lo que estaban diciendo en mi contra. Me dio mucha alegría, me dieron ganas de llorar”, recuerda en conversación telefónica con BBC Mundo.

“(Sentí que quedaba atrás) el recuerdo del pasado y de todo lo que decían contra mí, sentí que estaba empezando de nuevo”.

Fue la primera vez en la historia de El Salvador en que una mujer condenada por practicar un aborto regresaba a la corte para que se revisara su sentencia y, finalmente, era absuelta de sus cargos.

Su caso abre ahora las puertas de la esperanza para al menos otras 19 mujeres -todas de bajos recursos o provenientes de zonas muy pobres- que cumplen penas de hasta 35 años en el país por casos similares.


El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: la interrupción del embarazo es ilegal en todas las circunstancias.

Las que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y en muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de “homicidio agravado”, que conlleva una pena mínima de 30 años.

A varias de las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les ha conmutado las condenas en los últimos años, pero los veredictos no eran anulados y declaradas absueltas, como sucedió ahora.

Evelyn Hernández

BBC
El caso de Evelyn Hernández recibió gran atención mediática dentro y fuera de El Salvador.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió tratar de reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que ni siquiera tiene en agenda su discusión.

“Con la absolución de Evelyn esperamos que se siente un precedente para el caso de estas mujeres que son criminalizadas y, muchas veces, estigmatizadas por la sociedad, los administradores de justicia y la Fiscalía”, le dice a BBC Mundo Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

“Creemos que la Fiscalía de El Salvador tiene que buscar un ordenamiento de las políticas para establecer el debido proceso sin violentar las garantías constitucionales de estas mujeres. Este fue un paso muy importante, pero queda mucho por hacer”, agrega.


Evelyn Hernández dice que por ahora quiere olvidar, rehacer su vida, e intentar ayudar a otras mujeres que, como ella hasta hace muy poco, solo ven como futuro una prisión.

“Recuerdo ese tiempo con mucho sentimiento y tristeza, porque fue muy duro lo que me pasó. Mal me trataban en la cárcel, me señalaban por el delito que me acusaban”, dice.

En su país, cuenta, las mujeres que han sido juzgadas por un aborto no solo se enfrentan a la Justicia, sino también a la exclusión de una sociedad conservadora donde los valores religiosos forman parte cotidiana de la vida.

“Realmente tenía el temor de que me señalaran cuando me liberaron. Pero siempre dije en mi mente: tengo que poner la cara en alto, porque lo que ellos me señalan no es cierto“.

Hernández cursaba bachillerato cuando conoció al pandillero que asegura fue el responsable de dejarla embarazada en una violación y que la aterrorizó después con sus amenazas.

Ahora tiene 21 años y, después de haber pasado 33 meses en la cárcel y otros seis de libertad condicional, dice que no muy tiene claro qué pasará ahora con su vida.

“Mi plan ahorita es seguir estudiando y terminar mi último año de bachillerato para ir a la universidad. En mis planes antes estaba estudiar enfermería, pero ya no quiero eso. Todavía no sé qué (estudiaré) en la universidad”, afirma.

Su meta por el momento, agrega, es estar con su familia y ayudar a buscar justicia para las otras 19 mujeres que están en una situación similar a la que ella pasó en El Salvador.

“Ojalá que esto sirva para que se vayan dando cuenta de que hay muchas muchachas que todavía están presas por haber pasado por algo parecido a mí”.

“Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchachas inocentes allí. Hay muchas muchachas allá adentro (de la cárcel) que son inocentes”.


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