Detectan presunto lavado de dinero utilizando bitcoins en México; cárteles estarían vinculados
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Detectan presunto lavado de dinero utilizando bitcoins en México; cárteles estarían vinculados

Existe una alta probabilidad de que este sistema ya esté siendo utilizado para el ocultamiento de ganancias ilícitas, indicó el titular de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas.
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17 de marzo, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) investiga dos casos de posible lavado de dinero en los cuales grupos delictivos estarían convirtiendo fuertes sumas de dinero, provenientes de actividades ilícitas, en monedas digitales conocidas como “criptomonedas”, las cuales pueden ser transferidas casi de forma anónima al sistema financiero internacional.

Los indicios surgieron cuando entidades financieras que operan en plataformas tecnológicas detectaron en México la compra masiva de “bitcoins”, la criptomoneda de mayor circulación en el mundo, por lo que dieron aviso a la FGR; esta última inició dos carpetas de investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Leer: Hacienda investigó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero; solo bloqueó cuentas de 14

Las indagatorias están a cargo de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, cuyo titular Marcos Arturo Rosales García reconoció que existe una alta probabilidad de que este sistema ya esté siendo utilizado para el ocultamiento de ganancias ilícitas, debido a la naturaleza del mismo y a los escasos controles que existen actualmente.

“Estas criptomonedas al permitirte hacer movimientos internacionales de manera tan sencilla, te pueden dar la capacidad de hacer el lavado de dinero sacando recursos de un país a otro, y llevándolo a otro lugar donde ya viene limpio, lo incorporas al sistema financiero y lo puedes sacar sin ningún problema”, dijo el funcionario.

En la investigación de estos casos se está trabajando de cerca tanto con las entidades que manejan carteras de “bitcoins”, así como con el Banco de México. Añadió que también cuentan con asistencia del Buró Federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés), quien previamente capacitó a los funcionarios en la detección y seguimiento de este tipo de casos.

De momento, y dado que las carpetas de investigación se encuentran abiertas, no se pueden dar detalles del caso. No obstante, cuestionado sobre si grupos de la delincuencia organizada dedicados al narcotráfico, robo de combustible o alguna actividad similar podrían estar involucrados en estas operaciones de lavado, el funcionario dijo que es una de las posibilidades a considerar.

“Es algo que no podemos descartar. Si bien no tenemos información que en este momento nos pudiera apuntar a eso no lo descartaría porque, repito, es una nueva forma de dispersar recursos. Una más de muchas. No solo usan un solo mecanismo para hacer lavado de activos, sino emplean distintos métodos y esta puede ser una más de todas esas”, dijo el funcionario.

Rosales García destacó la complejidad que conlleva la investigación de estos casos no solo por el tema de lavado de dinero sino por su naturaleza intangible, sobretodo en el manejo de la evidencia y cadena de custodia. Y, además, aun no existen ministerios públicos especializados en ciberdelitos.

“Los agentes del MP son licenciados en Derecho, no son ingenieros y comprender los algoritmos matemáticos asociados a criptomonedas, el uso de VPN y proxys, la dark web, al temporalidad de la información, son asuntos que se vuelven complejos y nuestra tarea es traducirlo de tal forma que para el agente del MP se vuelva digerible, y lo pueda vaciar en una carpeta de investigación”, dijo Rosales

Armas, drogas y envíos por Fedex

Los casos de lavado de dinero a través de criptomonedas representan hoy un reto prioritario para la unidad de delitos cibernéticos, de la FGR. No obstante desde la creación de este grupo, hace casi dos años, se han realizado ya distintas investigaciones relacionadas con monedas digitales y su uso en actividades ilícitas.

“Hay una sociedad importante entre el bitcoin y la dark web, que es el mercado negro para estas actividades. Tenemos algunas investigaciones abiertas por compra y venta de drogas en internet, y de armas, utilizando la dark web y los bitcoins como mecanismo de transferencia”, dijo.

La dark web o internet oscura es la manera coloquial con que se conoce a ciertas plataformas y contenidos en línea al que solo se puede acceder con programas específicos que, en la mayoría de los casos, permiten la navegación anónima y ocultan la identificación de los equipos que se utilizan.

Hay casos que ya han tenido resultados. Por ejemplo, el funcionario explicó que hace un año recibieron una alerta de Corea del Sur, luego de que dicho país detuvo a varios distribuidores de droga. Al investigar descubrieron que la droga distribuida provenía de México, y que se habían utilizado criptomonedas para su adquisición internacional.

Con esa información la unidad de investigación identificó a la empresa que había administrado las operaciones con bitcoins, y les solicitaron apoyo para rastrear los movimientos sospechosos y a la persona detrás de los mismos.

“Se hizo el análisis y logramos identificar a tres posibles responsables, y uno de ellos era de origen coreano. Se inició otro proceso de investigación ya en campo, y efectivamente este individuo estaba produciendo droga y distribuyendo droga. La enviaba a través de Fedex. No es como que mandan una lancha. Usan los servicios de paquetería”, dijo.

En síntesis, fue gracias al seguimiento de los movimientos de criptomonedas como se consiguió identificar al sospechoso.

Aunque no se trata de embarques gigantes, medio kilo de ciertas drogas – que pueden enviarse con relativa facilidad por paquetería – alcanzan un valor muy alto, sobretodo cuando llegan a otra parte del mundo. Lo mismo sucede con las armas de fuego. Y es en estos casos donde las criptomonedas se convierten en una herramienta “útil” para hacer los pagos.

El uso de esta “divisa” digital, advierte Rosales, va en crecimiento en diversas actividades ilícitas. El funcionario reveló, por ejemplo, que el año pasado se registró el secuestro de una licenciada en Derecho y como pago de rescate los delincuentes exigían la transferencia de cuatro bitcoins (que para ese momento equivalía a más de 800 mil pesos). Afortunadamente la víctima fue rescatada antes de que se hiciera ese pago.

50 criptomonedas y las computadoras zombi

En México se han detectado aproximadamente 50 criptomonedas distintas en operación, siendo las más populares “Bitcoin” y “Ethereum”, de acuerdo con datos de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas.

En 2018 el valor de cada bitcoin (la criptomoneda más popular) cayó desde los 400 mil hasta los 75 mil pesos. Esto debido a una desaceleración que hubo a nivel global en la adquisición de esta criptomoneda. Aun así su valor sigue siendo muy superior a los 2 mil pesos que costaba cada bitcoin hace diez años (cuando comenzó), y se prevé que tengan un nuevo repunte.

Lo atractivo de esta “divisa” es que no está regulada de forma central por un banco o una institución financiera tradicional, por lo que su manejo e intercambio es más “libre” aunque también más susceptible de fluctuaciones, y en síntesis depende de que los usuarios la sigan utilizando.

En nuestro país existen administradores transparentes de carteras de bitcoins como Bitso, que han colaborado con las autoridades. De hecho, hace un año aproximadamente, se publicó en México la denominada “Ley Fintech” que busca establecer cierta regulación en el manejo de esta divisa, sobretodo para que haya entidades responsables y que, en caso de ser necesario, colaboren con las autoridades.

Pero Rosales dijo que también existen los llamados “wallets negros”, que son administradores de criptomonedas que operan en la opacidad, sin que se sepa quiénes están detrás o dónde pueden ser localizados. Eso facilita aún más el “anonimato” en las transacciones de este tipo y, por ende, el atractivo para quienes buscan realizar operaciones ilícitas.

Una de las primeras investigaciones exitosas de la unidad cibernética de PGR tuvo que ver justamente con la “minería de criptomonedas”, como se le conoce a la actividad que consiste en validar transacciones con esa divisa, lo que permite obtener una fracción de ganancia de la operación y a su vez criptomonedas.

Para hacer ese trabajo se requiere un equipo de cómputo con un procesador potente que esté verificando múltiples operaciones matemáticas. Pero lo que descubrieron los investigadoras a finales de 2017 es que a través de un programa malicioso (malware), se infectó a múltiples computadoras para que hicieran dicha minería de criptomonedas.

En palabras de Rosales García se convirtió a dichos equipos en “computadoras zombi”, pues ejecutaban ese trabajo sin que sus dueños lo supieran, y sin obtener ellos el beneficio.

“El malware de este caso venía de Corea y posteriormente ya que se instalaba disparaba la información a servidores en aquel país. Hay un grupo de hackers de origen norcoreano que se llama Lázarus, que han venido afectando al sistema financiero en el mundo con casos así”, dijo.

Y añade:  “Afortunadamente logramos identificar este malware de manera rápida y controlarlo, pero existen muchos otros alrededor del mundo.  Hay redes masivas de computadoras zombis que están en espera del comando para ejecutarse. Destruir estas redes que existen en México no es un trabajo sencillo. Se cuelan por muchas fuentes como paquetería pirata, ausencia de antivirus, descargar aplicaciones desconocidas. Es un gran reto el que tenemos enfrente”, señaló.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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