A casi 10 años de que organizaciones de la sociedad civil denunciaran en múltiples ocasiones la existencia de celdas de aislamiento o calabozos donde se cometían violaciones graves a derechos humanos en estaciones migratorias de México, la nueva dirección del Instituto Nacional de Migracion (INM) informó que clausuró esas celdas de castigo
Así lo confirmó el INM a Animal Político, en el contexto de la presentación ayer en la Cámara de Diputados del informe La Detención Migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público, elaborado por las organizaciones civiles Sin Fronteras, Fundar, y Asilegal.
En el informe, una de los puntos rojos que se señala, es que organizaciones como Sin Fronteras denunciaron desde el año 2010 la existencia de calabozos en las estaciones del INM en Iztapalapa, Ciudad de México, y en Tapachula, Chiapas.
De acuerdo con los testimonios de migrantes, la autoridad los encerraba en esos cuartos de aislamiento como método de sanción, cuando a criterio de los agentes del INM incurrían en alguna infracción.
El aislamiento se realizaba en condiciones antihigiénicas, sin colchonetas ni sábanas para contrarrestar el frío, ni artículos de aseo personal. Además, en estas celdas de castigo existían restricciones en cuanto al acceso al agua potable; y los sanitarios no funcionaban.
Según lo documentado por el estudio, a pesar de que Sin Fronteras interpuso quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por “tratos inhumanos y degradantes” en contra de personas migrantes, la existencia de estos celdas de castigo se prolongó durante el sexenio de Felipe Calderón, y también durante la administración de Enrique Peña Nieto, que acabó el pasado 30 de noviembre de 2018.
Así lo señaló Ana Mercedes Saiz, nueva directora de Sin Fronteras, quien explicó durante la presentación del informe que, antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, documentaron otros cuatro casos de personas migrantes recluidas en la estación de Iztapalapa, en la capital el país, “que hablaron abiertamente de la existencia de un cuarto de castigo para mantener el orden si alguna persona no seguía las reglas impuestas por los custodios del lugar”.
“Este es un dato que se vino documentando, al menos, desde 2010”, recalcó la directora de Sin Fronteras, organización que también en 2013 y en 2015 denunció la existencia de estas celdas de castigo, junto con otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula.
Ante lo expuesto en el informe, Animal Político buscó a la nueva administración del Instituto Nacional de Migración, que dirige desde el 1 de diciembre el comisionado Tonatiuh Guillén.
Por medio de su dirección de comunicación social, el Instituto aseguró que si bien aún existe “la infraestructura”, es decir, las celdas, éstas ya no se usan para recluir a migrantes, castigarlos, o aislarlos.
“Ya no hay celda de castigo en Iztapalapa”, dijo el INM.
Tonatiuh Guillén, en una entrevista en noviembre pasado con Animal Político y Newsweek en Español antes de asumir la dirección del INM como comisionado, aseguró que erradicar la existencia de estas celdas de castigo era la “prioridad uno” para la nueva administración.
“Atender la situación en las estaciones migratorias será prioridad. Hay historias, como la existencia de celdas de castigo, que deben quedar para siempre en el olvido; no se puede volver a repetir”, recalcó Guillén.
Modelo más de albergue, que cárcel
Otro de los focos rojos señalados por el informe de Sin Fronteras, Fundar, y Asilegal, es que las estaciones migratorias son, en realidad, cárceles para migrantes, a pesar de que, según la Ley de Migración, transitar sin documentos por territorio mexicano equivale a una falta administrativa, y no a un delito que amerite prisión.
Sobre este punto, la nueva dirección del INM admitió a Animal Político que “en estructura, las estaciones siguen estando como antes”, aunque ya iniciaron “un proceso de renovación” al interior del Instituto para que éstas dejen de ser cárceles de facto, con bardas, mallas, rejas, y puertas de barrotes de hierro, y en las que, además, hay pésimas condiciones de higiene y mala atención médica, psicológica, y asesoría legal.
“En general, el concepto de estación migratoria está en tensión con el nuevo escenario que plantea el INM. No desaparecerán todas las estaciones migratorias, pero girarán más en un concepto de albergue y no de detención en el sentido policiaco, como dominó en los años anteriores”, apuntó la dirección de comunicación del INM, que señaló que el cierre de cinco estaciones migratorias, el pasado 1 de marzo, en Morelia, Acapulco, Nogales, Tuxpan y Reynosa, por falta de condiciones mínimas para operar y proveer servicios mínimos, es parte de ese proceso de renovación.
Un castigo, ser agente de protección a niños migrantes
Durante la presentación ayer del informe La detención migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público, Isabel Velasco, nueva directora de protección a niños, niñas y adolescentes migrantes del INM, dijo que otro de los focos rojos que deben atender es el de los menores migrantes.
Sobre esta problemática, el informe advierte que, a casi tres años de la aprobación de la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que estipula que los menores deben estar en albergues del DIF o de la sociedad civil durante el tiempo que dure su trámite migratorio, la realidad es que la detención de menores migrantes que fueron recluidos en estaciones del INM experimentó un boom en el sexenio pasado.
Y así lo reflejan con claridad las estadísticas oficiales de la Unidad de Política Migratoria: entre 2013 y 2018, 151 mil 594 migrantes menores de edad fueron detenidos, un 304% más que en el sexenio de Felipe Calderón.
Ante este contexto, la funcionaria del INM dijo que ya se está trabajando con organizaciones de la sociedad civil para encontrar alternativas a la detención de los menores migrantes, para que éstos aguarden su proceso migratorio en albergues y no detenidos en estaciones migratorias.
Además, la funcionaria del INM criticó que, durante la pasada administración de Peña Nieto, hubo negligencias por parte de personal del Instituto en cuanto a la atención a a los menores migrantes.
Sobre esto, Isabel Velasco dijo a Animal Político que, de acuerdo con “un estudio interno” realizado por la nueva administración del INM sobre los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), encontraron que éstos eran agentes migratorios sin el perfil adecuado para atender las necesidades de los migrantes menores de edad.
“En realidad, eran agentes migratorios a los que se les daba una simple capacitación y con eso les ponían el chaleco de Oficiales de Proteccion a la Infancia, y ya”.
“Lo más triste que encontré en ese estudio -añadió la funcionaria-, es que personas que no querían ser Oficiales de Proteccion a la Infancia los obligaban a serlo. Es decir, los castigaban con eso. Les decían: Ah, incumpliste en algo, pues ahora te toca ser Oficial de Protección a la Infancia”.
En las próximas semanas, se abrirá una convocatoria para buscar nuevos OPIs. Pero “con un perfil totalmente diferente al que estaba”, es decir, se buscará un perfil más de psicología, pedagogía, y trabajo social con menores.
“Vamos a empezar a depurar. Necesitamos agentes con el perfil adecuado y que no vean este trabajo como un castigo”, recalcó la funcionaria del INM.
Lee aquí o descarga el informe completo La Detención Migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público
