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Cuartoscuro Archivo

Cierran celdas de castigo en estaciones migratorias; desde el 2010 se denunciaban abusos

La existencia de calabozos y celdas de aislamiento en estaciones del INM se prolongó durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, de acuerdo con organizaciones Sin Fronteras, Fundar, y Asilegal.
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20 de marzo, 2019
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A casi 10 años de que organizaciones de la sociedad civil denunciaran en múltiples ocasiones la existencia de celdas de aislamiento o calabozos donde se cometían violaciones graves a derechos humanos en estaciones migratorias de México, la nueva dirección del Instituto Nacional de Migracion (INM) informó que clausuró esas celdas de castigo

Así lo confirmó el INM a Animal Político, en el contexto de la presentación ayer en la Cámara de Diputados del informe La Detención Migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público, elaborado por las organizaciones civiles Sin Fronteras, Fundar, y Asilegal.

Lee: Política migratoria de México no puede estar subordinada a la de Trump: equipo de AMLO

En el informe, una de los puntos rojos que se señala, es que organizaciones como Sin Fronteras denunciaron desde el año 2010 la existencia de calabozos en las estaciones del INM en Iztapalapa, Ciudad de México, y en Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con los testimonios de migrantes, la autoridad los encerraba en esos cuartos de aislamiento como método de sanción, cuando a criterio de los agentes del INM incurrían en alguna infracción.

El aislamiento se realizaba en condiciones antihigiénicas, sin colchonetas ni sábanas para contrarrestar el frío, ni artículos de aseo personal. Además, en estas celdas de castigo existían restricciones en cuanto al acceso al agua potable; y los sanitarios no funcionaban.

Según lo documentado por el estudio, a pesar de que Sin Fronteras interpuso quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por “tratos inhumanos y degradantes” en contra de personas migrantes, la existencia de estos celdas de castigo se prolongó durante el sexenio de Felipe Calderón, y también durante la administración de Enrique Peña Nieto, que acabó el pasado 30 de noviembre de 2018.

Así lo señaló Ana Mercedes Saiz, nueva directora de Sin Fronteras, quien explicó durante la presentación del informe que, antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, documentaron otros cuatro casos de personas migrantes recluidas en la estación de Iztapalapa, en la capital el país, “que hablaron abiertamente de la existencia de un cuarto de castigo para mantener el orden si alguna persona no seguía las reglas impuestas por los custodios del lugar”.

“Este es un dato que se vino documentando, al menos, desde 2010”, recalcó la directora de Sin Fronteras, organización que también en 2013 y en 2015 denunció la existencia de estas celdas de castigo, junto con otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula.

Ante lo expuesto en el informe, Animal Político buscó a la nueva administración del Instituto Nacional de Migración, que dirige desde el 1 de diciembre el comisionado Tonatiuh Guillén.

Por medio de su dirección de comunicación social, el Instituto aseguró que si bien aún existe “la infraestructura”, es decir, las celdas, éstas ya no se usan para recluir a migrantes, castigarlos, o aislarlos.

“Ya no hay celda de castigo en Iztapalapa”, dijo el INM.

Tonatiuh Guillén, en una entrevista en noviembre pasado con Animal Político y Newsweek en Español antes de asumir la dirección del INM como comisionado, aseguró que erradicar la existencia de estas celdas de castigo era la “prioridad uno” para la nueva administración.

“Atender la situación en las estaciones migratorias será prioridad. Hay historias, como la existencia de celdas de castigo, que deben quedar para siempre en el olvido; no se puede volver a repetir”, recalcó Guillén.

Modelo más de albergue, que cárcel

Otro de los focos rojos señalados por el informe de Sin Fronteras, Fundar, y Asilegal, es que las estaciones migratorias son, en realidad, cárceles para migrantes, a pesar de que, según la Ley de Migración, transitar sin documentos por territorio mexicano equivale a una falta administrativa, y no a un delito que amerite prisión.

Sobre este punto, la nueva dirección del INM admitió a Animal Político que “en estructura, las estaciones siguen estando como antes”, aunque ya iniciaron “un proceso de renovación” al interior del Instituto para que éstas dejen de ser cárceles de facto, con bardas, mallas, rejas, y puertas de barrotes de hierro, y en las que, además, hay pésimas condiciones de higiene y mala atención médica, psicológica, y asesoría legal.

“En general, el concepto de estación migratoria está en tensión con el nuevo escenario que plantea el INM. No desaparecerán todas las estaciones migratorias, pero girarán más en un concepto de albergue y no de detención en el sentido policiaco, como dominó en los años anteriores”, apuntó la dirección de comunicación del INM, que señaló que el cierre de cinco estaciones migratorias, el pasado 1 de marzo, en Morelia, Acapulco, Nogales, Tuxpan y Reynosa, por falta de condiciones mínimas para operar y proveer servicios mínimos, es parte de ese proceso de renovación.

Un castigo, ser agente de protección a niños migrantes

Durante la presentación ayer del informe La detención migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público, Isabel Velasco, nueva directora de protección a niños, niñas y adolescentes migrantes del INM, dijo que otro de los focos rojos que deben atender es el de los menores migrantes.

Sobre esta problemática, el informe advierte que, a casi tres años de la aprobación de la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que estipula que los menores deben estar en albergues del DIF o de la sociedad civil durante el tiempo que dure su trámite migratorio, la realidad es que la detención de menores migrantes que fueron recluidos en estaciones del INM experimentó un boom en el sexenio pasado.

Y así lo reflejan con claridad las estadísticas oficiales de la Unidad de Política Migratoria: entre 2013 y 2018, 151 mil 594 migrantes menores de edad fueron detenidos, un 304% más que en el sexenio de Felipe Calderón.

Ante este contexto, la funcionaria del INM dijo que ya se está trabajando con organizaciones de la sociedad civil para encontrar alternativas a la detención de los menores migrantes, para que éstos aguarden su proceso migratorio en albergues y no detenidos en estaciones migratorias.

Además, la funcionaria del INM criticó que, durante la pasada administración de Peña Nieto, hubo negligencias por parte de personal del Instituto en cuanto a la atención a a los menores migrantes.

Sobre esto, Isabel Velasco dijo a Animal Político que, de acuerdo con “un estudio interno” realizado por la nueva administración del INM sobre los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), encontraron que éstos eran agentes migratorios sin el perfil adecuado para atender las necesidades de los migrantes menores de edad.

“En realidad, eran agentes migratorios a los que se les daba una simple capacitación y con eso les ponían el chaleco de Oficiales de Proteccion a la Infancia, y ya”.

“Lo más triste que encontré en ese estudio -añadió la funcionaria-, es que personas que no querían ser Oficiales de Proteccion a la Infancia los obligaban a serlo. Es decir, los castigaban con eso. Les decían: Ah, incumpliste en algo, pues ahora te toca ser Oficial de Protección a la Infancia”.

En las próximas semanas, se abrirá una convocatoria para buscar nuevos OPIs. Pero “con un perfil totalmente diferente al que estaba”, es decir, se buscará un perfil más de psicología, pedagogía, y trabajo social con menores.

“Vamos a empezar a depurar. Necesitamos agentes con el perfil adecuado y que no vean este trabajo como un castigo”, recalcó la funcionaria del INM.

Lee aquí o descarga el informe completo La Detención Migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público

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Qué buscaba originalmente la 'Guerra contra las drogas' que declaró EU en 1971

Nixon describió el abuso de drogas como una 'emergencia nacional' y le pidió al Congreso casi US$400 millones de dólares para abordar el problema. Todos estos años y muertos más tarde, Jeffrey Donfeld le contó a la BBC cuál era el enfoque en un principio.
13 de mayo, 2019
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Richard Nixon

Getty Images
Richard Nixon fue presidente de EE.UU. entre 1969 y 1973.

“La adicción a las drogas es el enemigo público número uno de Estados Unidos”.

La frase fue pronunciada por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa Blanca en junio de 1971.

De esa manera comenzó lo que se ha conocido como la “guerra contra las drogas”, que ha llevado al gobierno estadounidense a gastar cerca de US$51.000 millones con el fin de combatir la compraventa de sustancias ilegales, a las que consideran un flagelo.

Y que ha hecho que cerca del 22% de la población carcelaria del país esté tras las rejas por delitos relacionados con la tenencia y el consumo de estupefacientes.

Sin embargo, más allá de los resultados y las estadísticas, esta “guerra” en un principio tuvo un enfoque muy distinto al que presenta actualmente.

“Se pensaba más en encontrar al adicto y ayudarlo que en encontrar al adicto y encerrarlo en una cárcel”, le dijo a la BBC Jeffrey Donfeld, un abogado californiano que fue el encargado de liderar la improbable misión de erradicar el consumo de drogas en el país.

Él fue el primer director de la Oficina Especial de Acción para Combatir la Adicción a las Drogas, tal su título formal.

policías sobre paquetes de cocaína

Getty Images
Actualmente EE.UU. se gasta unos US$51.000 millones en combatir el consumo de droga en su país.

“Era algo que realmente estaba presente en la cultura. Era el tercer tema que más preocupaba a los estadounidenses en aquellos años después de la guerra de Vietnam y la economía”, explicó.

Pero, ¿cómo fue esa primera aproximación de la llamada “guerra contra las drogas”, casi medio siglo atrás?

Emergencia nacional

En su tercer año como presidente, Richard Nixon vio cómo los niveles de adicción a las drogas y la criminalidad aumentaban dramáticamente en el país, por lo que decidió decretar la emergencia nacional y buscar recursos en el Congreso.

En junio de 1971, con un presupuesto cercano a los US$71 millones aprobado por los legisladores, comenzaron los programas para controlar la adicción a las sustancias ilícitas en todo el país.

Uno de ellos contemplaba presionar a otros países como Francia, Tailandia y Turquía para que tomaran acciones en contra de la producción de estupefacientes en sus respectivos territorios.

“Los otros dos fueron quitarle el glamour que estaba asociado a la idea del consumo, que estaba muy extendido en EE.UU. por entonces, y desarrollar un nuevo acercamiento para tratar a los adictos”, relató Donfeld.

Mano con pinchanzos

Getty Images
En 1971 se declaró la emergencia nacional por el tema del consumo de drogas.

Aunque se consumía mucho LSD y marihuana -la cocaína no había hecho su aparición a gran escala todavía-, lo cierto es que la droga que más llamaba la atención era otra: la heroína.

Por esa razón, Donfeld viajó por todo el país visitando centros para el tratamiento de adictos a este potente opioide.

Y aunque se encontró con muchas clínicas donde prevalecía la terapia como enfoque para dejar la adicción, le llamó la atención un lugar en particular: el centro terapéutico Daytop, que tenía sus principales sedes en Nueva York y Washington DC.

Nos dimos cuenta que a los adictos les daban metadona como reemplazo de la heroína“, explicó Donfeld.

“Era algo novedoso en aquellos tiempos. Aunque era una droga, la persona que la consumía, además de estar en terapia, podía ir a trabajar y tener una vida cercana a normal”, explicó el exdirector.

Metadona y racismo

Pero su viaje no solo le reveló este dato, sino que también le mostró que había una fuerte relación entre los crímenes y el consumo de drogas en varias de las principales ciudades de EE.UU.

Consumo de drogas

Getty Images
El consumo de heroína y drogas psicodélicas era lo que preocupaba a las autoridades estadounidenses.

“En aquellos centros de tratamiento había muchas personas que habían estado en la cárcel”, explicó.

“Y dentro de esa evaluación general que hicimos en el país, recibimos unas cifras que señalaban que las personas que recibían la metadona eran mucho menos proclives a reincidir en el crimen que aquellas que solo asistían a procesos de terapia”, recordó el abogado.

Entonces, Donfeld diseñó una campaña para convertir el uso de la metadona en un asunto nacional.

Pero se topó con varios problemas. Uno de ellos: lo acusaron de que su estrategia era racista.

“Varias entidades indicaron que esa idea, que podía ayudar a reducir los índices de criminalidad, era en realidad una estrategia del gobierno de Nixon para subyugar a las comunidades negras de EE.UU.”, relató.

“Era una acusación falsa. Nuestra intención no solo era reducir el consumo y ayudar a combatir el crimen, sino reducir las muertes por heroína”, se defendió el exfuncionario.

Heroína

Getty Images
Actualmente, Estados Unidos vive otra emergencia nacional debido al consumo de opiáceos y drogas relacionadas con la heroína.

Así las cosas, la ayuda para extender su idea y convencer al presidente Nixon le llegó de donde menos lo esperaba: Vietnam.

Regreso a casa

Por entonces, dos congresistas hicieron un viaje de visita a las tropas estadounidenses desplegadas en Vietnam y, al regreso, reportaron que entre el 10% y el 15% de los efectivos en el terreno eran adictos a la heroína.

Donfeld, enviado por Nixon, se reunió con los generales que, según él, no tenían la menor idea de cómo combatir ese flagelo. Entonces les propuso una idea.

“La propuesta era llevar dos máquinas que podían detectar rastros de drogas en la orina. Y allá les avisaron a los soldados que si se hallaban drogas en las muestras, se iban a demorar una semana más en llegar a casa, porque había que desintoxicarlos”, recordó.

Heroína.

Getty Images
Dos congresistas señalaron que entre el 10% y el 15% de los soldados de Vietnam eran adictos a la heroína.

“Nadie quería quedarse una semana más. Así que muchos dejaron de consumir o se sometieron a un tratamiento. Ese fue un enfoque distinto al que existía previamente, que era simplemente enviar ante una corte marcial a quienes fueran sorprendidos consumiendo drogas”.

Lo cierto es que ese enfoque comenzó a aplicarse también en algunas ciudades de Estados Unidos a través de la oficina antidrogas de la que Donfeld era director.

“Al año siguiente los índices de criminalidad se redujeron entre un 20% y un 30% en ciudades como Nueva York y Washington. Creo que era una estrategia válida y efectiva, aunque creo que ha cambiado mucho en los últimos años”, concluyó.

El proyecto fue modificado después de que Nixon -quien había sido el propulsor de la guerra contra las drogas- se convirtió en el primer presidente de EE.UU. en renunciar a su cargo, tras haber sido reelegido en 1972 y por cuenta del encubrimiento en el sonado caso de Watergate.


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