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Foto: Itxaro Arteta
México tiene una crisis forense, las morgues del país están sobrepasadas, dice la titular de la Comisión de Búsqueda
Karla Quintana mencionó en entrevista que es prioridad la búsqueda en vida, y no suponer que todos los desaparecidos están muertos, además de identificar todos los cuerpos que están en instituciones del Estado.
Foto: Itxaro Arteta
5 de marzo, 2019
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Karla Quintana se estrenó como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de personas desaparecidas con el hallazgo de 69 cuerpos en 49 fosas clandestinas en Colima. Apenas había sido designada, el 9 de febrero, cuando viajó a acompañar las labores de peritaje y a las familias que buscan pistas de dónde quedó el ser querido que no encuentran.

De vuelta en su nueva oficina, tuvo que empezar a lidiar con que a pesar de que la Comisión cumple un año de haber sido creada, sólo había 12 personas trabajando (de 43 plazas) y no tiene ni una página de internet para dar información, ni un teléfono al cual llamar para denunciar una desaparición.

Leer: En 2018, ningún estado usó recursos para buscar desaparecidos; Comisión Nacional gastó 1.4% de presupuesto

Por eso, menciona en entrevista con Animal Político que urge darle forma realmente a la institución, así como urge identificar los hasta 36 mil cuerpos que han pasado por morgues y forenses locales sin que se sepa quiénes son.

Búsqueda en vida, un enfoque pendiente

Ante la cifra de 40 mil desaparecidos reconocidos actualmente en México, la comisionada de búsqueda no tiene una respuesta única sobre por dónde empezar.

Uno de los puntos de arranque, desde el escritorio, es revisar la información que se tiene: si están actualizados los datos, si todos los estados reportaron igual a los desaparecidos o están contando cosas distintas, dónde están actualmente los cuerpos hallados por años.

Otro punto, ya en campo, es justamente ponerle nombre a esos cadáveres.

“La información que tenemos es lo que está en un papel, lo que está en una lista de lo que ha pasado por los diferentes institutos forenses o morgues. Eso no quiere decir necesariamente que esos cuerpos sigan ahí, pueden estar en fosas comunes. Y no sólo son cuerpos, también hay decenas de miles de restos óseos. Por eso hablamos de una crisis forense. Hemos escuchado lo que pasó en Jalisco, lo que pasa todos los días en las morgues del país, que están sobrepasadas.

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”Entonces creo que una de los varios pasos inmediatos es identificar, darles un nombre a todos estos cuerpos que ya están en posesión del Estado mexicano. No es posible que haya familiares caminando, todavía buscando a sus seres queridos, cuando muy probablemente estén ya en instalaciones estatales”, afirma.

Otra labor que Quintana asume como urgente es hacer búsqueda en vida, es decir, personas que no están localizadas, pero que se intuye que fueron víctimas de un delito, y que habría que hacer todo lo posible por encontrarlas antes de que terminen muertas.

“Tenemos que gestionar las búsquedas inmediatas en vida. No tenemos que presuponer que todo mundo está muerto o en una fosa clandestina, o en una fosa común”, señala. “Hay que cambiar el imaginario de que si está desaparecido, está muerto”.

Pone como ejemplo los casos que se han conocido de hombres reclutados por el crimen organizado con engaños, mediante una oferta de trabajo, para ser entrenados y obligados a trabajar para un cártel.

La comisionada subraya que un enfoque que no ha sido suficientemente explorado desde la institucionalidad es si una mujer desaparecida es víctima de trata de personas con fines sexuales.

“Sabiendo los contextos de cada región, sabemos la probabilidad de qué es lo que está pasando: no es lo mismo una desaparición de mujeres en el Estado de México o en Tlaxcala, que en Yucatán; no porque no se le vaya a buscar a la persona en Yucatán, pero el tipo de contexto sabemos más o menos a lo que nos estamos enfrentando, entonces si presumimos que es trata entonces revisar en autobuses, en carretera…”, explica.

Para eso, una de las obligaciones de la Comisión que no se cumplió el año pasado y se quedó sólo en borrador, fue la creación de un Protocolo Homologado de Búsqueda. Según Quintana, por ahora las autoridades sólo van reaccionando ante cada caso, en lugar de que en todos los niveles esté claro qué hacer ante una denuncia de desaparición.

—¿Cómo se busca si se cree que alguien quizá fue levantado por el crimen organizado, a diferencia de si se fue de su casa, o un mayor que se extravió? —, se le pregunta.

“La ley en materia de desaparición es clara en decir que lo que le corresponde a la Comisión es aquello que se puede presumir que es un delito, pero si estamos entre que si es un delito o no, hay que presumir que lo es y después descartar, ¿no?

”Muchas veces la búsqueda es en instituciones del propio Estado, y no se ha hecho. Necesitamos tener la capacidad de tener datos tanto de hospitales, instituciones de salud mental, penales, y no sólo acceso a los nombres sino a los rostros, y en caso de que se alegue una desaparición forzada y se señale directamente a una autoridad, buscarlo en las instalaciones de las autoridades señaladas.

”En desaparición de mujeres, hay muchas, no es la mayoría, pero hay muchos reportes de desaparición que también ellas salen de su casa por violencia. Entonces ahí también tenemos que generar un protocolo de qué pasa cuando la persona desaparecida no quiere regresar. Eso también es algo que no se ha tocado. Pero ante el alto número, índice, de feminicidios, yo como comisionada Nacional de Búsqueda voy a presumir que una mujer está desaparecida de manera involuntaria, para buscarla inmediatamente y evitar un feminicidio”.

La primera meta

Quintana sabe que las familias de desaparecidos esperan resultados, pero advierte que no puede fijar metas en números, como encontrar a una cantidad de personas en un cierto tiempo.

“Mi meta personal como comisionada es crear esta institución. Ojalá dando los resultados más rápidos posibles, pero el reto es titánico y lo ideal es que esta Comisión de Búsqueda sea una comisión que tome todas las medidas necesarias para el fin para el que fue creada, que es encontrarles, y darle certeza a los familiares de que se está haciendo todo para responder a esta tragedia humanitaria”, considera.

Pero a la CNB le sigue faltando de todo. Su sede está en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, en el edificio del Consejo Nacional de Población (Conapo), otro organismo adscrito a la Sercretaría de Gobernación (Segob), aunque sin relación. Tienen un piso completo para que trabajen 43 personas, un equipo que apenas se está completando. Afuera no hay señalamientos de que ahí es la Comisión Nacional de Búsqueda y si se rastrea en internet, no hay teléfono ni página.

“La ley prevé que la Comisión puede recibir una denuncia sin que haya una denuncia (ante MP). Y eso es importante en términos de miedo también. Porque mucha gente no denuncia por miedo, y piensa: en este momento no me interesa la persecución penal, me interesa encontrar. Y la ley también nos ordena a tener un número de emergencia, a tener una página, tener espacio para dar este tipo de información en medios como radio, televisión. Eso ya lo estamos trabajando, porque más allá de que se pase de voz en voz o de que esté en la ley, se tiene que socializar”, detalla.

Después, enfatiza, hace falta la coordinación interinstitucional. A la Comisión no le corresponde ir sólo a buscar fosas, sino coordinar un Sistema Nacional de Búsqueda, que integran Segob, las Fiscalías General y locales, el Sistema de Seguridad Pública y otras Comisiones de Búsqueda locales, entre otros.

Sólo en 10 estados hay Comisiones instaladas hasta ahora, y alrededor de cuatro en proceso; unas con una estructura hasta más grande que la nacional, como en el Estado de México, que hay 90 plazas, pero otras en las que sólo está el comisionado, como Jalisco. Quintana se ha estado reuniendo con los titulares y otra de sus metas a corto plazo es lograr que en cada estado haya una institución de búsqueda y un trabajo coordinado.

Además, una vez que haya despegado el mecanismo, planea para la propia CNB una reingeniería.

“Yo sí quiero revisar esa estructura en el año siguiente. Porque no necesariamente tiene la estructura o la visión que yo tengo de una Comisión Nacional de Búsqueda, donde debería de haber más forenses, más cientistas de datos, y menos personal de otros perfiles, como abogados o administradores. Creo que el perfil de una comisión de búsqueda tiene que ser más cargado del otro lado, y tanto en el terreno como en el laboratorio como en las bases de datos”, explica.

Encontrar patrones para tratar de prevenir las desapariciones

—¿Cree que los desaparecidos son el mayor problema de México en estos momentos? —, se le pregunta.

“Como defensora de derechos humanos yo te diría que sí. Es la mayor crisis en materia de derechos humanos, que es grandísima, porque no podemos olvidar feminicidios, trata, tortura. Pero la dimensión de la desaparición en México es el mayor reto en  materia de derechos humanos que está recibiendo este gobierno”, reconoce.

Además de acciones como calendarizar acompañamiento a las familias para buscar fosas, para la comisionada es fundamental trabajar con la información: desde coordinar que todos los estados reporten las desapariciones de una misma manera, hasta contar con los datos de los cuerpos encontrados.

“Y una vez que todas estas bases de datos estén bien alimentadas podamos también tener análisis de contexto, y esto permitirá crear una política pública en materia de desaparición. Digamos, todos quienes nos dedicamos a esto sabemos, por la práctica, más o menos cuáles son los modus operandi en los diferentes estados, quiénes son los sujetos, los perpetradores, incluso las personas desaparecidas qué rango de edad, qué sexo. Una buena base de datos nos va a arrojar mayor precisión en a quiénes estamos buscando y también qué patrones existen, que nos permita no solo seguir buscando y encontrar a las personas, sino también generar política pública de prevención”.

—¿Por qué no se ha logrado hasta tener estas bases de datos y coordinar forenses, ministerios públicos?, ¿ha sido cuestión de recursos o de voluntad?

“Yo creo que faltaba mucha voluntad política. Un paso importante que hay que reconocer, yo llevo muchos años trabajando en diferentes ámbitos como defensora, y era clarísimo que el gobierno mexicano siempre negaba los hechos. ¿La desaparición?, eso no existe en México, seguro fue alguien que salió a comprar tortillas y no regresó… Y creo que ya por lo menos en la narrativa, en los hechos públicos, se haya aceptado que existe esta pandemia, es un punto importante en términos de voluntad política”.

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EU “abre la puerta” para que 2,700 niños centroamericanos se reúnan con sus padres
El gobierno de Donald Trump llegó a un acuerdo para que se tramite la solicitud de 12 familias que habían postulado al programa Menores Centroamericanos antes de que este se cancelara en 2017.
14 de abril, 2019
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El gobierno de Donald Trump cerró este viernes en los tribunales un acuerdo que abre la puerta a que unos 2.700 menores que viven en Centroamérica se reúnan con sus padres en Estados Unidos.

Las autoridades saldaron así una denuncia interpuesta por 12 familias que habían postulado al programa gubernamental Menores Centroamericanos (Central American Minors), que fue cancelado en 2017. Este daba a niños de Honduras, El Salvador y Guatemala el derecho a reunirse con sus padres en EE.UU.

Muchos de los centroamericanos que se beneficiaban de él habían huido de sus países por conflictos y desastres naturales.

Los demandantes estaban representados por la organización de ayuda a inmigrantes CASA.

El mes pasado, el juez de una corte distrital en San Francisco dictó que las solicitudes hechas por estos padres fueran tramitadas pese a la cancelación del programa.

Escapar del peligro

Una de las madres afectadas, identificada en el caso como SA, ya había gastado miles de dólares en pasajes de avión cuando el programa se eliminó.

“Mi corazón salta y llora de alegría porque hay tanta gente que necesita escapar del peligro. Tengo fe de que pronto estaré junto a mi hija y mi nieto”, dijo.

El gobierno debe acabar de tramitar las solicitudes de menores que estaban en las últimas fases del proceso.

Linda Evarts, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, afirmó: “Estamos tan complacidos de que, después de muchos años separados, nuestros clientes vayan por fin a tener la oportunidad de volver a estar juntos de forma segura”.

Según el grupo, el gobierno prevé que a la mayoría de solicitantes se les permita viajar a EE.UU.

El mes pasado, Trump cortó las ayudas a Guatemala, El Salvador y Honduras para presionar a los gobiernos de estos países para que acaben con la emigración.

El número de solicitantes de asilo que huyen de la violencia en estas tres naciones ha aumentado mucho. La mayoría de inmigrantes en la frontera sur de EE.UU. proviene de uno de estos Estados.


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