México tiene una crisis forense, las morgues del país están sobrepasadas, dice la titular de la Comisión de Búsqueda
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Foto: Itxaro Arteta

México tiene una crisis forense, las morgues del país están sobrepasadas, dice la titular de la Comisión de Búsqueda

Karla Quintana mencionó en entrevista que es prioridad la búsqueda en vida, y no suponer que todos los desaparecidos están muertos, además de identificar todos los cuerpos que están en instituciones del Estado.
Foto: Itxaro Arteta
5 de marzo, 2019
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Karla Quintana se estrenó como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de personas desaparecidas con el hallazgo de 69 cuerpos en 49 fosas clandestinas en Colima. Apenas había sido designada, el 9 de febrero, cuando viajó a acompañar las labores de peritaje y a las familias que buscan pistas de dónde quedó el ser querido que no encuentran.

De vuelta en su nueva oficina, tuvo que empezar a lidiar con que a pesar de que la Comisión cumple un año de haber sido creada, sólo había 12 personas trabajando (de 43 plazas) y no tiene ni una página de internet para dar información, ni un teléfono al cual llamar para denunciar una desaparición.

Leer: En 2018, ningún estado usó recursos para buscar desaparecidos; Comisión Nacional gastó 1.4% de presupuesto

Por eso, menciona en entrevista con Animal Político que urge darle forma realmente a la institución, así como urge identificar los hasta 36 mil cuerpos que han pasado por morgues y forenses locales sin que se sepa quiénes son.

Búsqueda en vida, un enfoque pendiente

Ante la cifra de 40 mil desaparecidos reconocidos actualmente en México, la comisionada de búsqueda no tiene una respuesta única sobre por dónde empezar.

Uno de los puntos de arranque, desde el escritorio, es revisar la información que se tiene: si están actualizados los datos, si todos los estados reportaron igual a los desaparecidos o están contando cosas distintas, dónde están actualmente los cuerpos hallados por años.

Otro punto, ya en campo, es justamente ponerle nombre a esos cadáveres.

“La información que tenemos es lo que está en un papel, lo que está en una lista de lo que ha pasado por los diferentes institutos forenses o morgues. Eso no quiere decir necesariamente que esos cuerpos sigan ahí, pueden estar en fosas comunes. Y no sólo son cuerpos, también hay decenas de miles de restos óseos. Por eso hablamos de una crisis forense. Hemos escuchado lo que pasó en Jalisco, lo que pasa todos los días en las morgues del país, que están sobrepasadas.

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”Entonces creo que una de los varios pasos inmediatos es identificar, darles un nombre a todos estos cuerpos que ya están en posesión del Estado mexicano. No es posible que haya familiares caminando, todavía buscando a sus seres queridos, cuando muy probablemente estén ya en instalaciones estatales”, afirma.

Otra labor que Quintana asume como urgente es hacer búsqueda en vida, es decir, personas que no están localizadas, pero que se intuye que fueron víctimas de un delito, y que habría que hacer todo lo posible por encontrarlas antes de que terminen muertas.

“Tenemos que gestionar las búsquedas inmediatas en vida. No tenemos que presuponer que todo mundo está muerto o en una fosa clandestina, o en una fosa común”, señala. “Hay que cambiar el imaginario de que si está desaparecido, está muerto”.

Pone como ejemplo los casos que se han conocido de hombres reclutados por el crimen organizado con engaños, mediante una oferta de trabajo, para ser entrenados y obligados a trabajar para un cártel.

La comisionada subraya que un enfoque que no ha sido suficientemente explorado desde la institucionalidad es si una mujer desaparecida es víctima de trata de personas con fines sexuales.

“Sabiendo los contextos de cada región, sabemos la probabilidad de qué es lo que está pasando: no es lo mismo una desaparición de mujeres en el Estado de México o en Tlaxcala, que en Yucatán; no porque no se le vaya a buscar a la persona en Yucatán, pero el tipo de contexto sabemos más o menos a lo que nos estamos enfrentando, entonces si presumimos que es trata entonces revisar en autobuses, en carretera…”, explica.

Para eso, una de las obligaciones de la Comisión que no se cumplió el año pasado y se quedó sólo en borrador, fue la creación de un Protocolo Homologado de Búsqueda. Según Quintana, por ahora las autoridades sólo van reaccionando ante cada caso, en lugar de que en todos los niveles esté claro qué hacer ante una denuncia de desaparición.

—¿Cómo se busca si se cree que alguien quizá fue levantado por el crimen organizado, a diferencia de si se fue de su casa, o un mayor que se extravió? —, se le pregunta.

“La ley en materia de desaparición es clara en decir que lo que le corresponde a la Comisión es aquello que se puede presumir que es un delito, pero si estamos entre que si es un delito o no, hay que presumir que lo es y después descartar, ¿no?

”Muchas veces la búsqueda es en instituciones del propio Estado, y no se ha hecho. Necesitamos tener la capacidad de tener datos tanto de hospitales, instituciones de salud mental, penales, y no sólo acceso a los nombres sino a los rostros, y en caso de que se alegue una desaparición forzada y se señale directamente a una autoridad, buscarlo en las instalaciones de las autoridades señaladas.

”En desaparición de mujeres, hay muchas, no es la mayoría, pero hay muchos reportes de desaparición que también ellas salen de su casa por violencia. Entonces ahí también tenemos que generar un protocolo de qué pasa cuando la persona desaparecida no quiere regresar. Eso también es algo que no se ha tocado. Pero ante el alto número, índice, de feminicidios, yo como comisionada Nacional de Búsqueda voy a presumir que una mujer está desaparecida de manera involuntaria, para buscarla inmediatamente y evitar un feminicidio”.

La primera meta

Quintana sabe que las familias de desaparecidos esperan resultados, pero advierte que no puede fijar metas en números, como encontrar a una cantidad de personas en un cierto tiempo.

“Mi meta personal como comisionada es crear esta institución. Ojalá dando los resultados más rápidos posibles, pero el reto es titánico y lo ideal es que esta Comisión de Búsqueda sea una comisión que tome todas las medidas necesarias para el fin para el que fue creada, que es encontrarles, y darle certeza a los familiares de que se está haciendo todo para responder a esta tragedia humanitaria”, considera.

Pero a la CNB le sigue faltando de todo. Su sede está en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, en el edificio del Consejo Nacional de Población (Conapo), otro organismo adscrito a la Sercretaría de Gobernación (Segob), aunque sin relación. Tienen un piso completo para que trabajen 43 personas, un equipo que apenas se está completando. Afuera no hay señalamientos de que ahí es la Comisión Nacional de Búsqueda y si se rastrea en internet, no hay teléfono ni página.

“La ley prevé que la Comisión puede recibir una denuncia sin que haya una denuncia (ante MP). Y eso es importante en términos de miedo también. Porque mucha gente no denuncia por miedo, y piensa: en este momento no me interesa la persecución penal, me interesa encontrar. Y la ley también nos ordena a tener un número de emergencia, a tener una página, tener espacio para dar este tipo de información en medios como radio, televisión. Eso ya lo estamos trabajando, porque más allá de que se pase de voz en voz o de que esté en la ley, se tiene que socializar”, detalla.

Después, enfatiza, hace falta la coordinación interinstitucional. A la Comisión no le corresponde ir sólo a buscar fosas, sino coordinar un Sistema Nacional de Búsqueda, que integran Segob, las Fiscalías General y locales, el Sistema de Seguridad Pública y otras Comisiones de Búsqueda locales, entre otros.

Sólo en 10 estados hay Comisiones instaladas hasta ahora, y alrededor de cuatro en proceso; unas con una estructura hasta más grande que la nacional, como en el Estado de México, que hay 90 plazas, pero otras en las que sólo está el comisionado, como Jalisco. Quintana se ha estado reuniendo con los titulares y otra de sus metas a corto plazo es lograr que en cada estado haya una institución de búsqueda y un trabajo coordinado.

Además, una vez que haya despegado el mecanismo, planea para la propia CNB una reingeniería.

“Yo sí quiero revisar esa estructura en el año siguiente. Porque no necesariamente tiene la estructura o la visión que yo tengo de una Comisión Nacional de Búsqueda, donde debería de haber más forenses, más cientistas de datos, y menos personal de otros perfiles, como abogados o administradores. Creo que el perfil de una comisión de búsqueda tiene que ser más cargado del otro lado, y tanto en el terreno como en el laboratorio como en las bases de datos”, explica.

Encontrar patrones para tratar de prevenir las desapariciones

—¿Cree que los desaparecidos son el mayor problema de México en estos momentos? —, se le pregunta.

“Como defensora de derechos humanos yo te diría que sí. Es la mayor crisis en materia de derechos humanos, que es grandísima, porque no podemos olvidar feminicidios, trata, tortura. Pero la dimensión de la desaparición en México es el mayor reto en  materia de derechos humanos que está recibiendo este gobierno”, reconoce.

Además de acciones como calendarizar acompañamiento a las familias para buscar fosas, para la comisionada es fundamental trabajar con la información: desde coordinar que todos los estados reporten las desapariciones de una misma manera, hasta contar con los datos de los cuerpos encontrados.

“Y una vez que todas estas bases de datos estén bien alimentadas podamos también tener análisis de contexto, y esto permitirá crear una política pública en materia de desaparición. Digamos, todos quienes nos dedicamos a esto sabemos, por la práctica, más o menos cuáles son los modus operandi en los diferentes estados, quiénes son los sujetos, los perpetradores, incluso las personas desaparecidas qué rango de edad, qué sexo. Una buena base de datos nos va a arrojar mayor precisión en a quiénes estamos buscando y también qué patrones existen, que nos permita no solo seguir buscando y encontrar a las personas, sino también generar política pública de prevención”.

—¿Por qué no se ha logrado hasta tener estas bases de datos y coordinar forenses, ministerios públicos?, ¿ha sido cuestión de recursos o de voluntad?

“Yo creo que faltaba mucha voluntad política. Un paso importante que hay que reconocer, yo llevo muchos años trabajando en diferentes ámbitos como defensora, y era clarísimo que el gobierno mexicano siempre negaba los hechos. ¿La desaparición?, eso no existe en México, seguro fue alguien que salió a comprar tortillas y no regresó… Y creo que ya por lo menos en la narrativa, en los hechos públicos, se haya aceptado que existe esta pandemia, es un punto importante en términos de voluntad política”.

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Jurado acusa a dos hombres por tráfico de personas y muerte de migrantes hallados en camión en Texas

Homero Zamorano y Christian Martínez enfrentarán una condena que puede llegar a ser la pena de muerte.
21 de julio, 2022
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Dos hombres fueron acusados por el tráfico y la muerte de 53 migrantes en Texas, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un gran jurado federal en la ciudad de San Antonio acusó formalmente a Homero Zamorano y a Christian Martínez, ambos texanos, de cuatro cargos:

  • conspiración para transportar migrantes de forma ilegal con resultado de muerte,
  • transporte de extranjeros de forma ilegal con resultado de muerte,
  • conspiración para transportar migrantes de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro,
  • transporte de extranjeros de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro.
El conductor del tráiler con migrantes muertos

Reuters
Homero Zamorano ha sido acusado por la muerte de los 53 migrantes en San Antonio.

La pena máxima por estos cargos es la cadena perpetua o la pena de muerte, algo que analizará el fiscal general antes de pedir la condena en los próximos días.

Un juez federal determinará luego la sentencia.

Una tragedia

El incidente en San Antonio, ocurrido el pasado 27 de junio, es el caso de tráfico de personas más mortífero en la historia reciente de EE.UU.

“Un trabajador de uno de los edificios aquí atrás escuchó un grito de ayuda. Salió a investigar, encontró un remolque con las puertas entreabiertas, las abrió para mirar y encontró varias personas fallecidas adentro”, narró entonces el jefe de la Policía de San Antonio, William McManus.

Además de los 50 adultos y tres menores de edad que murieron, 10 adultos y un menor resultaron heridos.

Entre las víctimas había mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Muerte por calor

Zamorano, de 46 años, conducía el camión y fue captado por las cámaras en un punto de inspección del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., aunque en ese momento no fue detenido.

Horas después, cuando ocurrió el hallazgo de los migrantes, Zamorano “fue encontrado escondido en la maleza después de intentar fugarse”, según la investigación del Departamento de Justicia.

En un principio, los servicios de emergencia le prestaron ayuda, pero luego fue detenido por la policía de San Antonio.

La policía investiga un camión en el que fueron hallados decenas de migrantes muertos

Getty Images
San Antonio queda aproxidamente a 250 km de la frontera con México.

Martínez, de 28 años, fue identificado en comunicaciones con Zamorano en las que hablaban sobre la operación de tráfico de personas.

Dos mexicanos, Juan Claudio D’Luna Méndez y Juan Francisco D’Luna Bilbao, también estaban siendo procesados bajo distintos cargos por su posible participación en el fatal incidente, aunque de momento no fueron incluidos en la acusación formal.

El jefe del Departamento de Bomberos de San Antonio, Charles Hood, dijo a fines de junio que las personas murieron de agotamiento y exceso de calor dentro del camión, que no tenía aire acondicionado.

Las víctimas estaban “calientes al tacto”.

La investigación reveló que, aparentemente, Zamorano no sabía que el aire acondicionado del tráiler no funcionaba.

Los migrantes estaban en el vehículo con mínima ventilación en un día que rozó los 40 °C a la sombra.

Rutas peligrosas

El vehículo fue encontrado en una zona de poco tránsito, cerca de una vía de tren en el suroeste de San Antonio, que queda a unos 250 kilómetros de la frontera entre EE.UU. y México.

Zamorano había tomado la ruta que va desde Laredo, en la frontera de México y Texas, hasta San Antonio.

Mapa del sitio de incidente

BBC

La inmigración es un tema político polémico en EE.UU., donde el año pasado se detuvo a un número récord de inmigrantes indocumentados que cruzaban al país desde México, muchos de ellos viajando por rutas extremadamente peligrosas e inseguras.

Huyendo de la pobreza y la violencia en América Central, muchos de los inmigrantes indocumentados terminan pagando enormes sumas de dinero en efectivo a traficantes de personas para cruzar la frontera.

En los últimos años ha habido muchos ejemplos similares de migrantes que fallecieron durante su viaje, pero ninguno tan mortal como el de San Antonio.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente estadounidense, Joe Biden, del Partido Demócrata, por las muertes y las describió como “resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas”.

Beto O’Rourke, el candidato demócrata que compite contra Abbott en las elecciones de noviembre, dijo que los informes eran devastadores y pidió una acción urgente para “desmantelar las redes de contrabando de personas y reemplazarlas con vías ampliadas para la migración legal”.


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